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reflexiones sobre administración pública inteligente

lunes, 29 de noviembre de 2010

Crisis y sector público: las reformas pendientes



En el marco del Club Dirección Pública de ESADE en Madrid pusimos en marcha el curso pasado el ciclo Crisis y Sector público con la mesa redonda El papel del Estado en la economía: ¿un cambioi de rumbo?. Nos preguntábamos entonces si tras la revolución liberal de los años 90 y primera década del nuevo siglo, la crisis financiera planteaba una vuelta al keynesianismo y a un mayor papel de lo público en la economía.

Pasado un año, el pasado lunes retomábamos el ciclo con un panorama completamente diferente. A una buena idea de algunos miembros del Club le añadimos la salsa de un muy recomendable artículo de Francisco Longo titulado La burbuja de servicios públicos y pusimos en la mesa conocidas personalidades de lo público, la economía y el periodismo económico como Elvira Rodríguez, Antonio Miguel Carmona y Miguel Angel Noceda. Todo ello con un título sugerente: "Y ahora... ¿qué sector público y cómo financiarlo?".


El profesor Longo desató las hostilidades con una breve pero jugosa intervención en la que añadió una nueva derivada a la crisis actual: la crisis en la relación estado-sociedad y la necesidad de realizar un esfuerzo para preservar los rasgos básicos de nuestro modelo. Para ello sería necesario - en su opinión- una redefinición del esquema redistributivo, del catálogo de servicios públicos y de la universalidad de los mismos. En definitiva una reforma de los patrones de gobierno y Administración pública que si antes era considerada difícil hoy se torna indispensable.


Todos estuvieron de acuerdo que el quid de la cuestión estaba en determinar cuál debía ser el tamaño ideal, qué parte la es prestada con medios propios públicos, cuál la estructura orgánica y finalmente cuáles los esquemas de financiación. Teniendo en cuenta que gran parte del gasto público lo gestionan las CCAA y que un 65% del gasto corresponde a estado de bienestar y un 14% a infraestraestructuras. En este sentido para Elvira Rodríguez el esfuerzo se ha de hacer por el lado de los gastos: estructura competencial del sector público; separar lo cíclico de lo estructural; medidas a corto, medio y largo plazo; y poner en marcha políticas de gasto productivo (eliminar subvenciones). Si no decidimos dónde ponemos la raya, otros lo van a hacer por nosotros. Para Antonio Miguel Carmona el Estado tiene un importante papel en la economía y un decisivo factor redistributivo. Aporta equilibrio por cuanto supone una mejora sobre lo que no puede proveer el sector privado. Lo importante no es tanto cuestionar el déficit y recortar sino analizar su naturaleza, estacionalidad y decidir sobre los costes de oportunidad de financiar la actividad pública con deuda o con impuestos. En ese sentido cualquier acción sobre el gasto público no debiera ser reducir por que sí sino reducir partidas que me permitan hacer ciertas cosas como estimular la inversión productiva y el empleo.

Miguel Angel Noceda azuzó el debate poniendo sobre la mesa un asunto controvertido: ¿menos sector público a través de privatizaciones ¿sí o no? Para Elvira Rodríguez la cuestión clave es definir qué se quiere decir con "privatizaciones": si se trata de provisión privada de servicios públicos (ensañanza convertada), de colaboración público-privada para lograr mayor eficacia y eficiencia, SÍ. En este caso-en su opinión-no debería existir sesgo ideológico. Además se mostró escandalizada con que se haya incrementado la masa de gasto estructural con el respaldo ingresos coyunturales (de la construcción). En opinión de Antonio Miguel Carmona lo importante es tener un Estado con capacidad (musculoso) suficiente y eficiente, no como el caso irlandés que se ha derrumbado con un Estado mínimo. Y también se preguntó qué tipo de privatizaciones, en el sentido que las hay sólo de fachada al poner en manos de grupos de interés parapúblicos o pseudoprivados (Cajas de Ahorro) lo que venían siendo grandes corporaciones públicas. Además, no siempre privatizar es un fácil: tiene que haber un buen comprador y las partes del servicio público deficitarias pocos las quieren.

martes, 23 de noviembre de 2010

Transparencia de bajo nivel


Hace unas semanas se publicó el ranking sobre Transparencia de las CCAA elaborado por Transparencia Internacional España. Los resultados indican que Andalucía, Galicia o la Rioja arrojan la más alta puntuación mientras que Cantabria, Valencia, Baleares y País Vasco están en la cola.

