Coto a los directivos públicos

Siendo como es una organización de personas, el talento es la base para el éxito de la Administración en las próximas décadas. Atraerlo y retenerlo se convierte en una necesidad - diría yo - estratégica, mayor aún si hablamos de los puestos directivos desde una perspectiva de dirección pública profesionalizada.

La tozuda realidad nos muestra, sin embargo, una tendencia más bien contraria. Tendencia que se agrava con algunas de las medidas tomadas en el transcurso de esta crisis de nunca acabar.

Hablemos por ejemplo de aquellas que afectan directamente a retribución y ceses de directivos públicos.

En cuanto a la retribución el Gobierno ha fijado - para puestos directivos- un tope máximo en el sueldo base de 105.000 euros anuales (según el tipo de organización) , que pueden verse incrementados por un complemento de puesto e incentivos de gestión. Un sueldo relativamente superior al de los más altos cargos políticos - aparte habría que preguntarse si están bien remunerados - pero que , aún asumiendo que lo público no puede ni debe equiparase con lo privado (tampoco en salarios), puede considerarse insuficiente si en algunos puestos de lo que se trata es de atraer el talento de los mejores profesionales en un determinado sector . Con la que está cayendo - ajuste y desprestigio de lo público - es sin duda una medida "popular" que despierta simpatías en el ciudadano medio, atosigado por todas partes; también bienvenida en todo lo que pueda aportar de transparencia, claridad y coto a posibles excesos en unas cuantías que directa o indirectamente pagamos todos.

Similar razonamiento aplica a la cuestión de los ceses o extinciones de contratos laborales de alta dirección. En el primer caso es lógico que no exista indemnización, al tener el empleado público la posibilidad de volver a su puesto de origen. Pero en el segundo, la indemnización de siete días por año con un tope de seis meses para profesionales que en un momento dado decidieran aceptar un puesto directivo público viniendo del sector privado pudiera antojarse escasa y más por las circunstancias "de riesgo" no estrictamente dependientes de resultados de gestión que vienen asociadas a la naturaleza de lo público (p.ej. cambios políticos). Esa mayor incertidumbre o volatilidad en la función directiva pública no sólo no se ve compensada - para profesionales del sector privado- en la cuantía de extinción sino que ésta se reduce drásticamente, reconociendo no obstante que tampoco eran de recibo para ciertos puestos públicos blindajes astronómicos ni opacos a la opinión pública. Esa mayor prima de riesgo dificultará contar en lo público con ciertos profesionales de prestigio.

Conclusión: si entendemos la dirección pública como un espacio abierto al conocimiento profesional experto y no como un guetto de funcionarios cargados de trienios son medidas discutibles puesto que dificultarán la capacidad de atraer y retener talento en el sector público. Sin embargo en términos de transparencia e higiene en la gestión son medidas necesarias, sensatas y razonables.

La reforma laboral en el sector público

Hace unos días el Gobierno aprobó su reforma laboral. La presentó como reforma estructural para crear empleo y sentar las bases de un crecimiento que nos ayude a salir de la crisis. Afectados millones de asalariados por cuenta ajena cuya relación laboral se regula por el Estatuto de los Trabajadores y millones de desempleados a los que se les presenta como esperanza que puedan encontrar un empleo. Hasta aquí los objetivos que persigue el Gobierno. Por ver está si se cumplen, ojalá que sí; sería el mejor indicador que salimos de este agujero negro en que nos encontramos.

Pero esta reforma laboral escondía una sorpresa en ese universo de disposiciones adicionales que las normas incluyen y casi nadie se lee: cambios de profundidad que afectan al empleo público, concretamente al personal laboral y directivo al servicio de las Administraciones.

En relación al personal laboral se plantean para el sector público fórmulas legales que le dotan de una consideración equivalente a la de empresa privada y que permiten despidos y ceses fáciles y relativamente baratos. Paradógico que si para el grueso de la reforma se alega que mayor flexibilidad y coste laboral más reducido puede animar a los empresarios a contratar , en el caso del sector público esto simplemente no aplica. Por tanto, aplicada a las Administraciones es una reforma que no puede entenderse de otra forma que como instrumento facilitador del adelgazamiento de plantillas de laborales fijos al servicio de la Administración o cualquiera de sus entes, organismos o sociedades mercantiles.

