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¿Profesionalizar? la dirección pública

2012-01-26T16:53:00.004+01:00

Desde múltiples y variados ámbitos - esta bitácora uno de ellos- se reclama con insistencia la profesionalización de la dirección pública.

Ahora bien, ¿qué significa "profesionalizar"? ¿entendemos todos lo mismo cuando utilizamos ese termino? Me temo que no. El que les habla entiende profesionalizar como la institucionalización de un marco específico propio para el ejercicio de funciones directivas en la Administración. ¿Esto que quiere decir? En primer lugar hablamos de una perspectiva gerencial, orientada a la obtención de resultados mediante la gestión de proyectos y el liderazgo de las personas a su cargo. Esto supone tomar decisiones, arriesgar, negociar, torear crisis, orientar, motivar y conectar personas. Pero también, refiriéndonos en concreto a la esfera pública, dirigir a los que te dirigen (políticos) y conocer la maquinaria administrativa para sacarle el máximo partido.

Mi discrepancia está con aquellos que conciben la profesionalización de la dirección pública como la última estación de la carrera administrativa de altos funcionarios de carrera, con ánimo de bilandar este espacio al nepotismo de los políticos. Bajo mi modesta opinión este punto de vista supone seguir anclado al viejo enfoque de la Administración pública burocrática de finales del siglo XIX, uno de cuyos rasgos fundamentales es la continua disputa entre políticos y élites administrativas por el control de mayores cuotas de poder en los niveles superiores de la Administración.

Nos encontramos por tanto con un concepto, el de dirigir, que va ligado a un nuevo modelo de Administración postburocrática que debe ser el característico para afrontar los complejos desafíos públicos de los tiempos que corren. A diferencia de administrar o dictaminar, que siendo perfectamente necesarios en determinados ámbitos de la creación de valor público, no pueden malentenderse como lo que no son en un renovado enfoque de Administración del siglo XXI.

Por tanto, siendo dirigir necesariamente diferente a administrar o dictaminar es erróneo concluir que de forma necesaria la profesionalización de la función directiva deba suponer que ésta deba ser automáticamente ocupada -a modo de meta profesional- por esos administradores o expertos técnicos que nutren los altos cuerpos administrativos. Obviamente, tras la debida formación o reciclaje (a dirigir se aprende) puede serlo, pero no porque caducos blindajes normativos así lo impongan.

El reto precisamente es salirse de esta dinámica, cosa que en ciertas Administraciones hoy parece ciertamente utópico. O si no, a los nombramientos de estas semanas me remito.

Píldora sobre #ogov: ciudadanos, ¿nacen o se hacen?

2012-01-19T17:56:00.004+01:00

Un gobierno abierto se basa en una ciudadanía madura, responsable, consciente de su identidad como sujeto político e implicada en la construcción de lo público. Esta me parece una base indiscutible e innegociable para poder construir el gobierno abierto. Mucho más que abrir canales de participación o ventanas al secretismo. Sin duda es importante hacerlo; pero , ¿de qué sirve si la sociedad está instalada en esa mezcla explosiva de infantilismo, ignorancia y dejadez?

La pregunta es: esta ciudadanía, ¿nace o se hace?. Rotundamente lo segundo: la ciudadanía se hace, desde la educación familiar, escolar, social y también en el debate público que todos los días inunda los medios de comunicación. Un debate en el que políticos y tertulianos son protagonistas y en el que uno no sabe bien - o mejor sí que lo sé pero no quiero ni imaginarlo- cuál es el juego que se pretende. ¿Idiotizar aún más a la sociedad para poder utilizar después el viejo argumento de que la gente no participa o si la invitamos a hacerlo en temas sensibles (por ejemplo, medidas impopulares) el resultado va a ser disparatado?

Por tanto, el sistema político y social tradicional nos viene ofreciendo, cada vez más, un menú envenenado, un círculo vicioso mortal de necesidad para avanzar en el camino del gobierno abierto. Únicamente el poder de las redes y espacios libres de interacción y debate como internet garantizan un contrapoder necesario para la existencia y desarrollo de una ciudadanía cívica y responsable.

Esa ciudadanía, sí, que es la verdadera base del gobierno abierto.

AAPP: 12 peticiones para 2012

2012-01-12T17:29:00.004+01:00

Pasados uvas y Reyes, el año nuevo y la existencia de renovados equipos al mando de las instituciones públicas me han animado a escribir una lista de deseos para el ámbito que trata este blog, la modernización de las Administraciones públicas. A ver qué os parece:

Que el cortoplacismo no ciegue el cambio profundo que demandan nuestras AAPP. Apostar por innovación en el sector público no es una paranoia, es una necesidad, pero lleva su tiempo.
Ley de Transparencia sí, pero no como estación de llegada del gobierno abierto sino como punto de partida.
No confundir la legitimidad que da el voto en unas elecciones con la imprescindible participación ciudadana en las políticas públicas. Hacerlo, en los tiempos que corren y con las herramientas existentes puede ser suicida para cualquier gobernante.
Que las reducciones lineales (hachazos) dejen paso a revisión meniculosa de las partidas de gasto (cirujía fina) que valoren coste-beneficio entendiendo éste no sólo en términos económicos, sino también en términos de valor público.
Mantener el compromiso con el gobierno electrónico, como canal de un mejor servicio a los ciudadanos pero sobre todo (está pendiente) como vía de reorganización interna y reducción del gasto.
Hacer de la congelación en la oferta pública de empleo la excusa (motor necesario) para una revisión de las relaciones de puestos de trabajo, especialmente en el bloque administrativo de las AAPP.
No olvidar que las agencias no son sólo un foco de gasto incontrolado. Tienen sus ventajas, y muchas, para modernizar la gestión pública.
Pensar bien que a largo plazo los procesos de enajenación de patrimonio público tienen sus impactos (y a veces no compensan la caja que pueda hacerse a corto)
Colaboración público-privada sí, pero aprovechamiento de los recursos públicos existentes y mejora de su gestión también.
Legitimar y dar prestigio al trabajo público. Motivar es imprescindible, más aún en las actuales circunstancias de congelación-recortes salariales.
Institucionalizar la función directiva profesional en el sector público. Cinco años más tarde ya es hora de desarrollar el artículo 13 del EBEP.
Y por último, que el ajuste no haga olvidar a nadie la importancia de un sector público potente y de calidad para la importancia económica y social de cualquier país.

El peligro de la reposición cero

2011-12-29T16:40:00.002+01:00

Mañana están convocados los sindicatos de función pública en el ministerio para que el flamante secretario de Estado les explique algunas de las medidas inmediatas que va a tomar el nuevo gobierno: previsiblemente, congelación salarial y tasa de reposición cero en la oferta de empleo público.

Teniendo por ineludible el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, tal y como están establecidos (4.4% PIB 2012 y 3% 2013), es inevitable tener que recurrir a ajustar el capítulo I (gastos de personal). De ahí que las medidas actuales y futuras vayan a ir encaminadas en esa doble vía de tocar sueldo y efectivos.

Parece por tanto oportuno matizar varias cuestiones:

Si bien las medidas de congelación / reducción salarial tienen un efecto más o menos inmediato sobre el presupuesto de gastos no ocurre lo mismo con los ajustes de plantillas vía tasa de reposición. En este caso depende del ritmo de jubilaciones en los próximos años.
Tan cuestionable puede ser el pensar que una subida de impuestos indirectos aumente la recaudación como que la reducción del gasto en el capítulo I tenga un impacto positivo sobre el déficit. El menor poder adquisitivo de más de tres millones de empleados públicos inevitablemente se notará en el consumo, por ello en el crecimiento económico y finalmente en la recaudación. Los efectos de las medidas de mayo 2010 en términos de crecimiento los estamos viendo en estos últimos y próximos trimestres.
Hachazos lineales como "tasa de reposición cero" no es precisamente lo que se necesita en estos momentos. Es precisa cirujía fina, mucho más compleja, pero más efectiva en abordar con más rigor el problema presupuestario y limitar efectos colaterales no deseados.
Pensemos que 600.000 empleados públicos tienen más de 55 años y se jubilarán en los próximos años. Una tasa de reposición cero planteada de forma indiscriminada puede afectar muy seriamente a la estabilidad y eficacia del sector público.
Sin embargo sí que se presenta una gran oportunidad para dar la vuelta como un calcetín a la estructura de las plantillas públicas, nutridas en exceso de puestos de escaso valor y escasas de perfiles técnicos especializados y de gestión.
Por ejemplo, un objetivo operativo en el equilibrio de las cuentas públicas debería ser el incremento de la recaudación vía lucha contra el fraude. ¿Existen un número suficientes inspectores de hacienda? Me atrevo a afirmar un rotundo NO. ¿Tiene sentido una tasa de reposición cero en este colectivo? Seguramente tampoco . Aunque os dejo para vuestra reflexión un ejercicio "imposible": identificar quiénes son aprobados a las oposiciones a inspección de hacienda en los últimos 25 años y ver cuántos de ellos están ejerciendo funciones directas o indirectas de inspección. Nos llevaríamos grandes sorpresas.
En relación con el punto 5: un ajuste radical debe producirse en puestos como de la zona media-baja de la pirámide. Algunos ejemplos: "portero mayor", "conductores", "jefe de negociado de tramitación nivel 16", "auxiliar administrativo", etc. que afloraron como la espuma en pasadas décadas y hoy carecen de sentido. Reposición cero durante muchos años . Sin ningún complejo.
Es el momento oportuno de desarrollar el art. 13 del EBEP referente a la dirección pública profesional. La creación de un Estatuto marco para todas las Administraciones que dote a esta figura de una necesaria institucionalización es imprescindible.
¿Por qué -ya que estamos- no plantearse seriamente qué tipo de relación (si administrativa o laboral) deben tener los empleados públicos según su grupo profesional? El EBEP lo permite. Si desde el 1 de enero 2011 para los nuevos funcionarios desaparece clases pasivas y se integran en el régimen general a efectos de pensiones, ¿por qué por ejemplo desde el 1 de enero 2013 no puede ocurrir que el cuerpo general administrativo pase a ser "grupo profesional administrativo" y los nuevos que ingresen accedan como laborales fijos al servicio?
¿Por qué, ya que estamos pidiendo sacrificios a los empleados públicos, reorganizando estructuras y plantillas no se para en seco la campaña de desprestigio y ataque a lo público y a sus trabajadores y se pone en marcha una de legitimación y prestigio del servicio público con el objeto de que la ciudadanía comprenda su importancia y le otorgue su simpatía y reconocimiento?

La incómoda presencia de AAPP en Hacienda

2011-12-22T16:29:00.003+01:00

Los cambios de gobierno suelen traer aire fresco a la res pública. Todo lo nuevo (nombres, estructuras, discursos, e intenciones) despierta inicialmente el tirón y la ilusión en que los problemas públicos latentes acaben -si no resueltos- sí al menos enfocados de otra manera para una más pronta resolución.

Como sabéis ayer tomó posesión el nuevo presidente del gobierno Mariano Rajoy. Centrándonos en la temática de este blog -el sector público- su discurso de investidura estuvo repleto de alusiones a la reforma de las AAPP como uno de los ejes prioritarios de su agenda. Casi todas ellas relativas a medidas que parecen tener más que ver con el cortoplacismo del ajuste presupuestario que con la visión a largo de dotar a este país de una Administración pública moderna y eficaz , equiparable a la de países más avanzados como por ejemplo los nórdicos.

Quizá la intención de unir Hacienda y Administraciones Públicas sea porque los esfuerzos de futuro en el ámbito de reforma administrativa se vayan a centrar únicamente en el control presupuestario dejándose a un lado otros aspectos transcendentales como el avance de la Administración electrónica, el desarrollo del Estatuto del Empleado Público, la implantación de la dirección pública profesional, la reforma organizativa o ya fuera de este ámbito la vertiente más política de las relaciones entre diferentes niveles territoriales que llevaba a cabo la Secretaría de Estado de Política Territorial.

Ojalá no sea así y los esfuerzos reformistas anunciados por el nuevo presidente lo sean realmente, pero en el sentido de que supongan un fuerte torrente innovador en el funcionamiento de nuestras Administraciones. Una reforma de fondo más allá de simples medidas de recorte presupuestario que acaben llevando a justamente lo contrario, al debilitamiento del sector público que a largo plazo desencadene un desmembramiento de nuestra sociedad.

#20N: Valoraciones de una campaña extraña

2011-12-16T10:33:00.005+01:00

Recientemente hemos vivido una campaña electoral diferente por dos factores: el momento y la certeza de conocer el candidato ganador. Precisamente por ello desde el Club de Dirección Pública de ESADE Alumni decidimos reunir a expertos en comunicación política para conocer sus valoraciones de esta extraña contienda electoral.

Luis Arroyo, presidente de la Asociación de Comunicación Política, calificó la campaña de anodina y no ilusionante. Lo cual en una campaña de cambio sorprendería, si no fuera porque los ánimos de los ciudadanos andan un tanto deprimidos. Como experto valoró en poco innovador el planteamiento de los partidos mayoritarios: el que se veía vencedor, Partido Popular, mantener sin errores una posición de ventaja ganada hace mucho tiempo; el que luchaba por acordar distancias, Partido Socialista, una campaña de libro basada en mucha pedagogía complementada con mítines. Y es que -según Arroyo- las campañas importan poco y no cambian significativamente el sentido del voto: fue la crisis y, sobre todo, una errónea gestión de expectativas del presidente Zapatero lo que precipitó el cambio de gobierno.

Gabriel Elorriaga fue el director de campaña del Partido Popular en las dos últimas elecciones. En su opinión este partido ha logrado una estabilidad y fidelidad electoral muy importante en los últimos quince años, gracias a aciertos propios y a errores del rival como por ejemplo el proceso de relevo en su liderazgo. Destacó también que ha sido una campaña sujeta a nuevas normales legales: reducción de los plazos y sin publicidad en la precampaña. Las campañas al final las gana aquel que logra imponer su agenda (lo que se habla) ya que tanto el PP como el PSOE tienen construidos desde hace mucho tiempo atributos de marca que en campaña son imposibles de cambiar.

Pilar Cernuda, periodista política, se centró en lo que, en su opinión, hizo bien el candidato ganador y no tan bien el perdedor. Rajoy partió de una muy mala situación interna en 2008 que superó con un equipo nuevo, desconocido y sin experiencia. Se afianzó en parte gracias a los errores del rival que supo gestionar con sus ya famosos "silencios". Según Cernuda a Rubalcaba le condenó - además de la gestión de la crisis- una errónea estrategia de comunicación: perdió el apoyo de Prisa, falló el equipo y su posicionamiento en una imagen "asamblearia".

Gestión pública vs. gestión privada

2011-12-09T10:30:00.003+01:00

Últimamente oímos con demasiada frecuencia y desde foros muy diversos la supuesta superioridad de la gestión privada frente a la pública a la hora de dar respuesta a las necesidades sociales. Una idea -que a fuerza de ser repetida- va camino de convertirse en dogma incontestable. De hecho, cada vez está incorporándose con más fuerza a discurso y acción política; algunos ni lo disimulan.

No sé a vosotros pero a mí los blancos o negros me hacen desconfiar. Por eso el mensaje de la gestión privada como solución milagrosa a los problemas públicos me da que pensar, me despierta dudas sobre qué es lo que de verdad interesa, si no son otras cosas que premeditadamente pretendan ser ocultadas.

¿Blanco o negro? ¿Gestión privada o gestión pública? No vamos a negar que corren tiempos donde con presupuestos recortados el factor "eficiencia" gana peso; y en eso la gestión privada tiene mucho que enseñar a la gestión pública. Tampoco vamos a negar que la gestión pública se ha ganado a peso su desprestigio: la extensión de la burocracia como paradigma dominante en la gestión pública ha provocado ciertas distorsiones, especialmente en la provisión de servicios públicos, precisamente aquellos en que hay un mayor contacto con el ciudadano. En esto, en gestión de servicios, el sector privado también lleva cuerpos de ventaja.

¿Es todo ello suficiente para imponer ese dogma de la supuesta superioridad de la gestión privada sobre la pública? En mi opinión no. Los valores economicistas sobre los que se asienta lo privado pueden poner en peligro valores fundamentales en lo público como la cohesión, la igualdad, la eficacia o la imparcialidad. Además, existe un cierto riesgo de que intereses privados acaben por secuestrar intereses públicos que son de todos.

Por ello, mi fórmula es "depende": sí a la gestión privada sí, pero sobre todo sí a una gestión pública reformada, que incorpore lo mejor de lo privado pero sin renunciar a los valores básicos de lo público. Hacerlo de otro modo puede poner en riesgo a largo plazo el desarrollo social y económico de cualquier sociedad.

¿Qué fue de las agencias?

2011-12-01T17:36:00.004+01:00

A estas alturas todavía me sigo haciendo esta pregunta. La última vez que oimos hablar de agencias fue en un contexto nada bueno: la polémica en Andalucía sobre la supuesta utilizacióin de este modelo organizacional para la colocación a dedo de miles de amigos como empleados públicos.

No está mal de vez en cuando utilizar un post para desempolvar algunas iniciativas interesantes que duermen el sueño de los justos en el cajón de algún ministerio. Hagamos un poquito de historia: en el año 2006 se pone en marcha una ley que pretendía romper con el vetusto modelo organizativo de la AGE, la ley de agencias estatales, impulsada por el ministro Jordi Sevilla. Lentamente empiezan a aparecer algunas de ellas: primero la Agencia Estatal para la Evaluación de Políticas Públicas, prioridad absoluta de Sevilla; posteriormente el BOE y luego otras como la AECID, de Seguridad Aérea, la de lucha contra el dopaje o la de meteorología. Se habla de desarrollar hasta diez e incluso se sugiere que el propio INAP puede ser una de ellas.

Pronto empiezan a torcerse las cosas: los decretos de creación y desarrollo de cada agencia muestran que en lo único que hay cambios frente a las antiguas direcciones generales u organismo autónomo es en el nombre y poco más; el funcionamiento interno sigue siendo el mismo. Llega el año 2007, cambio de ministro y se paraliza la creación de nuevas agencias . Hasta hoy.

No se escapa a nadie que las agencias tienen muchos enemigos, tanto en el nivel político como en ciertos cuerpos administrativos que no conciben otra Administración pública que la burocracia clásica. Pero son un instrumento de cambio imprescindible para orientar a resultados ciertos ámbitos de la acción pública, desburocratizar y flexibilizar estructuras que no pueden seguir funcionando bajo los viejos patrones administrativos. Por tanto, si en algún momento lo que se pretende es reformar la Administración en profundidad, se deberá retomar con aires renovados esta iniciativa e impulsarla con decisión. ¿Será el próximo gobierno?

La política de la crisis

2011-11-23T17:38:00.003+01:00

La designación de tecnócratas al frente de los gobiernos de varios países ha puesto de moda el debate sobre cuáles son más convenientes, si políticos o técnicos al frente de las instituciones públicas. En mi opinión es incuestionable el papel de la política en la dirección de lo público.

Me parece sumamente peligroso, no ya el que que la política pueda ser o esté siendo sustituida por la tecnocracia, sino el mero hecho de que se plantee este debate. ¿Por qué entonces? Quizá se trate de un episodio más de ese saco de episodios inéditos que vienen ocurriendo últimamente, un torpedo más (y ya van unos cuantos) sobre lo público.

La política, por delegación de los ciudadanos (no lo olvidemos, es importante), tiene la legitimidad democrática para dirigir los asuntos públicos. Su servicio a la sociedad se basa principalmente en recabar las distintas necesidades que se producen y resolverlas, gestionando los conflictos, buscando soluciones que cuenten con un respaldo suficiente y repartan los esfuerzos. En estos tiempos de grave crisis, la política es más importante que nunca, precisamente por la tremenda incertidumbre, inestabilidad que nos rodea sino por la ambiguedad y poca definición de los problemas, su carácter transversal y global, y los impactos sobre la igualdad y cohesión social que las distintas soluciones pueden plantear. Salir de la crisis es importante, pero también cómo se sale de la misma y las consecuencias a largo plazo que se puedan ocasionar. No es esa la perspectiva técnica, la cual desde un conocimiento experto aborda soluciones teóricas a los problemas, basadas en planteamientos racionales de decisión. Nada más alejado de la realidad que demandan problemas públicos cada vez más complejos y retorcidos.

Por tanto, no deja de ser cuando menos sorprendente, que cuando más necesaria es la política más se la cuestione y más aparezcan debates de este tipo. Otra paradoja más. ¿Motivos? Hay muchos, algunos que aquí no vienen a cuento. Quizá uno pueda ser el desprestigio de la política. Mis alumnos en la universidad me manifestaban el otro día su alejamiento de la política y su mala opinión de ésta. Nada que os pueda sorprender. Pero les animaba a no confundir política con (partidos) políticos invitándoles a estudiar el caso de Sergio Fajardo, alcalde de Medellín (2004-2007) como ejemplo de lo que la política supone y de cómo cualquier ciudadano teóricamente (si no sufriéramos este sistema partitocrático que tanto ahoga) puede dar el salto a la acción en los asuntos públicos.

Volviendo al inicio, la política sigue siendo no necesaria sino imprescindible. Lo demás supone una anormalidad; una más de las tantas que nos están tocando vivir en estos tiempos difíciles.

#20N: Comunicación política en tiempos de crisis

2011-11-21T13:22:00.004+01:00

Ha terminado la campaña electoral con un claro vencedor. Tal y como se pronosticaba el Partido Popular gobernará los próximos cuatro años. Es tiempo de análisis y balance; abundan todo tipo de tertulias y comentarios, principalmente desde una perspectiva política.

No es esta la longitud de onda del Club de Dirección Pública de ESADE. Nosotros nos interesamos por el análisis y reflexión de todos los asuntos relacionados con la gestión pública pero desde una perspectiva académica. Nos preguntamos cómo ha funcionado la campaña desde la perspectiva de la comunicación, teniendo en cuenta el delicado momento que vive nuestro país.

Un contexto en el que se refuerza la importancia de la estrategia de comunicación y del marketing político , las decisiones estratégicas que estos adoptan, la importancia que dedican a estas cuestiones, cómo las desarrollan y cuáles son los impactos producidos en la sociedad a través de los medios de comunicación social.

Los ponentes que nos acompañarán proceden del mundo de la comunicación, la política y el periodismo.

Luis Arroyo

Presidente de Asesores de Comunicación Pública desde octubre de 2008. Hasta entonces, fue director adjunto del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y, previamente, director de los gabinetes de Carme Chacón, entonces ministra de Vivienda, y de los dos secretarios de Estado de Comunicación entre 2004 y 2008. Antes de trabajar para la presidencia del Gobierno de España fue consultor independiente, fundador y presidente de MediaTrainers, y director de Asuntos Públicos y Comunicación de Crisis en Edelman. Es sociólogo por la Universidad Complutense, profesor en diversas universidades e instituciones, y fundador y codirector del Curso de Especialización en Comunicación Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España y el Máster de Marketing Político y Electoral de la Universidad Complutense de Madrid. Es presidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), y fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Comunicación de España (Dircom). Ha escrito diversos textos sobre comunicación.

Gabriel Elorriaga

Diputado de las VIII y IX legislaturas, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado. Ha sido inspector de Hacienda, interventor y auditor del Estado, así como subdirector del Gabinete del Presidente del Gobierno (1996-2000) y secretario de Estado de Organización Territorial (2000-2004). Igualmente, fue coordinador de Estudios y Formación del Partido Popular (2003-2004) y secretario ejecutivo de Comunicación del mismo partido (2004-2008). Es patrono de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.

Pilar Cernuda

Licenciada en Periodismo, ha sido directora de Fax Press, la agencia de noticias y colaboraciones que fundó Manuel Leguineche, hasta septiembre de 2009. Actualmente, colabora con Onda Cero, Telemadrid y ABC. Cubrió durante bastante tiempo la información de la Casa Real y fue corresponsal de ABC en Nueva York. Participa en tertulias de radio y televisión. Es autora de nueve libros y coautora de seis.

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Cuatro claves para la innovación en la Administración

2011-11-09T08:30:00.002+01:00

Os dejo el último artículo que he publicado en PUBLIC, la revista del Insituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE:

Vivimos tiempos de cambios. La sociedad y el nuevo entorno derivado de la crisis económica y financiera a la que nos venimos enfrentando están dando lugar a nuevos sectores, cambios en las reglas de juego y nuevas pautas de actuación de los diversos actores. Según un reciente informe de la Fundación de la Innovación de Bankinter, titulado El arte de innovar, la innovación es una prioridad estratégica para el 72% de las empresas. No es baladí, por tanto, plantearse cuáles son las claves de la innovación en la Administración.

La innovación necesaria. Tenemos que reconocer la importancia de lo público en la economía de cualquier país, medido en términos cuantitativos –recursos involucrados, dimensión social– o en términos cualitativos, por los ejes de generación de valor público en los que actúa. La sociedad reclama con fuerza una mejora en este sector. Estudios recientes del CIS indican que casi el 40% de los ciudadanos encuestados califican de negativo o muy negativo el funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Por último, un tercer factor que hace necesario un fuerte impulso innovador en el sector público es la sostenibilidad del propio sector, para que pueda cumplir la misión que tiene encomendada, con la máxima eficacia y al mínimo coste.

La innovación difícil. El tipo de organización pública presenta inconvenientes cuando se trata de producir un valor público para lo cual es necesario adaptarse continuamente a las necesidades ciudadanas. Nos encontramos, entonces, ante estructuras que están en las antípodas de lo más adecuado para que florezca la innovación. Aún así, no podemos generalizar: no son raros los casos en que, dentro de una misma Administración, existen emprendedores internos –en cualquier categoría– que todos los días encuentran fórmulas imaginativas para hacer más con menos. Otro elemento que condiciona decisivamente la actividad innovadora dentro de una Administración es la política. En ciertas ocasiones –las menos–, puede acelerarla, pero no es lo habitual: innovar supone arriesgar y el riesgo lleva implícita la posibilidad de error.

La innovación realista. No es fácil en una sociedad en la que todo parece ya inventado y en la que la cautela se antepone al riesgo. Pretender innovar obteniendo la "idea del siglo" es aventurado. No tiene por qué. Las pequeñas innovaciones son las más efectivas, porque son más fáciles de obtener y porque van creando paulatinamente el entorno favorable que facilita el resultado deseado.

La innovación de éxito. Es preciso encontrar ecosistemas (procesos e infraestructuras) de innovación en ámbitos en los que, por su propia naturaleza, las personas involucradas, el impacto social, etc., se den las condiciones más adecuadas. Por ejemplo, en todo aquello que suponga relación con el ciudadano (atención, escucha, cogestión, coproducción, etc.).

Además, la innovación como motor del cambio exige una importante actividad de comunicación, basada en lograr complicidades de los diversos actores –internos y externos– involucrados en el proceso, lo cual resulta más evidente a medida que los servicios son más ambiciosos y rupturistas.

El directivo es la pieza imprescindible para aprovechar las oportunidades que ofrecen estos procesos abiertos. Su reto será identificar colaboradores que se comprometan activamente con la innovación y con liderar el proceso de gestión del cambio que implica.

Existen casos que avalan la posibilidad de innovar a gran escala en el sector público. Cuando se ha pretendido abordar un proceso profundamente innovador, se ha llevado a cabo con éxito. Recordemos el caso de la Agencia Tributaria: la elevada prestancia de los profesionales de esta institución y su compromiso con el proceso innovador nos muestran el camino de una verdadera Administración innovadora.

PP: promesas para una nueva Administración

2011-11-03T11:48:00.003+01:00

" Programa, programa, programa " Eso decía un político español hace ya unos cuantos años. Es época electoral y - ¡como no!- los partidos políticos sacan sus programas electorales; sí, esos supuestos "contratos con la ciudadanía" que en forma de compromisos adquieren los partidos políticos con sus votantes y que la realidad dice que nadie lee y ningún partido - menos en los tiempos que corren - acaba de aplicar verdaderamente. Es por ello que los programas electorales suelen ser una amalgama de buenas intenciones, párrafos biensonantes que casi todo el mundo suscribiría y brindis al sol por los que raramento se rinden cuentas.

En esto llegamos al programa del partido que - según todas las encuestas- tiene las mayores opciones de gobernar, el Partido Popular. Y nos fijamos en la sección "La Administración, motor del cambio" en la que detalla sus propuestas relativas a Administración pública:

Hay parte de la música que me suena bien. Pero no nos engañemos: los programas electorales están para sonar bien. Para ello se hacen, como gancho del voto.

Cinco aspectos que me gustaría destacar:

El hincapié modernizador que se hace sobre el sector público, asumiendo la importancia económica y social del mismo y la necesidad de estar dotados de una Administración de calidad y eficiente.
La apuesta por "una nueva política de recursos humanos, basada en la profesionalidad y en los principios de mérito y capacidad". Hablan de profesionalizar y potenciar la función directiva, "delimitando el personal que ejerce potestades administrativistas" se supone que para identificar los puestos que sí deben ser prestados por funcionarios de carrera. Algo que siempre hemos defendido en este blog; lo que no tengo claro es si esa supuesta profesionalización es la excusa para que el péndulo oscile del abuso de los puestos de confianza a la toma de poder por ciertas élites administrativas que todos conocemos. No es buena ni una cosa ni otra.
"Adoptaremos medidas para superar el modelo de administración burocratizada, formalista y centrada en los procesos, para entrar en el ámbito de la nueva gestión pública, más orientada hacia los resultados y la exigencia de responsabilidades". Suena bien, ¿verdad? Control por resultados y evaluación de las políticas públicas para hacer más eficiente el gasto. Totalmente de acuerdo. En ese sentido prometen reforzar el papel de la AEVAL. Veremos cómo.
Prometen una reorganización administrativa de calado. En varios frentes: el primero el territorial (hay cuestiones identitarias/ideológicas que no entro a valorar en este blog); el segundo "reforzando aspectos estratégicos de planificación y definición de políticas" (me parece absolutamente necesario). Tercero, integrando y dotando de racionalidad las diversas estructuras replicadas que se dedican a Administración electrónica. Cuarto, apostando por la cooperación e interoperabilidad: veremos si el clima político interno - difícil previsiblemente en el ámbito territorial - puede permitir profundizar en este sentido. Sería aconsejable.
En materia de open governemnt da la impresión de que la deseada ley de transparencia puede salir de ese cajón donde ha dormido el sueño de los justos durante los últimos años. No debe ser difícil: hecha está, pudiendo (con algunos retoques) entrar como proyecto de ley en los primeros cien días. Veremos si no queda en eso, una norma en el BOE, o si se profundiza realmente en este asunto a través del portal de transparencia, apertura de datos públicos y demás medidas prometidas.

