Fin de legislatura: el decálogo pendiente

El mes de agosto suele determinar el fin del curso político. Este año parece que algo más: se respira fin de legislatura y fin de ciclo.

Esperar, por tanto, grandes novedades de aquí a la convocatoria electoral en materia de políticas de reforma administrativa es poco realista.

Aprovechemos que nos vamos de vacaciones para repasar cómo están algunos de los asuntos que han sido protagonistas en este periodo:

1. Ley de Transparencia: añorada y reclamada hasta la saciedad, por diversos actores políticos y sociales. Es sonrojante que España sea uno del puñado de países europeos que aún no la tiene. Aunque en el último Debate del Estado de la Nación hubo un amago de sacarla del cajón (resolución del grupo socialista) me temo que va a continuar allí por algún tiempo.
2. Observatorio del Empleo Público: hace un año por estas fechas hablábamos de él. Y no hemos vuelto a hacerlo. Se apuntaba como una herramienta de estudio para proponer los numerosos cambios que son necesarios en la AGE en materia de plantillas. Una nueva muestra de que el papel del BOE lo soporta todo.
3. AEVAL: sus excelentes profesionales siguen trabajando en los encargos que el Gobierno les realiza cada año. Pero no es suficiente: en los tiempos que corren evaluar las políticas públicas, saber qué efecto está produciendo cada euro de gasto público, es determinante. Y no parece ser éste el enfoque que se le está dando a la agencia, cuya utilización como un órgano administrativo de baja intensidad, deja mucho que desear.
4. Ley de Función Pública de la AGE: cuatro años pendiente y completamente fuera de la agenda política del ejecutivo. Pero daría igual: si va a seguir la línea continuista que han elegido algunas CCAA en sus leyes de desarrollo sería irrelevante. Un desarrollo del EBEP continuista no es precisamente el golpe de timón que necesitan nuestras Administraciones.
5. LOFAGE: en el programa socialista figuraba una propuesta de cambio en esta ley que tiene ya casi quince años. La idea era buena: flexibilizar y aplanar estructuras administrativas. Pero ni está ni se le espera.
6. Reducción de cargas administrativas: imprescindible. Hay que valorar el esfuerzo que se ha venido realizando en esta legislatura. Pero queda camino que recorrer porque las trabas y dificultades siguen siendo importantes. La ley de Economía Sostenible sigue apuntando y profundizando en esa direccióin.
7. Administración electrónica: prácticamente automatizados los procedimientos (AGE) tocaba ya empezar a promover su utilización tanto en clave externa como interna. La campaña de comunicación impulsada -con poco presupuesto- desde el ministerio es un buen paso adelante que debe tener continuidad para que el mensaje cale especialmente en los ciudadanos. En cuanto a los impactos internos todavía están por ver.
8. Agencias: diversas razones las han llevado al olvido. Por ejemplo, los miedos de Hacienda a que una gestión descentralizada pueda disparar el gasto o los errores (de explicación fundamentalmente) cometidos en Andalucía. Costará llevarlas de nuevo al epicentro de la acción.
9. Oferta Empleo Público: seguirá raquítica. No es buen momento para opositar. Quizá sí lo sería para reformar el sistema de acceso. Falta hace.
   
10. Justicia: ¿algún día veremos los edificios judiciales vacíos de montañas de expedientes en papel? ¿se agilizarán los procedimientos? Ese es el objetivo que emprendió el ministerio con un programa de reformas valiente. Queda mucho trabajo por hacer y presupuesto que destinar. Los últimos proyectos legislativos van por el buen camino.

¡¡ Buenas vacaciones !!

¡Sí al servicio público!

"Hay que acabar con los funcionarios incumplidores" "Apuesto por evaluarles y hacerles ver que no son dueños de su puesto" "Un llamamiento a la cooperación solidaria dentro del sector público, porque más vale que lo hagamos minimizando las medidas más dolorosas y distribuyendo el dolor" . Afirmaciones de este tipo- pronunciadas los últimos días por destacadas personalidades como son el presidente de la CEOE, Joan Rosell, y el Conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell- no deberían sorprender a nadie. Pedir al sector público y a sus trabajadores que proporcionen un buen servicio a los ciudadanos, que se tome nota de aquellos empleados públicos que no cumplan o que las Administraciones deben contenerse ante los graves problemas socio-económicos de nuestro país creo que es de sentido común y algo que cualquiera podríamos suscribir.

Ahora bien, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de declaraciones de este tipo? ¿Promover realmente una mejora del servicio público? ¿O cargar sobre él más de los sanbenitos de siempre -ahora que el Pisuerga de la crisis pasa por Valladolid- como cohartada para cierto tipo de medidas?. Que cada lector obtenga su propia respuesta.

Lo cierto es que son momentos de reivindicar el papel de lo público y sus servidores como factor vertebrador económico y social de cualquier Estado. Reivindicar no es sólo destacar los aspectos positivos, sino también poner una mirada crítica sobre el funcionamiento de nuestras Administraciones con el objeto, no de desligitimarlas sino todo lo contrario: con el objeto de reforzarlas y ponerlas al día para que presten el mejor servicio a los ciudadanos. Este es el leit-motiv de este blog.

Como ciudadanos podemos y debemos ser muy exigentes con las Administraciones y sus empleados. Son éstos los que deben tener muy presentes todos los días un código deontológico olvidado en muchas ocasiones.

