Ayer me publicaron en Expansión.com un nuevo artículo titulado el Gobierno Abierto y su dimensión ética. Son dos las ideas fuerza que pretendo transmitir:
- Que siendo el Gobierno abierto una cuestión principalmente de valores no supondría un nuevo paradigma sino el retorno a algunos de los principios inherentes a lo que es la función pública en el contexto del s. XXI. Lo verdaderamente novedoso serían las estrategias, las herramientas para alcanzar el gobierno abierto, no el concepto en sí.
- Que el Gobierno abierto no es característico de una u otra opción ideológica. Mal vamos si pretenderlo patrimonializarlo bajo unas determinadas siglas y empezamos así a perder la perspectiva de lo que supone el servicio público con mayúsculas.
Aquí tenéis el artículo completo:
En los últimos tiempos se habla con frecuencia de gobierno abierto o gobierno centrado en los ciudadanos como un paradigma renovador del ejercicio de la política y la administración.
Reflexionando sobre su esencia descubrimos que está dotado de un importante componente ético.
Podemos pues preguntarnos si bajo esta perspectiva se trataría de algo “nuevo” o por el contrario supondría un retorno a valores que, por la propia naturaleza de la función pública, debieran ser inherentes a la misma.
Recordemos que lo público es el espacio común cedido por los ciudadanos en el que, mediante la producción de valor público, se concilian los diferentes intereses en beneficio de la colectividad. Por tanto, lo público es por y para los ciudadanos, por y para las personas.
Frente a lo privado representa un espacio mucho más abstracto y complejo, tanto por la dificultad de definir en si mismo los resultados como por la existencia de numerosos actores con roles diferentes que entran en juego en las distintas fases del proceso de creación de valor.
La práctica de una gestión pública basada en una serie de principios -entre los que se incluyen los básicos del gobierno abierto (transparencia, participación, colaboración)- es una obligación que trasciende el simple cumplimiento de la legalidad: es una cuestión de ética, de principios.
El problema aparece cuando a lo largo de estos años la gestión pública ha ido derivando hacia prácticas alejadas de los valores que se le supondrían. En el plano político la corrupción, el clientelismo, anteponer los intereses particulares (o de partido) o el tacticismo electoral chocan con los principios de gobierno abierto. En el ámbito administrativo la distorsión burocrática ha provocado un enfoque farragoso y endogámico de la prestación de servicios así como una mecanización de las relaciones humanas hacia ciudadanos y empleados públicos.
Por tanto, el gobierno abierto no tanto supondría tanto una nueva forma de gobernar o administrar sino retomar lo que debieran ser algunos de los valores centrales de la gestión pública en el contexto de escenarios contemporáneos (sociedad del conocimiento, problemas sociales complejos y divergentes, tensiones en los servicios públicos, incremento de actores o un nuevo modelo de ciudadanía), reforzándolos y reclamando un mayor protagonismo de las personas – los ciudadanos – en su papel de propietarios, usuario-receptores de servicios y co-productores de valor público.
Finalmente de lo que se trata es poder acercar política e instituciones a los ciudadanos en sus diversas facetas de detección de necesidades, formulación de políticas, creación de valor en la producción o rendición de cuentas. Para lo que se requiere estrategias, estas sí en muchos casos profundamente innovadoras por su carácter rompedor de culturas y dinámicas que durante tantos años han venido impregnando las organizaciones públicas.
El gobierno abierto es pues una cuestión inherente a la ética pública. Ni puede ni debe ser patrimonializado por intereses particulares o fuerzas políticas concretas. Es algo que nos compromete a todos, políticos y empleados públicos, al servicio de los ciudadanos.
*Oscar Cortés, vicepresidente del Club Dirección Pública Esade Alumni y editor de i-public@