En el lado opuesto hay otros aspectos que me despiertan dudas:

El planteamiento de la colaboración público-privada: creí que el enfoque de transferencia de responsabilidades al sector privado tan característico de la Nueva Gestión Pública estaba superado por un enfoque más de co-responsabilidad y colaborativo característico de los procesos de nueva gobernanza. El programa da la impresión de pretender generalizar como paradigma dominante el de subcontratación de servicios públicos a empresas privadas "supuestamente" más eficientes, manteniendo - eso sí- la titularidad pública. Otra cuestión es cuando de forma muy sutil se refiere también a privatizaciones puras y duras, enajenando activos públicos mediante su venta al sector privado ya que "los servicios que prestan lo pueden ser más eficientemente para el ciudadano por parte del sector privado". Sorprende cuando este mismo partido se ha opuesto a la privatización de sociedades estatales rentables, como Loterías, que son las verdaderamente golosas para los inversores. Este asunto de las privatizaciones me parece absolutamente discutible. Habrá que ver en qué se queda.
En materia de recursos humanos el impulso reformista no alcanza dos aspectos que me parecen clave : la reforma radical del sistema de cuerpos como organización básica del empleo público y cambios en el modelo de oposición.
La referencia a "ampliar los mecanismos de participación en la disposición de normativas legales y reglamenterias así como la definición de políticas públicas"por breve, vaga y general parece más bien un copia- pega bienquedista que un deseo real. Ojalá me equivoque.
En materia de control sobre la gestión pública hay propuestas un tanto contradictorias: por un lado se enfatiza en la gestión por resultados con controles a posteriori; por otro una ley que endurezca los controles (a priori?) y reforzamiento de algunas figuras como interventores.

Open data Spain

2011-10-24T16:28:00.004+02:00

En España nos gusta hacer normas. Es indudable. Venía oyendo la radio y alguien decía que tenemos más de 6000 normas en asuntos relacionados con la competencia. Una barbaridad ... Pero es que tenemos el modelo de Administración que tenemos, según el cual hacer una norma nos deja relativamente satisfechos pensando que la norma es la solución a un problema público, que con una norma se atienden las necesidades sociales o que publicada la norma en el BOE ya hemos cumplido con el objetivo y no queda más que esperar tranquilamente a que caigan los resultados. Nada más alejado de la realidad.

Esperemos que con una de las últimas (y esperadas) normas publicadas no pase lo mismo. Se trata del R.D. sobre Reutilización de Información del Sector Público en el marco de la AGE. Debería servir para dar el impulso definitivo a la apertura de datos públicos en las distintas dependencias de la Administración central, algo que otras CCAA llevan ya avanzado desde hace tiempo, con normativa aprobada (también) pero (sobre todo) con resultados prácticos.

Os dejo el texto de la noticia publicada en la web del Proyecto Aporta:

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública, el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley sobre reutilización de la información del sector público, para el sector público estatal.

Culmina así la tramitación de esta norma que, siguiendo las mejores prácticas del Gobierno Abierto, fue sometida a un enriquecedor trámite de información pública haciendo uso de medios electrónicos y que ha recibido el apoyo generalizado del sector privado, la sociedad civil, el sector público, incluyendo valoraciones positivas por parte del Consejo de Estado y la Comisión Europea.

El objetivo del Real Decreto es situar a España junto a países de vanguardia en materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, favoreciendo además la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido en el sector de los contenidos digitales y contribuyendo a la transparencia en la actuación de las administraciones públicas como principio básico de la democracia.

La ampliación de nuestro marco legal coloca a nuestro país, adicionalmente, en posición de ejercer una posición de liderazgo en la futura revisión de la Directiva europea sobre la materia.

Se quiere potenciar además el crecimiento del sector infomediario, que está desarrollando productos y servicios innovadores mediante la reutilización de la información pública. A pesar de su relativa juventud, el sector ha alcanzado en 2010 un volumen de negocio que se sitúa entre 550 y 650 millones de euros, dando empleo directo a entre 5.000 y 5.500 trabajadores, equivalente a sectores más consolidados del mercado de los contenidos digitales.

Partiendo del marco general establecido por la Ley sobre reutilización de la información del sector público, el nuevo Real Decreto aporta soluciones a las necesidades detectadas tras los primeros años de su vigencia y en el curso de la implementación del Proyecto Aporta. El Real Decreto detalla para la Administración General del Estado (AGE) las disposiciones de la citada Ley, contemplando el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector público para fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia.

El texto precisa las obligaciones de las administraciones y organismos del sector público estatal para promover la reutilización. En concreto, establece una autorización general para la reutilización de la información disponible en la AGE, salvo que lo impida la normativa de acceso o una normativa específica, como la aplicable a la protección de datos de carácter personal. Asimismo, define las responsabilidades en materia de reutilización de la información en cada organismo público en el ámbito de la AGE.

El Real Decreto también establece normativamente un Catálogo de Información Pública reutilizable, creado en el marco del Proyecto Aporta, que permita acceder desde un único punto a los distintos recursos de información pública disponible, en principio en el ámbito de la AGE.

En cuanto a las modalidades de reutilización, la regla general será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, siendo aplicables unas condiciones generales previstas en el Real Decreto. A fin de expresar de modo uniforme estas condiciones, el Real Decreto contiene un aviso legal tipo para ser utilizado en las páginas web y sedes electrónicas de la Administración General del Estado. No obstante, se permite que los ministerios y organismos que así lo deseen establezcan condiciones específicas cuando lo consideren necesario.

En definitiva, gracias a este Real Decreto, las empresas y ciudadanos sabrán con certeza que, en general, los datos públicos son reutilizables, podrán localizar con facilidad dichos datos a través del Catálogo de Información Pública y contarán con condiciones claras y sencillas para la reutilización de la información.

¿Es sostenible nuestro estado del bienestar?

2011-10-17T16:18:00.003+02:00

Dentro de las actividades del Club Dirección Pública de ESADE el pasado lunes tuvimos la ocasión de compartir mesa y mantel con Ana Pastor , vicepresidenta segunda del Congreso, exministra de Sanidad y responsable en el Partido Popular de asuntos sociales. Fue un placer compartir un animado coloquio de cerca dos horas de duración con alguien que conoce muy bien el funcionamiento de los servicios públicos que conforman el núcleo duro del estado del bienestar, como médico que es, funcionaria del cuerpo general de sanidad y subsecretaria en diversos ministerios durante los gobiernos de Aznar. Sin duda todo ello aportó un valor especial al coloquio porque las diferencias entre políticos de este perfil y otros con un background más de partido y menos de haberse arremangardo es evidente.

Como no podía ser de otra manera la cena giró alrededor del delicado asunto que hoy por desgracia ocupa gran parte de todo tipo de debates: ¿es sostenible nuestro estado del bienestar? A esa pregunta nuestra invitada respondió con rotundidad: por supuesto, pero con reformas de calado. Se habló sobre todo de sanidad, pero también de educación y dependencia.

En una sociedad que envejece, donde las enfermedades tienden a cronificarse y la esperanza de vida ha aumentado sensiblemente la sanidad es clave en las políticas públicas. El gasto sanitario es una de las grandes partidas del gasto público pero su deuda consolidada, junto a la merma en recursos y los factores mencionados anteriormente constituyen una seria amenaza. Para Pastor - que defendió con claridad nuestro sistema público de seguridad social - nuestra sanidad es muy buena pero ineficiente. ¿Por que? Principalmente por su organización: se trata de sistema agrupado en base a especialidades, sin sistemas de comunicacion entre los distintos actores (dentro pero sobre todo entre distintas CCAA), cuyo resultado es que el paciente tenga que ir de prueba a prueba, de consulta en consulta numerosas veces, siendo por una parte costosísimo para el paciente (tiempo y esfuerzo emocional) y para el sistema (p.ej. repetición de pruebas). Su propuesta: reorganizar los hospitales para que la atención se haga por procesos siendo el paciente el centro sobre el que giren todos ellos. Clave en todo ello son los profesionales de la sanidad; en definitiva, son los que asignan recursos y deciden sobre el gasto. Por ello apostó por desarrollar la ley de ordenación de profesiones sanitarias impulsada en su mandato en el sentido de dotarles de mayor responsabilidad y capacidad de autogestión junto a una estabilidad y desarrollo profesional adecuada. Dos ideas más y un posicionamiento: el copago no es la solución y es necesario unificar carteras de servicios, resultados de salud y una base de datos única de práctica clínica para que existan unos protocolos comunes.

Respecto a dependencia indicó que tenemos una ley inasumible económicamente hablando y más en estos momentos. Por ello indicó que habrá que delimitar y priorizar dentro de la dependencia llevando la prestación de estos servicios a las entidades más próximas al ciudadano (ayuntamientos). Para educación reclamó cambio de modelo porque el actual no está dando resultados y ese es un lastre que España no se puede permitir; en su opinión serían necesarias menos leyes y más acuerdo en cuatro cuestiones fundamentales: un tronco de enseñanzas comunes, bachiller más largo, primar la excelencia (p.ej. para pasar de curso) y reforzar la autoridad del profesorado.

Y por último en relación a la AGE consideró necesaria una reforma de calado que apueste por la gestión por procesos, cambios en el perfil de competencias de los empleados públicos, hacer énfasis en la calidad de estos profesionales e incentivar teniendo en cuenta resultados a tres niveles: individual, de unidad y de servicios.

Jóvenes+altos funcionarios=motor de lo público

2011-10-10T16:47:00.003+02:00

Este blog pocas veces lo utilizo para hablar de los distintos proyectos profesionales en los que colaboro pero esta vez me apetece. ¿Motivo? La especial relación que la naturaleza de los mismos tiene con lo que es el leit-motiv de esta bitácora: avanzar hacia una Administración excelente.

Y en este camino aparecen dos colectivos que tienen mucho que ver para lograr este objetivo: los jóvenes y los altos funcionarios. Los jóvenes son factor clave del terremoto al que van a verse sometidas nuestras Administraciones en poco tiempo. Nativos digitales, esta característica les hace ser voraces de grandes cantidades de información que comparten rápidamente gracias a las redes sociales. Piensan , razonan y actúan de otra forma por lo que como ciudadanos, políticos y empleados públicos del futuro difícilmente comprenderán y aceptarán muchas de las patologías, rutinas y prácticas que invaden nuestras Administraciones. Por ello considero especialmente importante compartir con jóvenes reflexiones y experiencias sobre la sociedad y la Administración, haciéndoles ver el cambio necesario y su capacidad para ser ellos los motores principales del mismo. Un activismo ciudadano que retome el poder de actuación y decisión de la sociedad frente a políticos y burócratas es imprescindible; pero también lo es concienciar a los jóvenes de lo que es el valor público, cómo pueden contribuir al mismo y despertar en ellos curiosidad y vocación por el servicio público desde cualquiera de los ámbitos posibles. Ese fue el objetivo de mi charla el otro día en la Jornada sobre Voluntariado y Construcción Cívica de Europa y de mis clases habituales a jóvenes de grado. Espero que algo les quede algún poso en este sentido y les pique la curiosidad por lo público.

Los altos funcionarios están en una dimensión radicalmente diferente. Trienios y cuerpos de procedencia marcan sin duda un carácter dotado de sobrada experiencia en la gestión pública llamémosle "tradicional". Amigos y compañeros muchos de ellos lidian con un día a día difícil en las diferentes dimensiones de sus competencias: el contacto con los políticos y la gestión de la maquinaria administrativa. Esta práctica, que representa la cruda realidad de nuestras Administraciones por dentro, deja poco tiempo para mirar hacia fuera y plantearse nuevos horizontes . Por eso, programas formativos como el Curso Superior de Gestión de la Innovación en el ámbito TIC que está desarrollándose durante todo este año en el INAP son experiencias fantásticas para poner en común las diversas problemáticas que rodean nuestras Administraciones y descubrir entre todos (participantes y monitor quien les habla) nuevos caminos por los que transitar en el ámbito de la comunicación en procesos de innovación. Será un placer.

Comunicación en las AAPP: diez motivos

2011-09-29T16:55:00.003+02:00

El viejo paradigma de comunicación institucional en las Administraciones públicas está superado. El control de la información, la publicidad institucional a modo de propaganda o el hermetismo en asuntos que pudieran provocar rechazo social se ven desbordados por la nueva sociedad del conocimiento. Es preciso pues evolucionar a un nuevo modelo de comunicación pública. Veamos diez razones para ello:

1.- Porque el ciudadano demanda una respuesta única a sus necesidades. No entiende el guirigay interno que tenemos en el sector público. La comunicación puede aglutinar diferentes perspectivas en un enfoque común para la institución.

2.- Porque los problemas cada vez más complejos demandan acciones coordinadas entre un variado y herogéneo conjunto de actores que tienen que interactuar.

3.- Porque cualquier proceso de innovación supone cambio y el cambio siempre implica rechazo. Cuando el ser humano entiende el por qué de las cosas es más receptivo. La comunicación es una buena herramienta.

4.- Porque las instituciones públicas están plagadas de barreras, físicas y mentales. Derribarlas es posible con procesos colaborativos, impulsados en el marco de una buena estrategia de comunicación.

5.- Porque las organizaciones son conversaciones, interacciones de personas. Un proceso en que se libera cantidad de energía que de no ser debidamente canalizada se disipa. Gracias a la comunicación podemos alinearla con la misión establecida por el nivel político.

6.- Porque fragmentación y heterogeneidad son crecientes y porque la razón de ser de las instituciones puede variar en función de las circunstancias . Es preciso pues una estrategia de comunicación que contribuya a fijar un adecuado posicionamiento y diversos segmentos de público objetivo.

7.- Porque la sociedad del conocimiento demanda organizaciones abiertas con las que interactuar, organizaciones que escuchen y conversen con los ciudadanos para atender sus necesidades.

8.- Porque las exigencias externas e internas de información son mayores en cantidad, calidad y prontitud.

9.- Porque la desmotivación y desidia que se desprende de numerosas organizaciones públicas requieren ser convertidas en pasión e implicación en el servicio público.

10.- Porque la crisis ha puesto las cosas difíciles también en el sector público. Mantener los servicios con menos presupuesto, reducción de plantillas y ajustes salariales son focos de crispación y desánimo que hay que neutralizar.

¿Es culpa de los interinos?

2011-09-20T16:42:00.004+02:00

Más allá de otras valoraciones políticas las huelgas que están teniendo lugar en algunas CCAA con motivo de las medidas adoptadas en educación invita a reflexionar el colectivo más directamente afectado: los interinos.

El personal interino ocupa importantes espacios en el empleo público, en sectores tan sensibles como educación, sanidad o justicia. Se trata de un tipo de personal de naturaleza eventual cuyo protagonismo ha ido aumentando año tras año en la función pública. Un protagonismo no deseado pero real a medida que gran parte del nuevo empleo generando se ha ido cubriendo de forma provisional.

Los interinos se ven directamente afectados por estas medidas, pero no son los culpables de esta situación. Seguramente a muchos de ellos les hubiera gustado tener una plaza de funcionario de carrera; otros quizá sí habían convertido la interinidad como un modo de vida y hacían lo justo para mantenerse en las bolsas sin estudiar cuando salían las oposiciones.

Pero el problema de los interinos no lo han generado ellos, tampoco si me apurais los gestores públicos sino las retrógradas e inflexibles normas que rodean a la gestión de personas en las Administraciones públicas. Cuando los servicios básicos han aumentado rápidamente (demandándose más personal) y el proceso de generación / provisión de vacantes es lento hasta la saciedad los gestores se encontraban con un gap que únicamente podía ser cubierto con personal eventual.

El modelo ha venido dando lugar a un crecimiento del capítulo I y una temporalidad inaceptable para la Administración. Sin embargo, la flexibilidad que permite esta bolsa de efectivos está sirviendo - como estamos comprobando- de margen para un ajuste en el empleo público.

Desde el punto de vista númerico y de gestión es una vía para cuadrar las cuentas; desde el punto de vista de calidad tendrá sus impactos que habrá que ponderar con el ahorro logrado. Ahora bien cae como una losa sobre ese personal interino, muchos de los cuales llevan años prestando sus servicios en el sector público.

Una manera de ajustar brusca y radical por el problema previamente generado. Un problema que con otras herramientas de gestión de personas nunca debería haberse producido.

Entrevista sobre innovación pública

2011-09-15T17:21:00.004+02:00

El Club de Innovación me entrevistó hace unas semanas sobre diversas cuestiones relacionadas con la innovación aplicada al sector público. Os dejo aquí la entrevista en su totalidad.

Desde su doble perspectiva académica y profesional, Oscar Cortés nos aporta una definición de la Innovación pública y nos pone al diá sobre la evolución de los nuevos conceptos aplicables a la innovación en nuestras administraciones. Apuesta por que las Administraciones incorporen la Innovación a su ADN para hacer posible avanzar en su transformación y por el papel de los emprendedores internos que son capaces de hacer mejorar los servicios al ciudadano y de hacer más con menos a través de su iniciativa.

Pregunta: ¿Es posible definir la "Innovación Pública"?
Respuesta: Cuando hablamos de "Innovación Pública" nos estamos refiriendo a la aplicación de la innovación en el ámbito de las administraciones públicas. No se trata de estar reinventando el círculo todos los días con "ideas del siglo" sino también, por ejemplo, aplicar en el sector público recetas probadas que funcionan bien en otros ámbitos.
Aunque a primera vista puede parecer que "innovación" y "sector público" son conceptos incompatibles es necesario apostar con fuerza y de manera transversal por la innovación como elemento transformador de nuestras administraciones.
Hay razones para ello: el peso del sector público en la estructura socio-económica de cualquier país o la creciente demanda ciudadana de más y mejores servicios en un escenario de restricciones presupuestarias. Si para más de un 70% de las empresas la innovación se ha convertido en una prioridad estratégica, también debería serlo para nuestras administraciones.

P: ¿Es nuestra administración pública innovadora? ¿En qué administraciones hay más innovación y en qué sectores del servicio público?
R: Aunque hay algunas administraciones de nuestro país, como el Gobierno Vasco, que han hecho una apuesta importante por la innovación pública debemos matizar que las posibilidades de que una administración adopte este paradigma depende de varios factores estructurales (su tamaño, estructura, el tipo de misión que realiza, las personas que la componen) y otros contingentes como el liderazgo político que en un momento dado la dirija.

El tipo de organización imperante, la burocracia maquinal, es sin duda el más apropiado para los propósitos de la administración pública cuando hablamos de garantizar derechos o ejercer autoridad. En estos casos seguramente es más valorable la estabilidad y el rigor que la necesidad de lanzarse a una continua espiral innovadora.

La necesidad está cuando una organización con ese mismo modelo produce valor público de otra naturaleza para el que sí es necesaria una continua adaptación a las necesidades ciudadanas. No son raros los casos en que dentro de una misma administración existen "emprendedores internos" - en cualquier categoría: directivos, mandos intermedios o personal base - que todos los días encuentran fórmulas imaginativas para hacer más con menos y prestar por ejemplo un buen servicio a los ciudadanos con unos recursos que se reducen

Además no todos los colectivos funcionariales son idénticos ya que existen diferencias por ejemplo en las áreas de actuación: aquellos que trabajan en departamentos TIC u otros con un contacto más cercano con ciudadanos, proveedores u otras entidades colaboradoras tienen una visión más amplia y una mayor predisposición innovadora que los que trabajan en departamentos de tecnoestructura dedicados al ejercicio del poder burocrático.

P: ¿Y la llave para hacer posible esto estará en el liderazgo e impulso político y en la innovación en la “Gestión pública”?
R: Por supuesto que el liderazgo político es clave pero valorémoslo en su justa medida. Se trata de un factor contingente que, en ciertas ocasiones, puede acelerar la innovación. Por ejemplo, cuando existe un mandato expreso desde arriba o aparecen personalismos concretos que bien por su forma de ser bien por interés particular del momento dotan a la organización del impulso innovador necesario.

Pero no es lo habitual: innovar supone arriesgar y el riesgo lleva implícita la posibilidad de un error al que el político suele tener pánico tanto por las consecuencias electorales como las que pudieran afectar a su propia carrera. Se impone pues el conservadurismo.

Sin embargo no son extraños los casos donde es la propia organización, cuando ésta ya ha adquirido un ADN innovador suficiente, la que convence al político de algunos caminos que se deberían tomar.

P: ¿Cómo nos podemos comparar con las administraciones europeas?
R: En ciertos ámbitos de innovación, como en Administración electrónica, se ha hecho un esfuerzo importante por situar a España en el grupo de cabeza de los países europeos. Con todas las salvedades que suponen este tipo de clasificaciones, tanto las que elabora la Comisión incluso otros a nivel de Naciones Unidas, España ocupa un lugar digno en cuanto a oferta de los servicios públicos electrónicos tanto a particulares como empresas.

Tenemos varios retos pendientes, en lo relativo a mejorar en su demanda, aprovechar los beneficios en cuanto a transformación interna y profundizar en ciertos segmentos del mapa administrativo (medianos y pequeños ayuntamientos, por ejemplo).

Pero en otros ámbitos como por ejemplo todo lo relacionado Gobierno Abierto (transparencia, participación, colaboración) está claro que las diferencias culturales tanto en el modo de entender la política como en nuestro modelo administrativo vamos muy por detrás de los países anglosajones o del centro-norte de Europa.

P: Como experto nos gustaría repasar su impresión sobre proyectos que podría destacar para los interesados en la materia. Le proponemos los siguientes:
¿Que hay detrás de del concepto “Ciudades Inteligentes” (Smart Cities) y cómo se está avanzando en nuestras administraciones?
R: Bajo el epígrafe de ciudades inteligentes se habla de muchas cosas, según quién y para qué quiera utilizar este concepto. En mi opinión lo que debería haber detrás es todo tipo de estrategias destinadas a conectar talento, inquietudes y compromiso de los ciudadanos de un municipio con el objeto de mejorar los servicios de la ciudad. Hablamos de valores, a los que evidentemente se deben poner las herramientas tecnológicas adecuadas.

P: ¿ Son las “Redes sociales” un riesgo o una oportunidad para la administración pública?
R: Sin duda una oportunidad. Las redes sociales son una herramienta tecnológica y como toda herramienta hay que conocer para qué sirve, qué te puede aportar y en qué contexto la vamos a utilizar. Lógicamente tienen sus impactos que hay que anticipar y gestionar. Cualquier estrategia de comunicación, de introducir dinámicas de participación interna o trabajo colaborativo dentro de las Administraciones debe tener en cuenta un canal 2.0.

P: ¿ Es posible en las actuales circunstancias decir que se avanza hacia un “Gobierno Abierto” y que la información (open data) será transparente para los ciudadanos?
R: Si hablamos de "Gobierno abierto" como estrategia transversal que impregne toda una acción de gobierno creo que en nuestro país todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Me temo que en los genes de muchos de nuestros políticos y de ciertas estructuras de alta administración todo lo que implique más transparencia en el ejercicio de lo público, más participación y colaboración despierta más miedo y recelo que las oportunidades que ofrece.

No obstante hay ámbitos donde sí se está avanzando, como la apertura de datos donde sí hay buenos ejemplos en algunas Comunidades Autónomas como Catalunya, Euskadi o Navarra.

P: ¿Se avanza en la “Cooperación público privada”? ¿Cuáles son los principales retos?
R: En una sociedad en red con recursos limitados y exigencias crecientes el sector público no puede entenderse como un ente aislado y debe colaborar con otros actores en dar respuestas a las necesidades sociales. El sector privado es uno de ellos.

Los principales retos están en identificar en qué ámbitos es posible esta colaboración, cuáles son las fórmulas más adecuadas, una definición clara de los objetivos que se persiguen, disponer de herramientas que permitan comparar los resultados con estos objetivos y un adecuado reparto de los riesgos.

P: Hablemos del Club de Dirección Pública de ESADE que dirige, ¿Qué objetivos tiene y quienes forman parte del mismo?
R: El Club Dirección Pública de ESADE Alumni es un foro de debate cuyo objetivo principal es reflexionar sobre los asuntos de actualidad y las tendencias más importantes que se están produciendo en el sector público.

Con la colaboración de distintas instancias académicas de ESADE Business School organizamos actividades de diferente formato a las que invitamos a destacadas personalidades para recabar sus impresiones sobre el asunto a tratar. Además, pretendemos que se promueva el networking y el intercambio de experiencias profesionales entre todos aquellos que quieran participar.

El Club lo dirige una Junta Directiva compuesta por diferentes profesionales de alto nivel, antiguos alumnos de ESADE, que ocupan puestos de diversa índole tanto en el sector público como en el privado.

P: ¿Pueden los usuarios de Club de Innovación asistir a los seminarios que se ofrecen desde el Club de DP ESADE? ¿Donde y como pueden hacerlo?
R: Por supuesto. Nuestro objetivo es sumar al debate a todo tipo de profesionales que tengan interés en el sector público. Por ello la mayor parte de nuestras actividades son abiertas y se nutren precisamente de la participación de quienes les apetezca acercarse al campus de ESADE en Madrid o Barcelona.

La actualidad y muchos de los debates que proponemos se pueden seguir en el grupo Linked In del Club Dirección Pública ESADE y solemos difundir las actividades más destacadas por diversas redes que nos son complementarias como por ejemplo el Club de Innovación. Además existe una cuenta genérica de e-mail del club clubdireccionpublica@alumni.esade.edu a las que nos puede escribir cualquier interesado.

P: ¿Desde la Administración se da formación para innovar? ¿Dónde y como? Hablemos del curso del INAP del que usted forma parte del cuadro de expertos profesores.
R: En ciertos estamentos de la Administración está empezando a cuajar la idea de que es importante estimular la innovación desde la formación. Se va con un cierto retraso -en ESADE, por ejemplo, la gestión de la innovación fue incorporada hace tiempo a los programas superiores de Dirección Pública- pero en la buena dirección.

El hecho de que el INAP haya apostado por poner en marcha un Curso Superior de Gestión de la Innovación en las TIC para altos funcionarios es una magnífica noticia en este sentido y espero que marque una tendencia en lo que van a ser los contenidos formativos por los que van a apostar nuestras Administraciones.

P: ¿Cómo ve el futuro, las barreras y oportunidades de la innovación pública desde su experiencia dentro de la administración y desde su visión académica?
R: Como decía al principio de esta entrevista, la innovación no va a ser una elección sino una necesidad y es preciso apostar por ella. La innovación a nivel micro está instalada desde hace tiempo en las organizaciones públicas (aunque no sean conscientes de ello muchos profesionales públicos innovan cada día en sus puestos de trabajo).

Las innovaciones macro son mucho más difíciles de canalizar porque el cambio y el riesgo que lleva asociada choca frontalmente con los valores de estabilidad y prudencia propios de la cultura burocrática. Pero no nos queda más remedio. El difícil contexto que vivimos es, en este sentido, una palanca decisiva.

Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo a la modernización e innovación de la Administración.

Reseña profesional:

Óscar Cortés es Profesor de Gestión Pública, Vicepresidente Club Dirección Pública ESADE Alumni y editor de i-public@.

Ingeniero Industrial y Diplomado en Gestión Pública por ESADE Business School. Posee una larga trayectoria profesional dentro del sector público vinculado a proyectos de innovación y reforma en diversas instituciones como Correos, TGSS, etc. Destaca su amplia actividad docente como profesor en áreas relacionadas con la innovación y la estrategia de instituciones públicas. Es colaborador habitual en diversos medios (Expansión.com/canal función pública, Public de ESADE, etc.), y miembro destacado de la blogosfera pública, siendo su blog i-Public@ uno de los referentes sobre innovación pública de este país. Máximo responsable en Madrid del Club Dirección Pública de ESADE Alumni.

¿Cotilleo o transparencia?

2011-09-12T16:31:00.003+02:00

Desde la semana pasada podemos consultar datos sobre el patrimonio de nuestros diputados y senadores. La metodología ha sido que cada uno de sus señorías respondiera a un cuestionario elaborado por los servicios de las cámaras. Firma, publicación y zas ! Cumplido el compromiso de transparencia: mostramos de forma cristalina a la ciudadanía qué es lo supuestamente tenemos la clase política española.

Fue salir a la luz y poder leer numerosos artículos en prensa, tv, entradas en blogs, tuits, etc. que se referían a este ejercicio de transparencia. Diría que más de un 95% lo comentaba en términos de cotilleo: fulanito tiene más que menganito, el de izquierdas que tiene mucho y el derechas que tiene más, lo que tiene uno joven vs a lo que acumula el veterano, etc. ¡Cotilleo puro y duro! Apuesto a que también era el objetivo de una mayoría de los que bloqueaban estas webs intentando curiosear qué tiene su político favorito, el que le cae mal, la que le parece más inteligente, etc.

Cualquier ejercicio de transparencia en la vida pública (política y/o administrativa) es positivo. Ahora bien, puede no ser suficiente:

No dudando de la veracidad de los datos sí me surgen dudas de los criterios que ha seguido cada parlamentario para cumplimentar el formulario. Las dudas vienen por la inexistencia de un criterio común y porque todos sabemos que una cosa es lo que se tiene y otra lo que figura al nombre de uno (es fácil poner un piso a nombre de un hijo u de una sociedad). Por tanto, no podemos suponer que todo lo que figura en la declaración sea realmente lo que posee cada uno.
¿Y si lo fuera? ¿Es importante saber que fulanito tiene un coche o menganito un piso en la playa? ¿No sería más oportuno conocer qué tenía cuando accedió a la vida pública y qué tiene ahora? Los datos relativos posiblemente aportarían más valor que los absolutos.
Precisamente por lo anterior publicar esta información en PDF es contraproducente. Impide que los datos puedan ser reutilizados y tratados en aplicaciones que les aporten valor.
Poniéndonos a dotar de transparencia a la vida pública se me ocurren otros ámbitos que quizá fueran más prioritarios: por ejemplo, la trazabilidad del proceso legislativo, quiénes y cómo intervienen en el mismo, la apertura de la agenda del Gobierno a la ciudadanía, la rendición de cuentas permanente, el estado de ejecución de los distintos planes y políticas públicas, la consulta ciudadana de las decisiones más sensibles, etc.

