A diferencia del ámbito privado, donde la cuenta de resultados, los accionistas, clientes proveedores y empleados configuran un sistema claramente definido de relaciones y reglas con el fin último de la obtención del beneficio económico, el ámbito público representa un espacio mucho más abstracto y complejo, tanto por la dificultad de definir en sí los “resultados” como por la participación de numerosos actores con roles diferentes que entran en juego en las distintas fases del proceso creación de valor público.
Tradicionalmente los modelos de gestión en administraciones públicas de base weberiana o burocrática (como el español) se han caracterizado por un enfoque excesivamente farragoso y endogámico. Farragoso por haberse centrando más en la vertiente jurídica del cumplimiento del procedimiento, el desarrollo de normativas, la elaboración de mucho papel (planes, estudios, informes, etc.) o la exhibición de numerosos datos sobre producción o actividad, que en un enfoque mucho más específico sobre el resultado social producido. Endogámico porque tanto en los procesos de formulación de políticas públicas como en su aplicación concreta mediante los procesos de gestión (principalmente en la implementación y evaluación) se ha tenido tradicionalmente poco en cuenta tanto a ciudadanos como a grupos de interés. Otros elementos, diferentes según el territorio, pero que también han caracterizado en ocasiones la gestión pública han sido la corrupción, ineficiencia o la poca racionalidad en el uso de los recursos públicos.
Cualesquiera que fueran estos elementos negativos, lo cierto es que el afán de legitimar o de dar credibilidad a lo público ante la sociedad y la necesidad creciente de un mayor desarrollo en términos económicos o de cohesión social obliga a desarrollar una modelo público que supere esos vicios y esté mucho más en contacto de los diferentes actores, no sólo en las prácticas de gobierno sino también en las de gestión.Aquí es donde surge el concepto de “gestión pública abierta” como característica fundamental de la i-administración.
Concepto que implica que los diferentes actores (empresas, ciudadanos, asociaciones, etc) puedan conocer, obtener, crear y colaborar en su contacto con la administración. Concepto que implica la práctica de una gestión pública basada en una serie de principios como la transparencia, la equidad y la justicia, la eficacia y eficiencia, el respeto a la legalidad.
Conocer mediante los mecanismos de responsabilización y rendición de cuentas que la gestión pública tiene que desarrollar para el cumplimiento de los principios de transparencia.
Obtener mediante el diseño y producción de servicios públicos accesibles a cualquier persona física o jurídica, en cualquier momento y en cualquier situación dentro de los parámetros de eficacia y eficiencia.
Crear y colaborar mediante un enfoque diferente de entendimiento público-privado en la suma de esfuerzos para obtener los mejores resultados y sin perder de vista la equidad, justicia y respeto a la legalidad.
No obstante no debemos pensar que no existen elementos que especialmente se deben vigilar para evitar potenciales riesgos. El peligro de que una “gestión abierta” acabe poniendo lo público y el interés general al servicio particular de ciertos grupos de interés privados en contra del principio de equidad. O que dicha gestión abierta sea aprovechada por “enemigos del sistema” para socavar el mismo. Son cuestiones que merecen una atención especial.
Pero, en sociedades avanzadas, los ciudadanos cada vez están mejor educados y más informados. Esperan servicios públicos de mejor calidad y desean formar parte en el proceso de toma de decisiones. Consideran los servicios públicos excesivamente burocráticos y los desean más abiertos. Por tanto, es imprescindible incorporar estos elementos en las políticas de reforma administrativa y en la configuración de la administración del siglo XXI, la i-admnistración. En este blog veremos cómo.
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