Los trade-offs del gobierno abierto

Cuando hablamos de gobierno abierto nos referimos a tres cuestiones: transparencia, colaboración y participación. En definitiva, dotar a los asuntos públicos de más dinamismo acercándolos a los ciudadanos.

¿Es posible aplicar el gobierno abierto a decisiones políticas transcendentes como la de la reforma constitucional? Los políticos de los partidos mayoritarios nos explican que no: que la urgencia, envergadura y el carácter técnico de la decisión justifican la ausencia de debate público, el cierre de los cauces normales de escucha a los diferentes stakeholders y, en definitiva, la no necesidad de consulta a la ciudadanía sobre la decisión a tomar. Es decir, por un lado se incorpora al discurso retórico el barniz bien-queda del gobierno abierto y por otro, cuando llegan momentos importantes en los que demostrarlo con hechos, nos encontramos que las buenas palabras no casan con la realidad de los mismos.

Nos muestran pues que el el gobierno abierto no aplica en determinadas circunstancias o que simplemente el gobierno abierto son buenas palabras porque a la hora de actuar ser transparente y contar con los ciudadanos puede ser "peligroso" por las sorpresas que nos podamos encontrar.

En relación al primer asunto -¿no aplica el gobierno abierto en determinadas circunstancias?- es conveniente entender que la legitimidad otorgada a un gobierno dupone dotarle de la capacidad para actuar en el fondo y la forma que estime conveniente. Pero dicha legitimidad no es un cheque en blanco para cuatro años: debe ser ganada y medida día a día si de verdad gobernamos con los ciudadanos. Por ello, los canales de escucha activa deben estar habilitados y ser activados en las circunstancias que se requieran, desde luego todas aquellas que sean transcendentes a corto, medio o largo plazo para la sociedad. En la mayoría de los casos o dichos canales no existen, o se han quedado cortos , o simplemente se ignoran. Por otra parte, la urgencia o no de una decisión no debe eximir el debate público de la misma, y más cuando son de hondo calado. Existen casos, como los del gobierno británico, donde se ha ofrecido a los ciudadanos opinar sobre qué ámbitos pueden ser los más convenientes para aplicar recortes. Una medida urgente e importante, que ha contado con un canal de participación ciudadana a través de un portal.

En relación al segundo - los miedos a las posibles decisiones ciudadanas- es altamente preocupante que sirva de excusa para eludir el debate democrático. Cuando precisamente éste se basa en un enfoque bidireccional en el que, por un lado los responsables políticos deben hacer pedagogía y explicar a los ciudadanos el por qué de sus propuestas; pero también deben escuchar y obtener opiniones o refrendos de las mismas. La democracia precisamente consiste en conciliar estas diferencias. Amparase en supuestas dificultades técnicas supone para los políticos asumir su propia incapacidad para explicar y convencer o simplemente que desprecian la propia capacidad de los ciudadanos para ejercer con responsabilidad su rol en la sociedad. Lo cual es del todo inaceptable.