¿Por qué de todo ello no se habla?

El éxito de un plan de reforma administrativa

2011-09-05T17:04:00.003+02:00

Supongo que os sonará la siguiente historia: un político sale en rueda de prensa ante los medios de comunicación. Se presenta ante la sociedad con un plan, un plan ambicioso. Desgrana los mensajes principales y los adereza con un sinfin de datos que le aportan credibilidad. Los medios extraen los titulares y los replican en prensa, tv, internet. Los tertulianos amplifican el eco mediático. Cala en la sociedad, que lo acoge bien o mal. El político y su equipo de confianza por supuesto se comprometen con el plan, pero casi siempre el tiempo necesario que tiene de vida mediática o parlamentaria. Continúa el runrun mediático hasta que poco a poco se va difuminando en el tiempo.

En el mejor de los casos el plan pasa al aparato administrativo. Lo digiere: lo pone en marcha o simplemente lo bloquea, lo ralentiza. En este punto muchos planes fracasan. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos: i) porque no se ha trabajado el mismo colaborativamente con los agentes internos afectados, sino que se ha cocinado por la camarilla política o sus acólitos externos a espaladas de la organiación que tiene que ponerlo en marcha; ii) o porque va en contra de los intereses y cultura predominante en esa Administración y no se acompañan de las medidas adecuadas de gestión del cambio, una de las más importante la comunicación.

Otra cuestión importante a destacar de la vida de un plan es que pocos de los que oyeron la noticia en que se anunciaba el mismo saben al final qué fue de él : ¿se puso en marcha? ¿logró los efectos deseados? ¿cuáles han sido los impactos derivados? ¿alguna lección para el futuro?

Aflora otra patología: trazabilidad, control, evaluación y rendición de cuentas suelen brillar por su ausencia, tanto más cuanto mayor grandilocuencia adquiera el plan en los medios de comunicación. La escasa explicación de los políticos y la débil petición de las mismas que hacen los ciudadanos no dejan de sorprender. Por supuesto que existen otros otros actores de control (a modo de interfaz políticos-ciudadanos) pero no siempre logran hacerse hueco en los medios de comunicación. Los parlamentos bastante tienen con la refriega política del día a día. Conclusión: realmente poco sabemos al final qué fue de los planes que un día se presentaron a bombo y platillo.

¿Faltan herramientas de control y seguimiento? Seguramente no. Hay herramientas de comunicación on-line que pueden ofrecer información y escuchar opiniones. ¿Falta una ética pública que incorpore la rendición de cuentas? Seguramente sí. Las estructuras de poder políticas y administrativas son opacas y eso parece que no cambia ¿Son los políticos débiles frente a una Administración poderosa? ¿o al reves? En unos casos sí que ciertamente la Administración tritura buenas iniciativas; en otros, los políticos no dan oportunidades a la Administración para que pueda hacer. ¿Son los ciudadanos unos pasotas ignorantes? Rotundamente no, pero en numerosas ocasiones así se les trata cuando no se les ofrece los cauces de participación ni los estímulos para ello; la gente se implica, participa, aporta, investiga si ve que se tienen en cuenta sus opiniones. En caso contrario se muestra apática y anestesiada.

Gran parte del éxito de un plan reside en atender estas patologías. La mayor parte de las veces es una cuestión de querer; otras, las menos, de poder.

Los trade-offs del gobierno abierto

2011-09-01T16:10:00.006+02:00

Cuando hablamos de gobierno abierto nos referimos a tres cuestiones: transparencia, colaboración y participación. En definitiva, dotar a los asuntos públicos de más dinamismo acercándolos a los ciudadanos.

¿Es posible aplicar el gobierno abierto a decisiones políticas transcendentes como la de la reforma constitucional? Los políticos de los partidos mayoritarios nos explican que no: que la urgencia, envergadura y el carácter técnico de la decisión justifican la ausencia de debate público, el cierre de los cauces normales de escucha a los diferentes stakeholders y, en definitiva, la no necesidad de consulta a la ciudadanía sobre la decisión a tomar. Es decir, por un lado se incorpora al discurso retórico el barniz bien-queda del gobierno abierto y por otro, cuando llegan momentos importantes en los que demostrarlo con hechos, nos encontramos que las buenas palabras no casan con la realidad de los mismos.

Nos muestran pues que el el gobierno abierto no aplica en determinadas circunstancias o que simplemente el gobierno abierto son buenas palabras porque a la hora de actuar ser transparente y contar con los ciudadanos puede ser "peligroso" por las sorpresas que nos podamos encontrar.

En relación al primer asunto -¿no aplica el gobierno abierto en determinadas circunstancias?- es conveniente entender que la legitimidad otorgada a un gobierno dupone dotarle de la capacidad para actuar en el fondo y la forma que estime conveniente. Pero dicha legitimidad no es un cheque en blanco para cuatro años: debe ser ganada y medida día a día si de verdad gobernamos con los ciudadanos. Por ello, los canales de escucha activa deben estar habilitados y ser activados en las circunstancias que se requieran, desde luego todas aquellas que sean transcendentes a corto, medio o largo plazo para la sociedad. En la mayoría de los casos o dichos canales no existen, o se han quedado cortos , o simplemente se ignoran. Por otra parte, la urgencia o no de una decisión no debe eximir el debate público de la misma, y más cuando son de hondo calado. Existen casos, como los del gobierno británico, donde se ha ofrecido a los ciudadanos opinar sobre qué ámbitos pueden ser los más convenientes para aplicar recortes. Una medida urgente e importante, que ha contado con un canal de participación ciudadana a través de un portal.

En relación al segundo - los miedos a las posibles decisiones ciudadanas- es altamente preocupante que sirva de excusa para eludir el debate democrático. Cuando precisamente éste se basa en un enfoque bidireccional en el que, por un lado los responsables políticos deben hacer pedagogía y explicar a los ciudadanos el por qué de sus propuestas; pero también deben escuchar y obtener opiniones o refrendos de las mismas. La democracia precisamente consiste en conciliar estas diferencias. Amparase en supuestas dificultades técnicas supone para los políticos asumir su propia incapacidad para explicar y convencer o simplemente que desprecian la propia capacidad de los ciudadanos para ejercer con responsabilidad su rol en la sociedad. Lo cual es del todo inaceptable.

Fin de legislatura: el decálogo pendiente

2011-07-28T09:16:00.004+02:00

El mes de agosto suele determinar el fin del curso político. Este año parece que algo más: se respira fin de legislatura y fin de ciclo.

Esperar, por tanto, grandes novedades de aquí a la convocatoria electoral en materia de políticas de reforma administrativa es poco realista.

Aprovechemos que nos vamos de vacaciones para repasar cómo están algunos de los asuntos que han sido protagonistas en este periodo:

Ley de Transparencia: añorada y reclamada hasta la saciedad, por diversos actores políticos y sociales. Es sonrojante que España sea uno del puñado de países europeos que aún no la tiene. Aunque en el último Debate del Estado de la Nación hubo un amago de sacarla del cajón (resolución del grupo socialista) me temo que va a continuar allí por algún tiempo.
Observatorio del Empleo Público: hace un año por estas fechas hablábamos de él. Y no hemos vuelto a hacerlo. Se apuntaba como una herramienta de estudio para proponer los numerosos cambios que son necesarios en la AGE en materia de plantillas. Una nueva muestra de que el papel del BOE lo soporta todo.
AEVAL: sus excelentes profesionales siguen trabajando en los encargos que el Gobierno les realiza cada año. Pero no es suficiente: en los tiempos que corren evaluar las políticas públicas, saber qué efecto está produciendo cada euro de gasto público, es determinante. Y no parece ser éste el enfoque que se le está dando a la agencia, cuya utilización como un órgano administrativo de baja intensidad, deja mucho que desear.
Ley de Función Pública de la AGE: cuatro años pendiente y completamente fuera de la agenda política del ejecutivo. Pero daría igual: si va a seguir la línea continuista que han elegido algunas CCAA en sus leyes de desarrollo sería irrelevante. Un desarrollo del EBEP continuista no es precisamente el golpe de timón que necesitan nuestras Administraciones.
LOFAGE: en el programa socialista figuraba una propuesta de cambio en esta ley que tiene ya casi quince años. La idea era buena: flexibilizar y aplanar estructuras administrativas. Pero ni está ni se le espera.
Reducción de cargas administrativas: imprescindible. Hay que valorar el esfuerzo que se ha venido realizando en esta legislatura. Pero queda camino que recorrer porque las trabas y dificultades siguen siendo importantes. La ley de Economía Sostenible sigue apuntando y profundizando en esa direccióin.
Administración electrónica: prácticamente automatizados los procedimientos (AGE) tocaba ya empezar a promover su utilización tanto en clave externa como interna. La campaña de comunicación impulsada -con poco presupuesto- desde el ministerio es un buen paso adelante que debe tener continuidad para que el mensaje cale especialmente en los ciudadanos. En cuanto a los impactos internos todavía están por ver.
Agencias: diversas razones las han llevado al olvido. Por ejemplo, los miedos de Hacienda a que una gestión descentralizada pueda disparar el gasto o los errores (de explicación fundamentalmente) cometidos en Andalucía. Costará llevarlas de nuevo al epicentro de la acción.
Oferta Empleo Público: seguirá raquítica. No es buen momento para opositar. Quizá sí lo sería para reformar el sistema de acceso. Falta hace.
Justicia: ¿algún día veremos los edificios judiciales vacíos de montañas de expedientes en papel? ¿se agilizarán los procedimientos? Ese es el objetivo que emprendió el ministerio con un programa de reformas valiente. Queda mucho trabajo por hacer y presupuesto que destinar. Los últimos proyectos legislativos van por el buen camino.

¡¡ Buenas vacaciones !!

¡Sí al servicio público!

2011-07-18T16:29:00.005+02:00

"Hay que acabar con los funcionarios incumplidores" "Apuesto por evaluarles y hacerles ver que no son dueños de su puesto" "Un llamamiento a la cooperación solidaria dentro del sector público, porque más vale que lo hagamos minimizando las medidas más dolorosas y distribuyendo el dolor" . Afirmaciones de este tipo- pronunciadas los últimos días por destacadas personalidades como son el presidente de la CEOE, Joan Rosell, y el Conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell- no deberían sorprender a nadie. Pedir al sector público y a sus trabajadores que proporcionen un buen servicio a los ciudadanos, que se tome nota de aquellos empleados públicos que no cumplan o que las Administraciones deben contenerse ante los graves problemas socio-económicos de nuestro país creo que es de sentido común y algo que cualquiera podríamos suscribir.

Ahora bien, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de declaraciones de este tipo? ¿Promover realmente una mejora del servicio público? ¿O cargar sobre él más de los sanbenitos de siempre -ahora que el Pisuerga de la crisis pasa por Valladolid- como cohartada para cierto tipo de medidas?. Que cada lector obtenga su propia respuesta.

Lo cierto es que son momentos de reivindicar el papel de lo público y sus servidores como factor vertebrador económico y social de cualquier Estado. Reivindicar no es sólo destacar los aspectos positivos, sino también poner una mirada crítica sobre el funcionamiento de nuestras Administraciones con el objeto, no de desligitimarlas sino todo lo contrario: con el objeto de reforzarlas y ponerlas al día para que presten el mejor servicio a los ciudadanos. Este es el leit-motiv de este blog.

Como ciudadanos podemos y debemos ser muy exigentes con las Administraciones y sus empleados. Son éstos los que deben tener muy presentes todos los días un código deontológico olvidado en muchas ocasiones.

Pero, ojo, no carguemos la culpa en el "funcionario" como parece que está de moda desde muchos estamentos: al final él mismo es parte de una estructura, de un modelo -el burocrático- que le reserva un rol impersonal supeditado a una jerarquía y a unas normas ancladas en vetustos patrones que muchos apostamos por mejorar. Hace algún tiempo, desde la blogosfera pública un grupo de funcionarios emprendedores lanzaron un Manifiesto que muchos otros suscribimos. Me ha parecido oportuno rescatarlo en estos momentos.

¡ Tengamos también esto en cuenta por favor !

A contracorriente: ¿internalizamos servicios?

2011-07-11T13:11:00.003+02:00

Los que leéis habitualmente i-public@ habréis encontrado en esta bitácora amplia información sobre concepto, detalles, tendencias, etc. en materia de colaboración público-privada.

En mi opinión es uno de los temas de futuro sobre los que hay que profundizar. En un mundo abierto y en red cooperar y colaborar para abordar los problemas públicos entre los distintos actores resulta cuando menos imprescindible; imposible que el sector público pueda atender desafíos de envergadura de la forma autista de otras épocas.

Por otra parte complementar la acción pública - sin perder de vista sus principios y valores básicos fundamentales - con los aspectos favorables de la gestión privada - especialmente en términos de racionalidad económica y eficiencia - resulta cuando menos interesante como vector de mejora continua para el sector público.

Pensemos ahora en un cierto tipo de CPP (la externalización o contratos de gestión de servicios) y tengamos muy presente el contexto actual. Me asalta una duda , quizá un tanto polémica y a contracorriente: ¿es lo más conveniente en los tiempos que corren que el sector público recurra a fórmulas de este tipo? Es decir, si hubiera cierta holgura de recursos en algún ámbito administrativo y con la difícil situación de las finanzas públicas, ¿no sería preferible recurrir a aprovechar esos recursos propios - con la formación adecuada- en vez de subcontratar? La lógica sería: si no tengo dinero, ¿gasto en subcontratar o dejo de gastar e invierto en formar recursos que ya tengo?. Teniendo en cuenta que el capítulo I de gasto es más inelástico que otros capítulos como el II o el VI y que además el sector público por su propia naturaleza y razón de ser no puede actuar como un agente más destructor de empleo con la que está cayendo, es una hipótesis a considerar.

Evidentemente me refiero a casos muy específicos donde el nivel de complejidad de las funciones a realizar sea medio -bajo. Por ejemplo, es posible para un servicio de atención al ciudadano; más difícil para el desarrollo de un sofisticado sistema informático. Y a una medida que tendría que ser necesariamente coyuntural para la que habría que asumir un cierto riesgo en cuanto a los resultados en términos de eficacia y eficiencia . La cual además tendría otros efectos no deseables: frenaría una necesaria reforma de las estructuras administrativas tendente a ir reforzando puestos de valor en detrimento de otros que no lo tuvieran; supondría no pensar quizá en el coste total real sino en el gasto y desembolso inmediato producido; minoraría el efecto de la contratación pública como tractor del progreso económico del país.

Conclusión: una idea coyuntural para reflexionar de la que poco o nada se está hablando.

Gobernar los riesgos globales

2011-07-04T16:45:00.003+02:00

El pasado jueves tuve la ocasión de asistir a la presentación del libro "La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales" que han coordinado Javier Solana y Daniel Innerarity. Los autores se repartieron los papeles: mientras que Innerarity filosofó sobre los riesgos , Solana aportó su experiencia en forma de reflexiones sobre la gobernanza global.

Según el profesor Innerarity hemos producido un mundo de riesgos ("contagio", "inestabilidad") basado en una interdependencia densa en la que los que nos protegía (fundamentalmente los Estados) nos protege ahora poco. Esta situación, que a todos nos expone, a todos nos iguala. Unos espacios abiertos que dan lugar a una loca oferta de protección.

Lo que diferenciará será una adecuada "agenda de los riesgos": ¿cómo vamos a prevenir? (también tiene sus riesgos) ¿cuáles son aceptables y cuáles no? ¿cómo gestionamos las emociones? (meter miedo a veces da resultado; otras no) ¿cómo protegernos de la irracionalidad y la estupidez colectiva? ¿qué es bueno o malo? A todas estas preguntas responden los ensayos que forman el cuerpo del libro, pero Innerarity dejó dos conclusiones: es preciso fortalecer la política (por su función unificadora en los riesgos compartidos) y entender colectivamente bienes y males comunes.

Para Javier Solana el mundo que vivimos se caracteriza crecientemente por ser: incierto, insostenible, injusto.

Incierto porque el Estado nación está agotándose y dando lugar a una creciente multipolaridad en la que nosotros sólos no mandamos y nos está costando mucho asumir. La gobernanza es más difícil y se precisan instituciones globales fuertes y operativas. La falta de gobernanza es mala.

Insostenible porque el crecimiento está basado en un consumo brutal de los recursos . El incremento exponencial de una clase media voraz en este sentido hace que no haya para todos. Las tensiones por la presión de los recursos están a la vuelta de la esquina.

Injusto aunque la esperanza de vida haya aumentado. Un dato: en África 2050 la edad media será 18 años con todo lo que ello supone en necesidades de salud, educación trabajo, vivienda. La imposibilidad de atender estas demandas polarizará aún más la riqueza y las tensiones sociales.

Preguntas interesantes sobre la reforma de la Seguridad Social

2011-06-22T11:42:00.004+02:00

Hace algunas semanas mantuvimos un interesante coloquio en el Club Dirección Pública de ESADE relativo a la Reforma de Seguridad Social. Los invitados: el secretario de estado, Octavio Granado, y el catedrático de Economía , Jesús Ruiz Huerta.

Os resumo las ideas más importantes:

Nuestro sistema de Seguridad Social nace con un enfoque de "generosidad" para resolver el gran fiasco del franquismo. Al poco de su puesta en marcha empiezan a acometerse reformas tendentes a modular esa generosidad inicial (Octavio Granado)

Disponemos de un sistema de reparto que reacciona mal ante tensiones demográficas. Las jubilaciones del baby-boom junto a la cáída de la tasa de natalidad provocan tensiones en no muchos años vista. (Octavio Granado)

Una de las fortalezas del sistema es la separación de las prestaciones contributivas con los derechos de ciudadanía. Eso hace que no exista a déficit a corto plazo como sí ocurre en sanidad y servicios sociales (Octavio Granado).

La generosidad de las prestaciones no se refiere a su cuantía: el sistema se basa en "poco pero para todos" (Octavio Granado)

La reforma que plantea el Gobierno es progresiva, a largo plazo. Hay margen para ir soltando "generosidades" (Octavio Granado).

Muchas veces no somos conscientes de la importancia de un sistema de Seguridad Social como el nuestro: aumento calidad de vida, cohesión social, aumento redistribución de rentas, disminución de pobreza, redistribución territorial (caja única) (Jesús Ruiz Huerta)

La reforma tiene un planteamiento razonable pero cuidado con predicciones demográficas a cincuenta años vista. Cuanto menos pueden ser atrevidas aunque eso sí, al menos obligan a hacer números (Jesús Ruiz Huerta).

Respecto a lo acertado o no de las predicciones demográficas lo oque es seguro es que no vamos a quedarnos como estamos (Octavio Granado)

¿Cuánto de reparto y cuánto de capitalización? Habrá que introducir algo de capitalización pero ojo que no se garantizan rentabilidades (Jesús Ruiz Huerta)

La reforma, ¿por la situación económica? Es un sistema de seguro : si aportas recibes. (Octavio Granado)

La verdadera reforma, ¿crear empleo? Sí pero no es la solución: cuantos más cotizantes más pensionistas con derecho a pensión (Octavio Granado)

La solución, ¿el incremento de productividad? A medias. Incrementar la productividad se hace (entre otros) por un incremento de formación, lo cual implica una incorporación más tardía al trabajo y menos periodo de cotización. (Octavio Granado)

La reforma, ¿sólo va por el lado de los gastos? La reforma supone un incremento del periodo de contización, y eso incide en los ingresos (Octavio Granado)

Si la Seguridad Social tiene un problema, ¿por qué no es el estado (presupuestos) el que compense? Precisamente una de las fortalezas es la separación de otros servicios esenciales deficitarios (sanidad y prestaciones sociales) (Octavio Granado)

Los valores olvidados de la gestión pública

2011-06-14T17:44:00.003+02:00

Los tiempos que corren son de aupa. La crisis lo puede con todo y ocupa el primer plano de la agenda públic para los nuevos gobiernos municipales, autonómicos y central que tomará posesión en menos de un año. Nuevos dirigentes políticos al mando de las Administraciones con la promesa de reconducir la situación y poner a nuestro país de nuevo en la senda del crecimiento.

La reducción del déficit está en primer lugar de la lista y señalado bien fuerte en rojo. Es la gran obsesión. Los profesionales públicos tendrán que trabajar en esa dirección. Y no será fácil. Los que estamos dentro sabemos que una cosa son los mensajes que a través de los medios de comunicación lanzan los políticos sobre reducciones de gasto y otra muy distinta el margen real del que se dispone.

Ante las dificultades es buen momento para incorporar en valores que parecen olvidados en la dirección de los asuntos públicos: racionalidad, sentido común y comunicación veraz.

Se habla de acabar con gastos superfluos refiriéndose a aquéllos que están de más, que no aportan nada a la generación de valor público, excesos o ineficiencias. Falta aplicar racionalidad para decidir sobre cada tipo de gasto superfluo, si su reducción es a corto o a largo plazo y de qué cuantías (en porcentajes) estamos hablando. Nos encontraremos que los recortes a corto (coches oficiales, impresoras, reducción de ministros o concejales , menos teléfonos móviles, etc) los más fáciles, y quizá los más efectistas son los que menos ahorran en las partidas presupuestarias. La realidad es que acaban convirtiéndose en magníficos titulares de prensa con una efectividad limitada.

El sentido común indica que en paralelo hay que trabajar sobre reformas a largo plazo que cambien como un calcetín la organización y composición de las Administraciones públicas.

Dos ejemplos. El primero, la aplicación de una mayor racionalidad organizativa que elimine duplicidades y multiplique eficiencias requiere menos fotos de prensa, más acuerdos políticos entre bambalinas y un trabajo de cirujía administrativa arduo y complejo. ¿Resultados? Seguro que los veríamos después de varias legislaturas. El segundo, algo que se puede realizar ya. La supresión de vacantes. Cierto que una vacante como tal no supone gasto, pero si se mantiene tenderá a ser ocupada por un interino, un reingresado o despertará tentaciones para sacarla a concurso. Miles de vacantes esperan su supresión o reclasificación en diferentes Administraciones. ¿A qué esperamos?

La pregunta del millón: ¿funcionario o laboral?

2011-06-09T12:54:00.003+02:00

Cuando hablamos de reformas en las Administraciones uno de los aspectos clave es el de la introducción de cambios en la gestión de personas, a efectos de dotar de un marco legal e instrumental adecuado para que dichas organizaciones puedan cumplir de forma eficaz y eficiente con su misión.

Una de las claves de la reforma debiera ser el utilizar eficientemente las distintas formas jurídicas del empleo público: ¿funcionario o laboral? El propio EBEP - art. 9- limita qué tipo de funciones deben ser ostentadas por funcionarios de carrera; y estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. El legislador - de forma seguramente intencionada - acotó la naturaleza funcionarial del empleo público de forma que muchos pensáramos que se abrir un proceso de flexibilización de las relaciones laborales en ciertos ámbitos funcionales de las Administraciones. Con el tiempo, vamos comprobando que la realidad es otra; los sucesivos desarrollos legislativos - leyes de función pública de CCAA- mantienen esquema el tradicional: todos funcionarios excepto unos cuantos oficios que serán laborales.

Este inmovilismo -no reformar cuando existen las herramientas para ello- traerá consecuencias: seguiremos con Administraciones rígidas y anquilosadas. Por ello sigo considerando imprescindible una reflexión profunda sobre qué puestos de trabajo deben tener naturaleza funcionarial y cuáles laboral.

Os doy dos ejemplos reales de las numerosas contradicciones y paradojas que se dan en el seno de las Administraciones por seguir resistiéndose a este cambio de chip.

Un amigo es técnico superior - laboral - en una empresa pública. Está involucrado en contrataciones públicas de varios millones de euros que exigen su firma como técnico responsable de las puntuaciones que van a condicionar la adjudicación. Redacta además las prescripciones técnicas de los pliegos y emite los informes vinculantes que soportan dichas puntuaciones. Aunque su jefe - directivo- da el visto bueno, la responsabilidad de la valoración es suya; defiende por tanto un interés público. Ocurrió que en un proceso de contratación su jefe - por causas no claras- le emplazó a modificar la valoración que había realizado, modificación con la que él como técnico no estaba de acuerdo y por tanto no estaba dispuesto a firmar. Fue entonces cuando dicho jefe, conocedor de su relación laboral, se refirió sutilmente a la estabilidad de su puesto de trabajo animándole que repensara la valoración en los términos que éste sugería. Él no tragó pero quizá otros sí lo hubieran hecho .... y no sería criticable.... somos humanos y hay que llevar el pan a casa. Este es un claro ejemplo de un puesto de trabajo en que es imprescindible que el técnico mantenga su criterio basado en la imparcialidad y objetividad que todo procedimiento de compra pública exige. Por tanto debe ser ocupado por un funcionario de carrera, independientemente que la organización donde preste servicios sea empresa, agencia, entidad pública empresarial, ministerio, consejería, etc.

Otro caso diferente. Otro amigo está destinado en un Ministerio. Es funcionario. Pertenece al subgrupo C1 (antiguo D), y ocupa por concurso un puesto de jefe de negociado (nivel 16). Su misión principal es encargarse del orden y mantenimiento de expedientes, alimientar una base de datos, y sacar estadísticas. Se trata de funciones administrativas donde las decisiones se limitan a cuestiones del tipo de cómo numerar una nueva serie de expedientes de reciente creación. Es riguroso y metódico ; además es de los pocos que maneja maneja la aplicación Access y saca a los jefes todo tipo de consultas, informes, etc. Está muy bien valorado en su subdirección. Pero.... ¿es necesario que este tipo de trabajo lo haga un funcionario de carrera? ¿No daría lo mismo que lo hiciera personal laboral?

Ejemplos de estos los hay ha montones en el sector público y seguro que muchos de vosotros conocéis algunos de ellos. Reflexionemos sobre si ¿funcionario o laboral?. Démosle valor y potenciemos al funcionario para lo que realmente tiene sentido. Pero no sigamos bloqueando la dinámica de nuestras Administraciones y empobreciendo el valor de la función pública de naturaleza administrativa con una generalización indiscriminada como la actual.

Las raíces frágiles del "gobierno abierto"

2011-06-06T18:05:00.006+02:00

Pasan los días y vamos viendo cómo la efervescencia inicial del movimiento 15M pierde la fuerza de la calle y busca nuevas formas de mantener viva la llama de sus reivindicaciones. Una de ellas hace referencia a abrir nuevas vías de participación política para que los ciudadanos tengan más opciones para participar en la vida pública que el "voto-cada-cuatro-años" . Piden en definitiva un sistema político-institucional más abierto.

No es nada nuevo de lo que venimos reclamando en éste y otros blogs desde hace tiempo: la realidad social que vivimos hace necesario un gobierno -en sentido amplio de legislativo,ejecutivo y Administración- más abierto. Pero también hemos denunciado que son la propia estructura de partidos políticos y el sistema político-administrativo existente los que constituyen los mayores frenos para el gobierno abierto.

Esa es la verdadera causa de que, más allá de iniciativas puntuales vinculadas a ciertas aplicaciones tecnológicas, sea complicado encontrar una apuesta decidida por el gobierno abierto en cualquiera de nuestras Administraciones. No olvidemos que las propias estructuras jerárquicas y de poder que suponen los partidos políticos son, por su propia naturaleza, sensiblemente incompatibles con lo que entendemos por "abierto", por más que se esfuercen en elaboradas apuestas estéticas de maquillarse para unas elecciones o aparentar cercanía a ciertos movimientos sociales "de vanguardia".

Teniendo en cuenta que la política ostenta la superior dirección de las instituciones públicas estamos hablando de algo así como "poner al zorro a cuidar las gallinas" . Los resultados ahí los tenemos: salvo honrosas excepciones no acaba de cuajar el gobierno abierto en nuestro ecosistema público.

Por ello, como he venido advirtiendo muchas otras veces, es preciso que no nos dejemos llevar por deslumbrantes espejismos: los cambios hacia el gobierno abierto tienen que ser tan profundos que tienen que llegar hasta las raíces de los pilares del propio sistema.

PUBLIC, nueva edición

2011-05-31T11:11:00.003+02:00

Acaba de salir el último número de PUBLIC, la publicación del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. Podéis encontrar numerosas referencias académicas, artículos de opinión, reseñas de actos, etc. Esta vez os recomiendo especialmente los siguientes:

Reorganizaciones de administraciones locales: ¿lecciones del Reino Unido? (Rhys Andrews , investigador titular en la Cardiff Business School)

Asunto muy de actualidad que estará en la agenda política de las nuevas corporaciones que tomen posesión en junio. ¿Se producirá una reestructuración a gran escala? ¿Cuáles serían sus efectos? ¿Se pueden amortizar los costes del proceso de reorganización? ¿Son las unidades de gobierno más grandes realmente más rentables? ¿Cuáles son las implicaciones para la democracia local?

La arquitectura de los organismos reguladores: modelos multisectoriales y monosectoriales (Jacint Jordana, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y director del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). y David Levi-Faur, director fundador de la revista Regulation & Governance)

El función reguladora es una de las que está adquiriendo más peso dentro de las que corresponde desempeñar al sector público. ¿Cuál es la mejor estructura de estos organismos? El artículo habla de ello y se refiere al proceso de centralización que está teniendo lugar en el Reino Unido.

Motivación de servicio público y encaje persona-entorno (Edmund C. Stazyk, profesor adjunto en el Departamento de Administración y Políticas Públicas de la School of Public Affairs de la American University, en Washington DC. )

Uno de los retos de las Administraciones públicas es ser capaces de retener profesionales con talento y clara orientación al servicio público. La motivación es un elemento fundamental para ello. Por eso quizás no haya un tema en la investigación sobre gestión pública que haya captado más atención en un período tan breve de tiempo como el de la motivación de servicio público

10 razones por la evaluación de políticas públicas

2011-05-24T16:49:00.003+02:00

Los tiempos que corren exigen apostar por nuevas estrategias para afrontar una gestión pública crecientemente compleja. La evaluación de políticas públicas se presenta como uno de esos paradigmas de interés.

