La agencialización imposible

Las disposiciones adicionales en las normas son a veces traicioneras, especialmente cuando se utilizan para colar "de rondón" algunas cuestiones importantes .

Quizá por ello se ha hablado poco (por no decir nada) de una medida importante puesta en marcha en el RD que daba forma al famoso paquete de ajuste del pasado mes de mayo:

Disposición adicional quinta. Creación de Agencias Estatales.
Se suspende lo dispuesto en la disposición adicional Trigésima primera de la Ley 26 /2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de tal forma que en 2010 no se autorizará la creación de ninguna nueva Agencia estatal de las reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.

Por fin aparece en el BOE lo que era un secreto a voces: Economía y Hacienda paraliza formalmente un fracasado proceso de agencialización en la Administración General del Estado. Y es que las Agencias nunca llegaron a despegar. Se hizo una ley con cierta convicción de los responsables políticos de la época pero nula por parte del aparato administrativo que tendría que dar desarrollo y continuidad a la misma. Lo vimos cuando aparecieron los decretos de estructura de las primeras (AEVAL, BOE, AECID, etc.): más de lo mismo pero con otro nombre. El proceso se fue apagando: a pesar de algunos anuncios pronto se empezó a ver cómo no cuajarían más. El RD de medidas extraordinarias les ha dado formalmente la puntilla.

Piensan muchos de los que tienen el poder real en las instituciones del Estado que pasar de una AGE burocratizada (en el fondo y en las formas) a una arquitectura basada en la gestión por resultados y la descentralización de responsabilidades es romper con las esencias más puristas del administrativismo español. Pensaron que ya que la moda era crear agencias, se crearían pero a imagen y semejanza de los viejos organismos autónomos. Hasta que nuevos miedos provocados por la crisis han parado el proceso. ¿Por qué? Seguramente por temor a que una descentralización que encumbre a gestores "poco responsables" en la cúpula de las nuevas agencias y dificulte un control más férreo de cada una de las decisiones dispare el gasto público. Y por aquí Hacienda, hoy en día no pasa.

Será sólo de momento porque la película no ha terminado. En los próximos años se volverá a presentar el modelo de agencias como solución para una gestión más eficaz y eficiente de numerosos ámbitos de la Administración. Y volverán a reproducirse viejas batallas. En Suecia ya han visto los resultados. Aquí esperamos verlos pronto.

Los nuevos funcionarios, ¿tendrían que poder ser despedidos?

En los últimos tiempos viene siendo habitual una práctica que, sinceramente, no me gusta: persona de cierta relevancia participa en un evento con medios de comunicación, despliega un discurso en el que incluye diversas recetas para salir de la crisis (aderezadas con el tópico de turno) y los medios en cuestión que cubren en evento "pinchan" un magnífico titular que que supuestamente interesa a la audiencia.

Hoy me refiero a las declaraciones que ayer hizo Isak Andic, presidente de Mango: "los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos". El sr. Andic es un empresario de éxito que ha logrado poner en marcha un imperio comercial como es Mango, empresa de la que, por cierto, no tengo muy claro si es una referencia en cuanto a gestión de personas. Está muy bien que todo el mundo comente sobre lo público y su funcionamiento; es legítimo hacerlo, ya que "lo público es de todos". Pero, cuando se trata de alguien relevante (y Andic lo es) o estos comentarios se hacen en privado o de hacerlos con medios delante hay que tener cuidado o ser más riguroso.

Lo de "los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos" está abierto a numerosos matices, algunos de los cuales podría incluso compartir. Ese sería el caso si hablamos de revisar la naturaleza del empleo público, evitando la generalización indiscriminada del "funcionario de carrera" para todo: ello supondría una intepretación restrictiva del artículo 9 del EBEP para cierto tipo de puestos administrativos, auxiliares o de apoyo que serían de naturaleza laboral. También estaría de acuerdo en introducir cambios en los sistemas de ordenación de puestos de trabajo que permitiera una mayor flexibilización tanto en la asignación de funciones (polivalencia) como en la distribución de efectivos según necesidades del servicio. La ley básica ya está; hacerlo "tan sólo" (no es nada fácil) supondría desarrollarla de una manera u otra.