Debo decir que el hecho en sí de evaluar y que lo realice una entidad independiente es positivo. Bienvenido todo lo que sea tener referencias. Ahora bien es preciso estudiar la metodología empleada para poder realizar un análisis más preciso y extraer conclusiones.

Primera conclusión: se aborda el concepto de transparencia más como instrumento de lucha contra la corrupción, que como aquella característica de un buen gobierno orientado a los ciudadanos. En este sentido, ganan peso los indicadores relacionados con las áreas económico-financiera, de control de compras u ordenación del territorio frente a los de relación con los ciudadanos.

Segunda conclusión: la sistemática de evaluación es mejorable. Permitir que sean los propios evaluados los que lo hagan a sí mismos en base a una valoración inicial de la entidad independiente conlleva una carga de subjetividad nada despreciable.

Tercera conclusión: se utiliza únicamente el criterio de "publicación en web" para asignar puntuación o no hacerlo. A estas alturas parece que está superado que la simple publicación en web sea un criterio de transparencia en el sentido de minimizar la corrupción. Por ejemplo: se puede publicar el resultado de la adjudicación de un concurso (adjucatarios y ofertantes) pero eso no indica que en el proceso no hayan podido existir irregularidades.

Cuarta conclusión: en mi opinión según los indicadores utilizados sitúan el listón de transparencia en un nivel bajo y en cierto modo desenfocado. ¿No os parece poco significativo a estos efectos el que se publiquen los datos biográficos de los cargos electos, las leyes de presupuestos, los acuerdos y proyectos legislativos, etc. ?

Quinta y última conclusión: ¿qué es más importante? ¿la publicación (infoxicación) o el establecimiento de sistemas de gestión que garanticen, apoyándose en una buena praxis y con las herramientas necesarias, una adecuada rendición de cuentas?

jueves, 18 de noviembre de 2010

Tres líneas estratégicas para modernizar la Administración


Hace unas semanas Jordi Sevilla escribía en su blog un magnífico artículo titulado La entropía del Estado que os animo que leáis. Sevilla es una opinión de peso en estas cuestiones, no sólo porque haya sido uno de los ministros que más se ha ocupado en llevar a la agenda pública iniciativas de calado en el ámbito de las Administraciones sino porque conoce bien el "medio" desde diferentes puestos en su carrera profesional.


Básicamente su idea es que en momentos en los que el déficit público ocupa prácticamente toda la escena menos hablar de tamaño - que no es el problema- y más de cómo podemos sacarle el mayor jugo a cada euro público gastado mejorando la eficacia y eficiencia. Y para ello propone tres líneas estratégicas en las que volcar los esfuerzos:
  1. Las TIC en la Administración.

  2. La evaluación de las políticas públicas.

  3. Gestión de personas

Coincido con él y los que leéis con frecuencia esta bitácora lo habréis comprobado. Además ya hay Administraciones punteras del Estado que están trabajando en esa línea (os animo a que echéis un vistazo al Plan de Innovación Pública de Euskadi) .

TIC en la Administración

Montar la Administración electrónica no es tarea sencilla y tiene enorme mérito el esfuerzo humano y presupuestario que se ha desplegado en los últimos años. Pero hay varias derivadas en el marco de este concepto potente e irreversible que proporciona la tecnología.

  • Digitalización de servicios: muchas veces me pregunto si no estaremos reinventando el círculo haciendo una Administración incluso en ocasiones más complicada que la presencial. No me atrevo a ni pensar que estemos creando otro monstruo y la enorme cantidad de energía que en el esfuerzo de digitalizar se está desaprovechando

  • Cambios en la acción pública, en la relación con la ciudadanía e interadministrativa: para que se produzcan son imprescindibles voluntad política (obstáculo es mucho mayor). Por ello se digitaliza mucho pero se abre poco.

Evaluación de las políticas públicas

Hay un concepto clave en la gestión pública que distingue impacto social ("outcomes") de actividad ("outputs"). Las Administraciones generan actividad pero no siempre esa actividad se traduce en un cambios sociales. Algo similar pasa con la evaluación de las políticas públicas a nivel estatal. La AEVAL se creó y funciona con toda una estructura de unos pocos centenares de empleados públicos, básicamente la misma que cuando era una dirección general del MAP. Produce informes de evaluación, recomendaciones, sus funcionarios trabajan mucho y bien, el Consejo de Ministros le asigna trabajos todos los años. Produce actividad, pero no impacto. Su trabajo no sirve realmente cambiar el rumbo si una determinada política no está yendo bien, no alcanza sus efectos (ineficaz) y además no lo está haciendo a un coste razonable (ineficiente). Es preciso resituar la evaluación de políticas en primer plano de la agenda y más con la que está cayendo.