Veamos algunas razones que aconsejan tenerla cada vez más en cuenta a la hora de dirigir en lo público:

Es una estrategia probada -muy utilizada desde hace tiempo en diferentes Administraciones de países avanzados- . Hay por tanto un gran número de casos de éxitos para tomar como referencia.

Cuadrar el círculo en la gestión pública, es decir ser eficaz con pocos recursos, es cada vez más complicado. Necesitamos tener información precisa sobre si estamos en el camino correcto. La evaluación está para ello.

La evaluación no es una herramienta de control para castigar. Es medir + valorar. Por tanto, sirve principalemente para mejorar.

De la evaluación se aprende. El talento y conocimiento de una organización se pone en valor con la evaluación.

Evaluación e innovación están estrechamente relacionados. Implica estar cuestionándose continuamente si lo estamos haciendo bien.

En escenarios políticamente complejos como el actual, los ciudadanos son más exigentes con la gestión de los asuntos públicos y demandan resultados. Sin evaluación es más difícil explicar los efectos de una política pública.

Evaluar -como todo- tiene un coste. Pero es mayor aún el coste de no hacerlo.

El control burocrático no es suficiente porque a las Administraciones deben ofrecer mucho más que la simple aplicación del procedimiento. La evaluación no sustituye al control, lo complementa.

La evaluación despierta a menudo recelos. ¿La solución? Incorporarla en el funcionamiento cotidiano de organización.

Trabajar con equipos de evaluación mejora la implicación y estimula a los responsables de los servicios a enfocar su gestión a resultados.

Democracia 2.0: cuando los ciudadanos sí que cuentan

2011-05-19T17:00:00.004+02:00

Resulta sorprendente que haya multitud de personas que se asombren por los sucesos que están ocurriendo en la Puerta del Sol de Madrid y otras ciudades alrededor del movimiento #15M, #globalcamp #acampadagranada #notenemosmiedo o como lo queramos llamar; entre otros "sorprendidos" los medios de comunicación tradicionales.

Esta súbita salida de la ceguera no esconde más que una ignorancia profunda de dinámicas sociales que desde este blog y otros muchos de la blogosfera pública llevamos años comentando. Sin entrar en valoraciones políticas ni de otro tipo sobre las reivindicaciones de toda esta gente de lo que estamos hablando es de un nuevo ejercicio de ciudadanía que viene con fuerza desde hace algunos años, pero que esta vez ha sido capaz de salirse del ámbito de internet (redes sociales) para llamar la atención de la opinión pública general. Para ello ha sido necesario recurrir a acciones de movilización más que tradicionales, como la ocupación física del espacio público: una combinación de lo analógico con lo digital que ha tenido éxito.

En septiembre de 2010 publicaron en PUBLIC, la revista del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, mi artículo titulado Democracia 2.0: Cuando los ciudadanos sí que cuentan. Realmente fue escrito unos meses antes. Si lo leéis podréis comprobar que muchos hace tiempo ya veíamos venir que este tipo de fenómenos.

DEMOCRACIA 2.0: CUANDO LOS CIUDADANOS SÍ QUE CUENTAN
Oscar Cortés Abad, vicepresidente del Club Dirección Pública ESADE Alumni y editor del blog i-public@

Cada día podemos comprobar cómo la web social o web 2.0 se extiende a gran velocidad. Esta realidad innegable tiene un efecto directo en la configuración de un espacio social emergente, una nueva cibersociedad o sociedad 2.0. Su característica principal viene definida por el nuevo rol de sus miembros, que pasan a ocupar el centro de gravedad y se convierten en sujetos activos, ávidos de que se les escuche, de poder participar o colaborar, y con una fuerte demanda de claridad y transparencia. Estos ciudadanos 2.0 son en su mayoría nativos digitales, hoy adolescentes que interactúan más a través de internet que por televisión, y empiezan a ser ya la punta de lanza de una sociedad que rompe con los patrones tradicionales. Esta sociedad de la conversación, basada en los valores y herramientas comentados con anterioridad, se articula en redes informales dotadas de una capacidad de crecimiento viral, y un dinamismo e intensidad desconocidos hasta la fecha.

Resulta inevitable pensar que podemos estar ante un importante elemento transformador en cuanto al concepto de ciudadanía, el ejercicio de la misma y, consecuentemente, en la forma de hacer política. Con un punto rupturista, trasgresor y contracultural. Veamos por qué.

Aunque la retórica habitual indique lo contrario, nuestro sistema democrático otorga un papel muy limitado a la ciudadanía. Su carácter de democracia representativa está basada en la participación ciudadana a través de procesos electorales a los que concurren partidos políticos en listas cerradas. Una vez elegidos sus representantes, las posibilidades de los ciudadanos para involucrarse en la cosa pública quedan limitadas a la influencia que éstos pueden ejercer en dichos representantes, normalmente a través de asociaciones, sindicatos, o grupos de interés, que defienden intereses concretos y suelen verse lejanos por el individuo de a pie. Como consecuencia el alejamiento de la política y la ciudadanía resulta cada vez más evidente.

El factor más determinante y novedoso de la democracia 2.0 es sin duda el nuevo conjunto de valores y herramientas que otorgan al ciudadano un verdadero papel como elemento central de la vida pública. La primera consecuencia es el nacimiento de un nuevo ciberactivismo (grass root activism) basado en la conversación y el efecto multiplicador de la misma que proporciona la web 2.0. A ello van unidas nuevas vías de formación de la opinión pública soportadas por redes sociales cuya influencia sobre los decisores políticos (posiciones, reputación, etc.) tiende a ser creciente. Por último, la disponibilidad de información revierte en mayores posibilidades de escrutar la acción política y nuevas exigencias en la rendición de cuentas.

Ante este nuevo escenario, los políticos y sus partidos están empezando a dar respuesta, aunque tímidamente. La experiencia de Obama en Estados Unidos ha demostrado las enormes posibilidades de la web social para ganar elecciones y es por esta senda por la que nuestros políticos empiezan a caminar. Es un primer paso, por supuesto legítimo y bienvenido, pero claramente insuficiente. El verdadero reto es que la política pueda incorporarse a esta revolución social superando el escenario electoral e impregnando su actividad cotidiana de valores dospuntoceristas a través de la escucha proactiva a la cibersociedad en su ecosistema, la interacción de igual a igual con los ciudadanos a través de canales directos o la apertura de sus propuestas a la participación de todos.

El reto es complicado: nuestros políticos no están preparados y a la estructura partidista le costará digerir la nueva realidad. Pero será inevitable; el tsunami 2.0 acaba de llegar y sus efectos en la democracia y la política pronto se empezarán a notar.

La reforma de la Seguridad Social, ¿un recorte al estado del bienestar?

2011-05-17T16:45:00.002+02:00

La actual crisis económica está poniendo sobre la mesa la necesidad de adoptar políticas de reforma en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el relacionado con la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales asociados a nuestro modelo de estado de bienestar.

Un asunto controvertido por su impacto en la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos. La Seguridad Social es, a través de sus prestaciones -las pensiones, principalmente-, uno de los pilares de dicho estado.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta? ¿Son sostenibles nuestras pensiones? ¿La reforma llega en el momento adecuado? ¿Cuáles son sus beneficios y los costes de no hacerlo?

Intentaremos que nuestros ponentes invitados respondan a estas preguntas en el próximo acto del Club Dirección Pública de ESADE Alumni en Madrid. El próximo día 1 de junio a las 19:30 en ESADE Madrid. Inscripción gratuita aquí.

Intervienen:

Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social

Es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid y profesor de enseñanza secundaria. Fue miembro del Senado de España desde 1983 hasta 2001 en representación de las Cortes de Castilla y León, ocupando la presidencia o la portavocía del Grupo Socialista en varias comisiones parlamentarias: economía, presupuestos, sanidad y servicios sociales, especial sobre drogas, etc. Dentro del PSOE, ha sido hasta el año 2000 miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de Castilla y León, y coordinador en diferentes períodos de los grupos de financiación autonómica, servicios sociales y otros. En el último Congreso del PSOE, ha pasado a formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal como secretario federal de Economía y Empleo. Es autor de diversas publicaciones sobre la provisión de servicios públicos en el sistema sanitario, la financiación de la sanidad, el fracaso escolar y la inserción laboral, la financiación de las comunidades autónomas y el sistema español de Seguridad Social. Desde marzo de 2004 es secretario de Estado de la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell

Doctor en Derecho y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, es catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca, de la que fue nombrado vicerrector de Economía, Programación e Inversiones. Además, durante varios años, ha ejercido la dirección del Departamento de Políticas Públicas del Instituto Universitario Ortega y Gasset, así como diversos cargos de alta responsabilidad en el Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, entre los cuales el de director general entre 2004 y 2008. Ha dirigido dieciséis tesis doctorales y publicado un gran número de trabajos en distintos formatos. Sus campos de especialización son el análisis de los efectos económicos de la actuación del sector público, incluyendo el estudio de las políticas públicas, las cuestiones de distribución y redistribución de la renta y la perspectiva descentralizada de la actividad del Estado.

Únete aquí al grupo Linked-In del Club Dirección Pública ESADE

El Follonero y su enfollonamiento de los "funcionarios"

2011-05-09T16:40:00.004+02:00

Hace unos días el programa Salvados - conocido por su carácter sátirico- acercó, de la mano de su presentador Jordi Evole (Follonero) al gran público al mundo de los "Funcionarios" (ese era exactamente el título que utilizaron).

Bromear acerca de los empleados públicos ("funcionarios" en la jerga del común de los mortales, aunque sea ésta una acepción con la que no comulgue) ha sido siempre el pasatiempo nacional de este país. Bromear con el uso de todo tipo de chistes y chascarrillos, pero también con afirmaciones tan rotundas como erróneas sobre la realidad de los trabajadores públicos basadas en meras apreciaciones derivadas de la experiencia en el contacto con la "ventanilla". Los tiempos que corren, difíciles para todos - incluyendo los que trabajamos en lo público-, se prestan aún más para todo tipo de exageraciones alimentadas por esa mezcla de envidia y recelo tan típica de este país.

Con estos mimbres y el talento del Follonero hacer el cesto del Salvados del otro día no parece obra de mucho mérito. El problema es cuando se utiliza el suave envoltorio del humor inteligente para caricaturizar aún más si cabe la retaila de tópicos que abundan sobre la función pública y se pone todo ello en contacto con lo que tienen en la cabeza (preocupacionies, ansiedades, tristeza, miedos, etc. ) los miles de espectadores que tranquilamente ven el programa en el sofa de su casa. Un coctel explosivo para la reputación de nuestra res pública.

Veamos a lo que me estoy refiriendo.

El presentador visita un Instituto de Enseñanza Secundaria y entrevista a su director. De forma inteligente le saca información sobre su trabajo para ir manipulando las preguntas hacia una idea final: gana mucho, pero ¿cuánto trabaja?. El director afirma tener un sueldo de casi 3000 euros al mes (35 años de servicio) pero trabajando de ocho a ocho cada día, incluso los sábados. Explica la dificultad de dirigir un instituto, la diversidad existente, los recursos escasos y las pocas herramientas de gestión de que dispone. Intenta dignificar su trabajo con el argumento de que él no elige sus alumnos, pero tiene la obligación de impartir una enseñanza de calidad . Por eso es sector público. Para el Follonero lo importante no era esto sino bromear en un sentido peyorativo hacia la función pública; por ejemplo, sobre el amplio horario de "pringao" del director ("el único funcionario que lo tiene") o sobre la incapacidad que él mismo manifiesta de sancionar a profesores que no cumplen.

Otro episodio del programa es cuando entrevista a Marc Vidal, conocido analista económico, sobre su opinión de la Administración (la cual en muchos aspectos no comparto) . Según él "sobran funcionarios" (en un post explica otras cosas que dijo y no le sacaron) ; le llevan a una de las ventanillas del SPEE (antiguo INEM), posiblemente uno de los servicios públicos más saturados donde los trabajadores de cara al ciudadano están más tensionados, y le enfrentan con una de ellos. De forma airada y vehemente la trabajadora le da argumentos y deja a Marc sin palabras. ¿Sobran funcionarios? ¿Son los funcionarios unos jetas? ¿Es todo ello lo que Marc quiso decir? Probablemente no. A eso se llama manipulación.

Tercer comentario. El presentador se desplaza a Mérida y visita algunas Consejerías de la Junta de Extremadura. El objeto es retratar dos de los tópicos más arraigados sobre los empleados públicos: el café y el sello. También se comenta sobre las "legiones" de funcionarios que van todos los días a Mérida a trabajar desde Cáceres y Badajoz y cómo son esos trabajadores los que sostienen gran parte de la economía local con su consumo. El "café de los funcionarios"no es más que el tiempo (legal) destinado a romper con la jornada de trabajo bajando a un bar a tomar un café. Lo hace todo el mundo en el mundo público, pero también en la empresa privada. El problema es que en esta última se hace más disimulado: corrillos de pasillos, cafés en la máquina de la oficina, charlas con los compañeros.... El problema no es ir al bar a por el café; el problema es ser capaz de sacar rendimiento a las seis horas netas de trabajo diario que tiene cualquier trabajador. Y ese es el mismo desafío en la empresa que en la Administración. No cambia.

Mostrar el sello (de armas) como elemento identitario de la Administración y las "legiones" de burócratas de las Consejerías extremeñas es mostrar una realidad que desde éste y otros blogs venimos denunciando reiteradamente: nuestras Administraciones están mal organizadas y peor dotadas. Sobran sellos y sobran empleados de la parte media-baja de la pirámide. No hay duda. Pero utilizar malicionsamente esta realidad convirtiéndola en un tópico que impregne toda la realidad pública es perverso.

Por último están los jóvenes opositores que se preparan para los cuerpos superiores de la Administración. Ellos mismos acaban reconociendo que no lo hacen por vocación sino por tener un trabajo de calidad. Esta realidad es nefasta para los resultados de la actividad pública, cuyo éxito depende en gran medida de tener servidores públicos motivados y comprometidos con su trabajo. ¿Quién es culpable de que esto sea así? ¿La Administración? ¿O el empobrecimiento creciente (salarial y en condiciones-estabilidad y derechos-) del factor trabajo que ofrece el sector privado? Da que pensar.

Efectos de eAdministración: estabilización del capitulo I

2011-05-03T17:10:00.005+02:00

He leido con mucho interés los dos post de la serie Puesta en valor del #egov que Andrés Nin está publicando en su blog estos días. Después de años en los que la prioridad ha sido impulsar proyectos de todo tipo de Administración electrónica y normativas que les den amparo jurídico parece buen momento de abordar una nueva fase en la que el estímulo de la demanda y la cosecha de beneficios sean los protagonistas.

No estamos hablando de elementos aislados: cuanto mayor sea el tirón de la Administración electrónica entre ciudadanos y empleados públicos mayores serán los beneficios obtenidos y más rápidamente se retornarán las inversiones. Por ello, hay que ser constante ( "gota malaya") e insistir -aún con poco presupuesto- en iniciativas como la campaña de comunicación que el Ministerio Política Territorial ha puesto en marcha recientemente para dar a conocer las ventajas de los servicios públicos electrónicos que más pueden interesar a los ciudadanos y que menos exigencias técnicas (e-firma, certificados, etc.) plantean.

Andrés Nin ha empezado hablando de dos bolsas de beneficio importantes: la reducción de cargas administrativas y el menor impacto medioambiental. Seguramente esté a punto de hablar de una tercera, que a mi personalmente me parece de las más importantes: el impacto sobre el capítulo I (gastos de personal).

Opino que en los próximos años es preciso abordar un Plan Integral de Reordenación de Efectivos como impacto directo de la e-Administración. Un Plan intra-administrativo, de naturaleza transversal, que tenga en cuenta las necesidades de personal en los diferencios ámbitos en los que la e-Administración vaya sustituyendo progresivamente a la Administración en papel tradicional, especialmente en los back-office o unidades de tramitación de las Administraciones. Un Plan a largo plazo, cuyos resultados plenos difícilmente veremos en menos de diez años, pero que tendría que lograr ir modificando el perfil, número y distribución de los diferentes efectivos.

Un plan que precisa, ya de entrada, plantearse cambios sustanciales en las ofertas de empleo público de nuevo ingreso. Que requiere revisar las relaciones de puestos de trabajo, amortizando vacantes (¿quién necesita ordenanzas que muevan papeles?), cesando interinos y reclasificando puestos. Un plan que requiere adjunto un proyecto formativo de hondo calado que contribuya a reorientar profesionalmente al personal cuyas funciones han quedado sin sentido gracias a la Administración electrónica.

Todo ello es necesario y sus beneficios directos a largo plazo servirán no sólo para amortizar inversiones sino, como no, para darle una vuelta de calcetín a nuestra Administración.

Cuentos de burocracia

2011-04-25T16:56:00.003+02:00

Por Eduardo Galeano (El Libro de los Abrazos)

En tiempos de la dictadura militar, a mediados de 1973, un preso político uruguayo, Juan José Noueched, sufrió una sanción de cinco días: cinco días sin visita ni recreo, cinco días sin nada, por violación del reglamento. Desde el punto de vista del capitán que le aplicó la sanción, el reglamento no dejaba lugar a dudas. Establecía claramente que los presos debían caminar en fila y con ambas manos a la espalda. Noueched había sido castigado por poner una sola mano en la espalda.

Nouched era manco.

Había caido preso en dos etapas. Primero había caido su brazo. Después, él. El brazo cayó en Montevideo, Noueched venía escapando a todo correr cuando el policía que lo perseguía alcanzó a pegarle un manotón, le gritó: "¡Dése preso!" y se quedó con el brazo en la mano. El resto de Noueched cayó un año y medio después, en Paysandú.

En la cárcel, Noueched quiso recuperar su brazo perdido:

- Haga una solicitud-le dijeron.

Él explicó que no tenía lápiz:

-Haga una solicitud de lápiz-le dijeron.

Entonces tuvo lápiz, pero no tenía papel:

-Haga una solicitud de papel-le dijeron.

Cuando por fin tuvo lápiz y papel, formuló su solicitud de brazo.

Al tiempo, le contestaron. Que no. No se podía: el brazo estaba en otro expediente. A él lo había procesado la justicia militar. Al brazo, la civil.

Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla. En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al banquito, un soldado había guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería.

Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta y un años, dos meses y cuatro días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito, que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre la pintura fresca.

Ciudades, servicios y sostenibilidad

2011-04-14T16:44:00.007+02:00

Dentro del ciclo de cenas-coloquio el Club de Dirección Pública de ESADE Alumni en Madrid contó en esta ocasión como invitada con Ana Botella, Teniente Alcalde y Delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid para debatir con los participantes sobre "Las ciudades y sus grandes retos de futuro: prestación de servicios, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental".

La presentación corrió a cargo de Francisco Longo, director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE y Oscar Cortés, vicepresidente del Club Dirección Pública ESADE Alumni en Madrid que resaltaron el vínculo ciudad - sostenibilidad, su importancia en los tiempos de crisis que corren y la necesidad de abordar planteamientos innovadores desde el ámbito de la gestión pública local.

En su intervención inicial Ana Botella se refirió al siglo XXI como el "siglo de las ciudades" ya que el 75% de la población vivirá en núcleos urbanos lo que supone un reto formidable por cuanto el mantenimiento del desarrollo económico y los servicios irá necesariamente ligado a la capacidad de dotarse de los recursos necesarios. Evaluar el impacto energético es imprescindible y plantea exigentes y decididas políticas de sostenibilidad transversal en ámbitos tan diversos como el urbanismo, la movilidad, la contratación pública, la edificación, etc. Es preciso por tanto, según Botella, que las ciudades persigan la eficiencia y la innovación tecnológica si su objetivo es lograr un modelo de desarrollo capaz de atraer oportunidades para el futuro.

Refiriéndose en concreto a Madrid citó algunos de los grandes objetivos del gobierno actual: crecimiento económico, ciudad abierta, comprometida con el medioambiente y con decreciente dependencia energética. Y habló de diferentes proyectos, algunos con poca resonancia pero con importantes retornos en ahorro energético y de emisiones: los mil millones invertidos en renovación de infraestructura de saneamiento y depuración de aguas o la plantación de un millón de árboles en ocho años, ; otros como la generación de energía a partir del tratamiento de residuos urbanos, la renovación de flota con vehículos verdes, las medidas de ahorro en las instaciones munipales, etc.

Posteriormente se inició un animado coloquio con los participantes que trató temas de diversa índole referidos a la gestión local de políticas medioambientales, las tendencias de futuro (vehículo y motocicleta eléctrica, acumuladores de energía, etc.), la sostenibilidad como elemento del discurso político (difícil porque "hoy la crisis lo invade todo"), la importancia de conciencia social (a través de la educación porque la sostenibilidad es cosa de todos) , la necesidad de abordar en determinados momentos grandes proyectos de infraestructuras (porque el urbanismo integra, permite descubrir nuevas perspectivas de la ciudad y además ayuda a las empresas), lo importante que es tener un proyecto de ciudad y tiempo suficiente en el gobierno para llevarlo acabo y la necesidad de una sociedad civil fuerte que participe y desarrolle un fuerte sentido de pertenencia porque "todos tienen que hacer ciudad".

Eficiencia y la cuadratura del círculo

2011-04-12T16:55:00.004+02:00

Corren tiempos electorales y son pocos los políticos que se atreven a entrar en detalle en el debate sobre la sostenibilidad de ciertos servicios públicos. Una mala práctica, sin duda, eso de callar antes de las elecciones para luego tomar medidas impopulares una vez recibido el mandato de los ciudadanos. Por ejemplo, en Cataluña el nuevo gobierno está poniendo sobre la mesa recortes incómodos en dos pilares básicos del estado del bienestar: sanidad y educación. ¿Ocurrirá lo mismo después de estas elecciones de mayo y de las generales del año que viene? Seguramente sí.

Lo cierto es que esta crisis está trayendo a primera fila el debate sobre la sostenibilidad de los servicios públicos o, lo que es lo mismo, en qué condiciones es posible, no ya mejorar sino mantener la oferta con una demanda siempre creciente y unos recursos presupuestarios menguados que además - siendo optimistas- previsiblemente tardarán años en volver a recuperar los niveles de antaño.

Es el espinoso asunto de la eficiencia - hacer más con menos - que tan complicado resulta abordar desde una perspectiva de gestión pública históricamente anclada en patrones básicos de eficacia y la garantía jurídica.

Incorporar la dimensión eficiencista con ciertos criterios de racionalidad económica no sólo es preciso sino que es de sentido común, desde el momento que los recursos son limitados y hemos llegado a tal punto de desconfianza en la administración de los asuntos públicos que los ciudadanos difícilmente digieren subidas de impuestos (a pesar de ser España uno de los países de menor presión fiscal de la UE).

Pero cuidado con las tendencias pendulares: es preocupante que la eficiencia acabe acaparando tal exceso de protagonismo que se olvide que la gestión pública está por y para los ciudadanos, para atender sus necesidades.

Un foco excesivo en los medios, olvidando los fines, puede traer terribles consecuencias a largo plazo en la cohesión y el equilibrio social. Deberían tenerlo en cuenta nuestros políticos, cuando plantean las medidas y estrategias a seguir olvidando que los atajos y soluciones coyunturales de hoy no tienen por qué producir el mejor resultado en el mañana. Muchos de los planteamientos que estamos viendo los últimos tiempos vienen impregnados de ese barniz, pero ¡ojo! el difícil círculo característico de la gestión pública (eficacia, garantía y eficiencia) tiene que cuadrar.

Zombis tras las ventanillas

2011-03-29T16:46:00.004+02:00

"Organización zombi" u "organización castrante" son algunos de los ingeniosos calificativos que he encontrado recientemente para caracterizar a un cierto tipo de organizaciones que tienen por denominador común la impersonalización en su funcionamiento y, por ello, una ausencia de alma motivada por la continua poda que ejercen sobre el talento y la iniciativa de los individuos que la conforman. Se trata de grandes burocracias no creáis que únicamente en el sector público sino también en muchas de las grandes empresas de las más alta reputación.

Sabréis de esta patología cuando oigáis a algún directivo afirmar con rotundidad eso de que "nadie es imprescinble". ¡Por supuesto! Pero ojo eso no quiere decir que para preservar el conjunto haya que tirar por la borda el talento de las partes.

Las organizaciones públicas, objeto de este blog, fueron concebidas en su momento de forma intencionada como organizaciones zombis: eran los tiempos del "spoil system" y de lo que se trataba era que funcionaran como perfectas maquinarias de imparcialidad. Para ello la receta fue procedimentarlo todo y anular al profesional. Pasados los años y desbordadas éstas por una ciudadanía más preparada, numerosa y exigente dos tipos de situaciones se ponían de manifiesto: la del zombi individuo escondido tras el procedimiento para no dar respuesta o la del emprendedor interno (inprendedor) busca-vidas que atiende la necesidad.

Los primeros casos los más numerosos y la causa del desprestigio y mala imagen de las instituciones. Se trata de zombis individuos que no nacen, sino que se hacen, en parte porque ya se encarga la propia organización de establecer los mecanismos adecuados para que esto así sea, premiando estas actitudes y castigando las contrarias: la supervivencia y el ascenso al servicio de la sumisión a esta cultura. Quienes pagan : el ciudadano y la legitimidad de lo público.

Los segundos una nada despreciable minoría. Aparecen las redes informales y se buscan los resquicios imposibles del procedimiento. Emergen espacios alternativos de innovación imprescindibles para que el trabajo salga y salga a satisfacción de los usuarios. Algo nada fácil: sobrevivir depende de sortear los obstáculos que plantean estas poderosas estructuras maquinales que ahogan toda posibilidad de vida alternativa.

No convertirse en zombi en una organización pública es complicado. La automotivación y encontrar un grupo adecuado con el que sintonizar son elementos imprescindibles para no verse arrastrado por una fuerza organizativa forjada y realimentada con el paso de los años.

Conocer o no conocer la @administración: esa es la cuestión

2011-03-21T16:30:00.004+01:00

Hace unas semanas el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública puso en marcha la campaña @dministración, todos los servicios a tu mano para dar a conocer las bondades de la Administración electrónica y promover su uso por parte de los ciudadanos.

Conocidos nuevos rankings en los que la oferta de servicios públicos en nuestro país puede considerarse más que aceptable, esta iniciativa se enmarca en una nueva fase del despliegue de la e-Administración que tiene por objeto actuar sobre la demanda, camino éste en el que queda mucho por recorrer.

Para activar dicha demanda entre los ciudadanos - las empresas los usan y mucho- son precisas diversas políticas que actúen sobre el impulso de la sociedad de la información en general, pero sobre todo un aspecto básico que hasta ahora no se había abordado y que éste parece ser el momento: que dichos ciudadanos sepan en qué consiste la Administración electrónica, las posibilidades que les ofrece y cómo pueden acceder a ella.

Estamos por tanto ante una acción de comunicación buena por necesaria pero no podemos tomarla como buena práctica por cómo se ha concebido y cómo se está desarrollando.

Si podéis perder un minuto en analizarla podréis comprobar cómo realmente lo que han hecho es poner unos cuantos anuncios (analógicos y digitales) y abrir una serie de canales en algunos de los social media más conocidos en el que de manera unilateral se van lanzando mensajes un tanto enlatados. Nada diferente, por otra parte, de lo que es habitual en estos lares administrativos donde los gabinetes de comunicación se han apuntado la mayoría a prácticas del tipo abrir un canal en twitter como réplica digital de las tradicionales notas de prensa, confundiendo comunicación social con comunicación tradicional sobre soportes sociales.

Es una pena porque una iniciativa destinada a promover y difundir las bondades de la e-Administración puede tener infinito más impacto con una comunicación social mucho mejor ejecutada que conecte redes, sume prescriptores, proyecte mensajes más atractivo o cruce iniciativas entre las muchas posibilidades que los diversos canales analógico-digitales que está utilizando ofrecen.

La falacia de la norma en la economía sostenible

2011-03-14T16:49:00.004+01:00

Los que me seguís habitualmente conocéis el escaso entusiasmo que me despierta la Ley de Economía Sostenible. Hace unos días - tras más de un año (tela!) de tramitación - que apareció publicada en el Boletin Oficial del Estado y ya la tenemos en vigor. Algunos - los que creen que con leyes se hacen políticas públicas ("falacia de la norma") -pensarán que con ella en pocos años se resolverán los mayores problemas de nuestra economía. Dejadme al menos ser un poco escéptico: nada más lejos de la realidad.

Cierto es que por "economía sostenible" podemos entender "casi de todo" y que no es más que un ámbito amplio de políticas públicas de muy diverso pelaje que tienen por objeto hacer de nuestro país un espacio económico más competitivo en el largo plazo. Intentar meterlo en una ley a lo "cajón desastre" parece -cuanto menos- un poco forzado. Tendremos además que esperar un tiempo a que los diferentes reglamentos vayan concretando lo que no lo está todavía, por lo que esta ley (a lo "omnibus") se irá diluyendo en el tiempo al mismo tiempo que se va desarrollando.

En lo que afecta al sector público lo que la ley nos viene a decir es que en una economía sostenible hay que apostar por :

Regulación de alta calidad, bien dimensionada y eficaz,

Administración menos burocratizada, que más imponga menores cargas a las empresas,

Sector público tractor de sectores estratégicos (Administración verde, compra pública de innovación, etc.),

Colaboración público-privada,

Administración también sostenible en si misma financieramente hablando.

No encontramos nada nuevo. Son tendencias la mayoría consolidadas que están impregnando la actuación pública desde hace tiempo. Me habréis oido hablar de ellas de una u otra manera en numerosas ocasiones.

¿Por qué entonces esta ley? A efectos prácticos carece de utilidad; entiendo que a efectos jurídicos tampoco aclara nada ni es necesaria. Seguramente su razón de ser radica en que sea ella misma el exponente visible de una señal que políticamente se considera de máxima importancia: ."hay que hacer nuestra economía competitiva". Este puede ser el objetivo y la LES la solución. La falacia de la norma hace el resto.