No estaría de acuerdo en el caso de que las intenciones fueran otras. Por ejemplo, situar a los empleados públicos (funcionarios o laborales) como privilegiados por la estabilidad de su puesto de trabajo. En ningún caso. El derecho al puesto de trabajo del empleo público tiene una causa antigua pero vigente: mantener la independencia de la Administración frente al poder político, la continuidad de la acción del Estado en el tiempo o proteger el "expertise" institucional. El problema no está ahí (mecanismos para separación del servicio ya existen) sino en las dificultades para gestionar flexiblemente adaptándose a las circunstancias.

Quizá le traicione el subconsciente al sr. Andic al pensar en el despido como primer instrumento del que echar mano en caso de tener que racionalizar ; y no me extraña: es práctica a veces utilizada en medianas y grandes empresas. Discrepo si es así : las organizaciones públicas están sujetas al principio de eficiencia y racionalidad económica pero su objetivo principal no es el beneficio económico ni su subsistencia depende directamente del mismo. Lo que les pedimos a estas instituciones es que presten lo más eficazmente su misión pública con los medios que se determinen siendo además conscienctes de que el ámbito temporal de las políticas públicas es sensiblemente más amplio que en el mundo de los negocios . Por tanto, los ajustes han de hacerse de forma diferente.

Por último quizá la sugerencia del despido en el empleo público que nos hizo el presidente de Mango sea la solución al supuesto problema del funcionario vago que pasa de todo amparándose en que nunca se le va a echar. O que el saber poder ser despedidos incentiva a las personas.También discreparía si fuera así. La incentivación del trabajo público es imprescindible. Elementos de incentivación se deben implantar por el simple hecho de que no existen . Pero debe hacerse con imaginación, asumiendo el terreno que se pisa y pensando siempre en incentivar el buen rendimiento. Hablar más premios que de castigos, porque los primeros están por descubrir pero de los segundos ya hay algunos: la leyenda negra de que a un funcionario no se le puede castigar es desconocer la realidad ya que formas las hay y aplicarse a veces se aplican. Aunque no con el despido.

El sector TIC y el ajuste presupuestario

El 34% de los profesionales TIC en España trabajará en la Administración pública. Un dato interesante que lógicamente tiene un matiz importante: no se refiere únicamente a empleo público puro y duro, sino también incluye los empleos indirectos generados en el sector privado para abordar los proyectos TIC que en los próximos años vayan a desarrollarse en las Administraciones. ¿Será realmente así o se trata de un brindis al sol?

No podemos olvidar que el sector público es un elemento esencial en la estructura económica de cada país. En estos momentos nos enfrentamos al doble desafío de cambiar nuestro patrón productivo a la par que es precisa una modernización a fondo de Administración pública. Ambos elementos confluyen en el sector TIC: se trata de uno de los sectores de alto valor que deberían potenciarse en nuestro país y es un instrumento importante para la modernización administrativa.

Todo ello exigirá dinero público: por una parte en gastos de personal (capítulo I) si es que van a ser necesarios más empleos TIC; por otra, mantener un aceptable nivel de inversiones (capítulo VI). Por último, el gasto corriente en mantenimiento de estas infraestructuras (capítulo II) se incrementará notablemente. Enfrente nos encontramos con los objetivos de estabilidad presupuestaria que figuran en el primer lugar de la agenda pública de todos nuestros gobiernos: drástico recorte del nuevo empleo público (tasa de reposición en un 10%) y recortes en gasto corriente e inversiones de doble dígito.

¿Cómo compatibilizamos una cosa y otra? Ahí está el quid de la cuestión. Una sugerencia: revisar las plantillas de las Administraciones y reciclar parte de personal hacia puestos TIC con un esfuerzo importante de formación. No es descabellado. Conozco ámbitos del sector público donde se ha hecho. Y ha funcionado bastante bien.

Gobierno abierto y Naciones Unidas

Muy interesante el documento de Conclusiones del Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas que os comenté en el post del otro día. Un buen ramillete de "sabios" provenientes de diferentes países y, por tanto, diversas culturas político-institucionales que, en su reunión del pasado mes de abril, reflexionaron sobre cuáles serían los retos y oportunidades de la Administración pública en el contexto de la crisis financiera y económica.



