En los últimos tiempos viene siendo habitual una práctica que, sinceramente, no me gusta: persona de cierta relevancia participa en un evento con medios de comunicación, despliega un discurso en el que incluye diversas recetas para salir de la crisis (aderezadas con el tópico de turno) y los medios en cuestión que cubren en evento "pinchan" un magnífico titular que que supuestamente interesa a la audiencia.
Hoy me refiero a las declaraciones que ayer hizo Isak Andic, presidente de Mango: "los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos". El sr. Andic es un empresario de éxito que ha logrado poner en marcha un imperio comercial como es Mango, empresa de la que, por cierto, no tengo muy claro si es una referencia en cuanto a gestión de personas. Está muy bien que todo el mundo comente sobre lo público y su funcionamiento; es legítimo hacerlo, ya que "lo público es de todos". Pero, cuando se trata de alguien relevante (y Andic lo es) o estos comentarios se hacen en privado o de hacerlos con medios delante hay que tener cuidado o ser más riguroso.
Lo de "los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos" está abierto a numerosos matices, algunos de los cuales podría incluso compartir. Ese sería el caso si hablamos de revisar la naturaleza del empleo público, evitando la generalización indiscriminada del "funcionario de carrera" para todo: ello supondría una intepretación restrictiva del artículo 9 del EBEP para cierto tipo de puestos administrativos, auxiliares o de apoyo que serían de naturaleza laboral. También estaría de acuerdo en introducir cambios en los sistemas de ordenación de puestos de trabajo que permitiera una mayor flexibilización tanto en la asignación de funciones (polivalencia) como en la distribución de efectivos según necesidades del servicio. La ley básica ya está; hacerlo "tan sólo" (no es nada fácil) supondría desarrollarla de una manera u otra.
No estaría de acuerdo en el caso de que las intenciones fueran otras. Por ejemplo, situar a los empleados públicos (funcionarios o laborales) como privilegiados por la estabilidad de su puesto de trabajo. En ningún caso. El derecho al puesto de trabajo del empleo público tiene una causa antigua pero vigente: mantener la independencia de la Administración frente al poder político, la continuidad de la acción del Estado en el tiempo o proteger el "expertise" institucional. El problema no está ahí (mecanismos para separación del servicio ya existen) sino en las dificultades para gestionar flexiblemente adaptándose a las circunstancias.
Quizá le traicione el subconsciente al sr. Andic al pensar en el despido como primer instrumento del que echar mano en caso de tener que racionalizar ; y no me extraña: es práctica a veces utilizada en medianas y grandes empresas. Discrepo si es así : las organizaciones públicas están sujetas al principio de eficiencia y racionalidad económica pero su objetivo principal no es el beneficio económico ni su subsistencia depende directamente del mismo. Lo que les pedimos a estas instituciones es que presten lo más eficazmente su misión pública con los medios que se determinen siendo además conscienctes de que el ámbito temporal de las políticas públicas es sensiblemente más amplio que en el mundo de los negocios . Por tanto, los ajustes han de hacerse de forma diferente.
Por último quizá la sugerencia del despido en el empleo público que nos hizo el presidente de Mango sea la solución al supuesto problema del funcionario vago que pasa de todo amparándose en que nunca se le va a echar. O que el saber poder ser despedidos incentiva a las personas.También discreparía si fuera así. La incentivación del trabajo público es imprescindible. Elementos de incentivación se deben implantar por el simple hecho de que no existen . Pero debe hacerse con imaginación, asumiendo el terreno que se pisa y pensando siempre en incentivar el buen rendimiento. Hablar más premios que de castigos, porque los primeros están por descubrir pero de los segundos ya hay algunos: la leyenda negra de que a un funcionario no se le puede castigar es desconocer la realidad ya que formas las hay y aplicarse a veces se aplican. Aunque no con el despido.
Dice usted: "Lo de "los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos" está abierto a numerosos matices, algunos de los cuales podría incluso compartir. Ese sería el caso si hablamos de revisar la naturaleza del empleo público, evitando la generalización indiscriminada del "funcionario de carrera" para todo: ello supondría una intepretación restrictiva del artículo 9 del EBEP para cierto tipo de puestos administrativos, auxiliares o de apoyo que serían de naturaleza laboral" Vaya por Dios, salieron perdiendo los del grupo C (Me niegoa aceptar la nueva nomenclatura que es una tomadura de pelo). La razon que usted aduce para la existencia del derecho al puesto de trabajo sigue existiendo, pero en una administracion que se ha agigantado de una manera impensable cuando se implanto esta, no puede seguir manteniendose. Es mas, es contraproducente; ¿Quien no es conciente o ha sufrido el corporativismo de jueces, profesores, etc. etc.? Este gremialismo ha hecho fracasar procesos de modernizacion, se han pasado leyes por ... (Los profesores de todos los niveles los primeros).
ResponderEliminarPor lo tanto hay que racionalizar esto: La inmensa mayoria de los cuerpos de la administracion no necesitan esa sobreproteccion, con la proteccion laboral normal nos vendria bien.
No al despido. Sí a la retribución variable. La Función Pública necesita una reforma pero no en la linea de lo que dice el Sr. Andic.
ResponderEliminarVer mi opinión completa al respecto:
http://pemechesjuspi.blogspot.com/2010/10/despido-de-los-funcionarios-como-en-la.html
En la Administración pública, aun en los casos de organizaciones sujetas a derecho privado, no hay empresarios sólo políticos o nombrados a dedo. No cabe que el sector público sea patrimonio de nadie y campo para amiguismos, clientelismos y corrupción.
ResponderEliminarLo que hay que agilizar son los procedimientos disciplinarios y proteger los espacios en que la función pública es garantía del derecho y de los intereses generales. Lo demás puede ser demagogía o ignorancia del empresario privado que pide la equiparación, o maliciosa intención de apropiarse de espacios públicos.
Reduzcase la Administración todo lo posible y no habrá tanto funcionario del que preocuparse. Pero si se trabaja en la Administración se hace, formalmente, para los ciudadanos o intereses considerados públicos,de un modo u otro, y cualquiera que trabaje en ella debe de estar protegido en su trabajo de las arbitrariedades y caprichos de falsos empresarios o de burocratas y políticos disfrazados de directivos empresariales, que no manejan sus bienes ni su dinero.
@anonimo, No me refería en concreto a ningún grupo o subgrupo. Hay puestos de grupo A ó B que serían puestos de gestión de servicios que no entiendo tengan que ser obligatoriamente prestados por funcionarios públicos. Personal laboral con un régimen específico y una forma de acceso tasada podría perfectamente. Pero lo que me parece evidente es que según bajamos la pirámide administrativa tiene menos lógica la naturaleza de funcionario para el puesto de trabajo.
ResponderEliminarRespecto al corporativismo soy el primero en rechazarlo pero no creo que facilitar el despido sea una solución; más bien, al contrario.
@pemeches juspi , Gracias por tu artículo. Muy interesante
@Andrés Morey Juan, sueño con un país con una ética pública en la clase política desarrollada como el caso británico o los nórdicos. Si así fuera los políticos ocuparían los puestos que legítimamente les corresonden y la gestión la dejarían a los profesionales más idóneos según la naturaleza del puesto, vengan estos de algún cuerpo o personal laboral. Es necesaria la institucionalización de la dirección pública pensando en un modelo de "los mejores" y blindándola del nepotismo político y de el acaparamiento corporativista