El síndrome del jefe de negociado

2011-03-07T17:11:00.003+01:00

El sistema de gestión de personas en la Administración tiene "larga" tradición. Tan larga que el "gap" entre las necesidades que plantean los tiempos que corren y las soluciones que proporciona dicho sistema es cada vez más insostenible.

La función directiva representa muy bien lo que estoy diciendo. La complejidad de los asuntos a los que se enfrentan las Administraciones requieren un perfil profesional específico, con competencias y habilidades que diferentes de las que tradicionalmente han correspondido al "jefe" en el aparato burocrático. El sistema de puestos y de promoción profesional que rige en las Administraciones favorece en exceso lo que yo llamo el "síndrome del jefe de negociado": cuando el que accede a la Administración va ocupando sucesivamente puestos de jefatura en unidades orgánicas que van cambiando de nombre (sección, servicio, área, subdirección...) y tamaño, pero las características de su función directiva permanecen constantes a lo largo de los años.

El paso de funcionario (en cualquiera de sus cuerpos o escalas) a directivo con un adecuado reciclaje profesional hacia las nuevas funciones no sólo es posible sino hasta deseable pero no como comúnmente ocurre en nuestas Administraciones en las que dicho reciclaje no se produce y tenemos a los anteriormente mencionados "jefes de negociado" actuando como tales pero con el título de directivos, mucho presupuesto y mucha mayor responsabilidad.

Los efectos de esta práctica son demoledores: el enfoque a la tarea, el tratamiento maquinal de procesos y personas y la escasa orientación a resultados del "jefe de negociado" son incompatibles con el papel de motivador de personas, gestor del entorno político-administrativo y enfoque a objetivos que debe caracterizar al directivo. Todo ello provoca un estancamiento tanto de la organización en si misma como una desafección y alejamiento del compromiso de los profesionales públicos a su cargo.

Este desajuste y la proliferación de "jefes de negociado" en la cúpula administrativa de las distintas organizaciones públicas explica buena parte de los problemas que presentan las mismas y por qué a veces tienen tantas dificultades para atender las cada vez más complejas necesidades sociales.

La oferta de empleo público de la crisis (año 2)

2011-02-28T17:46:00.005+01:00

Con una semana de retraso el pasado viernes el gobierno aprobó en Consejo de Ministros la Oferta de Empleo Público 2011. A estas horas el RD aún no está en el BOE, pero no hace falta : las líneas maestras son públicas y el articulado suele ser siempre el mismo con ligeras modificaciones.

En general creo que se trata de una OEP que va en la buena dirección, aunque con matices. No pensarán lo mismo los miles de personas que en situación de desempleo o con trabajos precarios sueñan con un puesto en la Administración. Misión imposible: competidores muchos y buenos para una oferta raquítica de plazas. Es la primera conclusión a destacar. No es cierto lo que se dice en tertulias y foros de opinión varios de que el sector público no se está ajustando. Lo está haciendo, y mucho. No de forma dramática ni agresiva (con despidos, EREs, etc.) pero sí con una bajísima tasa de reposición del 10% , que en el periodo de tres años que dura el Plan de Austeridad 2011-13 traerá como resultado la supresión de casi cien mil puestos de trabajo en las Administraciones.

Que sea mucho o poco, esté bien o mal, dependerá de cómo dicha reducción se vaya llevando a cabo. Sobre el papel, la OEP 2011 apunta luces y sombras: luces porque las plazas de nuevo ingreso se centran en los subgrupos A1 y A2 (un 82%). Numerosas ocasiones en este blog he comentado que la pirámide de base ancha de la Administración debe girar 180º hasta convertirse en justo lo contrario: una pirámide invertida de cabeza ancha y base reducida. Luces también porque justicia queda al margen de los recortes: se mantiene la apuesta del gobierno. Pero también algunas sombras: áreas prioritarias como inspección fiscal o de trabajo siguen necesitadas de más efectivos; cosa que no ocurre con los cuerpos generalistas (TIC aparte) que tendrían efectivos de más. Por otro lado, las plazas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se reducen drásticamente lo que podría comprometer la estabilidad y seguridad - muy sensibles en tiempos de crisis social como los que vivimos- si no se arbitran otras medidas específicas - no siempre fáciles- como por ejemplo sacar policías de trabajos burocráticos.

En resumen, una OEP dura pero esperada que va en la dirección adecuada. Me queda una preguntas: cuándo vengan tiempos mejores, ¿se mantendrán directrices de este tipo? No estoy seguro sería recomendable pera dar un vuelco a nuestro modelo de Administración.

Innovation in Government

2011-02-21T17:20:00.004+01:00

La semana pasada os comenté cuáles eran a mi juicio algunos de los factores clave a considerar a la hora de hablar de innovación en el sector público. Pues bien unos días más tarde (a través del blog de Xavier Marcet) he conocido el documento Innovation in Government elaborado por la organización sin ánimo de lucro Partnership for public service y la consultora IDEO.

Aunque se trata de una publicación enfocada a la Administración de los EEUU y dicha Administración es muy diferente a las de tipo continental como la nuestra, considero que hay algunos aspectos aprovechables que nos pueden hacer reflexionar, la mayoría de ellos los comentaba en mi post del otro día :

¿Por qué es necesaria la innovación en Administración? Básicamente por la importancia del servicio público que presta, por su tamaño en la economía de un país y por lo que de tractor para la innovación en el sector privado puede suponer.

¿Qué tipologías de innovación pueden aparecer en la Administración? Yo diría que dos principalmente: adaptación de una idea probada a un nuevo contexto y desarrollo de algo totalmente nuevo. La otra que comentan (mejorar algo que ya se hace) yo lo situaría más bien en el ámbito de la modernización.

¿Por qué es la innovación en la Administración tan difícil? Simplemente porque la Administración es distinta a la empresa privada. Lo podéis ver en las afirmaciones emitidas por los empleados públicos consultados para el informe.

¿Cómo superar las barreras anteriores? Básicamente creando ecosistemas (procesos e infraestructuras) de innovación en ámbitos que por su propia naturaleza, tipología de personas involucradas, impacto social, etc. se den las condiciones más adecuadas. A partir de aquí utilizar la tecnología y los prescriptores de innovación que vayan surgiendo para ir difundiendo una nueva cultura de innovación en la organización.

Os animo a que le echéis un vistazo.

Comunicación e innovación en el sector público: ¿por qué?

2011-02-15T17:33:00.003+01:00

En un entorno complejo y dinámico donde la innovación es pieza fundamental, la capacidad de las organizaciones públicas y sus distintas unidades para recibir, interpretar y transmitir determina su potencial para satisfacer las necesidades de su público objetivo. La innovación, por tanto, como motor del cambio demanda una importante actividad de comunicación, basada en lograr complicidades de los diversos actores, internos y externos, involucrados en el proceso, lo cual se hace más palpable a medida que los servicios son más ambiciosos y rupturistas.

El contexto sobre el que se desarrollan estos procesos ha evolucionado de manera radical en los últimos años. A las diversas transformaciones en los ámbitos social, económico o político-institucional, se añade el vertiginoso desarrollo de la tecnología. Si hace diez años hubiéramos preguntado a una persona de mediana edad qué uso hace de Internet, los programas que utiliza y qué opina de los mismos, los resultados no podrían ser más diferentes de los que se obtendrían si se repitiese el ejercicio hoy en día.

La eclosión de la web social está provocando la creación de una nueva estructura socio-económica crecientemente dominada por una nueva generación de “nativos digitales”, la disponibilidad de nuevas herramientas y, sobre todo, un nuevo esquema de principios y valores. Teniendo en cuenta que la comunicación es parte de la estrategia no nos podemos acercar a la nueva realidad con viejos modelos, lo que hace preciso plantearse un renovado posicionamiento digital de las Administraciones que conecte con los usuarios del proceso de innovación.

Ciertamente el modelo de organización pública que conocemos presenta particularidades propias que darán se traducen en palancas y frenos cuando adoptemos este tipo de estrategias. El directivo público es pieza clave en el proceso y será preciso que incorpore nuevas habilidades para aprovechar al máximo las posibilidades que se plantean.

Dentro de algunos meses tendré la oportunidad de reflexionar conjuntamente con un amplio grupo de directivos públicos sobre esta nueva realidad, las tendencias existentes y los factores clave para incorporarla a la práctica de nuestras Administraciones. Un reto complejo pero apasionante.

Os iré informando....

Compra pública innovadora: obligación antes que opción

2011-02-11T09:33:00.006+01:00

Dentro de la serie de diálogos sobre Colaboración Público-Privada que el Club de Dirección Pública de ESADE Alumni viene organizando, se ha celebrado una nueva actividad sobre innovación y compra pública. Angel Saz, profesor del profesor del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública coordinaba una mesa compuesta por expertos (Pepa Montejo-COTEC), actores públicos (Juan Manuel Garrido-CDTI) y privados (David Pascual-INDRA).

La primera idea importante en la que coincidieron nuestros invitados fue la carencia de enfoque estratégico ("conocemos bien los pliegos y las leyes") en un asunto clave, teniendo cuenta que el mercado público supone un 15% del PIB en España y la importancia de la innovación para salir de la crisis. Mientras en Europa han sido prioriarios otros aspectos como el mercado único, la transparencia, etc. en EEUU hace años que se utiliza la compra pública para fomento de la innovación en sectores como energía, transporte, salud, defensa, etc.

La compra pública de innovación (CPI) es fundamentalmente un instrumento de demanda que tiene por objeto dinamizar la innovación e internacionalización, suscitar la aparición de nuevos segmentos empresariales. Aunque la compra pública regular puede lograr parcialmente estos objetivos, es la CPI - combina presupuestos de compra con presupuestos de I+D- el verdadero cambio de paradigma: el efecto de tracción del estímulo innovador a cambio supone añadir un riesgo adicional ya que se compran productos o servicios nuevos para una mejor prestación a los ciudadanos. Y ese riesgo es compartido: las empresas compiten en innovación -ellas mismas también pueden tomar la iniciativa y ofrecer nuevos desarrollos que hayan realizado- y la Administración compra algo que no existe.

La CPI engloba dos ámbitos diferentes: la compra pública de tecnología innovadora (CPTI) y la compra pública precomercial (CPP). La CPTI consiste en comprar productos nuevos completos para ser utilizados. Se regula mediante la ley de contratos del sector público (a través del contrato de colaboración público-privada). La CPP, aunque está también en la LCSP - contratos de servicios I+D- se centra en la obtención de un prototipo que no tiene por qué quedarse el comprador y no existe obligación de igualdad de trato.

España está a la cola de compra pública innovadora. El objetivo del gobierno es que esta realidad cambie: según acuerdo del Consejo de Ministros de 8.10.10 se impulsa la CPI dentro de la Estrategia Estatal de Innovación. Para ello se actuará sobre la demanda (revisión del entorno normativo para incluir la CPI, análisis para ver dónde aplicarla - modernización administrativa, economía verde, salud, turismo, defensa) y sobre la oferta (instrumentos financieros, actuaciones piloto, ventanilla especialzada "fast-track").

Varios son los factores de éxito en el desarrollo de la CPI. Por parte de las AAPP, el correcto desarrollo del proceso de compra pública y un cambio en los "skills" del comprador público (por ejemplo para ser capaces de evaluar la innovación). Por parte de las empresas, deben ser proactivas en presentación de proyectos de innovación, comprender las diferencias entre el sector público y el privado y ser capaces de trabajar en red (pymes, centros investigación, universidades, etc.)

En lo que coincidieron todos los ponentes es en que el proceso que está comenzando. El desconocimiento general (ministerios o consejerías de innovación) es todavía grande. Es necesaria primero una importante sensibilización y después procesos de "coaching" que asesoren con buenas prácticas de referencia . Tampoco existen claros incentivos para que los directivos públicos superen el miedo al riesgo y opten por la CPI. Alguna respuesta se está dando: por ejemplo la reserva de un % del presupuesto de cada departamento para este tipo de compras (para que se tengan que hacer "sí o sí")

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¿El o-Gobierno europeo en 2015?

2011-02-08T16:39:00.003+01:00

Recientemente se ha publicado por parte de la Comisión Europea el Plan de Acción 2011-15 para el desarrollo del e-Government a nivel europeo. Se trata de un documento detallado que tiene por objeto marcar la senda para lograr los ambiciosos propósitos reflejados en la Declaración Ministerial de Malmoe: "para 2015 las Administraciones de los países miembros serán abiertas, flexibles y colaborativas en sus relaciones con ciudadanos y empresas. Usarán la administración electrónica para mejorar su eficacia y eficiencia y para mejorar continuamente los servicios en el sentido de atender al máximo las necesidades de los usuarios y maximizar el valor público como forma de contribuir a la transición dne Europa a una economía líder en conocimiento".

El Plan de Acción supone pues una apuesta decidida por la transición del actual concepto de administración electrónica a un nuevo modelo de gobierno más abierto y flexible en los diferentes niveles local, regional, estatal y europeo, con un protagonismo directo de los ciudadanos.

Para ello fija una serie de ejes de actuación que incluyen acciones concretas a desplegar por los Estados Miembros y la propia Comisión con calendario para cada una de ellas:

Eje 1: Empoderamiento del usuario

Facilitar el que ciudadanos y empresas sean proactivos mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas:

Servicios que tengan en cuenta las necesidades de los usuarios: para 2013 los gobiernos deberán haber desarrollado servicios online personalizados con funciones del tipo de seguimiento del estado de las transacciones con las Administraciones.

Producción de servicios colaborativa: se realizará un análisis inicial sobre cuáles son las herramientas más adecuadas y la mejor forma de aplicarlas.

Reutilización de información en poder del sector público: para 2011 se deberá acordar un paquete común de información que pueda ser reutilizada. También se modificará la directiva que la regula con el ánimo de extender la estrategia.

Mejora de la transparencia: para 2014 los Estados Miembros permitirán a los ciudadanos acceder electrónicamente a sus datos personales.

Participación de los ciudadanos en los procesos de formulación de políticas públicas: se trabajará en proyectos de e-participación sobre la base por ejemplo de las herramientas para peticiones electrónicas en el marco de las iniciativas legislativas populares.

Eje 2. Mercado Interior

Trabajar para que los servicios públicos electrónicos puedan ser compatibles entre diferentes países:

Ventanilla única europea y plataforma única de licitación electrónica: para 2014 se deberán haber eliminado las barreras que soportan las empresas para hacer negocios entre diferentes países.

Movilidad de las personas: para 2015 los Estados Miembros deberán facilitar que los servicios de entrega de información a los ciudadanos sean compatibles entre los distintos países.

e-Proyectos de ámbito europeo: se definirán una serie de proyectos de gran escala que sean de ámbito europeo, en el ámbito medioambiental por ejemplo.

Eje 3. Eficacia y Eficiencia de Administraciones

Se trata de que las TIC permitan los cambios organizativos suficientes para la provisión de servicios públicos más rápidos, sotenibles y de mejor calidad:

Mejora de los procesos organizativos: aprovechando las ventajas de las TIC por ejemplo mejorando el portal ePractice hacia una plataforma de intercambio de conocimiento.

Reducción de cargas administrativas: poniendo en común prácticas de implementación de procesos de un único registro.

Administración verde: para 2013 los gobiernos deberán haber acordado indicadores y procedimientos de evaluación para medir las acciones de reducción de emisiones por la implementación de servicios de e-Gov.

Eje 4. Condiciones para desarrollar la Administración electrónica

Se trata de poner en marcha una serie de medidas de tipo técnico y legal que sirvan para facilitar la interoperabilidad entre países:

Especificaciones abiertas e interoperabilidad: para 2015 deberán estar implementadas las acciones destinadas para poner en marcha la red europea de interoperabilidad así como la estrategia europea de interoperabilidad. Los gobiernos previamente deberán tener configurado sus esquemas nacionales en la línea del europeo.

Elementos comunes de identificación: se promoverá el mutuo reconocimiento entre países de la firma electrónica y la autenticación electrónica de cada uno de ellos.

Innovación en infraestructuras: se estudiarán nuevos paradigmas (cloud-computing) y se pondrán en marcha diferentes proyectos piloto.

Como podéis comprobar los diferentes gobiernos que salgan de las próximas elecciones tienen trabajo por delante.

El ADN innovador en lo público

2011-02-02T17:05:00.003+01:00

El otro día un amigo se me quejaba amargamente de lo arcaicas que eran nuestras Administraciones, de su conservadurismo y permanente miedo al riesgo de las personas que trabajan en ella. En definitiva, del escaso ADN innovador existente en las mismas.

Efectivamente esta es la imagen que tienen la mayor parte de ciudadanos y empresas sobre nuestras Administraciones. Una imagen que estamos de acuerdo coincide bastante con la realidad. Hay que reconocerlo.

Ahora bien, la cosa no es tan simple como parece. Por un lado no hablamos de organizaciones homogéneas formadas por individuos cortados bajo el mismo patrón. Hay organizaciones públicas, muchas de ellas en mercados compitiendo abiertamente con empresas privadas, que están en un continuo proceso de cambio adaptándose en su entorno. Otras, como aquellas cuya misión es garantizar derechos o ejercer autoridad, efectivamente son más monolíticas. No sé si en este caso nos gustaría que estuvieran inmersas en una continua espiral innovadora; la estabilidad y el rigor son valores básicos que seguro también apreciaríamos en estos casos.

Por otra parte, dentro de una misma Administración hay diferencias. Existen emprendedores internos - de cualquier categoría: directivos, mandos intermedios o personal base - que hacen piruetas todos los días para hacer más con menos dando por ejemplo un buen servicio a los ciudadanos con unos recursos en continuo retroceso. Además hay diferencias según las áreas de actuación: aquéllos que trabajan en departamentos TIC o en otros con un contacto más cercano con ciudadanos, proveedores u otras entidades colaboradoras tienen una visión más amplia y una mayor actividad innovadora que los que trabajan en departamentos de tecnoestructura dedicados al ejercicio del poder burocrático.

Existen dos variables adicionales que considerar cuando hablamos de innovación en lo público: la política y funcionamiento interno de las Administraciones. La variable política condiciona decisivamente en la actividad innovadora dentro de una Administración. Puede acelerarla por un empujón en forma de un mandato expreso "de arriba" (caso de la Agencia Tributaria) o por personalismos de sus máximos responsables que bien, por naturaleza intrínseca o por interés particular en ese momento (p.ejemplo, hacer carrera), dotan a la organización del impulso innovador necesario. No es lo habitual: innovar supone arriesgar y el riesgo lleva implícita la posibilidad de error. El político tiene pánico al error, por las consecuencias electorales y para su propia carrera que éste pudiera acarrear. Se impone pues el conservadurismo.

El propio funcionamiento interno de las Administraciones tampoco facilita la innovación. En la mayoría de ellas el poder burocrático goza de esplendor e impone sus criterios (controles p.ej.) frente a los impulsos de gerentes de servicios u otros actores interesados. Además los pocos estímulos que reciben las personas en estas organizaciones, la desincentivación existente, empuja a actitudes del tipo "¿por qué me voy a complicar la vida para nada?".

Concluyo. Hablar de innovación en lo público tiene numerosos matices. Se trata de procesos complejos y muy diversos que tienen diferentes ritmos y factores de éxito. Es preciso que lo tengamos en cuenta.

Ideas sobre gobernanza en PUBLIC

2011-01-27T16:24:00.005+01:00

Acaba de ver la luz el último número de PUBLIC, la newsletter del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. Como siempre con un buen puñado de publicaciones académicas, eventos del IGDP y del Club Dirección Pública, artículos de profesores, y cómo no el chiste de Forges.

Os he seleccionado los tres artículos que me han gustado más de este número. Si tenéis ocasión de echarles un vistazo espero que os sirvan.

¿Qué es la gobernanza?
El lenguaje de la “gobernanza” se ha extendido con rapidez entre académicos y profesionales durante los últimos treinta años aproximadamente. Este lenguaje hace referencia sin duda al actual proceso de reforma del sector público. La gobernanza puede referirse a los cambios en la naturaleza y el papel del sector público, un desplazamiento desde la burocracia hasta los mercados y las redes. También puede aludir a un programa de reforma global que aborda preocupaciones tan diversas como la pobreza, la inclusión social, el comercio justo y los entornos sostenibles. Pero ¿qué es la gobernanza y en qué se diferencia del gobierno? Estas son algunas de las preguntas que traté de resolver mientras escribía The Sage Handbook of Governance.

Diferencias entre sector público y privado. Revisando el mito

¿Es diferente el sector público del privado? O, mejor dicho, ¿cuándo difieren entre sí? Y, lo que es todavía más importante, ¿qué interés tiene diferenciarlos? A fin de dar respuesta a estas preguntas, se ha realizado una revisión de la literatura sobre las diferencias entre el sector público y el privado publicada durante las últimas dos décadas. El análisis se presenta a continuación.

Gobernanza de organizaciones del sector público: retos y reflexiones

El movimiento de la Nueva Gestión Pública (NGP) ha cambiado la organización del sector público en el mundo entero. La especialización en el seno de las grandes burocracias monolíticas ha dado lugar a la creación de organismos autónomos con un único objetivo y a una proliferación del sistema administrativo, lo que precisa cambios en las formas de control.

La reforma de la Justicia al día

2011-01-24T16:31:00.006+01:00

Dentro de las actividades del Club de Dirección Pública de ESADE en Madrid, celebramos la noche del pasado jueves una cena-coloquio con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, bajo el título: "Modernización de la Justicia, una estrategia reformadora".

Para hablar de un tema que prometía encontramos un ministro que me sorprendió muy gratamente: persona tranquila, amable, cordial, discreta . Un perfil no muy mediático pero el idóneo para impulsar una política pública compleja que lleva tantos y tantos años intentando abrirse camino ante el fuego cruzado de los intereres particulares de las diversas tribus que la conforman.

Estos fueron los temas principales que se debatieron en un coloquio tan completo que (deferencia del ministro) se prologó casi media hora más de lo estipulado. Precisamente empezó el ministro su intervención inicial preguntándose: ¿por qué es tan difícil reformar la justicia? En primer lugar, por tratarse de una Administración con tanta tradición en la que existe un poder independiente (el judicial) que por su propia naturaleza (ser lo más objetivo posible) tiende a poner distancia con el resto. Además, se da la particularidad de que un poder (ejecutivo) presta servicio a otro poder. A ello se une una complejidad estructural por la existencia de diversos órganos, cada uno con su naturaleza jurídica propia: CGPJ, Fiscalía General del Estado, Administración de Justicia (dependiente de CCAA en muchos casos).

Su receta: trabajo, trabajo, y más trabajo. Silencioso y a base de diálogo. Puso como ejemplo lo que se viene haciendo con la profunda reforma organizativa que supone la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial, la cual aunque plasmada en una ley hace años había que ponerla en marcha. En eso están. El objetivo es que el juez se dedique a juzgar y abandone otras tareas de jefatura del juzgado. Es rompedor porque supone acabar con la herencia de siglos atrás, y hay que empezar casi de cero (creando por ejemplo las nuevas RPTs que no existen).

A nivel macro, la reforma organizativa importante es la reordenación de la primera instancia. Los actuales juzgados de lo social, mercantil, civil... nº 1, 2, 3.... se sustituirán por Tribunales de Instancia con diversas secciones temáticas. Habrá un presidente y una plantilla de jueces lógicamente, pero los asuntos serán del Tribunal, entrarán en él y éste resolverá con el juez que toque, suprimiendo esa adscripción tan personalizada de la actualidad que complica cosas tan básicas como la gestión de suplencias.

En cuanto a la tecnología el ministro es consciente de su importancia, no tanto en lo que se refiere a "poner PCs" sino lo que conlleva de cambio cultural. El objetivo es tener juzgados sin papel (la Audiencia Nacional está casi a punto de conseguirlo), y los medios ahí estarán; pero para que realmente lo sean, las personas que están dentro y fuera tienen de verdad que interiorizarlo y cambiar sus rutinas. Se logrará un ahorro de tiempo de un 35-40% en los procesos actuales, que revertirá en la economía (un sistema de justicia lento es un congelador económico). Pero surgen nuevas problemáticas jurídicas que se van solucionando sobre la marcha. Por ejemplo, ¿qué pasa si un juez se hace una copia personal de un auto para llevarlo a su casa y se le pierde una parte?.

Otra línea estratégica es lograr que entren menos asuntos en los tribunales. Por ejemplo, abriendo otras vías de resolución de conflictos. En España no existe cultura de mediación y arbitraje; cambiarla será uno de los objetivos de la normativa que se está preparando. Habrá mediaciones obligatorias antes de ir a un juez y se facilitará el arbitraje por profesionales de prestigio no necesariamente juristas. Llegarán menos asuntos al Tribunal Supremo para que éste se pueda centrarse en lo que le toca, homogeneizar doctrina.

Ética pública y Valores para la Gobernanza

2011-01-20T16:29:00.002+01:00

Hace un año organizamos desde el Club Dirección Pública de ESADE Alumni en Madrid un acto titulado "Ética pública y valores para la Gobernanza" en el que compartieron mesa redonda Jordi Sevilla (el ex-ministro de Administraciones públicas) y José Antonio Marina (el filósofo y pedagogo). La referencia que colgué en su día la podéis encontrar aquí.

Ha pasado el tiempo y gracias a la colaboración de la Cátedra de Liderazgo y Gobernanza Democrática de ESADE se ha publicado un libro de aquella actividad, que incluye la transcripción completa de todo lo que en ella se dijo. Fue una sesión francamente interesante con dos ponentes de relavancia por su conocimiento de la materia y dimensión intelectual.

Desde este blog pongo a disposición de todos vosotros dicha publicación, para que los interesados podáis leerlo con calma como si hubieráis asistido en vivo y en directo a la jornada. Lo podéis descargar aquí.

Grupo Linkedin del Club Dirección Pública ESADE Alumni

La Administración cerrada que no se abre

2011-01-18T16:29:00.003+01:00

Ayer conocíamos que la ley de Transparencia y Libre acceso de los ciudadanos a la información en poder de las AAPP no forma parte del calendario legislativo del gobierno de aquí a que acabe la legislatura el año próximo. Hablando claro: estaba en el cajón y el cajón quedará hasta no se sabe cuándo.

Es una mala noticia para todos los que con convicción defendemos la necesidad de un gobierno abierto. Pero a nadie puede sorprender. El anteproyecto de ley lleva meses dando vueltas y vueltas por los diversos negociados afectados pero sin una verdadera voluntad política de sacarlo adelante. Y ahí está el quid de la cuestión: para avanzar en el Open Government es necesaria una conjunción de importante compromiso político (a materializar en impulso) y un aparato administrativo proclive a dicho cambio.

A diferencia de algunas Comunidades Autónomas como la vasca ninguno de los dos parecen existir a nivel de Estado central. En el primer caso existe por lado un Lehendakari que concreta su discurso en decisiones tangibles que incluyen la creación de una estructura organizativa que dé soporte a esta política y el establecimiento de medidas específicas de coordinación, comunicación, etc.; y por otro, una Administración, con los vicios de todas, pero más joven y flexible que es capaz de acompañar en el proceso.

A nivel de Administración General del Estado la política de gobierno abierto no ha fracasado. Simplemente no ha existido, como he denunciado en anteriores ocasiones. Las promesas electorales y palabras huecas que a algunos parecían ilusionar se han concretado en poco o nada, y lo poco ha sido para relegar a los escasos instrumentos de transparencia y rendición de cuentas existentes como la Agencia Estatal de Evaluación (AEVAL).

Pero no nos engañemos, el nivel político no es todopoderoso, requiere de un aparato administrativo que digiera sus decisiones y las implante, sin mencionar las numerosas ocasiones que iniciativas incluidas en las agendas políticas salen de las diferentes capas administrativas en un proceso bottom-up que es poco conocido para quienes no hayan trabajado en lo público. Para mover a una AGE tan poco proclive en este sentido, anclada años y años en el autismo, hace falta mucho impulso y del bueno. Que simplemente no existe.

Esta es la cuestión, el gobierno abierno no cuaja a nivel central y en este post he intentado aportar algunas de mis opiniones. Vosotros tendréis unas cuantas más. Seguro.

10 claves de la sociedad información en 2010, también para las AAPP

2011-01-13T16:46:00.004+01:00

Esta semana se ha publicado el último informe La Sociedad de la Información en España 2010 elaborado por la Fundación Telefónica. Es una análisis preciso que da un diagnóstico completo de todas las variables que afectan al estado de la SI en nuestro país.

Lo creamos o no el entorno en el que se desenvuelven nuestras Administraciones se ve cada vez más afectado por estas tendencias. Es inevitable. Por ello, un aspecto vital para las personas que desempeñan responsabilidades en lo público es empezar a comprender estas transformaciones. Sé que a muchos de los que están dentro de las Administraciones, que lidian con un día a día en las antípodas de este tipo de cuestiones, esto que digo les suena a ciencia ficción. Pero tiempo al tiempo.

Las 10 claves sobre el estado de la SI en España que los autores del informe consideran son:

El sector TIC apuesta por la innovación para salir de la crisis. A fuerza de repetirlo parece una obviedad, pero no lo es. En general, hay mucho discurso alrededor de la innovación pero poca inversión privada. El sector TIC, por su propia naturaleza, es propicio a innovar. El que un 85% de sus empresa haya aumentado su inversión en innovación es un dato importante.

Las personas maduras se van incorporando a la SI. La inclusión en la cibersociedad de segmentos de población menos proclives a utilizar las TIC es un eje estratégico clave del impulso de la SI. Es esperanzador el que personas entre 45-64 años utilicen más internet y los índices crezcan más que la media de la sociedad. La alfabetizacion digital es un reto para todos, especialmente para las AAPP.

Nace el internet de las cosas. Más de 2 millones de máquinas se han conectado a internet, con un crecimiento de casi el 20% en el último año. Un universo de posibilidades en campos como la medición y diagnóstico es inmenso. La sanidad puede ser la puerta de entrada del M2M en el sector público.

La internet móvil se dispara. La banda ancha móvil crece casi al 60%, mientras que la fija al 8%. Los conceptos de presencia y ubicación se difuminan potenciando aún más las interacciones sociales. Las Administraciones se tendrán que ir posicionando en este nuevo escenario.