Una cosa me llama poderosamente la atención: cómo y cuánto han cambiado las cosas desde la fecha de dicha la reunión. Por aquel entonces estaba asumido técnica e ideológicamente que la respuesta a la crisis se basaba en una vuelta al papel de lo público tanto en su vertiente de motor para reflotar la economía (keynesianismo) como regulador de ciertos mercados cuyo mal control o no control habían provocado el desastre financiero. Pero la crisis de deuda de mayo y junio ha cambiado por completo el panorama y actualmente la agenda dicta austeridad, austeridad y más austeridad en el gasto público.



Hecha esta salvedad algunas conclusiones hoy parecen papel mojado como por ejemplo el fomento de la capacidad de liderazgo en el sector público en la crisis financiera y económica. Con la austeridad, difícilmente. Otras, sin embargo, mantienen toda su vigencia y además van en la misma dirección que nos hemos manifestado repetidas veces en este blog.



Por ejemplo:

• Fortalecimiento de la gobernanza pública para lograr una respuesta rápida y coordinada. Difícil, pero imprescindible restablecer la confianza en el gobierno mediante valores morales y la integridad de los procesos públicos. Más difícil todavía, pero aún más necesario el establecimiento de mecanismos reforzados de gobernanza política y económica a nivel global. Problemas globales necesitan soluciones globales. Obvio, ¿ o no? ... cuando de lo que hablamos es de conflictos de poder y los delicados equilibrios de la geopolítica.



• Prestación de servicios públicos centrados en ciudadanos. La idea no sólo se refiere a la clásica de captación e interpretación de las necesidades sociales para la formulación de políticas públicas. Sino a algo más innovador, con más fuerza para el presente-futuro: plantean aumentar no sólo la participación sino también el empoderamiento. No hay buenos gobiernos sin buenos ciudadanos (Alorza dixit).



• Transparencia y rendición de cuentas. Precisamente el representante español, Francisco Longo, apuesta por el gobierno abierto como una de las soluciones. Pero ojo, advierten de justo lo que últimamente me lleva a mayor reflexión alrededor de esta idea: la complejidad de la transparencia requeriría incluso un cambio de valores y visión; o la apertura podría entrar en conflicto con otros valores públicos como el buen desempeño, la equidad social, el derecho a la intimidad y la representación democrática. Según uno de los expertos, los beneficios de la transparencia son claros, pero lo difícil es saber cómo pasan a la práctica: el secretismo y la aversión al riesgo de la AAPP, la falta de conciencia ciudadana en cuanto al derecho a la información y sus beneficios, y la aplicabilidad de las TIC en contextos donde predominan las tradiciones orales y el contacto personal.

El éxito , aparte del uso de herramientas tecnológicas, radicaría en adecuadas campañas de información pública, códigos de conducta o capacitación de empleados públicos. Por tanto, no sólo de instituciones y normas oficiales sino también de normas oficiosas como normas éticas, valores democráticos y compromiso político. Lo dicho, la dimensión ética del open government.

Innovación, dirección pública y expertos de la ONU en nuevo Public

Tras un breve paréntesis se acaba de publicar el último número de PUBLIC la newsletter del Instituto de Gobernanza y Gestión Pública de ESADE. Como es habitual viene repleta de interesantes referencias académicas, artículos en prensa de los profesores del Instituto, eventos organizados por ESADE y los Clubs de Dirección Pública en Madrid y Barcelona, etc...

Podéis echarle un vistazo y seleccionar lo que más os interese. Me permito recomendaros algunos de ellos:

• La innovación dentro del gobierno: análisis de la importancia de las redes de trabajo. La catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Melbourne Jenny Lewis nos cuenta los resultados de un gran proyecto de investigación realizado en once municipios del estado de Victoria (Australia) para analizar los resultados de la innovación en las Administraciones públicas. La conclusión es interesante: las redes informales (numerosas y potentes dentro de las organizaciones públicas) contribuyen a explicar los procesos de innovación; es decir, los innovadores tienden a saltarse las estructuras formales con el fin de conseguir resultados. Cada Administración da lugar a una cultura local de innovación según sean sus estructuras formales e informales. Interesante.


• ¿Qué valor tiene el directivo público en España? En los tiempos que corren Eduard Gil, gerente de servicios del Ayuntamiento de Rubi, rema a contracorriente. Con una argumentación sólida critica la aplicación de los recortes salariales en el ámbito de los directivos públicos, indicando su alto nivel de responsablidad en la obtención de valor público, su nivel retributivo insuficiente (si lo tomamos en relación a otros puestos de las organizaciones públicas y al del sector privado) y su carácter muchos casos eventual como factores que justificarían el haber recibido un mejor trato en el famoso "tijeretazo". Lo dicho, a contracorriente.


