Open data Spain

En España nos gusta hacer normas. Es indudable. Venía oyendo la radio y alguien decía que tenemos más de 6000 normas en asuntos relacionados con la competencia. Una barbaridad ... Pero es que tenemos el modelo de Administración que tenemos, según el cual hacer una norma nos deja relativamente satisfechos pensando que la norma es la solución a un problema público, que con una norma se atienden las necesidades sociales o que publicada la norma en el BOE ya hemos cumplido con el objetivo y no queda más que esperar tranquilamente a que caigan los resultados. Nada más alejado de la realidad.

Esperemos que con una de las últimas (y esperadas) normas publicadas no pase lo mismo. Se trata del R.D. sobre Reutilización de Información del Sector Público en el marco de la AGE. Debería servir para dar el impulso definitivo a la apertura de datos públicos en las distintas dependencias de la Administración central, algo que otras CCAA llevan ya avanzado desde hace tiempo, con normativa aprobada (también) pero (sobre todo) con resultados prácticos.

Os dejo el texto de la noticia publicada en la web del Proyecto Aporta:

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública, el Real Decreto por el que se desarrolla la Ley sobre reutilización de la información del sector público, para el sector público estatal.

Culmina así la tramitación de esta norma que, siguiendo las mejores prácticas del Gobierno Abierto, fue sometida a un enriquecedor trámite de información pública haciendo uso de medios electrónicos y que ha recibido el apoyo generalizado del sector privado, la sociedad civil, el sector público, incluyendo valoraciones positivas por parte del Consejo de Estado y la Comisión Europea.

El objetivo del Real Decreto es situar a España junto a países de vanguardia en materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, favoreciendo además la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido en el sector de los contenidos digitales y contribuyendo a la transparencia en la actuación de las administraciones públicas como principio básico de la democracia.

La ampliación de nuestro marco legal coloca a nuestro país, adicionalmente, en posición de ejercer una posición de liderazgo en la futura revisión de la Directiva europea sobre la materia.

Se quiere potenciar además el crecimiento del sector infomediario, que está desarrollando productos y servicios innovadores mediante la reutilización de la información pública. A pesar de su relativa juventud, el sector ha alcanzado en 2010 un volumen de negocio que se sitúa entre 550 y 650 millones de euros, dando empleo directo a entre 5.000 y 5.500 trabajadores, equivalente a sectores más consolidados del mercado de los contenidos digitales.

Partiendo del marco general establecido por la Ley sobre reutilización de la información del sector público, el nuevo Real Decreto aporta soluciones a las necesidades detectadas tras los primeros años de su vigencia y en el curso de la implementación del Proyecto Aporta. El Real Decreto detalla para la Administración General del Estado (AGE) las disposiciones de la citada Ley, contemplando el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector público para fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia.

El texto precisa las obligaciones de las administraciones y organismos del sector público estatal para promover la reutilización. En concreto, establece una autorización general para la reutilización de la información disponible en la AGE, salvo que lo impida la normativa de acceso o una normativa específica, como la aplicable a la protección de datos de carácter personal. Asimismo, define las responsabilidades en materia de reutilización de la información en cada organismo público en el ámbito de la AGE.

El Real Decreto también establece normativamente un Catálogo de Información Pública reutilizable, creado en el marco del Proyecto Aporta, que permita acceder desde un único punto a los distintos recursos de información pública disponible, en principio en el ámbito de la AGE.

En cuanto a las modalidades de reutilización, la regla general será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, siendo aplicables unas condiciones generales previstas en el Real Decreto. A fin de expresar de modo uniforme estas condiciones, el Real Decreto contiene un aviso legal tipo para ser utilizado en las páginas web y sedes electrónicas de la Administración General del Estado. No obstante, se permite que los ministerios y organismos que así lo deseen establezcan condiciones específicas cuando lo consideren necesario.

En definitiva, gracias a este Real Decreto, las empresas y ciudadanos sabrán con certeza que, en general, los datos públicos son reutilizables, podrán localizar con facilidad dichos datos a través del Catálogo de Información Pública y contarán con condiciones claras y sencillas para la reutilización de la información.

¿Es sostenible nuestro estado del bienestar?

Dentro de las actividades del Club Dirección Pública de ESADE el pasado lunes tuvimos la ocasión de compartir mesa y mantel con Ana Pastor , vicepresidenta segunda del Congreso, exministra de Sanidad y responsable en el Partido Popular de asuntos sociales. Fue un placer compartir un animado coloquio de cerca dos horas de duración con alguien que conoce muy bien el funcionamiento de los servicios públicos que conforman el núcleo duro del estado del bienestar, como médico que es, funcionaria del cuerpo general de sanidad y subsecretaria en diversos ministerios durante los gobiernos de Aznar. Sin duda todo ello aportó un valor especial al coloquio porque las diferencias entre políticos de este perfil y otros con un background más de partido y menos de haberse arremangardo es evidente.

Como no podía ser de otra manera la cena giró alrededor del delicado asunto que hoy por desgracia ocupa gran parte de todo tipo de debates: ¿es sostenible nuestro estado del bienestar? A esa pregunta nuestra invitada respondió con rotundidad: por supuesto, pero con reformas de calado. Se habló sobre todo de sanidad, pero también de educación y dependencia.

