- Organismo autónomo,
- 4.800 empleados públicos,
- Centro directivo, 65 jefaturas, 7 centros de gestión de tráfico, 1 centro de tratamiento de denuncias automatizadas,
- 9.300 guardias civiles (dependencia funcional),
- 900 millones de euros de presupuesto (65% financiado mediante tasas y 35% sanciones)
Con una cuatro ejes de actuación principales, los cuales no son independientes sino que están interrelacionados entre sí:
- Gestión de vehículos: 1 millón de bajas, 2 millones de matriculaciones, 3 millones de transferencias,
- Gestión de (25 millones) conductores: 1 millón de nuevos permisos, 3 millones de modificaciones, 3.5 millones de sanciones, 15 mil pérdida de permisos,
- Gestión del tráfico,
- Política de seguridad vial.
Con estos mimbres había que hacer el cesto; un cesto que se traducía en un encargo muy concreto: mejorar la política de seguridad vial en nuestro país para detener/reducir el número de muertos en carretera.
Puestos manos a la obra tuvieron claras desde el primer momento una serie de prioridades:
- Meter esta política en la agenda del Gobierno y no sólo eso, sino hacerlo en uno de los primeros lugares. No les fue difícil dado que era uno de los objetivos políticos del presidente. Además había que contar con otras complicidades, como por ejemplo, el legislativo; y lo hicieron: las fluidas relaciones con la Comisión de Seguridad Vial del Congreso les han facilitado mucho las cosas.
- Sumar socios y apoyos entre los numerosos stakeholders de la sociedad civil.
- Disponer de más y mejor información para poder tomar decisiones.
Haciendo camino al andar (que decía Machado), y hoy mirando atrás con la perspectiva que da el tiempo pasado, fueron descubriendo cuestiones clave para el éxito del trabajo que les habían encomendado:
- La sociedad no era consciente del problema que se pretendía solucionar. Hicieron una encuesta preguntando a la gente cuántas muertes en carretera creía que había al año y el resultado salió que unas 800 cuando el dato real era 3.500. Así pues marcaron una línea de trabajo con el objeto de concienciar a la sociedad: campañas en medios, carteles en carreteras, apoyo en las asociaciones de víctimas.
- No dispersarse: centrarse en pocas cosas, que sean las que conformen el núcleo duro del problema. Trabajaron sobre las causas principales de accidentes tomando acciones específicas sobre cada una de ellas: el alcohol (controles), cinturón de seguridad (operaciones especiales cada 15 días), velocidad (radares), reincidentes (permiso por puntos).
- Una medida les fue llevando a la siguiente. Por ejemplo, el permiso por puntos les llevó a la reforma del código penal y ésta a reformar el procedimiento sancionador.
Y finalmente unas conclusiones/recomendaciones para la solución de cualquier problema público:
- Apoyo político al máximo nivel.
- Ser capaces de elaborar un discurso comprensible para los ciudadanos.
- Tomar medidas (el discurso sólo no vale) y que la gente perciba que las estás tomando.
- Movilización social: sumar apoyos y compañeros de viaje.
- Comprender que los problemas públicos no son hechos aislados en sí mismos, sino que forman parte de un conjunto complejo con claves internas no siempre fáciles de descifrar. Por ejemplo, la seguridad vial va ligada a la movilidad y ésta a la política urbanistica, etc.
- Detrás siempre hay valores: la siniestralidad también depende de la cultura cívica o de una conciencia de colectividad.
Ciertamente, nadie puede poner en entredicho la eficacia de la política de la Administración de Tráfico para garantizar la seguridad vial. El problema radica únicamente en aquéllo de"justos por pecadores", ya que el "precio de la seguridad" ha sido la utilización masiva y despersonalizada de procedimientos sancionadores bajo formulario. La primera fase fue suprimir el trámite de "propuesta de resolución" con audiencia si no se formulaba pliego de descargos ( con ello la publicacion edictal condenaba a indefensión al expedientado). La segunda fase es la actitud de la instrucción en que las pruebas de descargo son sistemáticamente desoídas con la simple remisión a la denuncia policial, y envío de la foto en su caso; además, dígase lo que se diga en fase de recurso de alzada, la Resolución será desestimatoria e incluyendo una retahila de motivos estereotipados. La sensación de atropello es mayúscula. A ello se suma la política de descuentos por pronto pago de las sanciones y que son ciertamente "coactivos", ya que el allanamiento por pronto pago es demasiado goloso y lleva a desistir de recursos aunque se tenga la razón. En definitiva, que bien están los aplausos para la Administración de Tráfico pero no estaría de más mejorar los procedimientos con mayores garantías, pues no todos somos temerarios al volante ni conducimos embriagados, o sin permiso.
ResponderEliminarEstoy de acuerdo que siempre se cogen procedimientos que tengan que ver con el cobro de impuestos o sanciones los que se agilizan aligerándolos de trámites, en menoscabo normalmente de los ciudadanos. De todas formas, el ciudadano de a pie cuando tiene que lidiar con la Administración, por muchas garantías en forma de actos administrativos tipo recursos que existan, siempre estará indefenso, porque o contrata un abogado y paga o siempre la Administración en alzada tendrá más argumentos (e ir al contencioso ni te cuento el tiempo y el desgaste que conlleva). Por eso, por muchas garantías que existan en la práctica son muchas veces inoperantes
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