La llamada PAZ SOCIAL es un concepto habitual en la gestión de personas en el ámbito público. Consiste en el aplacamiento de las organizaciones sindicales (garantía de trabajadores tranquilos y conformes) para evitar las incomodidades de salir en los periódicos por protestas laborales, de las que los políticos buscan huir despavoridos. Por ello, dada la tendencia cortoplacista y coyuntural que suele imponerse en la variable política, las negociaciones laborales en el ámbito público están dotadas de elementos peculiares, uno de ellos la deseada paz social. Su obtención es bien preciado para el cual se invierten tiempo y recursos en ocasiones poco justificados.... y más en época electoral. Todo ello retarda un proceso de negociación seria y profesional entre Administración y organizaciones sociales, preciso para abordar de forma concertada las mejoras necesarias que requiere afrontar la administración pública.
Uno de los ejemplos de paz social más recientes es el que leo en el diario Expansión del otro día bajo la título "La Agencia Tributaria mejora el salario de sus funcionarios para lograr la paz social". Bastante removidas andan las aguas en la Agencia (huelga de Técnicos de Hacienda, lentitud de la inspección motivada por la escasez de inspectores , etc.) y unas elecciones generales a la vista para propiciar acuerdos de este tipo. Si bien las reclamaciones salariales en el ámbito público suelen ser justas (los salarios son sensiblemente más bajos a los que se pagan en la empresa privada) no olvidemos que el personal de la Agencia es uno de los mejores pagados de la Administración. Tampoco se puede escapar que la moneda de cambio a ese incremento retributivo es una supuesta nueva carrera profesional con nuevo sistema de promoción y ascensos, pero basado en una reclasificación "inmediata" a un nivel superior, así como una reubicación posterior en niveles superiores según criterios de antigüedad, dejando de nuevo al margen el mérito y la flexibilidad.
Todo por la paz social. Como cuando se mantienen los miles de puestos de trabajo diferenciados y las altísimas pirámides organizativas o como cuando se accedió que los miles de Inspectores de Hacienda pudieran estar desperdigados por cualquier puesto en la Administración, con las enormes necesidades que existen para reforzar los equipos de inspección.
Y luego, como dice el artículo, a hablar del Estatuto de la Agencia Tributaria, prácticamente intocable desde 1991, que debe ser (así parece) tema menor. Pero eso será ya con un nuevo equipo político, y ya veremos cuándo.
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