• También podéis encontrar amplia documentación de la sesión del Comité de Expertos en Administración Pública Internacional celebrada en la ONU la pasada primavera en la que participó el profesor Francisco Longo. Un documento impresdicnible: Retos y oportunidades para la Administración pública en el contexto de la crisis finaciera y económica

Y más , mucho más..... pero eso ya os lo dejo a vuestra curiosidad.

Administración 2015, ¿sin papeles?

2015. Esa es la fecha que el Gobierno se ha marcado como objetivo para que no existan papeles en las Administraciones públicas. Sinceramente a día de hoy me cuesta mucho imaginarme unas Administraciones en las que el papel haya prácticamente desaparecido y no creo que en 2015 veamos algo similar. Aunque como visión de futuro y meta estratégica me parece acertado incidir en mejorar la gestión interna a través de la digitalización de los numerosos y farragosos trámites que, desde el registro a la notificación pasando por los recursos, inundan los procedimientos.

El Plan Avanza 2 que pilota el ministerio de Industria está dando sus primeros pasos como herramienta básica para la ejecución de la política de impulso de la sociedad de la información en España. Una política mermada por la desaparición la pasada primavera de la dirección general que tenía encomendado su desarrollo y por los recortes presupuestarios que prácticamente la totalidad de planes y programas de la AGE van a sufrir en los próximos años. Pero un plan imprescindible para cambiar el modelo productivo del país. Ojalá tenga el mismo éxito que su primera versión.

Además de la Administración sin papeles para el 2015 otros de los ejes de actuación serán la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones, concienciación sobre el uso y la confianza en Internet (actuar más sobre la demanda que la oferta) y el impulso de las TIC en sectores estratégicos.

Para cumplir con el reto de Administración sin papeles se digitalizarán todos los trámites administrativos, se finalizará la incorporación de la firma electrónica (DNI electrónico) y se hará una migración de todos los registros hacia el formato digital. Dentro de este eje de actuaciones, también se realizará especial hincapié en la extensión de las TIC en sanidad, justicia y se potenciará la aplicación de estas tecnologías en el sector educativo y formativo.

Precisamente en este blog hemos lanzado hace poco un debate (continuado por otros blogueros como Antonio Galindo o David R. Jordan) sobre una de las áreas de mejora donde tiene que centrarse la estrategia de digitalización de servicios públicos: aumentar su uso. El Plan Avanza 2 aborda este problema (espero que menos tímidamente que el anterior en el que los objetivos principales eran otros) al reconocer que conseguir las metas anunciadas pasa obligatoriamente por el aumento del uso y de la confianza en Internet por la sociedad española. Para ello se ejecutarán una serie de acciones encaminadas a la extensión de la cultura de la seguridad de la información entre la ciudadanía (mayores 45 años) y las PYMES.

El Plan Avanza 2 deja de lado el espinoso pero decisivo asunto de la interoperabilidad y las comunicaciones. Con nuestro modelo competencial difícilmente existirá una Administración sin papeles si no se ha logrado una exitosa implantación de ambos. No nos olvidemos de ello.

El Observatorio del Empleo Público en EXPANSION

La pasada semana Expansión publicó un artículo sobre el recientemente creado Observatorio del Empleo Público. Me pidieron mi opinión al respecto que la podéis leer directamente en el link ajunto o en el artículo completo que copio en este post.


LA REFORMA DEL EMPLEO PÚBLICO ABOCADA AL FRACASO
El recientemente creado Observatorio para el Empleo Público pretende ahorrar el camino para hacer frente a los problemas endémicos que aquejan a las plantillas públicas tras la descentralización autonómica. Pero, en principio, creado como herramienta de análisis, podría acabar por no ser operativo ya que carece de fondos y sus decisiones no son vinculantes.
El Gobierno dio luz verde el pasado 2 de julio a la creación del Observatorio de Estudios del Empleo Público, cuyo fin será "analizar la situación actual del trabajo en las Administraciones públicas". El nuevo organismo, establecido en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), carece de poder ejecutivo y tiene una naturaleza consultiva, por lo que ha sido recibido con frialdad por los expertos: imperan las dudas de que tenga capacidad de contribuir a resolver los problemas estructurales de la gestión del empleo público y podría quedarse en un ostentoso nombre más para la maraña administrativa.

