¿Acabamos con algunos mitos sobre los empleados públicos?

Siempre que hay crisis empieza a sonar ese soniquete de que los empleados públicos son unos privilegiados. Ya nos estamos acostumbrando a que ciertos chascarrillos que parecen tener sentido común cobren fuerza a base de reiterarlos en las tertulias de los medios o en los corrillos de cafetería que tanto nos gustan a los españoles. Si, además, afectan a colectivos tradicionalmente tan señalados en nuestro país como los "funcionarios" , no os quiero ni contar: parece ser uno más de otros muchos debates superficiales que se producen en nuestra sociedad hoy en día.

La idea básicamente es la siguiente: "Los empleados públicos son unos privilegiados porque tienen un empleo vitalicio, un sueldo seguro y no pegan un palo al agua". Es simplona y olo voy a demostrar con una serie de argumentos cuyo único propósito es lanzar el anzuelo de que las cosas tienen un poquito más de enjundia de lo que parece.

¿Los empleados públicos tienen empleo vitalicio?

Lo primero tendríamos que definir qué son empleados públicos: según el EBEP (art. 8)
son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Se clasifican en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (ya sea fijo, por tiempo indefinido, o temporal), personal eventual. Es decir, no todos los funcionarios de carrera son empleados públicos; son sólo una tipología de empleados públicos. Esto que parece tan evidente, no lo es tanto en la conciencia colectiva de los españoles: nuestra tradición desde hace casi un siglo ha sido que la función pública ocupe el centro del empleo público de forma que la mayoría de empleados públicos sean funcionarios y eso hace que en la cultura colectiva, todo aquel que trabaja para lo público sea funcionario. Pero ya hemos visto que no es así: también son empleados públicos los puestos de naturaleza política, interinos, laborales fijos, laborales eventuales indefinidos/temporales.

Es más, me consta que la voluntad inicial (otra cosa es el desarrollo real) del legislador del EBEP era precisamente seguir la tendencia en muchos países avanzados de nuestro entorno (como los nórdicos) de dotar de un sentido más amplio al concepto de empleo público permitiendo la progresión del personal laboral en cierto tipo de puestos y dejar para una naturaleza estatutaria de funcionarios de carrera los puestos nucleares del corazón de las Administraciones (de ahí la redacción abierta del art. 9).

Así pues no todos los empleados públicos tienen empleo vitalicio. Es más, muchos son de una enorme eventualidad. Los funcionarios de carrera tienen lo que se llama "derecho de puesto de trabajo" (vulgarmente empleo vitalicio, aunque a mí particularmente no me gusta esta denominación). Y lo tienen no por capricho, ni porque sea un premio por aprobar una oposición, sino por una decisión que se adoptó en cierto momento marcar bien las diferencias entre una Administración estable y permanente al servicio de los intereses públicos y la clase política que legítimamente debía dirigirla. La idea era tanto mantener la independencia y el rigor de la Administración frente a las posibles arbitrariedades partidistas como blindar la Administración de la rapiña política. Todo, por tanto, tiene su sentido.

¿Sueldo seguro?

Sí, para los funcionarios públicos y laborales fijos. Esto en tiempos de crisis es desde luego un tesoro porque la Administración (salvo quiebra de país, que no es algo muy habitual ... aunque mirad Argentina) no va a quebrar, ni hace EREs (los planes de empleo para reducir personal fijo existen como instrumento pero nadie se atreve a aplicarlos). Aunque no todo es oro lo que reluce. Las retribuciones que un funcionario público va a recibir siempre fijas son las básicas (sueldo base, trienios) y el complemento de destino del grado personal consolidado (si es mayor al del puesto de trabajo ocupado; si es menor recibirá las del puesto de trabajo). Estas cuantías son sólo una parte del sueldo, pero no la más importante. Donde se cuecen las habas son en el complemento específico, en la productividad y en algún otro complemento. El primero depende del puesto de trabajo: si ocupas puestos de libre designación/comisión de servicio y entre dicho puesto y el tuyo en propiedad hay diferencias de C.E. (que suele haberlas) más te vale que no te cesen. La productividad es una buena cuantía que se paga normalmente por acudir por las tardes y la suelen tener los niveles altos, no el grueso de la clase funcionarial; por tanto, la mayoría no la tienen.

Otro tema es el nivel salarial (del que ya hablé en anteriores posts) y del poder adquisitivo. Cuando hay vacas flacas parece que congelar los sueldos públicos es la medida estrella que a todos se le ocurre (claro, encima que tienen un trabajo, ¿cómo les vamos a subir los sueldos?). Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años de vacas gordas? Muy poco nos acordamos del 2% anual que se ha venido subiendo con inflaciones del 3-4%.

¿No pegan un palo al agua?

Ya hemos hablado de ello en otras ocasiones. Es verdad que, en ciertos segmentos del aparto burocrático (no así de la prestación de servicios) existe este problema. Pero el problema no tengo muy claro si es del empleado público (¿todos son vagos incorregibles desde que nacieron?) o del sistema que permite esas bolsas de ineficiencia (imposibilitando la movilidad funcional o los ajustes de plantilla necesarios cuando se producen vacantes) y desincentiva cualquier inquitud en sentido contrario.