¿Profesionalizar? la dirección pública

Desde múltiples y variados ámbitos - esta bitácora uno de ellos- se reclama con insistencia la profesionalización de la dirección pública.

Ahora bien, ¿qué significa "profesionalizar"? ¿entendemos todos lo mismo cuando utilizamos ese termino? Me temo que no. El que les habla entiende profesionalizar como la institucionalización de un marco específico propio para el ejercicio de funciones directivas en la Administración. ¿Esto que quiere decir? En primer lugar hablamos de una perspectiva gerencial, orientada a la obtención de resultados mediante la gestión de proyectos y el liderazgo de las personas a su cargo. Esto supone tomar decisiones, arriesgar, negociar, torear crisis, orientar, motivar y conectar personas. Pero también, refiriéndonos en concreto a la esfera pública, dirigir a los que te dirigen (políticos) y conocer la maquinaria administrativa para sacarle el máximo partido.

Mi discrepancia está con aquellos que conciben la profesionalización de la dirección pública como la última estación de la carrera administrativa de altos funcionarios de carrera, con ánimo de bilandar este espacio al nepotismo de los políticos. Bajo mi modesta opinión este punto de vista supone seguir anclado al viejo enfoque de la Administración pública burocrática de finales del siglo XIX, uno de cuyos rasgos fundamentales es la continua disputa entre políticos y élites administrativas por el control de mayores cuotas de poder en los niveles superiores de la Administración.

Nos encontramos por tanto con un concepto, el de dirigir, que va ligado a un nuevo modelo de Administración postburocrática que debe ser el característico para afrontar los complejos desafíos públicos de los tiempos que corren. A diferencia de administrar o dictaminar, que siendo perfectamente necesarios en determinados ámbitos de la creación de valor público, no pueden malentenderse como lo que no son en un renovado enfoque de Administración del siglo XXI.

Por tanto, siendo dirigir necesariamente diferente a administrar o dictaminar es erróneo concluir que de forma necesaria la profesionalización de la función directiva deba suponer que ésta deba ser automáticamente ocupada -a modo de meta profesional- por esos administradores o expertos técnicos que nutren los altos cuerpos administrativos. Obviamente, tras la debida formación o reciclaje (a dirigir se aprende) puede serlo, pero no porque caducos blindajes normativos así lo impongan.

El reto precisamente es salirse de esta dinámica, cosa que en ciertas Administraciones hoy parece ciertamente utópico. O si no, a los nombramientos de estas semanas me remito.

Píldora sobre #ogov: ciudadanos, ¿nacen o se hacen?

Un gobierno abierto se basa en una ciudadanía madura, responsable, consciente de su identidad como sujeto político e implicada en la construcción de lo público. Esta me parece una base indiscutible e innegociable para poder construir el gobierno abierto. Mucho más que abrir canales de participación o ventanas al secretismo. Sin duda es importante hacerlo; pero , ¿de qué sirve si la sociedad está instalada en esa mezcla explosiva de infantilismo, ignorancia y dejadez?

La pregunta es: esta ciudadanía, ¿nace o se hace?. Rotundamente lo segundo: la ciudadanía se hace, desde la educación familiar, escolar, social y también en el debate público que todos los días inunda los medios de comunicación. Un debate en el que políticos y tertulianos son protagonistas y en el que uno no sabe bien - o mejor sí que lo sé pero no quiero ni imaginarlo- cuál es el juego que se pretende. ¿Idiotizar aún más a la sociedad para poder utilizar después el viejo argumento de que la gente no participa o si la invitamos a hacerlo en temas sensibles (por ejemplo, medidas impopulares) el resultado va a ser disparatado?

Por tanto, el sistema político y social tradicional nos viene ofreciendo, cada vez más, un menú envenenado, un círculo vicioso mortal de necesidad para avanzar en el camino del gobierno abierto. Únicamente el poder de las redes y espacios libres de interacción y debate como internet garantizan un contrapoder necesario para la existencia y desarrollo de una ciudadanía cívica y responsable.

Esa ciudadanía, sí, que es la verdadera base del gobierno abierto.

AAPP: 12 peticiones para 2012

Pasados uvas y Reyes, el año nuevo y la existencia de renovados equipos al mando de las instituciones públicas me han animado a escribir una lista de deseos para el ámbito que trata este blog, la modernización de las Administraciones públicas. A ver qué os parece:

1. Que el cortoplacismo no ciegue el cambio profundo que demandan nuestras AAPP. Apostar por innovación en el sector público no es una paranoia, es una necesidad, pero lleva su tiempo.
2. Ley de Transparencia sí, pero no como estación de llegada del gobierno abierto sino como punto de partida.
3. No confundir la legitimidad que da el voto en unas elecciones con la imprescindible participación ciudadana en las políticas públicas. Hacerlo, en los tiempos que corren y con las herramientas existentes puede ser suicida para cualquier gobernante.
4. Que las reducciones lineales (hachazos) dejen paso a revisión meniculosa de las partidas de gasto (cirujía fina) que valoren coste-beneficio entendiendo éste no sólo en términos económicos, sino también en términos de valor público.
5. Mantener el compromiso con el gobierno electrónico, como canal de un mejor servicio a los ciudadanos pero sobre todo (está pendiente) como vía de reorganización interna y reducción del gasto.
6. Hacer de la congelación en la oferta pública de empleo la excusa (motor necesario) para una revisión de las relaciones de puestos de trabajo, especialmente en el bloque administrativo de las AAPP.
7. No olvidar que las agencias no son sólo un foco de gasto incontrolado. Tienen sus ventajas, y muchas, para modernizar la gestión pública.
   
8. Pensar bien que a largo plazo los procesos de enajenación de patrimonio público tienen sus impactos (y a veces no compensan la caja que pueda hacerse a corto)
   
9. Colaboración público-privada sí, pero aprovechamiento de los recursos públicos existentes y mejora de su gestión también.
10. Legitimar y dar prestigio al trabajo público. Motivar es imprescindible, más aún en las actuales circunstancias de congelación-recortes salariales.
    
11. Institucionalizar la función directiva profesional en el sector público. Cinco años más tarde ya es hora de desarrollar el artículo 13 del EBEP.
12. Y por último, que el ajuste no haga olvidar a nadie la importancia de un sector público potente y de calidad para la importancia económica y social de cualquier país.