La justicia anda estos días de nuevo en la portada de los periódicos por dos asuntos de amplio eco mediático: el caso del asesinato de la niña de huelva Mariluz y la huelga de funcionarios de justicia.
En ambos casos se pone de manifiesto la preocupante situación por la que atraviesa un servicio público esencial, como es la justicia. En el primer caso, con la consecuencia inmediata de la muerte de una niña por no haber sido capaz el "sistema" de ejecutar la encarcelación del asesino; en el segundo, por los numerosos inconvenientes que está causando la huelga a los ciudadanos en trámites tan básicos como puede ser la inscripción de nacimientos, divorcios, etc.
Dejando aparte otras valoraciones (algunas de ellas las comenta estupendamente Andrés Morey en su blog) podríamos hablar de un diagnóstico común causante de ambas situaciones: un sistema anclado en el pasado, intensivo en tareas manuales, "anclado al papel", farragoso, burocrático, compuesto por multitud de grupos con intereses particulares, descoordinado. Sistema que demanda un consumo ingente de recursos, que es lento y, en demasiadas ocasiones, ineficaz. Los resultados ahí los tenemos.
Muchos ejemplos podrían ilustrar la anterior afirmación: los montones de expedientes (en forma de carpetas) acumulados, los cientos-¡miles! de tomos que componen los sumarios, la utilización del bolígrafo para la cumplimentación por parte de los funcionarios de ciertos documentos oficiales, la escasa y muy tardía informatización de las unidades judiciales (todavía se siguen usando máquinas de escribir), el control "artesanal" del discurrir de los procesos (dependiente obviamente del funcionario de turno, no exento de errores humanos), la compartimentalización de funciones (jueces, fiscales, funcionarios cada uno de su cuerpo, abogados, procuradores, etc.). Podríamos seguir....
Lo sorprendente es que el funcionamiento de la justicia es tan extraordinariamente procedimiental que la introducción de las TIC no debería ser una tarea complicada. No entramos ya en cuestiones de derecho procesal, sino una modernización elemental consistente en automatizar los procedimientos existentes. Sistemas de registro electrónico, seguimiento de expedientes (track & trace), digitalización y archivo de documentos, firma electrónica, bases de datos comunes (policía, juzgados, centros penitenciarios, etc.), notificaciones telemáticas, etc. Son todos sistemas ya contrastados en el ámbito público y que no deberían ser complicados de implementar en la Administración de justicia.
¿Y por qué no se hace? Algunas causas las apunta Andrés Morey en el post que comentaba con anterioridad. Habrá otras, pero voy a apuntar una: históricamente la justicia se ha constituido como un núcleo cerrado compuesto de fuertes grupos profesionales, muy enfocados a la letra y al papel de la ley, algunos de ellos (los jueces) como "poder del Estado" , que se mueven mejor en el inmovilismo que en la modernización con vistas a mantener sus intereses.
Pero como hay que pensar que todo llegará, para finalizar, un ejemplo de que algo también se mueve: la digitalización del Registro Civil que está llevando a cabo RED.es. Sin duda es un proyecto muy interesante, que llevará su tiempo, pero que ahí está. Puede ser un buen primer paso en la correcta dirección.
No acabo de entender que es lo que quiere decir con eso de que los jueces "se mueven mejor en el inmovilismo que en la modernización con vistas a mantener sus intereses". ¿Los intereses de los jueces consisten en redactar minutas que tardan meses en transcribirse? ¿en no encontrar sus propias sentencias anteriores sobre la misma cuestión? ¿en anotar los presos provisionales en una libreta de gusanillo? Le aseguro que ninguno de los jueces que conozco está satisfecho con esta situación y que las muy modestas mejoras que se han introducido en los últimos años (v. gr., bases de datos de jurisprudencia y legislación) han sido acogidas de forma entusiasta por jueces y magistrados, cuyo trabajo sigue siendo puramente artesanal, para vergüenza de todos los gobiernos.
ResponderEliminarLa explicación de este estado de cosas es conocida desde antiguo: la Administración de Justicia encierra en sí dos realidades diversas: un servicio público, que consiste en la resolución de los conflictos jurídicos y la persecución y castigo de los delincuentes, pero también es un contrapoder (el único teóricamente efectivo) frente al Poder politico. Pues bien, los gobernantes sólo están interesados en este último, y lo estan precisamente para desactivarlo, como han venido haciendo concienzudamente desde 1985, con gran éxito. Lo que no se ha podido evitar es que la aniquilación de la Justicia como poder del Estado (¿por qué lo entrecomilla, querido amigo?) afecte de forma inexorable al servicio público. En efecto, causa sorpresa, a los no avisados, el atraso material en el que vegeta la Justicia, pero no nos engañemos: tanta desidia no es casual sino deliberada y consciente.
P.S. Lo de la informatización del Registro Civil me hace muchisima gracia: he conocido ya tres "informatizaciones" de ese registro que se dejaron a medias por falta de presupuezsto. En fin, a los opitimistas pertenece el futuro.
o acabo de entender que es lo que quiere decir con eso de que los jueces "se mueven mejor en el inmovilismo que en la modernización con vistas a mantener sus intereses". ¿Los intereses de los jueces consisten en redactar minutas que tardan meses en transcribirse? ¿en no encontrar sus propias sentencias anteriores sobre la misma cuestión? ¿en anotar los presos provisionales en una libreta de gusanillo? Le aseguro que ninguno de los jueces que conozco está satisfecho con esta situación y que las muy modestas mejoras que se han introducido en los últimos años (v. gr., bases de datos de jurisprudencia y legislación) han sido acogidas de forma entusiasta por jueces y magistrados, cuyo trabajo sigue siendo puramente artesanal, para vergüenza de todos los gobiernos.
ResponderEliminarLa explicación de este estado de cosas es conocida desde antiguo: la Administración de Justicia encierra en sí dos realidades diversas: un servicio público, que consiste en la resolución de los conflictos jurídicos y la persecución y castigo de los delincuentes, pero también es un contrapoder (el único teóricamente efectivo) frente al Poder politico. Pues bien, los gobernantes sólo están interesados en este último, y lo estan precisamente para desactivarlo, como han venido haciendo concienzudamente desde 1985, con gran éxito. Lo que no se ha podido evitar es que la aniquilación de la Justicia como poder del Estado (¿por qué lo entrecomilla, querido amigo?) afecte de forma inexorable al servicio público. En efecto, causa sorpresa, a los no avisados, el atraso material en el que vegeta la Justicia, pero no nos engañemos: tanta desidia no es casual sino deliberada y consciente.
P.S. Lo de la informatización del Registro Civil me hace muchisima gracia: he conocido ya tres "informatizaciones" de ese registro que se dejaron a medias por falta de presupuezsto. En fin, a los opitimistas pertenece el futuro.
4 de abril de 2008 13:38
LLevas mucha razón en tu post, especialmente por que sitúas en el mismo campo el caso de la niña Mari Luz y la huelga de funcionarios.
ResponderEliminarLa Administración de Justicia, mejor dicho los juzgados no se han modernizado, por ellos parece que el tiempo ha quedado estancado en el funcionario con manguitos, y en la celebre frase de Larra, "Vuelva usted mañana"...
Lástima que luego las tragedias, los sinsetidos (casos de etarras en libertad), y la desconfianza (¿se hace justicia en este país?) sean el pan nuestro de cada día.