Gestión de personas

Muchos dicen (entre ellos yo) que un desarrollo del EBEP ambicioso y adecuado para los retos que afrontan nuestras Administraciones precisa dinero y coraje político para sacarlo adelante. Por eso o bien el desarrollo queda en el cajón o bien se sacan leyes que prácticamente no cambian nada. Ayer el vicepresidente lanzó a bote-pronto la idea de que parte del sueldo de los empleados públicos vaya ligado a su productividad. Dicho así es confuso: los empleados públicos a partir de un nivel ya cobramos en nómina una cuantía llamada "productividad" (mensual/trimestral) aunque bien es cierto que no está ligada a ninguna evaluación. Además, algunas organizaciones públicas a estas cuantías (que en la práctica son fijas) les sumaron (época de vacas gordas) una cuantía de "incentivos" que acabó integrándose en el sueldo fijo por la complicación de medir de forma objetiva la obtención de un resultado. Y es que aquí está el quid de la cuestión: cómo fijar objetivos y medir el desempeño de un empleado público según a qué niveles. La propia naturaleza del valor público creado por las Administraciones (difuso e intangible en muchos casos) lo hace difícil y finalmente puede convertirse en una valoración subjetiva dependiente de afinidades varias. Que sea universal lo veo complicado; para ciertos puestos (especialmente los de carácter gerencial) posible y deseable.

lunes, 15 de noviembre de 2010

Cuando el MAP pasó a ser MPA


Han pasado ya varias semanas desde que se produjo la última remodelación ministerial. Tiempo suficiente para que, más allá de los titulares periodísticos, se consoliden los cambios y salga publicado en el BOE el correspondiente RD por el que se aprueba la nueva estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Momento adecuado, por ello, de poder hacer algunas valoraciones:

1. Se confirma que la reducción ministerial es más nominal que real.

En política los gestos son importantes; y en estos momentos una reducción del número de ministerios seguramente lo es. Pero no nos engañemos: los efectos sobre el gasto público, insignificantes. El ahorro potencial que supone la reducción de dos ministerios (Vivienda e Igualdad) prácticamente se compensa con los gastos adicionales que se generan (traslados-si hay-, cambios en comunicaciones, portales institucionales, membretes, etc.). Dicho ahorro es escaso si tenemos en cuenta que los ministerios suprimidos se sustituyen por secretarías de estado, que las subsecretarías (en el caso de Vivienda) se convierten en secretarías generales, que algunas secretarías generales ascienden a secretarías de estado (Empleo) que los titulares de los órganos suprimidos o son altos funcionarios o políticos (también asesores) recolocados y que todo el resto de personal son empleados públicos que (no podía ser de otra forma) sigue en sus puestos.

2. Vuelve el MAP, pero con otro nombre.

Los nombres no suelen ser neutros y en este caso tampoco. El antiguo Ministerio de Administraciones Públicas pasa a ser Ministerio de Política Territorial y Administración pública. Es decir: primero la política territorial y posteriormente la Administración. Un jarro de agua fría, pero ¿a alguien le sorprende? El paso de toda la función pública a la vicepresidencia primera ya fue decepcionante. Ahora más de lo mismo. La política de reforma de la Administración sigue en el cajón.

3. Nuevas precisiones en la excepción de las direcciones generales.

La jurisprudencia obliga a precisar más cuando se excepciona el nombramiento de funcionarios en determinadas direcciones generales. Seguimos liados con el mismo tema desde los siglos de los siglos: la reserva a funcionarios públicos de los puestos de dirección en la AGE. Un absurdo mecanismo (cada vez con menos sentido) que permite a unos (los políticos) sortear cómo y cuando quieran para devolver favores varios; y a otros (altos funcionarios de ciertos cuerpos) para tener garantizadas por ley ciertas posiciones de poder. Un ejemplo lo encontramos leyendo el RD: la justificación de la excepción es impecable y estoy de acuerdo que hay requisitos objetivos que hacen necesario abrir la provisión de dichas DG a profesionales de cualquier naturaleza, no necesariamente de los cuerpos administrativos. Ahora bien, ¿se van a nombrar con criterios profesionales o se tratará de colocar al que toque? Por otra parte, ¿verdaderamente los técnicos de los cuerpos superiores tienen un perfil profesional acorde a dichos puestos? Magníficos técnicos pero seguramente en su especialidad, no en las necesidades que el RD expresa con claridad.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Y ahora... ¿qué sector público y cómo financiarlo?