Su objetivo principal será “la realización de diagnósticos en materia de recursos humanos y el seguimiento de la calidad de los servicios y del empleo público”, según reza el Real Decreto 868/2010 que regula su composición y régimen de funcionamiento, así como “establecer un sistema de indicadores sobre la coyuntura del empleo público” y “realizar diagnósticos de las plantillas de trabajadores de las Administraciones estatales, especialmente sobre el acceso al empleo público de personas con discapacidad y riesgo de exclusión social”. También prestará "especial atención a la igualdad de trato entre hombres y mujeres" y elaborará estudios sobre la calidad de los servicios públicos, para lo que elaborará un informe anual sobre las tendencias del empleo público. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, que se encargó de presentarlo, subrayó que "no acarreará costes adicionales" para las arcas públicas y será un “foro de intercambio y comunicación de información” para hacer "más eficiente" la Administración.

El Observatorio del Empleo Público es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, y lo presidirá el actual tiitular de la Secretaría de Estado para la Función Pública, además de dos vicepresidentes, que serán los actuales directores generales de Función Pública y Costes de Personal y Pensiones Públicas.

Cuenta, además, con 21 vocales de la Administración Central, autonomías y ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y representantes de Función Pública de los sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, donde se fraguó el acuerdo para acordarlo en el marco del diálogo vigente hasta 2012. Contará, además, con un secretario y se reunirán una vez al año para analizar las conclusiones de estudios y análisis que encarguen a grupos de trabajo.

Ahora bien, la definición de esta nueva institución como “una herramienta de la Planificación Estratégica de Recursos Humanos, que recogerá, analizará y difundirá información sobre la situación actual del empleo en las Administraciones Públicas, y diseñará modelos prospectivos que sitúen al empleo público en condiciones de encarar las necesidades futuras” podría quedarse en una mera descripción ampulosa: Los expertos consultados por Expansión.com coinciden en que esta medida puede acabar siendo papel mojado, y las críticas al nuevo organismo no se han hecho esperar.

Desde el sindicato FEP-USO -no presente en la Mesa de Diálogo Social- se preguntan “qué sentido tiene crear un observatorio para diagnosticar necesidades en materia de recursos humanos y al mismo tiempo aplicar el tijeretazo a las futuras OEP”, señalan, en referencia a la decisión del Gobierno de recortar el número de vacantes para la AGE, que anunció al mismo tiempo que daba luz verde al observatorio. “Esperemos que este nuevo órgano no se convierta en otro chiringuito para contentar, financiar y acallar a nuestros colegas sindicales”, señalan.
El riesgo, que acaben siendo inoperantesPara Óscar Cortés, vicepresidente del Club Dirección Pública Esade Alumni y editor del blog i-publi@, “los grandes problemas del empleo público son la evaluación del tipo de empleo necesario, necesidad de profesionales, incorporación de categorías profesionales, dimensionamiento de plantillas por sectores, qué debe hacerse con medios propios y qué se puede externalizar, etcétera“, señala, problemas que tampoco podrían encontrar solución tampoco con la creación del observatorio.

“El RD se desprenden preocupantes síntomas que acaban convirtiendo este tipo de organismos en inoperantes”. En primer lugar, porque es un órgano consultivo: es decir, que “emitirá informes, opinará y sugerirá pero ahí podría quedar la cosa. Será el gobierno de turno quien tendrá que tomar decisiones, y eso ya lo veremos. Sería de agradecer un poder más vinculante”.
A esto se une que tiene carácter interministerial: “Es decir, de nuevo otro de estos grandes grupos de trabajo donde los distintos representantes acaban actuando en función de sus intereses particulares y del poder relativo de sus departamentos”. Para colmo, “es un órgano cerrado y endogámico, formado únicamente por las administraciones y sindicatos; es decir, seguimos igual, no entiendo por qué no se incorporan personas cualificadas externas, como expertos en gestión de personas o catedráticos que puedan aportar visiones diferentes”.
“Sobre el papel, el observatorio tiene cometidos que resultarían interesantes -por ejemplo, el estudio de redimensionamientos de plantillas- y algunos hasta ambiciosos -delimitar sectores reservados a empleados públicos, delimitar las externalizaciones o evaluar el tipo de empleo y perfiles necesarios en la Administración-. Ciertamente, parte de estas actividades se están haciendo o se podrían hacer por las unidades administrativas existentes del Ministerio de Presidencia, pero la necesidad de aportar una visión bien estudiada, independiente y renovadora justificaría la creación de un organismo como puede ser el Observatorio”.

