Open data Spain

En España nos gusta hacer normas. Es indudable. Venía oyendo la radio y alguien decía que tenemos más de 6000 normas en asuntos relacionados con la competencia. Una barbaridad ... Pero es que tenemos el modelo de Administración que tenemos, según el cual hacer una norma nos deja relativamente satisfechos pensando que la norma es la solución a un problema público, que con una norma se atienden las necesidades sociales o que publicada la norma en el BOE ya hemos cumplido con el objetivo y no queda más que esperar tranquilamente a que caigan los resultados. Nada más alejado de la realidad.

Esperemos que con una de las últimas (y esperadas) normas publicadas no pase lo mismo. Se trata del R.D. sobre Reutilización de Información del Sector Público en el marco de la AGE. Debería servir para dar el impulso definitivo a la apertura de datos públicos en las distintas dependencias de la Administración central, algo que otras CCAA llevan ya avanzado desde hace tiempo, con normativa aprobada (también) pero (sobre todo) con resultados prácticos.

Os dejo el texto de la noticia publicada en la web del Proyecto Aporta:

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública, el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley sobre reutilización de la información del sector público, para el sector público estatal.

Culmina así la tramitación de esta norma que, siguiendo las mejores prácticas del Gobierno Abierto, fue sometida a un enriquecedor trámite de información pública haciendo uso de medios electrónicos y que ha recibido el apoyo generalizado del sector privado, la sociedad civil, el sector público, incluyendo valoraciones positivas por parte del Consejo de Estado y la Comisión Europea.

El objetivo del Real Decreto es situar a España junto a países de vanguardia en materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, favoreciendo además la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido en el sector de los contenidos digitales y contribuyendo a la transparencia en la actuación de las administraciones públicas como principio básico de la democracia.

La ampliación de nuestro marco legal coloca a nuestro país, adicionalmente, en posición de ejercer una posición de liderazgo en la futura revisión de la Directiva europea sobre la materia.

Se quiere potenciar además el crecimiento del sector infomediario, que está desarrollando productos y servicios innovadores mediante la reutilización de la información pública. A pesar de su relativa juventud, el sector ha alcanzado en 2010 un volumen de negocio que se sitúa entre 550 y 650 millones de euros, dando empleo directo a entre 5.000 y 5.500 trabajadores, equivalente a sectores más consolidados del mercado de los contenidos digitales.

Partiendo del marco general establecido por la Ley sobre reutilización de la información del sector público, el nuevo Real Decreto aporta soluciones a las necesidades detectadas tras los primeros años de su vigencia y en el curso de la implementación del Proyecto Aporta. El Real Decreto detalla para la Administración General del Estado (AGE) las disposiciones de la citada Ley, contemplando el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector público para fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia.

El texto precisa las obligaciones de las administraciones y organismos del sector público estatal para promover la reutilización. En concreto, establece una autorización general para la reutilización de la información disponible en la AGE, salvo que lo impida la normativa de acceso o una normativa específica, como la aplicable a la protección de datos de carácter personal. Asimismo, define las responsabilidades en materia de reutilización de la información en cada organismo público en el ámbito de la AGE.

El Real Decreto también establece normativamente un Catálogo de Información Pública reutilizable, creado en el marco del Proyecto Aporta, que permita acceder desde un único punto a los distintos recursos de información pública disponible, en principio en el ámbito de la AGE.

En cuanto a las modalidades de reutilización, la regla general será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, siendo aplicables unas condiciones generales previstas en el Real Decreto. A fin de expresar de modo uniforme estas condiciones, el Real Decreto contiene un aviso legal tipo para ser utilizado en las páginas web y sedes electrónicas de la Administración General del Estado. No obstante, se permite que los ministerios y organismos que así lo deseen establezcan condiciones específicas cuando lo consideren necesario.

En definitiva, gracias a este Real Decreto, las empresas y ciudadanos sabrán con certeza que, en general, los datos públicos son reutilizables, podrán localizar con facilidad dichos datos a través del Catálogo de Información Pública y contarán con condiciones claras y sencillas para la reutilización de la información.