El sector público es un elemento esencial de la estructura económica de cada país. Lo público se proyecta sobre el conjunto de la actividad económica no solo como rector de la planificación general ―necesaria para promover el progreso―, sino que, además, en sí mismo representa uno de los motores de crecimiento y generación de valor en el conjunto de la economía. No obstante, los desequilibrios presupuestarios derivados de la recesión económica han provocado fuertes ajustes por parte de los gobiernos en el gasto público, además del debate sobre la necesidad de determinados gastos que plantean nuevos escenarios y nuevas incógnitas. ¿Cómo afectará esta situación al papel del sector público y a la economía en general? ¿Supondrá desembocar en un cambio de planteamientos o se tratará en un episodio coyuntural? ¿Cómo garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de un sector público de calidad?


Todas estas preguntas intentaremos darles respuesta en la mesa redonda compuesta por:


Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea de Madrid



Antonio Miguel Carmona, profesor de Economía Mundial y de España en la Universidad CEU San Pablo y secretario de Política Económica de la Ejecutiva de la FSM-PSOE (Madrid)



Miguel Ángel Noceda, periodista económico de El País










Elvira Rodríguez es licenciada en Ciencias Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid. En 1972 ingresó en la Intervención General de la Administración del Estado, en la que ocupó diversas subdirecciones generales hasta 1996, además de pertenecer al Tribunal de Cuentas. Directora general de Presupuestos desde el 24 de mayo de 1996 y secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos cuatro años más tarde, fue nombrada ministra de Medio Ambiente por José María Aznar en marzo de 2003, puesto que ocupó hasta las elecciones generales de 2004. Hasta su designación como consejera de Transportes e Infraestructuras, fue diputada por Murcia y portavoz de su grupo en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, así como vocal en las comisiones de Economía y Hacienda y de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Secretaria de Política Económica y Empleo del Partido Popular. Diputada autonómica en las elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas en mayo de 2007.

Antonio Miguel Carmona, doctor en Ciencias Económicas, es secretario de Política Económica de la Ejecutiva de la FSM-PSOE (Madrid), diputado socialista y portavoz de Economía en la V legislatura de la Asamblea de Madrid en el Parlamento Regional. Militante socialista desde 1986, es miembro del Comité Regional de Madrid desde 1994 y asesor económico del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid desde 1993. Cuenta con una amplia experiencia docente. Actualmente, es profesor de Economía Mundial y de España en la Universidad San Pablo. Fue profesor de Economía de Extensión en la Universidad de Berkeley (California), de Economía Mundial en la Universidad Complutense y de Economía en el CEU. Además de asignaturas económicas, ha impartido clases de Marketing y Proyectos Empresariales en la comunidad autónoma de Madrid.En Estados Unidos, participó en la campaña de Bill Clinton y en la de Barack Obama, desde las primarias presidenciales del Partido Demócrata de 2008 hasta su triunfo en noviembre de ese año. Colabora como tertuliano en varios medios de comunicación, como Telecinco, Telemadrid, VEO Televisión y elEconomista.

Miguel Ángel Noceda ha estado siempre vinculado al periodismo económico. Desde 1989 trabaja en El País, diario en el que ocupó el puesto de redactor jefe de economía (actualmente es corresponsal de esta sección). Inició su carrera en 1979 en la revista Mercado, que dejó atrás para incorporarse al diario CincoDías, y de ahí pasó a La Gaceta de los Negocios, de la cual fue miembro del equipo fundador. Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) entre 2003 y 2007.Es vocal de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).
Acto gratuito

jueves, 4 de noviembre de 2010

Crisis y reforma del Estado: ¿tensión productiva o improductiva?



La semana pasada pude asistir a la conferencia que Koldo Echebarría gerente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pronunció en ESADE y de la que se hicieron eco algunos medios.