“Hasta aquí, perfecto”, señala Cortés. “El problema está cuando conocemos su composición y funcionamiento; de ella, a priori, lo que se deduce es que pueda acabar convirtiéndose en uno más de la larga lista de órganos burocratizados que operan en la Administración general del Estado. Por una parte su carácter colegiado e interministerial, sin un liderazgo atribuido claro, ralentizará y complicará los trabajos. Por otra, su composición ignora la presencia de expertos y profesionales de fuera de la propia AGE que puedan aportar una visión diferente. Por último, su carácter consultivo hará que sus análisis y recomendaciones queden supeditadas a la decisión final del ejecutivo de turno y a sus intereses políticos”.

En definitiva, la iniciativa despierta serias dudas, concluye: “La historia administrativa está repleta de precedentes similares y poco o nada se ha hecho desde su constitución por marcar un camino diferente. Por tanto, quizá para este viaje no hagan falta tantas alforjas y un grupo de trabajo en la Mesa general de la Función Pública con estas materias sobre la mesa hubiera sido suficiente”.

La idea es buena, pero habrá que esperar a la prácticaMás optimista es Ricardo J. Escudero, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá, en Madrid. “Que se creen este tipo de organismo colegiados y consultivos no me parece una medida negativa, siempre que no conlleve incremento del gasto público, lo que ya recoge el real Derecreto, por razones obvias de contención del gasto en un contexto de crisis. En principio, su fin es positivo ya que es dictaminar y diagnosticar los problemas que tiene el empleo público y las distorsiones que se producen en las comunidades autónomas por la descentralización de la gestión de los recursos humanos en las administraciones, que puede acabar por sobredimensionar las plantillas públicas.

El problema es que aún no se sabe cómo va a funcionar, qué competencias va a tener, si la administración se lo va a tomar serio o al final va a terminar formando parte de la red burocrática... hace falta un órganos de estas características, pero otra cosa distintas es la práctica: para que funcione con eficiencia, necesita la colaboración decidida de la AGE, ámbito en el que se ha creado, pero también las comunidades autónomas, la FEMP y los organismos sindicales”.

El profesor no cree que haya duplicidades en el sentido estricto de la palabra, ya que las juntas de personal (que equivalen a los comités de empresa en la administración pública) tienen funciones específicas. Las autonomías también, y aunque coincidan en competencia, no son los mismos órganos”. Admite que en la administración existen órganos ineficientes e inoperantes al carecer de funciones ejecutivas. Por ello, la prioridad de este nueva estructura debe ser “el análisis exhaustivo de la situación de el empleo público de forma general y de formar desgagregada en los equipos de recursos humanos de las administraciones públicas de la autonomiás, la elaboración de informes, propuestas e iniciativas.

La primera limitación -no ser vinculante- es lógica, pero el consejo es siempre útil, afirma Escudero. “La prioridad es realizar estudios. El observatorio debería tener medios para poder realizar diagnóstico de recursos humanos tanto cualitativo como cuantitativamente, analizar las disfunciones y después hacer propuestas a los órganos competentes para que las asuman”. Las prioridades de estudio están claras: “En el proceso descentralización del personal se han mantenido estructuras que ya no están justificadas, mientras que hace falta más movilidad para dotar a otros organismos infradotados e imprescindibles en la Administración. Hay que dotar de eficiencia a la gestión de los recursos humanos, instaurar más políticas formativas, estudios para ver cuáles son las razones del absentismo, a qué obedecen...”, menciona.

“Por tanto, se debería contar con personas cualificadas que aporten su punto de vista profesional e interesadas en la problemática del empleo público. En la universidad tenemos las herramientas para hacer análisis, pero no tenemos acceso a los datos”.

