La burbuja del #ogov
Bajo el término gobierno abierto es habitual encontrar un tutti-frutti de enfoques mezclados con intereses varios cuyo resultado es un amplio abanico de posibilidades que abarcan desde sistemas tecnológicos que ofrecen datos bajo el paraguas de portales de transparencia, a códigos de buen gobierno, pasando por índices de transparencia o repositorios de aplicaciones construidas de forma colaborativa.
Es indudable que el gobierno abierto está de moda y que como toda moda es fuente de oportunidades para diversos actores públicos y privados que entran en juego en el quehacer político administrativo habitual.
Por supuesto que aprovechar estas ventanas que se abren es legítimo y necesario, aunque no sé si siempre oportuno y eficaz. Me refiero concretamente a esa mala práctica de empezar la casa por el tejado por la que unos (proveedores) y otros (contratantes) sacan pecho de modernidad cocinando jugosísimos negocios para aparentar que todo cambia pero en realidad sin cambiar nada. Ejemplo de ello es el costosísimo portal por el que el Senado se "abrió" a la sociedad, que bien podría suponer la antesala de una nueva burbuja espoleada por la ley de Transparencia que se cuece en las Cortes Generales.
Y todo mientras comprobamos, día tras día, que en realidad la práctica política y administrativa es más opaca que nunca y que a la creciente indignación ciudadana que exige transparencia, participación y colaboración (reales y no de boquilla), la respuesta es la elaboración de leyes que nacen en papel mojado o la puesta en marcha de portales de elevado precio y contenidos de cartón.
El gobierno abierto exige un cambio cultural en las bases de lo público. Ahí radica su verdadero efecto transformador. Construir desde la base implica una nueva mentalidad de políticos y empleados públicos, unas competencias nuevas que deberán adquirir para formar parte de la Administración del siglo XXI. Una renovación profunda que demanda la ciudadanía y que cada vez menos puede esperar.
1 comentario:
Ante la gravedad de la situación política y la crisis institucional que vive en estos momentos el país, es imprescindible ampliar el contenido de la ley de Transparencia.
Un nuevo alcance con un título propuesto: Ley de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana.
Además se necesita una regeneración cultural y educativa para cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, asociaciones o personas jurídicas y no solamente exigir los derechos constitucionales y un estado de bienestar que tenemos que volver a recomponer de cara a la sostenibilidad económica de las sociedades y de sus poblaciones, exigiendo responsabilidades políticas y judiciales a las gestores públicos y a las gestores de las entidades financieras incompetentes por la negligente gestión realizada con dilución de los y de los activos de inversión subscritos en Renta fija por sus clientes y riesgo de reintegro de los depósitos bancarios, garantizados en las entidades insolventes por el Estado mediante deuda pública para evitar su quiebra técnica.
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