Pero, ojo, no carguemos la culpa en el "funcionario" como parece que está de moda desde muchos estamentos: al final él mismo es parte de una estructura, de un modelo -el burocrático- que le reserva un rol impersonal supeditado a una jerarquía y a unas normas ancladas en vetustos patrones que muchos apostamos por mejorar. Hace algún tiempo, desde la blogosfera pública un grupo de funcionarios emprendedores lanzaron un Manifiesto que muchos otros suscribimos. Me ha parecido oportuno rescatarlo en estos momentos.

¡ Tengamos también esto en cuenta por favor !

A contracorriente: ¿internalizamos servicios?

Los que leéis habitualmente i-public@ habréis encontrado en esta bitácora amplia información sobre concepto, detalles, tendencias, etc. en materia de colaboración público-privada.

En mi opinión es uno de los temas de futuro sobre los que hay que profundizar. En un mundo abierto y en red cooperar y colaborar para abordar los problemas públicos entre los distintos actores resulta cuando menos imprescindible; imposible que el sector público pueda atender desafíos de envergadura de la forma autista de otras épocas.

Por otra parte complementar la acción pública - sin perder de vista sus principios y valores básicos fundamentales - con los aspectos favorables de la gestión privada - especialmente en términos de racionalidad económica y eficiencia - resulta cuando menos interesante como vector de mejora continua para el sector público.

Pensemos ahora en un cierto tipo de CPP (la externalización o contratos de gestión de servicios) y tengamos muy presente el contexto actual. Me asalta una duda , quizá un tanto polémica y a contracorriente: ¿es lo más conveniente en los tiempos que corren que el sector público recurra a fórmulas de este tipo? Es decir, si hubiera cierta holgura de recursos en algún ámbito administrativo y con la difícil situación de las finanzas públicas, ¿no sería preferible recurrir a aprovechar esos recursos propios - con la formación adecuada- en vez de subcontratar? La lógica sería: si no tengo dinero, ¿gasto en subcontratar o dejo de gastar e invierto en formar recursos que ya tengo?. Teniendo en cuenta que el capítulo I de gasto es más inelástico que otros capítulos como el II o el VI y que además el sector público por su propia naturaleza y razón de ser no puede actuar como un agente más destructor de empleo con la que está cayendo, es una hipótesis a considerar.

Evidentemente me refiero a casos muy específicos donde el nivel de complejidad de las funciones a realizar sea medio -bajo. Por ejemplo, es posible para un servicio de atención al ciudadano; más difícil para el desarrollo de un sofisticado sistema informático. Y a una medida que tendría que ser necesariamente coyuntural para la que habría que asumir un cierto riesgo en cuanto a los resultados en términos de eficacia y eficiencia . La cual además tendría otros efectos no deseables: frenaría una necesaria reforma de las estructuras administrativas tendente a ir reforzando puestos de valor en detrimento de otros que no lo tuvieran; supondría no pensar quizá en el coste total real sino en el gasto y desembolso inmediato producido; minoraría el efecto de la contratación pública como tractor del progreso económico del país.

Conclusión: una idea coyuntural para reflexionar de la que poco o nada se está hablando.

Gobernar los riesgos globales

El pasado jueves tuve la ocasión de asistir a la presentación del libro "La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales" que han coordinado Javier Solana y Daniel Innerarity. Los autores se repartieron los papeles: mientras que Innerarity filosofó sobre los riesgos , Solana aportó su experiencia en forma de reflexiones sobre la gobernanza global.

Según el profesor Innerarity hemos producido un mundo de riesgos ("contagio", "inestabilidad") basado en una interdependencia densa en la que los que nos protegía (fundamentalmente los Estados) nos protege ahora poco. Esta situación, que a todos nos expone, a todos nos iguala. Unos espacios abiertos que dan lugar a una loca oferta de protección.

Lo que diferenciará será una adecuada "agenda de los riesgos": ¿cómo vamos a prevenir? (también tiene sus riesgos) ¿cuáles son aceptables y cuáles no? ¿cómo gestionamos las emociones? (meter miedo a veces da resultado; otras no) ¿cómo protegernos de la irracionalidad y la estupidez colectiva? ¿qué es bueno o malo? A todas estas preguntas responden los ensayos que forman el cuerpo del libro, pero Innerarity dejó dos conclusiones: es preciso fortalecer la política (por su función unificadora en los riesgos compartidos) y entender colectivamente bienes y males comunes.

Para Javier Solana el mundo que vivimos se caracteriza crecientemente por ser: incierto, insostenible, injusto.

Incierto porque el Estado nación está agotándose y dando lugar a una creciente multipolaridad en la que nosotros sólos no mandamos y nos está costando mucho asumir. La gobernanza es más difícil y se precisan instituciones globales fuertes y operativas. La falta de gobernanza es mala.

Insostenible porque el crecimiento está basado en un consumo brutal de los recursos . El incremento exponencial de una clase media voraz en este sentido hace que no haya para todos. Las tensiones por la presión de los recursos están a la vuelta de la esquina.

Injusto aunque la esperanza de vida haya aumentado. Un dato: en África 2050 la edad media será 18 años con todo lo que ello supone en necesidades de salud, educación trabajo, vivienda. La imposibilidad de atender estas demandas polarizará aún más la riqueza y las tensiones sociales.