Ya hay competencias homólogas

El experto en Derecho Público José Ramón Chaves García 'Sevach' también mantiene una visión crítica en su blog Contencioso.es. Este invento tecnoburocrático presenta grandes ventajas: “da idea de modernidad e innovación, evoca neutralidad y permite ganar tiempo a las autoridades competentes sobre empleo público. Mientras se constituye el órgano, se reune, aprueba planes, realiza memorias y papiroflexias varias, todos se quedan expectantes”.

“Ahora bien, a la hora de crear un órgano administrativo, la Ley 30/1992 impone la economía y ausencia de duplicidad, o sea, que no debe crearse un órgano si existe otro con funciones coincidentes. Pues bien, basta leer el organigrama del Ministerio de Administraciones Públicas o de la Consejería autonómica con competencias homólogas para ver que hay decenas de órganos que tienen atribuida esa función de “diagnosticar” y “proponer” medidas sobre el empleo público, sin olvidar los órganos de representación ( Juntas de Personal y Mesas Negociadoras) donde se canalizan propuestas y cristalizan acuerdos".

"Es más, el viejo Consejo Superior de la Función Pública creado por la Ley 30/1984 no sirvió para nada y fue suprimido por la Ley 7/07, así que hacerlo renacer de sus cenizas reconvertido en un 'Observatorio' resulta hilarante", continúa en su blog. "De seguir esta tendencia a crear y recrear órganos, la función pública está llamada a mirarse el ombligo y autodiagnosticarse, con pomposos dictámenes que jamás se traducirán en normas". Sevach se pregunta, además, si los dictámenes del observatorio no serán la “coartada técnica” para vaciar de contenido y aplicar bisturí al Estatuto del Empleado Público (EBEP). “Por último, dicho órgano resulta muy curioso, por un lado, porque el RD silencia quien lo impulsa y cómo se expresa su actuación. Es como crear un coche sin saber qué motor utiliza y en qué dirección. Eso sí, con carrocería preciosa”.
El este experto se teme que con este organismo se intente “buscar fórmulas, planes de empleo o modificaciones legales que adelgacen las plantillas, permitan amortizar plazas, obligar a la movilidad forzosa de los empleados públicos o fijar ámbitos donde acudir al sector privado que permitan una especie de desarme burocrático. Y, sin embargo, se echa de menos que no haya ni siquiera nombrado la necesidad de “deslindar de forma clara, los puestos reservados a empleados públicos (laborales o funcionarios) y los que puede desempeñar el personal eventual”.
¿Justificación para cobrar dietas?Pilar Jiménez Rius, doctora en Derecho y profesora de Ciencias Políticas y Administración Universidad ICADE, coincide con Sevach en que el observatorio tiene atribuidas funciones y competencias que el ordenamiento jurídico ya ha encomendado a otros órganos: los ministros, la Dirección General de la Función Pública y a la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los servicios (AEVAL), al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de Control Externo (ver análisis adjunto).

“Estas funciones deberían realizarse por el valioso personal integrante de dichas unidades administrativas sin necesidad de crear otra estructura más como es el mencionado Observatorio. No se entiende muy bien las razones de la creación de este órgano colegiado cuando la mayoría de sus miembros ya tiene atribuidas las competencias que van a desarrollar en el seno del Observatorio de manera ordinaria por el ejercicio inherente a su cargo. La única explicación que tiene es el posible cobro de dietas por desplazamiento al observatorio de sus miembros aunque, claro, entonces se estaría incumpliendo la D.A. 2ª del Decreto de creación del Observatorio que indica que “en ningún caso, el funcionamiento del Observatorio del Empelo Público implicará directa o indirectamente incremento de gasto público”.

“Con la creación de este Observatorio se ha venido a infringir de un modo indudable el artículo 11.3. de la Ley 30/92 que señala que “no podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”. Así mismo, se ha infringido el cumplimiento de multitud de principios constitucionales y legales que deben inspirar la actuación de las Administraciones Públicas tales como los de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, transparencia y responsabilidad por la gestión pública, entre otros”, continúa Jiménez.

“En tiempos de crisis económica como la actual, la creación de órganos como éste implican falta de sensibilidad social, jurídica y económica por pretender hacer creer a la sociedad que se van a adoptar medidas excepcionales para mejorar el empleo público mediante la creación de este Observatorio cuando en realidad estas medidas o competencias ya existen desde hace muchas décadas en el seno de la propia Administración Pública”.