El "apagón" administrativo

La luz, el teléfono, el gas, los transportes, etc. se han considerado siempre “bienes esenciales” cuyo suministro directo a los ciudadanos corría a cargo de empresas estatales. La utilización de empresas privadas para la prestación de servicios públicos, bien a través de concesiones administrativas o bien mediante privatización directa de las antiguas empresas públicas prestadoras de dichos servicios es una tendencia muy significativa de la Nueva Gestión Pública (New Public Management en inglés).

Hace algunos días los barceloneses han sufrido las consecuencias de un “super-apagón” eléctrico que a duras penas hoy está medio solucionado. Ya ocurrió en la misma Barcelona en el 2001 y a los sevillanos también les tocó hace un par de años.

No es mi propósito demonizar con este comentario la participación del ámbito privado en la prestación de ciertos servicios públicos, ni la imprescindible colaboración que debe mantenerse entre lo público y privado. Ambas suponen un concepto clave de la administración inteligente (i-administración). Pero lo ocurrido en Barcelona pone en evidencia cuáles son las carencias y los peligros de un mal desempeño de lo público en la gestión de estas colaboraciones.

El primer problema es el control de lo público sobre las empresas privadas que prestan el servicio. Los procesos de externalización, concesión, privatización suelen contar con la creación de entidades reguladoras o unidades administrativas de control en el departamento correspondiente, pero éstas nacen con herramientas presupuestarias y legales insuficientes: escasez de equipos de inspección; expedientes lentos o “a-posteriori” de algún incidente; normativa ambigua en cuanto a obligaciones de servicio; mecanismos insuficientes para garantizar su cumplimiento; sanciones poco intimidatorias, etc. Todas estas patologías han aparecido en el apagón de Barcelona: distintas administraciones y reguladores se vieron incapaces de anticipar el problema, no han tenido la posibilidad de exigir las inversiones oportunas de mantenimiento y ampliación de red, el expediente informativo llega tarde, y ya veremos cuánto, cómo y cuándo llegan las sanciones.

El segundo problema es la falta de transparencia y rendición de cuentas que existe en las colaboraciones público-privadas. No sólo cuándo hay un incidente tan grave como éste, en el que sí, los gestores públicos suelen salir tarde y con pocas o ambiguas explicaciones a la ciudadanía (una prueba más del escaso control que tienen del proceso). Sino también, con carácter general, falta información sobre las condiciones del acuerdo público-privado, las exigencias de calidad de servicio y los beneficios que dichos acuerdos van a traer a la comunidad.

La participación de lo privado en la prestación de los servicios públicos es útil y necesaria. Pero requiere de control y transparencia. En Barcelona, ya veremos cómo se compensa a los ciudadanos de todos los inconvenientes ocasionados. Y, lo más importante, a ver qué se hace para que no vuelvan a ocurrir.