El vídeo domina el tráfico de internet. Qué duda cabe que lo visual es lo más atractivo. Las infraestructuras se tienen que adaptar dado su dimensionamiento en función de datos. Las pautas de relación y comunicación deberán hacer más hincapié en este canal y quién sabe si finalmente podremos por ejemplo tener atención ciudadana directa por video en un dispositivo móvil.

Comienza el movimiento Open Data. Hay ya numerosas iniciativas en este sentido desde diversas Administraciones públicas (Gobierno Vasco, Generalitat, Ayuntamiento Barcelona). La obligación de poner a disposición de la sociedad datos que legítimamente les corresponde se está imponiendo.

3 de 4 empresa emplean el Cloud computing. Se van asumiendo las ventajas del cloud para incorporar mejoras de manera ágil y ahorrando costes en el hospedaje de equipamiento, aplicaciones y datos. El reto está que las Administraciones públicas lo vayan incorporando y voces hay que lo vienen sugiriendo desde hace tiempo .

Los dispositivos portátiles revolucionan el mundo de publicaciones. Tabletas, ebooks, etc. han sido la gran novedad este año y son el entorno propicio para la digitalización de contenidos que hasta ahora habían quedado al margen.

La e-Administración española entre las mejores del mundo. Y tenemos que estar muy orgullosos de ello. En cuanto a oferta los datos españoles son excelentes. El eDNI es un modelo de referencia. El problema es de utilización y aprovechamiento de sus posibilidades en cuanto a reorganización internta, aumento de eficiencia y ahorro de costes. El margen en este sentido es amplísimo.

Redefinición de la estrategia europea y española en 2010. La Agenda Digital Europea impulsada durante la presidencia española pretende fomentar las infraestructuras de banda ancha ultrarrápidas, salvaguardar el carácter abierto de la red, fomentar el cloudcomputing a la vez que la banda ancha o interoperatividad de servicios públicos digitales. España ha planteado la estrategia 2011-15 del plan Avanza 2 , algunos de cuyos objetivos apuntan al sector público: promover procesos innovadores TIC en las AAPP, extender las TIC en sanidad y bienestar social o incrementar el uso avanzado de servicios digitales,

Justicia, la reforma silenciosa

2011-01-10T17:29:00.004+01:00

Empieza el nuevo año y con él llega el momento de retomar la actividad en esta bitácora y en la blogosfera pública. Todos los días estamos oyendo de reformas: la laboral, las pensiones, la del sector financiero, etc. Pero está pasando de puntillas una reforma que afecta a un servicio público fundamental: la modernización de la Administración de Justicia.

No es la primera vez que se está implantando una estrategia de modernización de la justicia. No vamos muy lejos. En el año 2001, gobierno (PP) y oposición (PSOE) firmaron un Pacto por la Justicia que incluía un ambicioso plan de iniciativas, algunas de las cuales acabaron poniéndose en marcha (cambios legislativos principalmente). Pero el pacto quedó en papel mojado y llegó el cambio de gobierno. Un nuevo gobierno que mantuvo y hoy todavía manteniene un buen nivel de asignación presupuestaria. Finalmente la política pública de reforma se formalizó en la Estrategia de Modernización de la Justicia 2009-2012 de la que hemos hablado en este blog en varias ocasiones .

Lo cierto es que el cambio se está produciendo a nivel de organización judicial (nueva oficina) o en la implantación de infraestructuras y soluciones tecnológicas integradas (p.ej. oficina sin papel), cambios legislativos (leyes procesales), etc.. Aunque me temo que no será suficiente: el verdadero reto es cambiar la cultura de colectivos muy diversos, con fuerte identidad, y una forma de hacer las cosas "de muchos años". Y esto no es fácil: de poco servirán los enormes esfuerzos e inversión si al final el funcionario de turno acaba por imprimir el papelito para meterlo en su expediente.

Estas y otras cuestiones que queráis plantear por este canal abordaremos en una cena-coloquio que desde el Club de Dirección Pública de ESADE hemos organizado en Madrid con el ministro de justicia Francisco Caamaño el próximo 20 de enero.

Un reto complicado este de reformar la justicia, pero necesario.

Reordenación, agencias y derechos en Andalucía

2010-12-28T16:43:00.004+01:00

Anda montado un buen follón en Andalucía a cuenta del decreto ley 5/2010 que el Gobierno Andaluz aprobó el pasado mes de julio sobre Reordenación del Sector Público.

El sector público está en el punto de mira; los tiempos de crisis que vivimos aprietan y los gobiernos adoptan medidas urgentes para ajustar sus cuentas.

Estemos de acuerdo o no con lo que está pasando en Andalucía hay que reconocer varias cosas a este gobierno. Primero, ha cogido el toro por los cuernos y ha apostado fuerte por reordenar el sector público andaluz "no sólo persigue una mayor racionalización del gasto, sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía". Cosa que a otros niveles de poder no se ha hecho.

Segundo, apuesta por una fórmula organizativa, las agencias públicas, que hemos defendido repetidas veces en este blog como una buena posibilidad para dotar a la acción pública de mayor flexibilidad y eficiencia en la realización de su labor. El DL hace una distinción muy oportuna entre agencias públicas empresariales, que prestan servicios en cuasi-mercados y se rigen por el derecho privado, y agencias públicas especiales que ejercen funciones de autoridad y se rigen por derecho administrativo o derecho privado según los casos.

El problema viene por la integración del personal en las nuevas estructuras y el cambio que puede suponer de situación. Tanto el DL como el acuerdo posterior con las organizaciones sindicales mayoritarias da opciones para una integración voluntaria especialmente del personal funcionario, que en cualquiera de los casos mantendrá su condición - aunque en el caso de agencias públicas empresariales se tendrá que laboralizar-. Teniendo en cuenta que queda en una situación de excedencia particular (prestación de servicios en el sector público andaluz) y que los méritos acumulados contarán para su historial administrativo las condiciones de integración parecen bastante razonables.

La mayor controversia surge por la integración del personal laboral como empleado público de la Junta. Quizá exista personal colocado "a dedo" que se vaya a beneficiar de unas condiciones muy favorables sin haber accedido por el sistema de selección habitual al empleo público. Habrá que ver si es cierto y de qué tipo de personal estamos hablando . Pero lo que no se puede negar es que desde un punto de vista de ordenación administrativa y de respeto a los derechos de los trabajadores a través de la negociación con las OOSS más representativas el proceso es acertado. El rechazo a ciertas prácticas no puede justificar la oposición a una medida de reordenación tan compleja como necesaria.

Administración y redes sociales: mi apuesta para 2011

2010-12-20T16:50:00.007+01:00

El otro día leía el documento Predicciones para 2011 sobre Administraciones y redes sociales publicado por la Generalitat de Catalunya. En él algunos expertos en comunicación, tecnología, innovación social, etc. dan su opinión sobre cuáles van a ser las tendencias del año próximo.

Debo felicitar a cada uno de ellos por las aportaciones realizas pero me gustaría destacar especialmente algunas de ellas: en opinión de Simon Collister es probable que desaparezcan las oportunidades de financiamiento para las innovaciones (....) siendo el gran reto para la Administración dar un paso adelante y financiar las prestaciones de servicios públicos utilizando la tecnología web 2.0. Roc Fages indica que la Administración deberá saber escoger con criterio hacia donde apuntan sus apuestas 2.0, siendo (...) la mejor apuesta la interna. Tona Pou no es muy optimista por lo que se refiere al avance de las redes sociales mientras que Dolors Reig indica que se abre un periodo contradictorio, con algunas Administraciones conscientes de la importancia de la red social conviviendo con otras que nieguen su seriedad. Por último, para Isabel Troytiño lo primero que debe preguntarse es qué quiere hacer la Administración en materia de redes sociales.

No puedo estar más de acuerdo con Isabel. Aunque la tendencia tecnológica es imparable, empezamos a dejar atrás las primeras etapas de ruido y caos que suelen acompañar a todo proceso de adopción de nuevas innovaciones y el panorama se tiene que ir aclarando.

En ese sentido pienso que el gran reto para las Administraciones públicas en materia de social media es ser capaces de determinar cómo las herramientas de web social pueden o no dar soporte a un planteamiento estratégico previamente establecido, más en áreas como innovación interna, gobierno abierto o comunicación, que en la misma producción de valor público (servicios, regulación, autoridad, etc.). Para ello, primero hay que tener una estrategia en alguno de estos campos; segundo, hay que analizar dónde se puede prestar este soporte; tercero, reflexionar sobre si va a ser necesario o no, sus beneficios e inconvenientes; y cuarto, definir una subestrategia de despliegue de redes sociales encardinada en la estrategia principal.

¿Se dan estas condiciones para 2011? Pienso que hay elementos para ser pesimista, al menos para el año que viene. En primer lugar, porque hay elecciones en la mayor parte de las Administraciones públicas españolas donde la aplicación de estas herramientas es más fácil (CCAA y EELL). Ello hará que hasta septiembre no se pongan en marcha nuevos equipos de personas que planteen nuevas estrategias. En segundo lugar, porque en un contexto donde la restricción presupuestaria está en primer lugar de la agenda, planteamientos donde puedan encajar estas cuestiones tienden a aparcarse por otros más prioritarios. Si analizamos experiencias de éxito (Gobierno Vasco, Generalitat de Catalunya) se pusieron en marcha a inicios de legislatura y en circunstancias diferentes.

Por ello, me inclino a pensar que a corto plazo (2011) las iniciativas serán acciones puntuales de mínimo presupuesto puestas en marcha por emprendedores internos con el objeto de aportar tecnológicamente soluciones rápidas a algunos de las cuestiones que muchos de los colegas apuntan (comunicación interna, financiación, gestión común del conocimiento).

Quizá a partir de 2012 puedan florecer nuevos casos de éxito de mayor enjundia. El año oque viene lo veremos.

10 consejos para el éxito de una estrategia pública

2010-12-13T17:35:00.004+01:00

Hace algunos años dos conocidos pensadores británicos en el ámbito de la reforma de la Administración pública, Osborne and Gaebler, pretendieron plasmar algunas de las patologías de las organizaciones públicas afirmando que Professionals and bureaucracies deliver services; communities solve problems [profesionales y burocracias suministran servicios mientras que las comunidades resuelven los problemas].

Obviamente no nos encontramos ante un dogma y por ello el debate está abierto. Pero a mi juicio tal sentencia desvela una de las carencias que el modelo burocrático de Administración no ha logrado resolver: el que un excesivo enfoque en las formas – procedimientos- acabe desplazando al verdadero fondo -problema social a resolver.

Con los tiempos que corren y las crecientes dificultades que las Administraciones enfrentan es preciso adoptar un enfoque alternativo, pensando y actuando en sentido estratégico, especialmente en aquellas organizaciones de prestacióni de servicios . Dicho enfoque implica orientar la acción pública al problema social a resolver, dotarse de claros objetivos en el marco del mandato político asignando y desarrollar una serie de acciones para lograrlo, midiendo y corrigiendo si se hace necesario.

Supone cambiar y hablando de estructuras humanas como son las Administraciones este cambio no es fácil. Es preciso gestionarlo. Para el éxito de este proceso podríamos establecer un decálogo basado en los siguientes aspectos:

1. Liderazgo: por un lado entendido como aspecto interpersonal, de motivación y orientación, de manejo del aspecto emocional del cambio. Por otro, como institucionalización de una función directiva profesional capaz de marcar una visión de futuro, generar confianza a través de una actitud coherente y dispuesta a gestionar el entorno ganando apoyo político / social a la estrategia. Por último, entendido como un liderazgo distribuido que “empodere”, genere un entorno facilitador y actúe como receptor / difusor de ideas.

2. Implicación de profesionales: salvar el recelo continuo entre el aparato administrativo y la clase dirigente poniendo en marcha un proceso de construcción de confianza , haciendo partícipes a las personas de la ebullición interna del debate estratégico y despejando incertidumbres.

3. Adaptación al ecosistema: plantear siempre estrategias públicas coherentes con el entorno histórico, social y cultural de la sociedad implicada.

4. Orientación a resultados, pero ojo a cuáles: que estén alineados con los valores y necesidades sociales, dotándoles permanentemente de visibilidad en relación a los objetivos planteados y coherentes con los principios y valores expuestos.

5. Comunicación y formación: para lograr la implicación a través de la motivación.

6. Visión global, implantación local: el pensamiento estratégico demanda un enfoque amplio y completo pero lo global no debe impedir lo concreto. Se deben concretar siempre objetivos, acciones y responsables.

7. Estrategia “útilmente” documentada: la formalización por escrito genera desconfianza si no va engrasada de liderazgo pero sirve para impulsar procesos participativos y un marco conceptual en el que situarse.

8. Desarrollo equilibrado y sostenido: se trata de avanzar, poco a poco, pero avanzar. Es mejor que no hacerlo.

9. Aprendizaje continuo: entender el cambio como progreso. Colectivo (organizacional) e individual.

10.“Timing” del proceso: la estrategia es siempre a largo plazo, pero el éxito radica en cómo ir modulando los tiempos con las decisiones y situaciones que puedan producirse.

Sobre BOEs extraordinarios y privatizaciones

2010-12-09T16:51:00.003+01:00

Dentro del contexto generalizado de medidas extraordinarias, inéditas publicaciones de boletines oficiales y reformas a mata-caballo el pasado viernes vio la luz un nuevo decreto-ley esta vez sobre actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y creación de empleo.

Es preocupante el gustillo que le está cogiendo el gobierno a utilizar el decreto-ley como cajón desastre de medidas varias, y eso que este instrumento jurídico está pensado para aquellos casos excepcionales que justifiquen la adopción de decisiones urgentes.

Opinar sobre ello no es el objeto de este blog. Si lo es, sin embargo, comentar las diversas reformas que el citado decreto pone en marcha en el ámbito del sector público. Y son varias.

Dos de ellas son importantes cambios jurídicos en el ámbito de la gestión aeroportuaria y la del juego público. Porque de ello es exactamente lo que habla el decreto y no las (anunciadas) privatizaciones, que tendrán lugar tan pronto como estos cambios se produzcan (aunque se abre la puerta ya que esta nueva estructura empresarial que se establece permmite la consecución del objetivo de dar entrada al capital privado, si bien manteniendo en todo caso el carácter estatal de la sociedad).

Es por tanto preciso delimitar estos dos ámbitos diferenciados: cambio de régimen jurídico y privatización. Respecto al primero decir que la conversión en sociedades estatales de los entes públicos AENA y LAE parece bastante razonable si ello va a ayudar a incrementar la eficiencia, la autonomía y flexibilidad en la gestión, lo cual es muy previsible que así ocurra. Además permitirá modernizar el funcionamiento de ambos servicios en un contexto de exigente demanda (aeropuertos) y cambios tecnológicos importantes (juego).

En cuanto a la privatización las cosas cambian. Estamos hablando de privatización pura y dura (venta de patrimonio accionarial público a inversores privados) aunque es cierto que el Estado mantendrá el control mayoritario de ambas sociedades. Privatizar a golpe de ideología me parece un error; también (mucho peor) hacerlo con las prisas de tapar agujeros presupuestarios, eso sí que es pan para hoy y hambre para mañana.

Asumiendo que los procesos políticos son complejos y marcados por determinadas circunstancias , las privatizaciones (en mi opinión) pueden tener cierto sentido, pero desde una perspectiva racional, y habiéndose valorado diversos aspectos. Por ejemplo:

Naturaleza del bien o servicio prestado por la entidad a privatizar: si es más o menos esencial, más o menos estratégico, tiene una mayor o menor dimensión social.

Condiciones del mercado donde opera la entidad a privatizar: si es un libre mercado real con actores privados fuertes que compitan libremente o si por el contrario se va a privatizar un monopolio público para convertirlo en monopolio privado. Si es un mercado que funciona correctamente o si presenta distorsiones que hagan necesaria una presencia pública que lo equilibre.

Que el mercado realmente aporte una mejora en el servicio de los ciudadanos: se presupone en muchas ocasiones que lo privado da mejor servicio que lo público. Hay casos es así, pero en otros no. Son aquéllos de organizaciones públicas con siglos de historia cuya única culpa ha sido que simplemente no han tenido buenos mimbres para hacer el tiesto (marco jurídico, presupuestos, etc.) y por ello su servicio se ha deteriorado.

Condiciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la entidad privatizada: los inversores privados estarán interesados en lo rentable, pero ¿y el segmento deficitario?

Que haya un comprador y el precio ofertado sea el adecuado: no siempre es así, puede haber compradores y las condiciones de mercado no permitir una buena venta. O simplemente no haber compradores que asuman la parte menos buena de la organización pública a privatizar.

Que la entidad sea un lastre para las arcas públicas: no tiene sentido privatizar lo que funciona bien y da mucho dinero a los arcas públicas. Tampoco hacerlo con organizaciones que, no siendo joyas de la corona, aportan un servicio público bien valorado por los ciudadanos a un coste razonable. Sin embargo, entidades fuertemente deficitarias e ineficientes pueden ser objeto de estudio para su privatización.

Tener en cuenta la dimensión social: el sector público no es una hermanita de la calidad pero guste o no es fuente de empleo para muchas familias y ayuda al mantenimiento de la cohesión ocial y territorial. Es preciso valorar este aspecto y sobre todo definir compromisos con el potencial comprador privado en este sentido.

¿Cumplen AENA y Loterías estas condiciones? Parcialmente. Los aeropuertos son una infraestructura básica y estratégica para un país. Algunos muy golosos para la inversión privada, la cual puede aportar un interesante know-how. Pero también es una red fuertemente deficitaria, engordada por decisiones territoriales no siempre racionales pero con un matiz político que se debe considerar. Por tanto una privatización parcial y una forma de gestión descentralizada y singular de cada aeropuerto puede tener un cierto significado. No así el juego público: no siendo un bien esencial se trata de un monopolio público que aporta miles de millones de euros de beneficios a las arcas públicas. Además, el respaldo del Estado garantiza una correcto desarrollo del juego y evita posibles fraudes, por no hablar de la importante red comercial que lo soporta y su tradición económica y social. Es decir, una auténtica joya que sin duda dará engordará la caja a corto pero supondrá una significativa merma estructural de los recursos públicos a medio y largo plazo.

Crisis y sector público: las reformas pendientes

2010-11-29T16:17:00.011+01:00

En el marco del Club Dirección Pública de ESADE en Madrid pusimos en marcha el curso pasado el ciclo Crisis y Sector público con la mesa redonda El papel del Estado en la economía: ¿un cambioi de rumbo?. Nos preguntábamos entonces si tras la revolución liberal de los años 90 y primera década del nuevo siglo, la crisis financiera planteaba una vuelta al keynesianismo y a un mayor papel de lo público en la economía.

Pasado un año, el pasado lunes retomábamos el ciclo con un panorama completamente diferente. A una buena idea de algunos miembros del Club le añadimos la salsa de un muy recomendable artículo de Francisco Longo titulado La burbuja de servicios públicos y pusimos en la mesa conocidas personalidades de lo público, la economía y el periodismo económico como Elvira Rodríguez, Antonio Miguel Carmona y Miguel Angel Noceda. Todo ello con un título sugerente: "Y ahora... ¿qué sector público y cómo financiarlo?".

El profesor Longo desató las hostilidades con una breve pero jugosa intervención en la que añadió una nueva derivada a la crisis actual: la crisis en la relación estado-sociedad y la necesidad de realizar un esfuerzo para preservar los rasgos básicos de nuestro modelo. Para ello sería necesario - en su opinión- una redefinición del esquema redistributivo, del catálogo de servicios públicos y de la universalidad de los mismos. En definitiva una reforma de los patrones de gobierno y Administración pública que si antes era considerada difícil hoy se torna indispensable.

Todos estuvieron de acuerdo que el quid de la cuestión estaba en determinar cuál debía ser el tamaño ideal, qué parte la es prestada con medios propios públicos, cuál la estructura orgánica y finalmente cuáles los esquemas de financiación. Teniendo en cuenta que gran parte del gasto público lo gestionan las CCAA y que un 65% del gasto corresponde a estado de bienestar y un 14% a infraestraestructuras. En este sentido para Elvira Rodríguez el esfuerzo se ha de hacer por el lado de los gastos: estructura competencial del sector público; separar lo cíclico de lo estructural; medidas a corto, medio y largo plazo; y poner en marcha políticas de gasto productivo (eliminar subvenciones). Si no decidimos dónde ponemos la raya, otros lo van a hacer por nosotros. Para Antonio Miguel Carmona el Estado tiene un importante papel en la economía y un decisivo factor redistributivo. Aporta equilibrio por cuanto supone una mejora sobre lo que no puede proveer el sector privado. Lo importante no es tanto cuestionar el déficit y recortar sino analizar su naturaleza, estacionalidad y decidir sobre los costes de oportunidad de financiar la actividad pública con deuda o con impuestos. En ese sentido cualquier acción sobre el gasto público no debiera ser reducir por que sí sino reducir partidas que me permitan hacer ciertas cosas como estimular la inversión productiva y el empleo.

Miguel Angel Noceda azuzó el debate poniendo sobre la mesa un asunto controvertido: ¿menos sector público a través de privatizaciones ¿sí o no? Para Elvira Rodríguez la cuestión clave es definir qué se quiere decir con "privatizaciones": si se trata de provisión privada de servicios públicos (ensañanza convertada), de colaboración público-privada para lograr mayor eficacia y eficiencia, SÍ. En este caso-en su opinión-no debería existir sesgo ideológico. Además se mostró escandalizada con que se haya incrementado la masa de gasto estructural con el respaldo ingresos coyunturales (de la construcción). En opinión de Antonio Miguel Carmona lo importante es tener un Estado con capacidad (musculoso) suficiente y eficiente, no como el caso irlandés que se ha derrumbado con un Estado mínimo. Y también se preguntó qué tipo de privatizaciones, en el sentido que las hay sólo de fachada al poner en manos de grupos de interés parapúblicos o pseudoprivados (Cajas de Ahorro) lo que venían siendo grandes corporaciones públicas. Además, no siempre privatizar es un fácil: tiene que haber un buen comprador y las partes del servicio público deficitarias pocos las quieren.

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Transparencia de bajo nivel

2010-11-23T17:51:00.003+01:00

Hace unas semanas se publicó el ranking sobre Transparencia de las CCAA elaborado por Transparencia Internacional España. Los resultados indican que Andalucía, Galicia o la Rioja arrojan la más alta puntuación mientras que Cantabria, Valencia, Baleares y País Vasco están en la cola.

Debo decir que el hecho en sí de evaluar y que lo realice una entidad independiente es positivo. Bienvenido todo lo que sea tener referencias. Ahora bien es preciso estudiar la metodología empleada para poder realizar un análisis más preciso y extraer conclusiones.

Primera conclusión: se aborda el concepto de transparencia más como instrumento de lucha contra la corrupción, que como aquella característica de un buen gobierno orientado a los ciudadanos. En este sentido, ganan peso los indicadores relacionados con las áreas económico-financiera, de control de compras u ordenación del territorio frente a los de relación con los ciudadanos.

Segunda conclusión: la sistemática de evaluación es mejorable. Permitir que sean los propios evaluados los que lo hagan a sí mismos en base a una valoración inicial de la entidad independiente conlleva una carga de subjetividad nada despreciable.

Tercera conclusión: se utiliza únicamente el criterio de "publicación en web" para asignar puntuación o no hacerlo. A estas alturas parece que está superado que la simple publicación en web sea un criterio de transparencia en el sentido de minimizar la corrupción. Por ejemplo: se puede publicar el resultado de la adjudicación de un concurso (adjucatarios y ofertantes) pero eso no indica que en el proceso no hayan podido existir irregularidades.

Cuarta conclusión: en mi opinión según los indicadores utilizados sitúan el listón de transparencia en un nivel bajo y en cierto modo desenfocado. ¿No os parece poco significativo a estos efectos el que se publiquen los datos biográficos de los cargos electos, las leyes de presupuestos, los acuerdos y proyectos legislativos, etc. ?

Quinta y última conclusión: ¿qué es más importante? ¿la publicación (infoxicación) o el establecimiento de sistemas de gestión que garanticen, apoyándose en una buena praxis y con las herramientas necesarias, una adecuada rendición de cuentas?

Tres líneas estratégicas para modernizar la Administración

2010-11-18T16:38:00.003+01:00

Hace unas semanas Jordi Sevilla escribía en su blog un magnífico artículo titulado La entropía del Estado que os animo que leáis. Sevilla es una opinión de peso en estas cuestiones, no sólo porque haya sido uno de los ministros que más se ha ocupado en llevar a la agenda pública iniciativas de calado en el ámbito de las Administraciones sino porque conoce bien el "medio" desde diferentes puestos en su carrera profesional.

Básicamente su idea es que en momentos en los que el déficit público ocupa prácticamente toda la escena menos hablar de tamaño - que no es el problema- y más de cómo podemos sacarle el mayor jugo a cada euro público gastado mejorando la eficacia y eficiencia. Y para ello propone tres líneas estratégicas en las que volcar los esfuerzos:

Las TIC en la Administración.

La evaluación de las políticas públicas.

Gestión de personas

Coincido con él y los que leéis con frecuencia esta bitácora lo habréis comprobado. Además ya hay Administraciones punteras del Estado que están trabajando en esa línea (os animo a que echéis un vistazo al Plan de Innovación Pública de Euskadi) .

TIC en la Administración

Montar la Administración electrónica no es tarea sencilla y tiene enorme mérito el esfuerzo humano y presupuestario que se ha desplegado en los últimos años. Pero hay varias derivadas en el marco de este concepto potente e irreversible que proporciona la tecnología.

Digitalización de servicios: muchas veces me pregunto si no estaremos reinventando el círculo haciendo una Administración incluso en ocasiones más complicada que la presencial. No me atrevo a ni pensar que estemos creando otro monstruo y la enorme cantidad de energía que en el esfuerzo de digitalizar se está desaprovechando

Cambios en la acción pública, en la relación con la ciudadanía e interadministrativa: para que se produzcan son imprescindibles voluntad política (obstáculo es mucho mayor). Por ello se digitaliza mucho pero se abre poco.

Evaluación de las políticas públicas

Hay un concepto clave en la gestión pública que distingue impacto social ("outcomes") de actividad ("outputs"). Las Administraciones generan actividad pero no siempre esa actividad se traduce en un cambios sociales. Algo similar pasa con la evaluación de las políticas públicas a nivel estatal. La AEVAL se creó y funciona con toda una estructura de unos pocos centenares de empleados públicos, básicamente la misma que cuando era una dirección general del MAP. Produce informes de evaluación, recomendaciones, sus funcionarios trabajan mucho y bien, el Consejo de Ministros le asigna trabajos todos los años. Produce actividad, pero no impacto. Su trabajo no sirve realmente cambiar el rumbo si una determinada política no está yendo bien, no alcanza sus efectos (ineficaz) y además no lo está haciendo a un coste razonable (ineficiente). Es preciso resituar la evaluación de políticas en primer plano de la agenda y más con la que está cayendo.

Gestión de personas

Muchos dicen (entre ellos yo) que un desarrollo del EBEP ambicioso y adecuado para los retos que afrontan nuestras Administraciones precisa dinero y coraje político para sacarlo adelante. Por eso o bien el desarrollo queda en el cajón o bien se sacan leyes que prácticamente no cambian nada. Ayer el vicepresidente lanzó a bote-pronto la idea de que parte del sueldo de los empleados públicos vaya ligado a su productividad. Dicho así es confuso: los empleados públicos a partir de un nivel ya cobramos en nómina una cuantía llamada "productividad" (mensual/trimestral) aunque bien es cierto que no está ligada a ninguna evaluación. Además, algunas organizaciones públicas a estas cuantías (que en la práctica son fijas) les sumaron (época de vacas gordas) una cuantía de "incentivos" que acabó integrándose en el sueldo fijo por la complicación de medir de forma objetiva la obtención de un resultado. Y es que aquí está el quid de la cuestión: cómo fijar objetivos y medir el desempeño de un empleado público según a qué niveles. La propia naturaleza del valor público creado por las Administraciones (difuso e intangible en muchos casos) lo hace difícil y finalmente puede convertirse en una valoración subjetiva dependiente de afinidades varias. Que sea universal lo veo complicado; para ciertos puestos (especialmente los de carácter gerencial) posible y deseable.

Cuando el MAP pasó a ser MPA

2010-11-15T17:57:00.005+01:00

Han pasado ya varias semanas desde que se produjo la última remodelación ministerial. Tiempo suficiente para que, más allá de los titulares periodísticos, se consoliden los cambios y salga publicado en el BOE el correspondiente RD por el que se aprueba la nueva estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Momento adecuado, por ello, de poder hacer algunas valoraciones:

1. Se confirma que la reducción ministerial es más nominal que real.

En política los gestos son importantes; y en estos momentos una reducción del número de ministerios seguramente lo es. Pero no nos engañemos: los efectos sobre el gasto público, insignificantes. El ahorro potencial que supone la reducción de dos ministerios (Vivienda e Igualdad) prácticamente se compensa con los gastos adicionales que se generan (traslados-si hay-, cambios en comunicaciones, portales institucionales, membretes, etc.). Dicho ahorro es escaso si tenemos en cuenta que los ministerios suprimidos se sustituyen por secretarías de estado, que las subsecretarías (en el caso de Vivienda) se convierten en secretarías generales, que algunas secretarías generales ascienden a secretarías de estado (Empleo) que los titulares de los órganos suprimidos o son altos funcionarios o políticos (también asesores) recolocados y que todo el resto de personal son empleados públicos que (no podía ser de otra forma) sigue en sus puestos.

2. Vuelve el MAP, pero con otro nombre.

Los nombres no suelen ser neutros y en este caso tampoco. El antiguo Ministerio de Administraciones Públicas pasa a ser Ministerio de Política Territorial y Administración pública. Es decir: primero la política territorial y posteriormente la Administración. Un jarro de agua fría, pero ¿a alguien le sorprende? El paso de toda la función pública a la vicepresidencia primera ya fue decepcionante. Ahora más de lo mismo. La política de reforma de la Administración sigue en el cajón.

