La flamante Secretaria de Estado para la Administración Pública en ESADE

El pasado jueves 17 de abril tuvimos la oportunidad de contar con la recién nombrada Secretaria de Estado para la Administración Pública, Mercedes del Palacio, para el acto de presentación en Madrid del Club de Dirección Pública ESADE Alumni. Fue todo un lujo que aceptara nuestra invitación y más tratándose de su primer acto público en el nuevo cargo.

El título de su ponencia "Administración y usuarios: caminando hacia nuevas formas de relación" era lo suficientemente amplio para hablar de muchos de los cambios que está sufriendo la Administración pública en el contexto de la nueva sociedad del conocimiento. Lo hizo de una forma sencilla, distendida y muy didáctica, algo que hay que agradecer porque estos temas pueden ser áridos y resultar un tanto aburridos. Posteriormente hubo un coloquio con diversas preguntas interesantes de directivos públicos y de empresas privadas que tienen negocios con la Administración. Al finalizar el acto pudimos charlar de manera informal tomando un vino sobre algunas de las cuestiones de futuro. Os resumo las ideas más destacadas de la tarde.

La primera reflexión fue acerca de la aparente incoherencia entre las políticas neoliberales impulsadas en las décadas de los 80-90 de reducción de las Administraciones públicas y la realidad de un ámbito público que ha venido incrementando su campo de actuación (producción de derechos, infraestructuras, cohesión social). Además dichas políticas no han servido ni para contener el gasto público ni para reducir el peso del sector público en el conjunto de la economía. Más de doscientos años después de la Declaración de Virginia vuelve al centro de la acción política el derecho de los ciudadanos (entendidos éstos en sentido amplio: individuos, empresas, asociaciones, etc.) a la buena administración y surge la Gobernanza como nueva forma de hacer las cosas: gobierno en red, Administración "facilitadora", equilibrio público-privado, factor social de lo público y existencia de una conducta ética (moral pública).

El segundo aspecto fue sobre nuestra Administración pública. Una de las ventajas es que nuestro modelo territorial se acomoda a la idea de estructura reticular de gobierno. Ello implica una Administración estatal que ya no puede actuar en base al principio de jerarquía sino que debe integrar y transaccionar para abordar los asuntos públicos. En este sentido se abordan políticas como las de impulso de la Administración electrónica, uno de los grandes objetivos del MAP para esta legislatura.

El tercer bloque se refirió a qué se pretende hacer para que la AGE se adapte a esta nueva coyuntura. Habló de una serie de líneas de trabajo que pretenden llevar a cabo todo un cambio cultural:

• Reducción de efectivos: es inevitable y no sería la primera vez (según sus datos la AGE ha reducido en los últimos años un 22% los efectivos hasta llegar a suponer un 10-12% del empleo público estatal). No habló de cómo hacerlo.



• Nuevas estructuras organizativas más planas y flexibles. La estructura actual está pensada para una AGE " de servicios" más que para una AGE "de políticas". Es imposible con la ley actual poner en marcha Ministerios horizontales, integrar servicios comunes, o hacer innovación organizativa. En este sentido se modificará la LOFAGE y la Ley del Gobierno.



• Cambio del procedimiento administrativo "tradicional", al amparo de las nuevas tecnologías. Para ello se hará una nueva ley que sustituya a la 30/92.



• Transposición de la directiva de servicios, que implicará un cambio importante en la cultura de los controles administrativos: de controles "ex-ante" se pasará a controles "ex-post".



• Reducción de cargas burocráticas a empresas en cumplimiento del proyecto de la Unión Europea formulado por Durao Barroso.



• Figura del directivo público: en principio la idea es no regularla con un Estatuto aparte, sino incluir un capítulo específico en la ley de desarrollo del EBEP en el que se detallen los aspectos más importantes de la misma. Los cambios a la LOFAGE irían más enfocados a elementos organizativos y en principio no afectarían a los requisitos referentes a los directivos públicos. Esas son al menos las intenciones iniciales, que pueden verse modificadas en el futuro.