La transparencia opaca

Ahora más que nunca está de moda la transparencia. Tanto es así que el gobierno ha incluido un proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno en sus primeros cien días de ejercicio. Sin duda una buena noticia que la transparencia y el buen gobierno entren en la agenda legislativa con tanta fuerza.

Digo bien ("entrar en la agenda legislativa") porque siempre han estado instalados en el discurso político, en la retórica de los portavoces de todos los partidos, pero no tanto en las leyes y mucho menos en los hechos. Nunca se había promovido una ley de transparencia (sí códigos de buen gobierno) y menos en tan breve periodo de acción gubernamental. La frustración con el sí-pero-no que el anterior gobierno se trajo con una iniciativa similar contrasta con la firme decisión mostrada por los que les sustituyeron. Hasta aquí aplausos y felicitaciones a nuestros dirigentes.

La sorpresa viene cuando uno pasa de los titulares de prensa y la referencia del Consejo de Ministros a conocer en detalle el proyecto de ley aprobado hace unos días y que pronto inciará su senda parlamentaria. Comprobamos entonces cómo realmente estamos hablando de:

1. Una transparencia en apariencia, porque la propia ley pone cortapisas a las posibilidades que los ciudadanos tienen de obtener información.
2. Una transparencia viciada donde se sigue otorgando a la Administración un papel preminente en la relación con el ciudadano.
   
3. Una transparencia limitada, al estar enfocada al control económico de la acción de gobierno y no como un compromiso amplio y decidido con el gobierno abierto.
4. Una transparencia anticuada, por estar considerada como un procedimiento más del poder burocrático tradicional que la Administración ejerce frente a sus administrados.
   
5. Una transparencia opaca, donde por ejemplo se piden aportaciones pero no se permite a los ciudadanos ver cuáles son, opinar sobre las mismas y comprobar si se han tenido en cuenta o no.
6. Una transparencia engañosa, porque se habla de transparencia pero no se ponen los medios para que las decisiones públicas en su conjunto sean cristalina de cara a los ciudadanos; todas, no sólo las burocráticas (p.ej. procedimientos de contratación) sino también las políticas puedan ser conocidas en detalle y evaluadas por los ciudadanos.