Cuerpos administrativos, ¿para qué?

Resulta que el Gobierno anda procupado porque no tiene Inspectores de Hacienda suficientes para sacar adelante sus planes de lucha contra el fraude (por cierto, se espera que aumente con motivo de la crisis). También se identifican necesidades crecientes en cuanto al control y fiscalización de un cada vez más numeroso número de entes autónomos, agencias, empresas públicas, observatorios, etc. así como más carga de trabajo debido a la implantación de la nueva Ley de Auditoría llegándose a la conclusión de que la actual plantilla del cuerpo de Intervención no es suficiente.

Es decir se demandan más empleados públicos especializados en estas cuestiones (con los disponibles parece que no hay suficiente). ¿Realmente hay tan pocos funcionarios de estos cuerpos?. Depende. Os invito a echar un vistazo al artículo adjunto que el pasado domingo publicaba el diario El País. El censo del cuerpo de inspectores de Hacienda es de 2.393 profesionales, de los cuales únicamente hay 1.031 directamente involucrados en tareas de inspección. En relación al cuerpo de Intervención de 512 profesionales censados sólo 108 están prestando servicios técnicos específicos en la Administración. Esta realidad la podríamos extender a otros cuerpos como abogados del Estado, inspectores de trabajo, letrados, etc.

La merma para la Administración es considerable: coste de los procesos selectivos, necesidades de nuevas oposiciones para incremento de efectivos, desperdicio de capital intelectual en un personal altamente cualificado que se forma en la propia Administración, impacto de las funciones de dichos profesionales en las empresas privadas contra la propia Administración. Resultado final: un gasto público que parece que poco importa.

Dos son las causas principales de esta situación. Por un lado la desmotivadora carrera profesional y retributiva que la Administración ofrece a profesionales con aspiraciones, que lejos de verse modificada se complementa con una generosa y poco pensada normativa de excedencias que permite fáciles escapadas hacia otros ámbitos, en algunos casos con reserva incluso de trabajo.

Otro de los motivos que da pie a desequilibrios administrativos como los expuestos es una movilidad tan poco racionalizada que permite situaciones inexplicables como por ejemplo esta: Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de D.ª Joaquina Larraz Mompó, funcionaria del Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad Administración de la Seguridad Social, N.R.P. 1717635724 A1603, como Subdirectora General de Relaciones Institucionales de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes.

Sin duda alguna la dirección de función pública de las Administraciones algo tendrían que hacer para proporcionar herramientas que garantizaran una eficiente y flexible gestión de las personas públicas sin menoscabar las legítimas aspiraciones de cualquier profesional en desarrollar una carrera profesional digna conforme a sus intereses de cada momento. Dichas medidas necesariamente tendrían que afectar al diseño de carreras específicas para las diferentes ramas administrativas, retribuir adecuadamente a ciertos colectivos, dotar de coherencia los procesos de movilidad (hasta hace poco sí se utilizaban más las cláusulas que limitaban la posibilidad de solicitar determinados puestos de trabajo a según qué grupos; ahora cada vez menos), endurecer las condiciones de excedencia e incompatibilidad. Y por último, el nudo gordiano: revisar el sistema de cuerpos. Se perdió una ocasión de oro al aprobar el EBEP ya que da la impresión que los cuerpos administrativos han quedado para poco más que para hacer una oposición, verse encuadrado en uno de ellos si la apruebas y tener una referencia para ejercer presiones corporativistas en la defensa de unos intereses concretos. Todavía me pregunto el sentido de los mismos en una Administración como la actual.