Preguntas interesantes sobre la reforma de la Seguridad Social

Hace algunas semanas mantuvimos un interesante coloquio en el Club Dirección Pública de ESADE relativo a la Reforma de Seguridad Social. Los invitados: el secretario de estado, Octavio Granado, y el catedrático de Economía , Jesús Ruiz Huerta.

Os resumo las ideas más importantes:

• Nuestro sistema de Seguridad Social nace con un enfoque de "generosidad" para resolver el gran fiasco del franquismo. Al poco de su puesta en marcha empiezan a acometerse reformas tendentes a modular esa generosidad inicial (Octavio Granado)




• Disponemos de un sistema de reparto que reacciona mal ante tensiones demográficas. Las jubilaciones del baby-boom junto a la cáída de la tasa de natalidad provocan tensiones en no muchos años vista. (Octavio Granado)



• Una de las fortalezas del sistema es la separación de las prestaciones contributivas con los derechos de ciudadanía. Eso hace que no exista a déficit a corto plazo como sí ocurre en sanidad y servicios sociales (Octavio Granado).



• La generosidad de las prestaciones no se refiere a su cuantía: el sistema se basa en "poco pero para todos" (Octavio Granado)



• La reforma que plantea el Gobierno es progresiva, a largo plazo. Hay margen para ir soltando "generosidades" (Octavio Granado).



• Muchas veces no somos conscientes de la importancia de un sistema de Seguridad Social como el nuestro: aumento calidad de vida, cohesión social, aumento redistribución de rentas, disminución de pobreza, redistribución territorial (caja única) (Jesús Ruiz Huerta)



• La reforma tiene un planteamiento razonable pero cuidado con predicciones demográficas a cincuenta años vista. Cuanto menos pueden ser atrevidas aunque eso sí, al menos obligan a hacer números (Jesús Ruiz Huerta).



• Respecto a lo acertado o no de las predicciones demográficas lo oque es seguro es que no vamos a quedarnos como estamos (Octavio Granado)



• ¿Cuánto de reparto y cuánto de capitalización? Habrá que introducir algo de capitalización pero ojo que no se garantizan rentabilidades (Jesús Ruiz Huerta)



• La reforma, ¿por la situación económica? Es un sistema de seguro : si aportas recibes. (Octavio Granado)



• La verdadera reforma, ¿crear empleo? Sí pero no es la solución: cuantos más cotizantes más pensionistas con derecho a pensión (Octavio Granado)



• La solución, ¿el incremento de productividad? A medias. Incrementar la productividad se hace (entre otros) por un incremento de formación, lo cual implica una incorporación más tardía al trabajo y menos periodo de cotización. (Octavio Granado)



• La reforma, ¿sólo va por el lado de los gastos? La reforma supone un incremento del periodo de contización, y eso incide en los ingresos (Octavio Granado)



• Si la Seguridad Social tiene un problema, ¿por qué no es el estado (presupuestos) el que compense? Precisamente una de las fortalezas es la separación de otros servicios esenciales deficitarios (sanidad y prestaciones sociales) (Octavio Granado)

Los valores olvidados de la gestión pública

Los tiempos que corren son de aupa. La crisis lo puede con todo y ocupa el primer plano de la agenda públic para los nuevos gobiernos municipales, autonómicos y central que tomará posesión en menos de un año. Nuevos dirigentes políticos al mando de las Administraciones con la promesa de reconducir la situación y poner a nuestro país de nuevo en la senda del crecimiento.

La reducción del déficit está en primer lugar de la lista y señalado bien fuerte en rojo. Es la gran obsesión. Los profesionales públicos tendrán que trabajar en esa dirección. Y no será fácil. Los que estamos dentro sabemos que una cosa son los mensajes que a través de los medios de comunicación lanzan los políticos sobre reducciones de gasto y otra muy distinta el margen real del que se dispone.

Ante las dificultades es buen momento para incorporar en valores que parecen olvidados en la dirección de los asuntos públicos: racionalidad, sentido común y comunicación veraz.

Se habla de acabar con gastos superfluos refiriéndose a aquéllos que están de más, que no aportan nada a la generación de valor público, excesos o ineficiencias. Falta aplicar racionalidad para decidir sobre cada tipo de gasto superfluo, si su reducción es a corto o a largo plazo y de qué cuantías (en porcentajes) estamos hablando. Nos encontraremos que los recortes a corto (coches oficiales, impresoras, reducción de ministros o concejales , menos teléfonos móviles, etc) los más fáciles, y quizá los más efectistas son los que menos ahorran en las partidas presupuestarias. La realidad es que acaban convirtiéndose en magníficos titulares de prensa con una efectividad limitada.

El sentido común indica que en paralelo hay que trabajar sobre reformas a largo plazo que cambien como un calcetín la organización y composición de las Administraciones públicas.

Dos ejemplos. El primero, la aplicación de una mayor racionalidad organizativa que elimine duplicidades y multiplique eficiencias requiere menos fotos de prensa, más acuerdos políticos entre bambalinas y un trabajo de cirujía administrativa arduo y complejo. ¿Resultados? Seguro que los veríamos después de varias legislaturas. El segundo, algo que se puede realizar ya. La supresión de vacantes. Cierto que una vacante como tal no supone gasto, pero si se mantiene tenderá a ser ocupada por un interino, un reingresado o despertará tentaciones para sacarla a concurso. Miles de vacantes esperan su supresión o reclasificación en diferentes Administraciones. ¿A qué esperamos?

La pregunta del millón: ¿funcionario o laboral?

Cuando hablamos de reformas en las Administraciones uno de los aspectos clave es el de la introducción de cambios en la gestión de personas, a efectos de dotar de un marco legal e instrumental adecuado para que dichas organizaciones puedan cumplir de forma eficaz y eficiente con su misión.

