i-administración en cooperación y colaboración

Las crecientes demandas de servicios públicos por parte de la sociedad actual unida a la necesidad de mantener un presupuesto público equilibrado plantean retos complicados que debe resolver la gestión pública.

Una de las herramientas fundamentales para afrontar esta situación es el cambio hacia una administración más abierta en términos de colaboración y de trabajo en red. Tradicionalmente las administraciones públicas venían siendo organizaciones monolíticas y aisladas encargadas de la prestación directa de los servicios públicos, en un régimen claramente diferenciado del ámbito privado. Hoy en día las cosas han cambiado, y lo han hecho por dos motivos principales: en primer lugar, en países con fuerte grado de descentralización la administración ha pasado de un único cuerpo administrativo estatal a un conjunto de administraciones a distintos niveles (estatal, autonómico, provincial o municipal) con sus propias competencias, exclusivas o compartidas. En segundo lugar, porque como veíamos anteriormente la administración se ve impotente en atender la gran cantidad de necesidades públicas con los recursos con los que cuenta y debe recabar el apoyo de otros actores (empresas, ONGs, asociaciones, etc.) para poder ampliar su margen de actuación.

El concepto de administración abierta en términos de cooperación inter-administrativa o colaboración público-privada no es más que poner en marcha con imaginación lo de “juntos podemos más” o “dos más dos son cinco”. Ello con el cuidado suficiente de mantener el objetivo primordial de maximización de la rentabilidad social hacia los ciudadanos con unos principios fundamentales de lealtad entre las partes, transparencia en las reglas del juego y, en casos de colaboración público-privada, la salvaguarda del interés general y el control de la misma por la organización pública correspondiente.

En algunos casos verdaderamente existe un riesgo importante que no podemos pasar por alto como es que los modelos de colaboración público-privados sirvan como pretexto o se utilicen para enmascarar actitudes como una dejación de funciones por parte de la administración en favor de la entidad privada o para encontrar un atajo por el que evitar responsabilidades públicas o bien para adelgazar lo público mediante externalizaciones o privatizaciones. En ningún caso el enfoque que proponemos entiende los modelos de colaboración en este sentido, sino más bien al contrario pretende potenciar las capacidades de la acción pública en la prestación de servicios aunque, eso sí, con un rol diferente al tradicional.