La oferta de empleo público de la crisis

Los reiterados anuncios por parte del gobierno de un ajuste del gasto público en el capítulo I del presupuesto por fin se van materializando. El pasado martes, justo antes de la Semana Santa, el Consejo de Ministros aprobó, con un mes de retraso sobre el calendario habitual, la oferta de empleo público (OEP) para el año 2010.

Se trata de una oferta extraordinariamente restrictiva que va a poner las cosas muy complicadas a todos aquellos desempleados que buscan un trabajo fijo de calidad en el sector público: la Administración General del Estado echa prácticamente el cierre a la entrada de personal de nueva incorporación al haber reducido hasta un 10% la tasa de reposición de vacantes por jubilación (más allá de lo acordado con los sindicatos-un 30%- en septiembre pasado).

Cuantitativamente podemos comprobar como por primera vez en mucho tiempo no hay plazas de nueva incorporación a cuerpos y escalas clásicos como los de la Seguridad Social (en todos sus niveles), TAC, ingenieros del estado, intervención, general administrativo, auxiliares, etc. Otros, como los cuerpos TIC sufren una drástica reducción en línea con el recorte general (el 80%) y eso que la sucesiva aplicación de la Administración electrónica pudiera plantear otras necesidades.

Por lo demás, la OEP viene a ser de nuevo un corta-pega de pasados ejercicios. Por ejemplo, por mucho que se fijen propósitos para ello este modelo de oferta pública difícilmente sirve de instrumento para lograr esa "adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar (art. 55.2.e del EBEP). Mientras que el acceso sea por "cuerpos" y no por "puesto de trabajo" los deseos quedarán en eso, voluntades y buenas palabras.

Otro aspecto, llamativo, es las quizá pocas novedades respecto al año pasado en cuanto a la realización de todo el proceso por medios electrónicos. El pasado diciembre venció el plazo de adaptación (matizado por supuesto por la disposición transitoria) y la entrada en vigor del nuevo derecho ciudadano de acceso electrónico debería plantear mayores exigencias a reflejar en la oferta.