3. Nuevas precisiones en la excepción de las direcciones generales.

La jurisprudencia obliga a precisar más cuando se excepciona el nombramiento de funcionarios en determinadas direcciones generales. Seguimos liados con el mismo tema desde los siglos de los siglos: la reserva a funcionarios públicos de los puestos de dirección en la AGE. Un absurdo mecanismo (cada vez con menos sentido) que permite a unos (los políticos) sortear cómo y cuando quieran para devolver favores varios; y a otros (altos funcionarios de ciertos cuerpos) para tener garantizadas por ley ciertas posiciones de poder. Un ejemplo lo encontramos leyendo el RD: la justificación de la excepción es impecable y estoy de acuerdo que hay requisitos objetivos que hacen necesario abrir la provisión de dichas DG a profesionales de cualquier naturaleza, no necesariamente de los cuerpos administrativos. Ahora bien, ¿se van a nombrar con criterios profesionales o se tratará de colocar al que toque? Por otra parte, ¿verdaderamente los técnicos de los cuerpos superiores tienen un perfil profesional acorde a dichos puestos? Magníficos técnicos pero seguramente en su especialidad, no en las necesidades que el RD expresa con claridad.

Y ahora... ¿qué sector público y cómo financiarlo?

2010-11-11T11:39:00.004+01:00

El sector público es un elemento esencial de la estructura económica de cada país. Lo público se proyecta sobre el conjunto de la actividad económica no solo como rector de la planificación general ―necesaria para promover el progreso―, sino que, además, en sí mismo representa uno de los motores de crecimiento y generación de valor en el conjunto de la economía. No obstante, los desequilibrios presupuestarios derivados de la recesión económica han provocado fuertes ajustes por parte de los gobiernos en el gasto público, además del debate sobre la necesidad de determinados gastos que plantean nuevos escenarios y nuevas incógnitas. ¿Cómo afectará esta situación al papel del sector público y a la economía en general? ¿Supondrá desembocar en un cambio de planteamientos o se tratará en un episodio coyuntural? ¿Cómo garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de un sector público de calidad?

Todas estas preguntas intentaremos darles respuesta en la mesa redonda compuesta por:

Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea de Madrid

Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía Mundial y de España en la Universidad CEU San Pablo y secretario de Política Económica de la Ejecutiva de la FSM-PSOE (Madrid)

Miguel Ángel Noceda, periodista económico de El País

Acto gratuito. Inscripción imprescindible aquí.

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Elvira Rodríguez es licenciada en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid. En 1972 ingresó en la Intervención General de la Administración del Estado, en la que ocupó diversas subdirecciones generales hasta 1996, además de pertenecer al Tribunal de Cuentas. Directora general de Presupuestos desde el 24 de mayo de 1996 y secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos cuatro años más tarde, fue nombrada ministra de Medio Ambiente por José María Aznar en marzo de 2003, puesto que ocupó hasta las elecciones generales de 2004. Hasta su designación como consejera de Transportes e Infraestructuras, fue diputada por Murcia y portavoz de su grupo en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como vocal en las comisiones de Economía y Hacienda y de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Secretaria de Política Económica y Empleo del Partido Popular. Diputada autonómica en las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas en mayo de 2007.

Antonio Miguel Carmona, doctor en Ciencias Económicas, es secretario de Política Económica de la Ejecutiva de la FSM-PSOE (Madrid), diputado socialista y portavoz de Economía en la V legislatura de la Asamblea de Madrid en el Parlamento Regional. Militante socialista desde 1986, es miembro del Comité Regional de Madrid desde 1994 y asesor económico del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid desde 1993. Cuenta con una amplia experiencia docente. Actualmente, es profesor de Economía Mundial y de España en la Universidad San Pablo. Fue profesor de Economía de Extensión en la Universidad de Berkeley (California), de Economía Mundial en la Universidad Complutense y de Economía en el CEU. Además de asignaturas económicas, ha impartido clases de Marketing y Proyectos Empresariales en la comunidad autónoma de Madrid.En Estados Unidos, participó en la campaña de Bill Clinton y en la de Barack Obama, desde las primarias presidenciales del Partido Demócrata de 2008 hasta su triunfo en noviembre de ese año. Colabora como tertuliano en varios medios de comunicación, como Telecinco, Telemadrid, VEO Televisión y elEconomista.

Miguel Ángel Noceda ha estado siempre vinculado al periodismo económico. Desde 1989 trabaja en El País, diario en el que ocupó el puesto de redactor jefe de economía (actualmente es corresponsal de esta sección). Inició su carrera en 1979 en la revista Mercado, que dejó atrás para incorporarse al diario CincoDías, y de ahí pasó a La Gaceta de los Negocios, de la cual fue miembro del equipo fundador. Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) entre 2003 y 2007.Es vocal de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
Acto gratuito

Crisis y reforma del Estado: ¿tensión productiva o improductiva?

2010-11-04T16:32:00.005+01:00

La semana pasada pude asistir a la conferencia que Koldo Echebarría gerente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pronunció en ESADE y de la que se hicieron eco algunos medios.

A continuación transcribo las notas que tomé durante la misma para poderlas compartir con vosotros. Reflejan obviamente sus opiniones, no las mías.

Crisis, ¿cíclica o estructural?

Lo que parece más evidente es que acelera tendencias; p.ej. trasladando PIB a países emergentes.

Nos enfrentamos a un proceso largo de desendeudamiento, con la dificultad añadida de que acelerarlo depende en buena medida de "expectativas" que no son buenas.

Ha habido un fallo en algunas políticas públicas (p.ej. calentamiento del sector de la vivienda) y un fallo en la articulación de la relación Estado-mercado.

Existe un déficit de gobernanza mundial; el G20 es un tímido avance, pero no esperemos de él grandes resultados por su propia naturaleza.

Las restricciones fiscales a las que están avocados los países desarrollados se complican en España por el impacto de sanidad y pensiones.

Las reformas deberían ir orientadas a crecer.

Los mercados están más pendiente de la calidad (fiabilidad) de la "política" en los países que del funcionamiento de sus instituciones.

¿Cuál es nuestro sector público en este contexto?

Tenemos un sector público de tamaño mediano-bajo (aportó datos a este respecto, especialmente aquéllos que comparan % de empleados públicos sobre población activa o sobre población total).

El % de gasto en capítulo I sobre el gasto público es de los más elevados de la OCDE; es decir, los sueldos públicos (medios) en España son relativamente altos (posteriormente aclaró que salía este resultado por el impacto del funcionariado medio que era numeros con sueldos altos en relació a otros países.

Las horas pactadas en convenios y acuerdos laborales se han reducido significativamente en los últimos años..

Además, según estudios del Banco Mundial (09) tenemos una efectividad administrativa más baja de la que sería esperable por nuestro nivel de riqueza.

Otras patologías (según Government at a Glace, OCDE 09): en términos de personas, poca delegación (flexibilidad), administración cerrada y blindada (con un acceso normalmente al principio de la carrera profesional), sin institucionalización de la función directiva profesional.

Su conclusión: No es problema el tamaño de nuestro sector público, sino su productividad, eficiencia y estructuras de gestión.

Modelos de reforma

a) Reforma vía ajuste (distinto de reforma). Diferentes posibilidades:

"Paquete" de medidas sobre gastos y/o ingresos (lo que se ha hecho en España): es lo más primario. Está demostrado que un 1% de reducción de gasto sobre el PIB implica una reducción del 0,5% del crecimiento.

Ajustes selectivos sobre gastos menos eficientes (lo que se ha hecho en UK) : es más complejo políticamente porque la elección de las partidas sobre las que recortar está sujeto a una estrategia de gobierno.

Congelación de partidas y desgaste sostenido del poder adquisitivo de las familias (por la inflación por ejemplo).

Problemas: debilita las capacidades del Estado, desmotiva a la ciudadanía y perjudica la profesionalización.

b) Reforma "eficientista":

Profundizar en la gobernanza fiscal.

Establecer límites normativos al gasto.

Establecer organismos independientes de control presupuestario.

Ajustes de gasto en función de los resultados de las políticas.

Problema: el de siempre que se establecen reglas, su poca capacidad de adaptación cíclica.

c) Reforma mercado:

Privatizaciones parciales , en su sentido estricto de venta de patrimonio público.

Establecer copagos (incremento de ingresos y racionalización de la demanda)

Problema: la dificultad de definir bien el papel del Estado al transferir parte de sus funciones al mercado y el riesgo de sustituir monopolios públicos por monopolios / oligopolios privados

d) Reforma de funcionamiento interno del sector público:

Agencialización: estandarizar resultados, asignar recursos, responsabilización.

Institucionalización de la dirección pública profesional.

Coaliciones de actores necesarios

Frente a la confrontación actual entre la coalición que está imponiendo el ajuste (gobiernos-mercados-burócratas fiscales-actores globales-parte de creadores de opinión) y la que se opone a él (profesionales públicos-electores-usuarios-algunos creadores de opinón) reivindicó como necesaria una coalición transversal que aglutine a gobiernos-burócratas fiscales por un lado con unos ciudadanos-usuarios-electores más "empoderados", mediante una subcoalición formada por directivos y profesionales públicos que desean en un cambio y creen que éste es posible.

La agencialización imposible

2010-10-28T16:27:00.004+02:00

Las disposiciones adicionales en las normas son a veces traicioneras, especialmente cuando se utilizan para colar "de rondón" algunas cuestiones importantes .

Quizá por ello se ha hablado poco (por no decir nada) de una medida importante puesta en marcha en el RD que daba forma al famoso paquete de ajuste del pasado mes de mayo:

Disposición adicional quinta. Creación de Agencias Estatales.
Se suspende lo dispuesto en la disposición adicional Trigésima primera de la Ley 26 /2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de tal forma que en 2010 no se autorizará la creación de ninguna nueva Agencia estatal de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.

Por fin aparece en el BOE lo que era un secreto a voces: Economía y Hacienda paraliza formalmente un fracasado proceso de agencialización en la Administración General del Estado. Y es que las Agencias nunca llegaron a despegar. Se hizo una ley con cierta convicción de los responsables políticos de la época pero nula por parte del aparato administrativo que tendría que dar desarrollo y continuidad a la misma. Lo vimos cuando aparecieron los decretos de estructura de las primeras (AEVAL, BOE, AECID, etc.): más de lo mismo pero con otro nombre. El proceso se fue apagando: a pesar de algunos anuncios pronto se empezó a ver cómo no cuajarían más. El RD de medidas extraordinarias les ha dado formalmente la puntilla.

Piensan muchos de los que tienen el poder real en las instituciones del Estado que pasar de una AGE burocratizada (en el fondo y en las formas) a una arquitectura basada en la gestión por resultados y la descentralización de responsabilidades es romper con las esencias más puristas del administrativismo español. Pensaron que ya que la moda era crear agencias, se crearían pero a imagen y semejanza de los viejos organismos autónomos. Hasta que nuevos miedos provocados por la crisis han parado el proceso. ¿Por qué? Seguramente por temor a que una descentralización que encumbre a gestores "poco responsables" en la cúpula de las nuevas agencias y dificulte un control más férreo de cada una de las decisiones dispare el gasto público. Y por aquí Hacienda, hoy en día no pasa.

Será sólo de momento porque la película no ha terminado. En los próximos años se volverá a presentar el modelo de agencias como solución para una gestión más eficaz y eficiente de numerosos ámbitos de la Administración. Y volverán a reproducirse viejas batallas. En Suecia ya han visto los resultados. Aquí esperamos verlos pronto.

Los nuevos funcionarios, ¿tendrían que poder ser despedidos?

2010-10-26T16:34:00.004+02:00

En los últimos tiempos viene siendo habitual una práctica que, sinceramente, no me gusta: persona de cierta relevancia participa en un evento con medios de comunicación, despliega un discurso en el que incluye diversas recetas para salir de la crisis (aderezadas con el tópico de turno) y los medios en cuestión que cubren en evento "pinchan" un magnífico titular que que supuestamente interesa a la audiencia.

Hoy me refiero a las declaraciones que ayer hizo Isak Andic, presidente de Mango: "los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos". El sr. Andic es un empresario de éxito que ha logrado poner en marcha un imperio comercial como es Mango, empresa de la que, por cierto, no tengo muy claro si es una referencia en cuanto a gestión de personas. Está muy bien que todo el mundo comente sobre lo público y su funcionamiento; es legítimo hacerlo, ya que "lo público es de todos". Pero, cuando se trata de alguien relevante (y Andic lo es) o estos comentarios se hacen en privado o de hacerlos con medios delante hay que tener cuidado o ser más riguroso.

Lo de "los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos" está abierto a numerosos matices, algunos de los cuales podría incluso compartir. Ese sería el caso si hablamos de revisar la naturaleza del empleo público, evitando la generalización indiscriminada del "funcionario de carrera" para todo: ello supondría una intepretación restrictiva del artículo 9 del EBEP para cierto tipo de puestos administrativos, auxiliares o de apoyo que serían de naturaleza laboral. También estaría de acuerdo en introducir cambios en los sistemas de ordenación de puestos de trabajo que permitiera una mayor flexibilización tanto en la asignación de funciones (polivalencia) como en la distribución de efectivos según necesidades del servicio. La ley básica ya está; hacerlo "tan sólo" (no es nada fácil) supondría desarrollarla de una manera u otra.

No estaría de acuerdo en el caso de que las intenciones fueran otras. Por ejemplo, situar a los empleados públicos (funcionarios o laborales) como privilegiados por la estabilidad de su puesto de trabajo. En ningún caso. El derecho al puesto de trabajo del empleo público tiene una causa antigua pero vigente: mantener la independencia de la Administración frente al poder político, la continuidad de la acción del Estado en el tiempo o proteger el "expertise" institucional. El problema no está ahí (mecanismos para separación del servicio ya existen) sino en las dificultades para gestionar flexiblemente adaptándose a las circunstancias.

Quizá le traicione el subconsciente al sr. Andic al pensar en el despido como primer instrumento del que echar mano en caso de tener que racionalizar ; y no me extraña: es práctica a veces utilizada en medianas y grandes empresas. Discrepo si es así : las organizaciones públicas están sujetas al principio de eficiencia y racionalidad económica pero su objetivo principal no es el beneficio económico ni su subsistencia depende directamente del mismo. Lo que les pedimos a estas instituciones es que presten lo más eficazmente su misión pública con los medios que se determinen siendo además conscienctes de que el ámbito temporal de las políticas públicas es sensiblemente más amplio que en el mundo de los negocios . Por tanto, los ajustes han de hacerse de forma diferente.

Por último quizá la sugerencia del despido en el empleo público que nos hizo el presidente de Mango sea la solución al supuesto problema del funcionario vago que pasa de todo amparándose en que nunca se le va a echar. O que el saber poder ser despedidos incentiva a las personas.También discreparía si fuera así. La incentivación del trabajo público es imprescindible. Elementos de incentivación se deben implantar por el simple hecho de que no existen . Pero debe hacerse con imaginación, asumiendo el terreno que se pisa y pensando siempre en incentivar el buen rendimiento. Hablar más premios que de castigos, porque los primeros están por descubrir pero de los segundos ya hay algunos: la leyenda negra de que a un funcionario no se le puede castigar es desconocer la realidad ya que formas las hay y aplicarse a veces se aplican. Aunque no con el despido.

El sector TIC y el ajuste presupuestario

2010-10-21T17:43:00.003+02:00

El 34% de los profesionales TIC en España trabajará en la Administración pública. Un dato interesante que lógicamente tiene un matiz importante: no se refiere únicamente a empleo público puro y duro, sino también incluye los empleos indirectos generados en el sector privado para abordar los proyectos TIC que en los próximos años vayan a desarrollarse en las Administraciones. ¿Será realmente así o se trata de un brindis al sol?

No podemos olvidar que el sector público es un elemento esencial en la estructura económica de cada país. En estos momentos nos enfrentamos al doble desafío de cambiar nuestro patrón productivo a la par que es precisa una modernización a fondo de Administración pública. Ambos elementos confluyen en el sector TIC: se trata de uno de los sectores de alto valor que deberían potenciarse en nuestro país y es un instrumento importante para la modernización administrativa.

Todo ello exigirá dinero público: por una parte en gastos de personal (capítulo I) si es que van a ser necesarios más empleos TIC; por otra, mantener un aceptable nivel de inversiones (capítulo VI). Por último, el gasto corriente en mantenimiento de estas infraestructuras (capítulo II) se incrementará notablemente. Enfrente nos encontramos con los objetivos de estabilidad presupuestaria que figuran en el primer lugar de la agenda pública de todos nuestros gobiernos: drástico recorte del nuevo empleo público (tasa de reposición en un 10%) y recortes en gasto corriente e inversiones de doble dígito.

¿Cómo compatibilizamos una cosa y otra? Ahí está el quid de la cuestión. Una sugerencia: revisar las plantillas de las Administraciones y reciclar parte de personal hacia puestos TIC con un esfuerzo importante de formación. No es descabellado. Conozco ámbitos del sector público donde se ha hecho. Y ha funcionado bastante bien.

Gobierno abierto y Naciones Unidas

2010-10-18T17:24:00.004+02:00

Muy interesante el documento de Conclusiones del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas que os comenté en el post del otro día. Un buen ramillete de "sabios" provenientes de diferentes países y, por tanto, diversas culturas político-institucionales que, en su reunión del pasado mes de abril, reflexionaron sobre cuáles serían los retos y oportunidades de la Administración pública en el contexto de la crisis financiera y económica.

Una cosa me llama poderosamente la atención: cómo y cuánto han cambiado las cosas desde la fecha de dicha la reunión. Por aquel entonces estaba asumido técnica e ideológicamente que la respuesta a la crisis se basaba en una vuelta al papel de lo público tanto en su vertiente de motor para reflotar la economía (keynesianismo) como regulador de ciertos mercados cuyo mal control o no control habían provocado el desastre financiero. Pero la crisis de deuda de mayo y junio ha cambiado por completo el panorama y actualmente la agenda dicta austeridad, austeridad y más austeridad en el gasto público.

Hecha esta salvedad algunas conclusiones hoy parecen papel mojado como por ejemplo el fomento de la capacidad de liderazgo en el sector público en la crisis financiera y económica. Con la austeridad, difícilmente. Otras, sin embargo, mantienen toda su vigencia y además van en la misma dirección que nos hemos manifestado repetidas veces en este blog.

Por ejemplo:

Fortalecimiento de la gobernanza pública para lograr una respuesta rápida y coordinada. Difícil, pero imprescindible restablecer la confianza en el gobierno mediante valores morales y la integridad de los procesos públicos. Más difícil todavía, pero aún más necesario el establecimiento de mecanismos reforzados de gobernanza política y económica a nivel global. Problemas globales necesitan soluciones globales. Obvio, ¿ o no? ... cuando de lo que hablamos es de conflictos de poder y los delicados equilibrios de la geopolítica.

Prestación de servicios públicos centrados en ciudadanos. La idea no sólo se refiere a la clásica de captación e interpretación de las necesidades sociales para la formulación de políticas públicas. Sino a algo más innovador, con más fuerza para el presente-futuro: plantean aumentar no sólo la participación sino también el empoderamiento. No hay buenos gobiernos sin buenos ciudadanos (Alorza dixit).

Transparencia y rendición de cuentas. Precisamente el representante español, Francisco Longo, apuesta por el gobierno abierto como una de las soluciones. Pero ojo, advierten de justo lo que últimamente me lleva a mayor reflexión alrededor de esta idea: la complejidad de la transparencia requeriría incluso un cambio de valores y visión; o la apertura podría entrar en conflicto con otros valores públicos como el buen desempeño, la equidad social, el derecho a la intimidad y la representación democrática. Según uno de los expertos, los beneficios de la transparencia son claros, pero lo difícil es saber cómo pasan a la práctica: el secretismo y la aversión al riesgo de la AAPP, la falta de conciencia ciudadana en cuanto al derecho a la información y sus beneficios, y la aplicabilidad de las TIC en contextos donde predominan las tradiciones orales y el contacto personal.

El éxito , aparte del uso de herramientas tecnológicas, radicaría en adecuadas campañas de información pública, códigos de conducta o capacitación de empleados públicos. Por tanto, no sólo de instituciones y normas oficiales sino también de normas oficiosas como normas éticas, valores democráticos y compromiso político. Lo dicho, la dimensión ética del open government.

Innovación, dirección pública y expertos de la ONU en nuevo Public

2010-10-14T17:26:00.005+02:00

Tras un breve paréntesis se acaba de publicar el último número de PUBLIC la newsletter del Instituto de Gobernanza y Gestión Pública de ESADE. Como es habitual viene repleta de interesantes referencias académicas, artículos en prensa de los profesores del Instituto, eventos organizados por ESADE y los Clubs de Dirección Pública en Madrid y Barcelona, etc...

Podéis echarle un vistazo y seleccionar lo que más os interese. Me permito recomendaros algunos de ellos:

La innovación dentro del gobierno: análisis de la importancia de las redes de trabajo. La catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Melbourne Jenny Lewis nos cuenta los resultados de un gran proyecto de investigación realizado en once municipios del estado de Victoria (Australia) para analizar los resultados de la innovación en las Administraciones públicas. La conclusión es interesante: las redes informales (numerosas y potentes dentro de las organizaciones públicas) contribuyen a explicar los procesos de innovación; es decir, los innovadores tienden a saltarse las estructuras formales con el fin de conseguir resultados. Cada Administración da lugar a una cultura local de innovación según sean sus estructuras formales e informales. Interesante.

¿Qué valor tiene el directivo público en España? En los tiempos que corren Eduard Gil, gerente de servicios del Ayuntamiento de Rubi, rema a contracorriente. Con una argumentación sólida critica la aplicación de los recortes salariales en el ámbito de los directivos públicos, indicando su alto nivel de responsablidad en la obtención de valor público, su nivel retributivo insuficiente (si lo tomamos en relación a otros puestos de las organizaciones públicas y al del sector privado) y su carácter muchos casos eventual como factores que justificarían el haber recibido un mejor trato en el famoso "tijeretazo". Lo dicho, a contracorriente.

También podéis encontrar amplia documentación de la sesión del Comité de Expertos en Administración Pública Internacional celebrada en la ONU la pasada primavera en la que participó el profesor Francisco Longo. Un documento impresdicnible: Retos y oportunidades para la Administración pública en el contexto de la crisis finaciera y económica

Y más , mucho más..... pero eso ya os lo dejo a vuestra curiosidad.

Administración 2015, ¿sin papeles?

2010-10-06T16:30:00.002+02:00

2015. Esa es la fecha que el Gobierno se ha marcado como objetivo para que no existan papeles en las Administraciones públicas. Sinceramente a día de hoy me cuesta mucho imaginarme unas Administraciones en las que el papel haya prácticamente desaparecido y no creo que en 2015 veamos algo similar. Aunque como visión de futuro y meta estratégica me parece acertado incidir en mejorar la gestión interna a través de la digitalización de los numerosos y farragosos trámites que, desde el registro a la notificación pasando por los recursos, inundan los procedimientos.

El Plan Avanza 2 que pilota el ministerio de Industria está dando sus primeros pasos como herramienta básica para la ejecución de la política de impulso de la sociedad de la información en España. Una política mermada por la desaparición la pasada primavera de la dirección general que tenía encomendado su desarrollo y por los recortes presupuestarios que prácticamente la totalidad de planes y programas de la AGE van a sufrir en los próximos años. Pero un plan imprescindible para cambiar el modelo productivo del país. Ojalá tenga el mismo éxito que su primera versión.

Además de la Administración sin papeles para el 2015 otros de los ejes de actuación serán la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, concienciación sobre el uso y la confianza en Internet (actuar más sobre la demanda que la oferta) y el impulso de las TIC en sectores estratégicos.

Para cumplir con el reto de Administración sin papeles se digitalizarán todos los trámites administrativos, se finalizará la incorporación de la firma electrónica (DNI electrónico) y se hará una migración de todos los registros hacia el formato digital. Dentro de este eje de actuaciones, también se realizará especial hincapié en la extensión de las TIC en sanidad, justicia y se potenciará la aplicación de estas tecnologías en el sector educativo y formativo.

Precisamente en este blog hemos lanzado hace poco un debate (continuado por otros blogueros como Antonio Galindo o David R. Jordan) sobre una de las áreas de mejora donde tiene que centrarse la estrategia de digitalización de servicios públicos: aumentar su uso. El Plan Avanza 2 aborda este problema (espero que menos tímidamente que el anterior en el que los objetivos principales eran otros) al reconocer que conseguir las metas anunciadas pasa obligatoriamente por el aumento del uso y de la confianza en Internet por la sociedad española. Para ello se ejecutarán una serie de acciones encaminadas a la extensión de la cultura de la seguridad de la información entre la ciudadanía (mayores 45 años) y las PYMES.

El Plan Avanza 2 deja de lado el espinoso pero decisivo asunto de la interoperabilidad y las comunicaciones. Con nuestro modelo competencial difícilmente existirá una Administración sin papeles si no se ha logrado una exitosa implantación de ambos. No nos olvidemos de ello.

El Observatorio del Empleo Público en EXPANSION

2010-10-04T14:04:00.004+02:00

La pasada semana Expansión publicó un artículo sobre el recientemente creado Observatorio del Empleo Público. Me pidieron mi opinión al respecto que la podéis leer directamente en el link ajunto o en el artículo completo que copio en este post.

LA REFORMA DEL EMPLEO PÚBLICO ABOCADA AL FRACASO
El recientemente creado Observatorio para el Empleo Público pretende ahorrar el camino para hacer frente a los problemas endémicos que aquejan a las plantillas públicas tras la descentralización autonómica. Pero, en principio, creado como herramienta de análisis, podría acabar por no ser operativo ya que carece de fondos y sus decisiones no son vinculantes.
El Gobierno dio luz verde el pasado 2 de julio a la creación del Observatorio de Estudios del Empleo Público, cuyo fin será "analizar la situación actual del trabajo en las Administraciones públicas". El nuevo organismo, establecido en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), carece de poder ejecutivo y tiene una naturaleza consultiva, por lo que ha sido recibido con frialdad por los expertos: imperan las dudas de que tenga capacidad de contribuir a resolver los problemas estructurales de la gestión del empleo público y podría quedarse en un ostentoso nombre más para la maraña administrativa.

Su objetivo principal será “la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos y el seguimiento de la calidad de los servicios y del empleo público”, según reza el Real Decreto 868/2010 que regula su composición y régimen de funcionamiento, así como “establecer un sistema de indicadores sobre la coyuntura del empleo público” y “realizar diagnósticos de las plantillas de trabajadores de las Administraciones estatales, especialmente sobre el acceso al empleo público de personas con discapacidad y riesgo de exclusión social”. También prestará "especial atención a la igualdad de trato entre hombres y mujeres" y elaborará estudios sobre la calidad de los servicios públicos, para lo que elaborará un informe anual sobre las tendencias del empleo público. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, que se encargó de presentarlo, subrayó que "no acarreará costes adicionales" para las arcas públicas y será un “foro de intercambio y comunicación de información” para hacer "más eficiente" la Administración.

El Observatorio del Empleo Público es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, y lo presidirá el actual tiitular de la Secretaría de Estado para la Función Pública, además de dos vicepresidentes, que serán los actuales directores generales de Función Pública y Costes de Personal y Pensiones Públicas.

Cuenta, además, con 21 vocales de la Administración Central, autonomías y ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y representantes de Función Pública de los sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde se fraguó el acuerdo para acordarlo en el marco del diálogo vigente hasta 2012. Contará, además, con un secretario y se reunirán una vez al año para analizar las conclusiones de estudios y análisis que encarguen a grupos de trabajo.

Ahora bien, la definición de esta nueva institución como “una herramienta de la Planificación Estratégica de Recursos Humanos, que recogerá, analizará y difundirá información sobre la situación actual del empleo en las Administraciones Públicas, y diseñará modelos prospectivos que sitúen al empleo público en condiciones de encarar las necesidades futuras” podría quedarse en una mera descripción ampulosa: Los expertos consultados por Expansión.com coinciden en que esta medida puede acabar siendo papel mojado, y las críticas al nuevo organismo no se han hecho esperar.

Desde el sindicato FEP-USO -no presente en la Mesa de Diálogo Social- se preguntan “qué sentido tiene crear un observatorio para diagnosticar necesidades en materia de recursos humanos y al mismo tiempo aplicar el tijeretazo a las futuras OEP”, señalan, en referencia a la decisión del Gobierno de recortar el número de vacantes para la AGE, que anunció al mismo tiempo que daba luz verde al observatorio. “Esperemos que este nuevo órgano no se convierta en otro chiringuito para contentar, financiar y acallar a nuestros colegas sindicales”, señalan.
El riesgo, que acaben siendo inoperantesPara Óscar Cortés, vicepresidente del Club Dirección Pública Esade Alumni y editor del blog i-publi@, “los grandes problemas del empleo público son la evaluación del tipo de empleo necesario, necesidad de profesionales, incorporación de categorías profesionales, dimensionamiento de plantillas por sectores, qué debe hacerse con medios propios y qué se puede externalizar, etcétera“, señala, problemas que tampoco podrían encontrar solución tampoco con la creación del observatorio.

“El RD se desprenden preocupantes síntomas que acaban convirtiendo este tipo de organismos en inoperantes”. En primer lugar, porque es un órgano consultivo: es decir, que “emitirá informes, opinará y sugerirá pero ahí podría quedar la cosa. Será el gobierno de turno quien tendrá que tomar decisiones, y eso ya lo veremos. Sería de agradecer un poder más vinculante”.
A esto se une que tiene carácter interministerial: “Es decir, de nuevo otro de estos grandes grupos de trabajo donde los distintos representantes acaban actuando en función de sus intereses particulares y del poder relativo de sus departamentos”. Para colmo, “es un órgano cerrado y endogámico, formado únicamente por las administraciones y sindicatos; es decir, seguimos igual, no entiendo por qué no se incorporan personas cualificadas externas, como expertos en gestión de personas o catedráticos que puedan aportar visiones diferentes”.
“Sobre el papel, el observatorio tiene cometidos que resultarían interesantes -por ejemplo, el estudio de redimensionamientos de plantillas- y algunos hasta ambiciosos -delimitar sectores reservados a empleados públicos, delimitar las externalizaciones o evaluar el tipo de empleo y perfiles necesarios en la Administración-. Ciertamente, parte de estas actividades se están haciendo o se podrían hacer por las unidades administrativas existentes del Ministerio de Presidencia, pero la necesidad de aportar una visión bien estudiada, independiente y renovadora justificaría la creación de un organismo como puede ser el Observatorio”.