A continuación transcribo las notas que tomé durante la misma para poderlas compartir con vosotros. Reflejan obviamente sus opiniones, no las mías.



Crisis, ¿cíclica o estructural?

Lo que parece más evidente es que acelera tendencias; p.ej. trasladando PIB a países emergentes.

  1. Nos enfrentamos a un proceso largo de desendeudamiento, con la dificultad añadida de que acelerarlo depende en buena medida de "expectativas" que no son buenas.

  2. Ha habido un fallo en algunas políticas públicas (p.ej. calentamiento del sector de la vivienda) y un fallo en la articulación de la relación Estado-mercado.

  3. Existe un déficit de gobernanza mundial; el G20 es un tímido avance, pero no esperemos de él grandes resultados por su propia naturaleza.

  4. Las restricciones fiscales a las que están avocados los países desarrollados se complican en España por el impacto de sanidad y pensiones.

  5. Las reformas deberían ir orientadas a crecer.

  6. Los mercados están más pendiente de la calidad (fiabilidad) de la "política" en los países que del funcionamiento de sus instituciones.
¿Cuál es nuestro sector público en este contexto?
  1. Tenemos un sector público de tamaño mediano-bajo (aportó datos a este respecto, especialmente aquéllos que comparan % de empleados públicos sobre población activa o sobre población total).

  2. El % de gasto en capítulo I sobre el gasto público es de los más elevados de la OCDE; es decir, los sueldos públicos (medios) en España son relativamente altos (posteriormente aclaró que salía este resultado por el impacto del funcionariado medio que era numeros con sueldos altos en relació a otros países.

  3. Las horas pactadas en convenios y acuerdos laborales se han reducido significativamente en los últimos años..

  4. Además, según estudios del Banco Mundial (09) tenemos una efectividad administrativa más baja de la que sería esperable por nuestro nivel de riqueza.

  5. Otras patologías (según Government at a Glace, OCDE 09): en términos de personas, poca delegación (flexibilidad), administración cerrada y blindada (con un acceso normalmente al principio de la carrera profesional), sin institucionalización de la función directiva profesional.

  6. Su conclusión: No es problema el tamaño de nuestro sector público, sino su productividad, eficiencia y estructuras de gestión.
Modelos de reforma


a) Reforma vía ajuste (distinto de reforma). Diferentes posibilidades:

  • "Paquete" de medidas sobre gastos y/o ingresos (lo que se ha hecho en España): es lo más primario. Está demostrado que un 1% de reducción de gasto sobre el PIB implica una reducción del 0,5% del crecimiento.

  • Ajustes selectivos sobre gastos menos eficientes (lo que se ha hecho en UK) : es más complejo políticamente porque la elección de las partidas sobre las que recortar está sujeto a una estrategia de gobierno.

  • Congelación de partidas y desgaste sostenido del poder adquisitivo de las familias (por la inflación por ejemplo).
Problemas: debilita las capacidades del Estado, desmotiva a la ciudadanía y perjudica la profesionalización.

b) Reforma "eficientista":


  • Profundizar en la gobernanza fiscal.

  • Establecer límites normativos al gasto.

  • Establecer organismos independientes de control presupuestario.

  • Ajustes de gasto en función de los resultados de las políticas.
Problema: el de siempre que se establecen reglas, su poca capacidad de adaptación cíclica.


c) Reforma mercado:

  • Privatizaciones parciales , en su sentido estricto de venta de patrimonio público.

  • Establecer copagos (incremento de ingresos y racionalización de la demanda)


Problema: la dificultad de definir bien el papel del Estado al transferir parte de sus funciones al mercado y el riesgo de sustituir monopolios públicos por monopolios / oligopolios privados



d) Reforma de funcionamiento interno del sector público:

  • Agencialización: estandarizar resultados, asignar recursos, responsabilización.

  • Institucionalización de la dirección pública profesional.


Coaliciones de actores necesarios



Frente a la confrontación actual entre la coalición que está imponiendo el ajuste (gobiernos-mercados-burócratas fiscales-actores globales-parte de creadores de opinión) y la que se opone a él (profesionales públicos-electores-usuarios-algunos creadores de opinón) reivindicó como necesaria una coalición transversal que aglutine a gobiernos-burócratas fiscales por un lado con unos ciudadanos-usuarios-electores más "empoderados", mediante una subcoalición formada por directivos y profesionales públicos que desean en un cambio y creen que éste es posible.