En una sociedad que envejece, donde las enfermedades tienden a cronificarse y la esperanza de vida ha aumentado sensiblemente la sanidad es clave en las políticas públicas. El gasto sanitario es una de las grandes partidas del gasto público pero su deuda consolidada, junto a la merma en recursos y los factores mencionados anteriormente constituyen una seria amenaza. Para Pastor - que defendió con claridad nuestro sistema público de seguridad social - nuestra sanidad es muy buena pero ineficiente. ¿Por que? Principalmente por su organización: se trata de sistema agrupado en base a especialidades, sin sistemas de comunicacion entre los distintos actores (dentro pero sobre todo entre distintas CCAA), cuyo resultado es que el paciente tenga que ir de prueba a prueba, de consulta en consulta numerosas veces, siendo por una parte costosísimo para el paciente (tiempo y esfuerzo emocional) y para el sistema (p.ej. repetición de pruebas). Su propuesta: reorganizar los hospitales para que la atención se haga por procesos siendo el paciente el centro sobre el que giren todos ellos. Clave en todo ello son los profesionales de la sanidad; en definitiva, son los que asignan recursos y deciden sobre el gasto. Por ello apostó por desarrollar la ley de ordenación de profesiones sanitarias impulsada en su mandato en el sentido de dotarles de mayor responsabilidad y capacidad de autogestión junto a una estabilidad y desarrollo profesional adecuada. Dos ideas más y un posicionamiento: el copago no es la solución y es necesario unificar carteras de servicios, resultados de salud y una base de datos única de práctica clínica para que existan unos protocolos comunes.

Respecto a dependencia indicó que tenemos una ley inasumible económicamente hablando y más en estos momentos. Por ello indicó que habrá que delimitar y priorizar dentro de la dependencia llevando la prestación de estos servicios a las entidades más próximas al ciudadano (ayuntamientos). Para educación reclamó cambio de modelo porque el actual no está dando resultados y ese es un lastre que España no se puede permitir; en su opinión serían necesarias menos leyes y más acuerdo en cuatro cuestiones fundamentales: un tronco de enseñanzas comunes, bachiller más largo, primar la excelencia (p.ej. para pasar de curso) y reforzar la autoridad del profesorado.

Y por último en relación a la AGE consideró necesaria una reforma de calado que apueste por la gestión por procesos, cambios en el perfil de competencias de los empleados públicos, hacer énfasis en la calidad de estos profesionales e incentivar teniendo en cuenta resultados a tres niveles: individual, de unidad y de servicios.

Jóvenes+altos funcionarios=motor de lo público

Este blog pocas veces lo utilizo para hablar de los distintos proyectos profesionales en los que colaboro pero esta vez me apetece. ¿Motivo? La especial relación que la naturaleza de los mismos tiene con lo que es el leit-motiv de esta bitácora: avanzar hacia una Administración excelente.

Y en este camino aparecen dos colectivos que tienen mucho que ver para lograr este objetivo: los jóvenes y los altos funcionarios. Los jóvenes son factor clave del terremoto al que van a verse sometidas nuestras Administraciones en poco tiempo. Nativos digitales, esta característica les hace ser voraces de grandes cantidades de información que comparten rápidamente gracias a las redes sociales. Piensan , razonan y actúan de otra forma por lo que como ciudadanos, políticos y empleados públicos del futuro difícilmente comprenderán y aceptarán muchas de las patologías, rutinas y prácticas que invaden nuestras Administraciones. Por ello considero especialmente importante compartir con jóvenes reflexiones y experiencias sobre la sociedad y la Administración, haciéndoles ver el cambio necesario y su capacidad para ser ellos los motores principales del mismo. Un activismo ciudadano que retome el poder de actuación y decisión de la sociedad frente a políticos y burócratas es imprescindible; pero también lo es concienciar a los jóvenes de lo que es el valor público, cómo pueden contribuir al mismo y despertar en ellos curiosidad y vocación por el servicio público desde cualquiera de los ámbitos posibles. Ese fue el objetivo de mi charla el otro día en la Jornada sobre Voluntariado y Construcción Cívica de Europa y de mis clases habituales a jóvenes de grado. Espero que algo les quede algún poso en este sentido y les pique la curiosidad por lo público.

Los altos funcionarios están en una dimensión radicalmente diferente. Trienios y cuerpos de procedencia marcan sin duda un carácter dotado de sobrada experiencia en la gestión pública llamémosle "tradicional". Amigos y compañeros muchos de ellos lidian con un día a día difícil en las diferentes dimensiones de sus competencias: el contacto con los políticos y la gestión de la maquinaria administrativa. Esta práctica, que representa la cruda realidad de nuestras Administraciones por dentro, deja poco tiempo para mirar hacia fuera y plantearse nuevos horizontes . Por eso, programas formativos como el Curso Superior de Gestión de la Innovación en el ámbito TIC que está desarrollándose durante todo este año en el INAP son experiencias fantásticas para poner en común las diversas problemáticas que rodean nuestras Administraciones y descubrir entre todos (participantes y monitor quien les habla) nuevos caminos por los que transitar en el ámbito de la comunicación en procesos de innovación. Será un placer.