Reordenación, agencias y derechos en Andalucía

Anda montado un buen follón en Andalucía a cuenta del decreto ley 5/2010 que el Gobierno Andaluz aprobó el pasado mes de julio sobre Reordenación del Sector Público.

El sector público está en el punto de mira; los tiempos de crisis que vivimos aprietan y los gobiernos adoptan medidas urgentes para ajustar sus cuentas.

Estemos de acuerdo o no con lo que está pasando en Andalucía hay que reconocer varias cosas a este gobierno. Primero, ha cogido el toro por los cuernos y ha apostado fuerte por reordenar el sector público andaluz "no sólo persigue una mayor racionalización del gasto, sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía". Cosa que a otros niveles de poder no se ha hecho.

Segundo, apuesta por una fórmula organizativa, las agencias públicas, que hemos defendido repetidas veces en este blog como una buena posibilidad para dotar a la acción pública de mayor flexibilidad y eficiencia en la realización de su labor. El DL hace una distinción muy oportuna entre agencias públicas empresariales, que prestan servicios en cuasi-mercados y se rigen por el derecho privado, y agencias públicas especiales que ejercen funciones de autoridad y se rigen por derecho administrativo o derecho privado según los casos.

El problema viene por la integración del personal en las nuevas estructuras y el cambio que puede suponer de situación. Tanto el DL como el acuerdo posterior con las organizaciones sindicales mayoritarias da opciones para una integración voluntaria especialmente del personal funcionario, que en cualquiera de los casos mantendrá su condición - aunque en el caso de agencias públicas empresariales se tendrá que laboralizar-. Teniendo en cuenta que queda en una situación de excedencia particular (prestación de servicios en el sector público andaluz) y que los méritos acumulados contarán para su historial administrativo las condiciones de integración parecen bastante razonables.

La mayor controversia surge por la integración del personal laboral como empleado público de la Junta. Quizá exista personal colocado "a dedo" que se vaya a beneficiar de unas condiciones muy favorables sin haber accedido por el sistema de selección habitual al empleo público. Habrá que ver si es cierto y de qué tipo de personal estamos hablando . Pero lo que no se puede negar es que desde un punto de vista de ordenación administrativa y de respeto a los derechos de los trabajadores a través de la negociación con las OOSS más representativas el proceso es acertado. El rechazo a ciertas prácticas no puede justificar la oposición a una medida de reordenación tan compleja como necesaria.