Una de las claves de la reforma debiera ser el utilizar eficientemente las distintas formas jurídicas del empleo público: ¿funcionario o laboral? El propio EBEP - art. 9- limita qué tipo de funciones deben ser ostentadas por funcionarios de carrera; y estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. El legislador - de forma seguramente intencionada - acotó la naturaleza funcionarial del empleo público de forma que muchos pensáramos que se abrir un proceso de flexibilización de las relaciones laborales en ciertos ámbitos funcionales de las Administraciones. Con el tiempo, vamos comprobando que la realidad es otra; los sucesivos desarrollos legislativos - leyes de función pública de CCAA- mantienen esquema el tradicional: todos funcionarios excepto unos cuantos oficios que serán laborales.

Este inmovilismo -no reformar cuando existen las herramientas para ello- traerá consecuencias: seguiremos con Administraciones rígidas y anquilosadas. Por ello sigo considerando imprescindible una reflexión profunda sobre qué puestos de trabajo deben tener naturaleza funcionarial y cuáles laboral.

Os doy dos ejemplos reales de las numerosas contradicciones y paradojas que se dan en el seno de las Administraciones por seguir resistiéndose a este cambio de chip.

Un amigo es técnico superior - laboral - en una empresa pública. Está involucrado en contrataciones públicas de varios millones de euros que exigen su firma como técnico responsable de las puntuaciones que van a condicionar la adjudicación. Redacta además las prescripciones técnicas de los pliegos y emite los informes vinculantes que soportan dichas puntuaciones. Aunque su jefe - directivo- da el visto bueno, la responsabilidad de la valoración es suya; defiende por tanto un interés público. Ocurrió que en un proceso de contratación su jefe - por causas no claras- le emplazó a modificar la valoración que había realizado, modificación con la que él como técnico no estaba de acuerdo y por tanto no estaba dispuesto a firmar. Fue entonces cuando dicho jefe, conocedor de su relación laboral, se refirió sutilmente a la estabilidad de su puesto de trabajo animándole que repensara la valoración en los términos que éste sugería. Él no tragó pero quizá otros sí lo hubieran hecho .... y no sería criticable.... somos humanos y hay que llevar el pan a casa. Este es un claro ejemplo de un puesto de trabajo en que es imprescindible que el técnico mantenga su criterio basado en la imparcialidad y objetividad que todo procedimiento de compra pública exige. Por tanto debe ser ocupado por un funcionario de carrera, independientemente que la organización donde preste servicios sea empresa, agencia, entidad pública empresarial, ministerio, consejería, etc.

Otro caso diferente. Otro amigo está destinado en un Ministerio. Es funcionario. Pertenece al subgrupo C1 (antiguo D), y ocupa por concurso un puesto de jefe de negociado (nivel 16). Su misión principal es encargarse del orden y mantenimiento de expedientes, alimientar una base de datos, y sacar estadísticas. Se trata de funciones administrativas donde las decisiones se limitan a cuestiones del tipo de cómo numerar una nueva serie de expedientes de reciente creación. Es riguroso y metódico ; además es de los pocos que maneja maneja la aplicación Access y saca a los jefes todo tipo de consultas, informes, etc. Está muy bien valorado en su subdirección. Pero.... ¿es necesario que este tipo de trabajo lo haga un funcionario de carrera? ¿No daría lo mismo que lo hiciera personal laboral?

Ejemplos de estos los hay ha montones en el sector público y seguro que muchos de vosotros conocéis algunos de ellos. Reflexionemos sobre si ¿funcionario o laboral?. Démosle valor y potenciemos al funcionario para lo que realmente tiene sentido. Pero no sigamos bloqueando la dinámica de nuestras Administraciones y empobreciendo el valor de la función pública de naturaleza administrativa con una generalización indiscriminada como la actual.

Las raíces frágiles del "gobierno abierto"

Pasan los días y vamos viendo cómo la efervescencia inicial del movimiento 15M pierde la fuerza de la calle y busca nuevas formas de mantener viva la llama de sus reivindicaciones. Una de ellas hace referencia a abrir nuevas vías de participación política para que los ciudadanos tengan más opciones para participar en la vida pública que el "voto-cada-cuatro-años" . Piden en definitiva un sistema político-institucional más abierto.

No es nada nuevo de lo que venimos reclamando en éste y otros blogs desde hace tiempo: la realidad social que vivimos hace necesario un gobierno -en sentido amplio de legislativo,ejecutivo y Administración- más abierto. Pero también hemos denunciado que son la propia estructura de partidos políticos y el sistema político-administrativo existente los que constituyen los mayores frenos para el gobierno abierto.

Esa es la verdadera causa de que, más allá de iniciativas puntuales vinculadas a ciertas aplicaciones tecnológicas, sea complicado encontrar una apuesta decidida por el gobierno abierto en cualquiera de nuestras Administraciones. No olvidemos que las propias estructuras jerárquicas y de poder que suponen los partidos políticos son, por su propia naturaleza, sensiblemente incompatibles con lo que entendemos por "abierto", por más que se esfuercen en elaboradas apuestas estéticas de maquillarse para unas elecciones o aparentar cercanía a ciertos movimientos sociales "de vanguardia".

Teniendo en cuenta que la política ostenta la superior dirección de las instituciones públicas estamos hablando de algo así como "poner al zorro a cuidar las gallinas" . Los resultados ahí los tenemos: salvo honrosas excepciones no acaba de cuajar el gobierno abierto en nuestro ecosistema público.

Por ello, como he venido advirtiendo muchas otras veces, es preciso que no nos dejemos llevar por deslumbrantes espejismos: los cambios hacia el gobierno abierto tienen que ser tan profundos que tienen que llegar hasta las raíces de los pilares del propio sistema.