¿Necesario? Quizá , no estoy seguro. Se habla de centenares, miles, de entidades públicas cuyo mapa se pretende redimensionar. La mayor parte de ellas son de pequeño tamaño con un personal escaso. El personal laboral fijo representa un porcentaje menor en el sector público si lo comparamos con los funcionarios de carrera que ocupan la mayoría de los puestos. Se concentra principalmente en las grandes empresas estatales (Correos - la de mayor plantilla- , Renfe, Aena, Paradores, RTVE, ADIF, RED.es , Ineco, etc.) , la mayor parte de ellas con problemas económicos debidos a diversas razones, pero todas con un denominador común: en su mayor parte soportan una obligación de servicio público escasamente compensada vía presupuestos. Entidades y empresas públicas de gran tamaño y nivel de empleo que garantizan cohesión social y que no se van a cerrar, a lo sumo privatizar y ya veremos cómo y cuándo. Muchas de ellas además en permanente "ERE oculto" con jubilaciones y otras salidas de personal cuyos puestos se amortizan, con niveles de reducción de empleo de decenas de miles de efectivos en los próximos años. Hipotéticos EREs adicionales que facilitaría esta reforma laboral no servirían más que para comprometer aún más un servicio que prestan y en la mayoría de los casos bien valorado por los ciudadanos. Hay otras vías más efectivas de ajuste no traumático, las cuales se vienen poniendo en marcha desde hace años en los ámbitos donde el empleo público de personal laboral es más numeroso

¿Oportuno? Quizá, no estoy seguro. Los problemas financieros son graves pero si la fábrica de parados de nuestra economía funciona a destajo , meterle una marcha más incluyendo también al sector público como productor de desempleo es cuando menos discutible. Y más teniendo en cuenta que en el sector público la dimensión social tiene una importancia superlativa en relación a la económica, puesto que el intangible aportado por la primera se ha de valorar en relación al beneficio en la segunda. Por otra parte poner en juego los valores de calidad y estabilidad en el empleo público puede ser contraproducente: primero, porque lo público es primordial mandando señales a la economía , también en lo relativo a condiciones laborales; segundo, porque la estabilidad es garantía de continuidad, objetividad e independencia, atributos imprescindibles cuando nos referimos a organizaciones públicas, también aquellas dotadas de personal laboral. Tercero, porque si hablamos de una necesidad perentoria de equilibrar la composición funcionario /laboral de las entidades públicas - hacia una mayor laboralización en determinados puestos - y esto ya de por sí es un importante paso adelante en flexibilización, una mayor precarización del empleo laboral añade aún más incertidumbres.

Una cuestión de confianza

Ayer conocíamos la noticia del relevo en la dirección general de Tráfico. Hoy Pere Navarro será sustituido después de ocho años en el cargo; un periodo en los que los resultados en términos de seguridad vial (muertos en carretera) han sido espectaculares. No es que lo diga yo; es incluso reconocido por el propio ministro que ayer mismo calficó el trabajo de Navarro como "excepcional". Pero el ministro tenía que justificar el cese y lo hacía amparándose en la "normalidad institucional" y la "necesidad de una nueva etapa tras tanto tiempo".

Si nos atenemos a cuáles son los criterios que tradicionalmente se usan en España para la designación de cargos directivos en el sector público no debe sorprendernos este relevo ya que efectivamente forma parte de esa "normalidad institucional". Ahora bien, ¿es cuestionable esa "normalidad institucional"? En mi opinión, sí.

La confianza política es un elemento decisivo para formar equipos de gobierno. Tiene todo el sentido del mundo que exista para los primeros niveles (ministros, consejeros, secretarios de estado, etc.) cuya labor fundamental es marcar el rumbo en base a un mandato otorgado por los ciudadanos. El cómo se plasme ese mandato, con qué valores y balance de preferencias / renuncias es precisamente lo que corresponde al nivel político de la Administración. Cohesión y solidez en los equipos son imprescindibles y para ello la confianza política es necesaria.

Lo cuestionable es que este modelo sea extensible a todos los niveles directivos y - dentro de ellos - a todos los ámbitos sectoriales en que actúan. Porque aquí hablamos de otra cosa, hablamos que a este nivel lo prioritario es dirigir la Administración en el rumbo marcado por el político pero con un margen de responsabilidad y la obligación de mostrar resultados. O hablamos de ámbitos concretos donde la materia no debería estar sujeta al choque de visiones ideológicas (¿estamos de acuerdo en que todos queremos que muera menos gente en carretera?) o simplemente es de tal nivel técnico que lo que se require es un conocimiento experto ajeno de simpatías partidistas.

Pone esto de manifiesto la necesidad de una dirección pública profesional con un enfoque renovado, también en el asunto de la confianza. Cambiar confianza política por confianza profesional parece imprescindible en cierto tipo de puestos. La pregunta es: ¿están nuestros políticos preparados para ello?