“Hasta aquí, perfecto”, señala Cortés. “El problema está cuando conocemos su composición y funcionamiento; de ella, a priori, lo que se deduce es que pueda acabar convirtiéndose en uno más de la larga lista de órganos burocratizados que operan en la Administración general del Estado. Por una parte su carácter colegiado e interministerial, sin un liderazgo atribuido claro, ralentizará y complicará los trabajos. Por otra, su composición ignora la presencia de expertos y profesionales de fuera de la propia AGE que puedan aportar una visión diferente. Por último, su carácter consultivo hará que sus análisis y recomendaciones queden supeditadas a la decisión final del ejecutivo de turno y a sus intereses políticos”.

En definitiva, la iniciativa despierta serias dudas, concluye: “La historia administrativa está repleta de precedentes similares y poco o nada se ha hecho desde su constitución por marcar un camino diferente. Por tanto, quizá para este viaje no hagan falta tantas alforjas y un grupo de trabajo en la Mesa general de la Función Pública con estas materias sobre la mesa hubiera sido suficiente”.

La idea es buena, pero habrá que esperar a la prácticaMás optimista es Ricardo J. Escudero, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, en Madrid. “Que se creen este tipo de organismo colegiados y consultivos no me parece una medida negativa, siempre que no conlleve incremento del gasto público, lo que ya recoge el real Derecreto, por razones obvias de contención del gasto en un contexto de crisis. En principio, su fin es positivo ya que es dictaminar y diagnosticar los problemas que tiene el empleo público y las distorsiones que se producen en las comunidades autónomas por la descentralización de la gestión de los recursos humanos en las administraciones, que puede acabar por sobredimensionar las plantillas públicas.

El problema es que aún no se sabe cómo va a funcionar, qué competencias va a tener, si la administración se lo va a tomar serio o al final va a terminar formando parte de la red burocrática... hace falta un órganos de estas características, pero otra cosa distintas es la práctica: para que funcione con eficiencia, necesita la colaboración decidida de la AGE, ámbito en el que se ha creado, pero también las comunidades autónomas, la FEMP y los organismos sindicales”.

El profesor no cree que haya duplicidades en el sentido estricto de la palabra, ya que las juntas de personal (que equivalen a los comités de empresa en la administración pública) tienen funciones específicas. Las autonomías también, y aunque coincidan en competencia, no son los mismos órganos”. Admite que en la administración existen órganos ineficientes e inoperantes al carecer de funciones ejecutivas. Por ello, la prioridad de este nueva estructura debe ser “el análisis exhaustivo de la situación de el empleo público de forma general y de formar desgagregada en los equipos de recursos humanos de las administraciones públicas de la autonomiás, la elaboración de informes, propuestas e iniciativas.

La primera limitación -no ser vinculante- es lógica, pero el consejo es siempre útil, afirma Escudero. “La prioridad es realizar estudios. El observatorio debería tener medios para poder realizar diagnóstico de recursos humanos tanto cualitativo como cuantitativamente, analizar las disfunciones y después hacer propuestas a los órganos competentes para que las asuman”. Las prioridades de estudio están claras: “En el proceso descentralización del personal se han mantenido estructuras que ya no están justificadas, mientras que hace falta más movilidad para dotar a otros organismos infradotados e imprescindibles en la Administración. Hay que dotar de eficiencia a la gestión de los recursos humanos, instaurar más políticas formativas, estudios para ver cuáles son las razones del absentismo, a qué obedecen...”, menciona.

“Por tanto, se debería contar con personas cualificadas que aporten su punto de vista profesional e interesadas en la problemática del empleo público. En la universidad tenemos las herramientas para hacer análisis, pero no tenemos acceso a los datos”.

Ya hay competencias homólogas

El experto en Derecho Público José Ramón Chaves García 'Sevach' también mantiene una visión crítica en su blog Contencioso.es. Este invento tecnoburocrático presenta grandes ventajas: “da idea de modernidad e innovación, evoca neutralidad y permite ganar tiempo a las autoridades competentes sobre empleo público. Mientras se constituye el órgano, se reune, aprueba planes, realiza memorias y papiroflexias varias, todos se quedan expectantes”.

“Ahora bien, a la hora de crear un órgano administrativo, la Ley 30/1992 impone la economía y ausencia de duplicidad, o sea, que no debe crearse un órgano si existe otro con funciones coincidentes. Pues bien, basta leer el organigrama del Ministerio de Administraciones Públicas o de la Consejería autonómica con competencias homólogas para ver que hay decenas de órganos que tienen atribuida esa función de “diagnosticar” y “proponer” medidas sobre el empleo público, sin olvidar los órganos de representación ( Juntas de Personal y Mesas Negociadoras) donde se canalizan propuestas y cristalizan acuerdos".

"Es más, el viejo Consejo Superior de la Función Pública creado por la Ley 30/1984 no sirvió para nada y fue suprimido por la Ley 7/07, así que hacerlo renacer de sus cenizas reconvertido en un 'Observatorio' resulta hilarante", continúa en su blog. "De seguir esta tendencia a crear y recrear órganos, la función pública está llamada a mirarse el ombligo y autodiagnosticarse, con pomposos dictámenes que jamás se traducirán en normas". Sevach se pregunta, además, si los dictámenes del observatorio no serán la “coartada técnica” para vaciar de contenido y aplicar bisturí al Estatuto del Empleado Público (EBEP). “Por último, dicho órgano resulta muy curioso, por un lado, porque el RD silencia quien lo impulsa y cómo se expresa su actuación. Es como crear un coche sin saber qué motor utiliza y en qué dirección. Eso sí, con carrocería preciosa”.
El este experto se teme que con este organismo se intente “buscar fórmulas, planes de empleo o modificaciones legales que adelgacen las plantillas, permitan amortizar plazas, obligar a la movilidad forzosa de los empleados públicos o fijar ámbitos donde acudir al sector privado que permitan una especie de desarme burocrático. Y, sin embargo, se echa de menos que no haya ni siquiera nombrado la necesidad de “deslindar de forma clara, los puestos reservados a empleados públicos (laborales o funcionarios) y los que puede desempeñar el personal eventual”.
¿Justificación para cobrar dietas?Pilar Jiménez Rius, doctora en Derecho y profesora de Ciencias Políticas y Administración Universidad ICADE, coincide con Sevach en que el observatorio tiene atribuidas funciones y competencias que el ordenamiento jurídico ya ha encomendado a otros órganos: los ministros, la Dirección General de la Función Pública y a la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los servicios (AEVAL), al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de Control Externo (ver análisis adjunto).

“Estas funciones deberían realizarse por el valioso personal integrante de dichas unidades administrativas sin necesidad de crear otra estructura más como es el mencionado Observatorio. No se entiende muy bien las razones de la creación de este órgano colegiado cuando la mayoría de sus miembros ya tiene atribuidas las competencias que van a desarrollar en el seno del Observatorio de manera ordinaria por el ejercicio inherente a su cargo. La única explicación que tiene es el posible cobro de dietas por desplazamiento al observatorio de sus miembros aunque, claro, entonces se estaría incumpliendo la D.A. 2ª del Decreto de creación del Observatorio que indica que “en ningún caso, el funcionamiento del Observatorio del Empelo Público implicará directa o indirectamente incremento de gasto público”.

“Con la creación de este Observatorio se ha venido a infringir de un modo indudable el artículo 11.3. de la Ley 30/92 que señala que “no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”. Así mismo, se ha infringido el cumplimiento de multitud de principios constitucionales y legales que deben inspirar la actuación de las Administraciones Públicas tales como los de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, transparencia y responsabilidad por la gestión pública, entre otros”, continúa Jiménez.

“En tiempos de crisis económica como la actual, la creación de órganos como éste implican falta de sensibilidad social, jurídica y económica por pretender hacer creer a la sociedad que se van a adoptar medidas excepcionales para mejorar el empleo público mediante la creación de este Observatorio cuando en realidad estas medidas o competencias ya existen desde hace muchas décadas en el seno de la propia Administración Pública”.

La Administración electrónica y sus desajustes

2010-09-27T16:14:00.004+02:00

Recientemente hemos conocido el Informe Anual Sociedad en Red 2009 que elabora el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y SI dependientemente del Ministerio de Industria. Se trata de un informe muy completo y documentado que repasa minuciosamente los distintos ejes relativos al despliegue de la sociedad de la información (SI) en España.

Ateniéndonos al mismo España está cada vez mejor posicionada en SI. Más de la mitad de hogares tienen internet, estamos por encima de la media europea en penetración de la banda ancha (décimos en cuanto a abonados a este tipo de líneas), somos los terceros en el ranking mundial de usuarios activos de redes sociales, líderes europeos en empresas conectadas, etc.

En cuanto a la Administración electrónica más de 17 millones de ciudadanos tienen e-DNI y más del 97% de los trámites de la Administración General del Estado son accesibles por Internet. Además, España se encuentra en la tercera posición de los 157 países analizados en el ranking mundial del índice de e-Participación, mejorando 31 puestos respecto al año anterior.

Hasta aquí algunos de los datos que se desprenden en el informe. Ahora bien, ¿cuál es la realidad?. Fijémonos en lo relativo a la Administración electrónica: la mayoría de personas que conozco tienen el e-DNI y cada vez que observo que alguien lo tiene le pregunto por su utilización, si conoce sus claves, en qué trámites lo ha utilizado, etc. Prácticamente nadie sabe realmente para lo que sirve, algunos lo han utilizado únicamente para las gestiones con Hacienda y poco más. Y hablo de un perfil entre 35-45 años, de nivel medio-alto de poder adquisitivo y con conexión a internet. No podemos negar que desde la Administración se han hecho campañas o se ha incluso regalado lectores. No parece suficiente.

Lo mismo ocurre para los servicios públicos electrónicos. Dejando aparte la Agencia Tributaria, su desconocimiento por parte del ciudadano medio es elevado. Ayuntamientos o CCAA que son las instituciones con servicios de mayor proximidad no están difundiendo adecuadamente los trámites disponibles on-line y los beneficios que ello conlleva para todos.

No me cansaré de denunciar desde este blog que aún queda mucho por hacer. No puede ser que estando tan bien posicionados en términos de oferta, habiéndonos gastado millones de euros y siendo tan necesaria la potenciación del canal on-line para que se produzcan transformaciones dentro de las Administraciones públicas, el uso de los mismos sea tan limitado.

¿Un 25% menos de Administración?

2010-09-22T16:42:00.004+02:00

Con algunos procesos electorales por delante ya sabemos que los políticos se animan a llenarse la boca de promesas que en el oido del electorado suenen bien. La última la del canditato de CIU a la presidencia de la Generalitat que anuncia que si gana "reducirá la Administración catalana un 25%".

Dicho así no sabemos muy bien lo que quiere decir porque es tan ambigua la afirmación que de todo lo que puede ser , quizá acabe siendo nada. Podemos entender Administración como el todo o únicamente el sector público administrativo o el sector público empresarial; podemos entender Administración como la estructura completa de puestos de trabajo o únicamente los órganos superiores de dirección; podemos entender Administración como el nivel central o el territorial o ambos; podemos entender Administración como el personal de confianza o los interinos (a los fijos en principio no se le puede tocar).

Hay muchas formas de enteder la Administración pero muy complicado afrontar la realización de este tipo de anuncios, al menos tal y como aparecen. La dificultad estriba que nadie quierer poner el cascabel al gato y afrontar la raiz del problema: un modelo burocrático universal que nadie se atreve a cuestionar.

Me explico. El diseño de nuestras Administraciones (especialmente la estatal y autonómica) responde, todavía hoy, a los principios de organización maquinal que Webber consagró a comienzos del siglo pasado: verticalidad, jerarquía, división de funciones, poder de la tecnoestructura y preminencia del puesto de trabajo frente a la persona. La realización material de todo ello da lugar a lo que tenemos, ni más ni menos: burocracias que tienden a expandirse porque nadie realmente afronta un modelo de Administración pública diferente.

Cosas se pueden hacer pero no se hacen porque al poder burocrático, el poder político acaba respondiendo con timidez. Vayamos de abajo arriba en la pirámide administrativa para comprobar algunas de las disfunciones presentes.

Puestos base con funciones obsoletas y división funcional exagerada.

Heterogeneidad de puestos de mandos intermedios (jefes de sección, etc.). Bajo nivel de supervisión (spam). Se busca satisfacer las aspiraciones de una carrera profesional subiendo de un nivel a otro.

Órganos directivos que crecen a medida que aumenta la estructura de puestos intermedios (inspecciones de servicios, subdirecciones generales adjuntas, jefaturas de área, etc.)

Amplias y poderosas tecnoestructuras con una carga estructural importante.

Órganos superiores de dirección (subsecretarías o secretarías generales técnicas) que se replican de un departamento a otro.

Comprobamos por tanto que la cuestión es de mayor calado que la simple reducción por decreto de un puñado de puestos. Implica un cambio de pensamiento, una adaptación de todo un modelo administrativo a una nueva realidad. Mientras esto no se produzca seguiremos (casi) igual.

Gestión pública como discurso de valores

2010-09-20T16:35:00.003+02:00

He finalizado recientemente el libro Escenarios de la gestión pública del siglo XXI que, coordinado por los profesores de ESADE Francisco Longo y Tamyko Ysa, repasa algunos de los retos y tendencias principales en el manejo de los asuntos públicos para las próximas décadas.

Me ha gustado especialmente el último capítulo La gestión pública como discurso de valores escrito por el profesor Longo. Un retrato interesante de lo que es la gestión pública desde el punto de vista de los valores y dilemas a los que se va a enfrentar en el futuro. Aunque lo podéis leer compleo (muy aconsejable), para aquéllos que no tengáis la ocasión os hago un breve resumen del mismo.

La Administración se ha venido configurando desde sus orígenes (y aún hoy) como una burocracia instalada en un ideal de valores. Bajo esta perspectiva se establece una superioridad moral de la Administración basada en el sometimiento de la ley, el cumplimiento de patrones de conducta moralmente elevados o la independencia de los burócratas profesionales frente a los políticos. Así se establecen dos grandes objetivos: el logro de la seguridad jurídica y un funcionamiento eficaz del gobierno y las instituciones, los cuales se logran mediante una organización maquinal de las mismas en las que los servidores públicos tienen como premisa ética la aplicación con pureza de lo previsto en el ordenamiento jurídico, con honradez, salvaguarda del interés general e igualdad en el trato de los administrados.

La crisis del discurso burocrático aparece cuando las transformaciones de los Estados se hacen incompatibles con el poder conquistado por los aparatos burocráticos. Dichas transformaciones se refieren a la importancia adquirida por el sector público, la globalización, la complejidad de las redes institucionales o la aparición de nuevos problemas sociales. El modelo burocrático se ve desbordado por nuevas tendencias como la orientación eficientista, el énfasis en la calidad de servicio o la necesaria "receptividad" de la Administración a las que difícilmente puede dar respuesta.

Así, frente a aquéllos que rechazan muchas de las nuevas de las formulaciones de la Nueva Gestión Pública por considerarlas una amenaza para la ética pública, el profesor Longo apuesta por conservar algunos fundamentos centrales de la Administración burocrática (seguridad jurídica, profesionalización, interdicción de la arbitrariedad) pero reequilibrándolos con nuevos, ajenos al discurso de integridad burocrática. La adopción de estos valores suponen asumir el tránsito de un modelo ético de referencia pensado en buena medida en garantizar los derechos de los ciudadanos frente al Estado, a otro cuyo propósito central es garantizar a los ciudadanos el derecho a un Estado capaz de repsonder a los retos colectivos de nuestros días (sic).

Algunos de estos nuevos valores:

Racionalidad económica: maximizar el valor público, conciencia de los costes de la acción pública.

Responsabilidad por los resultados: el juego limpio debe ir más allá del cumplimiento de los procedimientos.

Voluntad de colaboración con otros actores: un imperativo ético.

Protección del patrimonio público: indispensable preservar el interés general en las decisiones que comprometen recursos públicos.

Permeabilidad al ejercicio activo de la ciudadanía: aceptación y estímulo a la participación; transparencia; orientación a la satisfacción del usuario

¿Es posible conciliar en plena crisis?

2010-09-15T16:29:00.004+02:00

Desde que hace cuatro años a Jordi Sevilla se le ocurrió sacar adelante el Plan Concilia para la Administración General del Estado habíamos oído pocas (por no decir casi ninguna) iniciativas de conciliación en el ámbito de entidades significativas del sector público.

El propio Sevilla, junto a Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios de Trabajo y María Garaña, presidenta de Microsoft acompañaron al alcalde Ruiz Gallardón en la presentación del Plan Concilia Madrid cuyo objetivo es facilitar a los empleados públicos municipales la conciliación de sus vidas profesional y laboral a la par que redunda en un interesante ahorro de costes para la Administración madrileña.

En efecto, según los planes del Ayuntamiento, con horarios más racionales y flexibles no sólo aumentará la productividad sino que se va a ahorrar dinero en suministros (gasto de luz o calefacción) y, lo más importante, se podrán amortizar hasta 775 vacantes por una mejor ordenación del tiempo de trabajo. Obviamente el plan tiene un alcance limitado pues sólo afectará al personal de back-office, en ningún caso a las unidades de atención ciudadana que requieren horarios más amplios.

España es un país con un déficit cultural importante en todo lo relativo a productividad laboral. Se "está en la oficina" muchas horas sin que ello redunde en un mejor rendimiento; desayunos, charlas de pasillo, comidas alargadas, siestas, etc. añaden tiempo en el trabajo pero no necesariamente mejores resultados, con el agravante de sostener un déficit importante en atención a la familia y tiempo de ocio, pilares fundamentales para la estabilidad emocional (y consecuentemente el rendimiento laboral) de cualquier persona.

Como dijo ayer Gallardón "somos europeos en la moneda y mercado laboral pero no en los horarios". Aquí "estar en la oficina" se valora en positivo y "salir pronto" etiqueta negativamente a aquellos que se lo proponen. Y no nos engañemos, ocurre en el sector privado pero también en el sector público. La leyenda urbana de que el empleado público sale muy pronto y (por eso) trabaja poco no es cierta. Cualquiera que haya trabajado en el sector público habrá podido comprobar que a partir de ciertos niveles (obviamente no es los inferiores) las tardes empiezan a partir de las cinco (comida + siesta de más de dos horas) y se prolongan hasta bien entradas las ocho.

Es paradójico que en plena crisis el problema de la conciliación se esté agravando. Por una parte repite hasta la saciedad la cantinela de que "hay que trabajar más por menos" frente a "hay que trabajar mejor y ser más productivos"; por otro está el temor de los empleados a dar argumentos (saliendo antes) a aquéllos que preparan las largas listas de EREs y/o despidos.

En éste, como en otros muchos temas, vamos por mal camino. Si como se dice es momento de ahorrar y ajustar, iniciativas como las del Ayuntamiento se deben aplaudir porque racionalizar implica precisamente eso, buscar soluciones que pasan por ajustar los recursos a las necesidades y sacarles el máximo rendimiento. Y eso no sólo se logra en función de los topicazos que todos conocemos.

Institucionalismo y gobierno abierto

2010-09-13T16:33:00.003+02:00

Los tiempos que corren se caracterizan por esquemas de gobernanza cada vez más complejos. A nivel estatal la capacidad de decisión política (competencias) está fragmentada entre diferentes estructuras de poder territorial. Un esquema descentralizado que se complica cuando, además, muchas de las políticas tienen que ponerse en común en organismos multilaterales supranacionales.

Por ejemplo, la reciente crisis de deuda ha puesto de manifiesto la necesidad de una coordinación más intensa en políticas económicas, financieras y monetarias entre los socios de la unión y del euro. Se está replanteando la llamada gobernanza económica en el sentido que la Comisión previsiblemente va a tener capacidad de supervisar las cuentas públicas condicionando las decisiones de los parlamentos nacionales, en un ejercicio claro de cesión de soberanía.

Todo este proceso y otros similares se llevan a cabo bajo un aparentemente bien engrasado institucionalismo que permite un minucioso proceso de toma de decisiones de alto nivel en un escenario de precarios equilibrios e intereses contrapuestos. Qué duda cabe que en el caso de la construcción europea o en otros con el tiempo los resultados acaban llegando, con el tiempo pero llegan.

La pregunta es: ¿cómo los ciudadanos están condicionando este proceso? ¿realmente se les está teniendo en cuenta? Acaba siendo un problema cuando los ciudadanos perciben este institucionalismo como algo alejado sobre el que poco pueden actuar con sus decisiones. Cualquier encuesta sociológica reciente refleja que la ciudadanía ve con distancia y desconfianza todo este "tinglado" sobre el que se asienta el funcionamiento de la cosa pública, sensación agravada por una crisis que cae de lleno sobre millones de familias.

Por ello se plantea un reto importante: ¿cómo conjugar gobierno abierto con un institucionalismo que tiende a encerrarse sobre si mismo? ¿ cómo ir abriendo cauces de participación efectivos en un contexto intrínsecamente hostil? Las respuestas seguramente no son nada fáciles.

Una posible solución viene con un cambio hacia un modelo de gobierno abierto que vaya más allá y se entienda como un cambio sustancial en la propia naturaleza de nuestras democracias y cambios radicales en la arquitectura del poder. Una aportación sería enfocar el debate en la esencia del problema incorporando al habitual discurso (perspectiva tecnológica) otros puntos de vista de naturaleza filosófica, jurídica y de ciencias de la administración. Quizá de esta manera, sumando presión social e intelectual desde diversos frentes el problema puediera acabar entrando la agenda política. Algo que hoy todavía quejos lejos.

Ayuntamientos y morosidad: solución im-posible

2010-09-09T16:49:00.004+02:00

Cada vez va quedando más claro que en lo público una cosa son las palabras y otras los hechos, que raras veces las unas y las otras guardan relación. También parece más evidente que hacer leyes es una cosa, cumplirlas otra bien distinta y exigirlo en los tribunales no te quiero ni contar.

El otro día hablábamos sobre las dudas que despierta la anunciada (que no aprobada) ley de Transparencia. Hoy nos tenemos que hacer eco de la noticia que revela Expansión sobre el incumplimiento, por parte del sector público, de la ley de Morosidad a los pocos meses de haber entrado en vigor. Como suele ser habitual en los artículos periodísticos hay algunas imprecisiones y cierta demagocia, pero ¿es que alguien esperaba otra cosa?.

Aunque es pronto para hacer balance lo que mal apunta mal acaba. Mucha y buena voluntad legislativa de acabar con la morosidad puede haber pero si antes no se ha resuelto el problema de la financiación de ciertas AAPP (entidades locales en este caso) difícilmente éstas podrán pagar a sus proveedores cuando casi no pueden pagar a sus empleados. Los ayuntamientos no sólo están secos sino que difícilmente pueden encontrar otras fuentes de ingresos que no sean las transferencias, con los impuestos vinculados al ladrillo bajo mínimos y la prohibición de endeudarse impuesta por el gobierno central. ¿Qué les queda? Pues a la espera de más recursos, revisar sus presupuestos y recortar, difícil papeleta teniendo en cuenta que los servicios públicos que prestan son básicos y, sobre todo, con la amalgama de intereses particulares, clientelismos y proceso electoral que tienen por delante.

La financiación local es un asunto prioritario que debe entrar en la agenda política. Pero hacerlo cuando no hay recursos es como lograr la cuadratura del círculo. Si además hay elecciones, un imposible.

Otoño caliente, perspectivas frías

2010-09-07T16:46:00.004+02:00

Comienza un nuevo curso. Momento de marcar en la agenda las tareas prioritarias en los próximos meses. En lo público, un curso difícil muy condicionado por la crisis económica y el comienzo de una larga temporada electoral (catalanas y municipales).

El gobierno central (y por ello los autonómicos) sigue (y seguirá) sin poner en marcha una clara y marcada política pública de reforma de las Administraciones con un liderazgo visible y recursos asociados por lo que iremos comprobando cómo en los próximos meses se hacen "cositas" pero quizá menos: el escenario electoral y la escasez presupuestaria van a parar o retrasar (una vez más) algunos de los diferentes proyectos que llevan tiempo en la agenda política pero que, por un motivo u otro, no acaban de despegar; especialmente en lo que se refiere a aquéllos que levanten más debate o requieran más recursos.

La primera prueba de fuego está en la ley de Presupuestos que el ejecutivo necesita sacar a toda costa.

En materia de personal no habrá sorpresas: después del tijeretazo toca congelación salarial. Continuarán las negociaciones de los convenios colectivos del sector público empresarial que acabaran reflejando, también para el personal laboral, rebajas salariales. Aunque el gobierno mande algún mensaje optimista las expectativas de recuperación de poder adquisitivo de los empleados públicos tendrán que esperar al menos hasta el 2012, año electoral. Igualmente los presupuestos marcarán de nuevo una OEP muy restrictiva.

Muy esperada (tres años de retraso !) es la ley de función pública de la AGE que según el compromiso del Gobierno debiera ver la luz este mes de septiembre. No tengo ni idea si será así o no, pero me temo que acabaremos viendo un texto descafeinado o si no tiempo al tiempo. No está el Gobierno para enredarse en guerrillas con los grupos de poder de las Administraciones públicas en temas que interesan poco a los ciudadanos ni para calentar más aún a unos sindicatos de uñas. Por tanto, asuntos tan importantes como la dirección pública profesional, la carrera profesional o la evaluación del desempeño se abordarán en la ley pero con el enfoque de "no incomodar". Ojalá me equivoque.

En cuanto al gasto corriente e inversiones las Administraciones se tendrán que apretar, una vez más el cinturón. A nivel de la AGE la pelea de cada ministerio con Hacienda promete ser guapa y previsiblemente se pararan la mayor parte de proyectos no prioritarios. Esto afectará a las TIC que verán congelados en términos reales parte de sus dotaciones presupuestarias. Ciertamente España ha avanzado mucho en Administración electrónica en los últimos años y estamos a buen nivel en el ranking de países avanzados, especialmente en servicios ofrecidos on-line a empresas y ciudadanos. Pero hay dos retos: su utilización y la interoperabilidad. No es que para ello se requieran enormes asignaciones económicas pero hay que concienciar y tener voluntad política de acuerdo, no sé si posibles en los tiempos que corren.

En los próximos meses veremos de nuevo candidatos electorales modernos, conversos a las nuevas tecnologías y a la moda "open" que se acercarán proactivamente a los ciudadanos para conversar con ellos e invitarles a participar a través de avanzadas plataformas tecnológicas. Muy bien !!. Pero igualmente (y ojalá me equivoque) veremos como los que ganan volverán a encerrarse en su urna institucional y los que pierden volverán a los cauces habituales del parlamentarismo y el tacticismo partidista para hacer oposición.

Saldrá incluso una ley de Transparencia aprobada por las Cortes que dará respaldo legal al acceso público a la información en poder de las AAPP y obligará a éstas a dar cuentas de oficio a los ciudadanos de los resultados de su actividad. Veremos en qué queda todo ello.

La colaboración público-privada, anunciada en los meses anteriores para el ámbito de infraestructuras, se verá materializada en diferentes modelo de partenariado, previsiblemente la mayoría del tipo project finance. No queda más remedio si hay que invertir y la caja del tesoro público está vacía. Esperemos que se haga bien, sin excesos y en condiciones equilibradas que den beneficios tanto a socios privados como a públicos.

Por otra parte hay sempiternos problemas que seguirán sin resolver: el de la estructura organizativa de la AGE (más allá de los retoques estéticos de las crisis de gobierno), una arquitectura institucional que reproduce al milímetro las patologías de la Administración central o la financiación de servicios básicos esenciales (Sanidad o Administración local).

Como veis estas son algunas pinceladas, no muy optimistas por cierto, de lo que puede ocurrir en los próximos meses. Pero puede haber sorpresas: ¿ o es que el año pasado cuando a estas alturas se firmó el Acuerdo Gobierno Sindicatos en materia de función pública alguien podía pensar que el recorte de sueldos de mayo se iba a producir?

Ley de Transparencia, ¿hoy?

2010-09-02T17:42:00.004+02:00

Atrás quedaron las vacaciones y va siendo el momento de iniciar el nuevo curso con ánimos renovados. He vuelto y tras leer durante los días de descanso titulares en El Mundo y El País de que el Consejo de Ministros iba a aprobar el 20 de agosto el anteproyecto de ley de Transparencia he buscado, buscado, buscado... y nada, el dichoso proyecto de ley (proyecto si es que ha sido aprobado por el Gobierno) no aparece por ninguna parte.

Tendremos que esperar hasta hoy para que vea la luz un proyecto que fue promesa electoral del presidente del Gobierno. Bienvenido, por supuesto, pero un proyecto tardío y no sé si del todo necesario. Me explico: parece evidente que la transparencia debe ser un principio rector de toda actuación pública, ya sea ésta a nivel político o administrativo. ¡Por supuesto! Es el "a-b-c" . Pero todos sabemos que las decisiones políticas, los actos administrativos y en general todo lo que rodea a lo público peca en demasiadas ocasiones de opaco y endogámico. Es el punto al que hemos llegado, seguramente como resultado de la distorsión tremenda que la partitocracia y la perspectiva burocrática ha introducido en numerosos ámbitos de la gestión pública.

Por tanto, hay que mantener el debate y la reivindicación continua de más y más transparencia. Para ello hay muchas vías, una de las cuales sin duda es la legal. Pero el problema en este país es el de siempre: sólo pensamos en hacer leyes. Optando así por la vía legal promovemos un debate durante su aprobación, sacamos unos cuantos titulares y luego nada, se cumplen "así-así" y seguimos igual. Una ley sin actuaciones concretas y sin presupuestos asignados que plasmen las mismas es algo vacío que sirve para casi-nada.

Aunque hacer leyes sin duda es lo característico de nuestra cultura político-administrativa no tiene por qué ser lo ideal, en especial en este tipo de cuestiones. La opción de trabajar y educar en valores y principios de gestión (como hacen por ejemplo otras culturas como las nórdicas o anglosajonas) seguramente es menos farragosa, menos costosa y con mejores resultados.

Pero... ¿por qué de esto nadie habla? Me pregunto