Una de las reformas incluidas en la
Estrategia de Economía Sostenible es la de la justicia. No es una novedad. El Gobierno
lleva tiempo con el tema, sobre todo por la pésima imagen que tienen los ciudadanos de este servicio, los errores clamorosos (algunos de naturaleza procesal) que han provocado pánico en la opinión pública y las protestas de jueces y otros profesionales.
La revista Computing ha emitido un
informe bastante completo sobre este asunto, con opiniones de diferentes profesionales. Aunque son todos del mundo de la consultoría y se echa de menos aquéllos que directamente trabajan en la misma (jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores, etc. ) os recomiendo que lo leáis si os interesa el tema. Lo transcribo.
CONSENSO Y TECNOLOGÍA, GÉRMENES DEL IMPULSO A LA EADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 10/12/2009 13:25:06
El Poder Judicial ha diseñado un Plan Estratégico de Modernización que, con el horizonte de 2012 y en el marco del Plan de Acción E-Justicia de la Unión Europea, persigue dar respuesta a una necesidad clara de mejora que puede calificarse de imperiosa e inaplazable.
Lola Sánchez. Computing
La Administración de Justicia está inmersa en un proceso de modernización que ha recibido un nuevo impulso con la aprobación del nuevo Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, que pretende cumplir con la vieja aspiración de contar con un sistema de justicia ágil y eficiente.Ciertamente y con ese objetivo, a lo largo de las últimas décadas el impulso modernizador ha permitido una mejora cualitativa de la Administración de Justicia. No en vano, desde 2004 esta Administración ha mantenido unos incrementos anuales presupuestarios del 10 por ciento, de forma que los recursos de la Administración de Justicia son hoy un 50 por ciento superiores a los de hace cinco años. Sin embargo, basta recordar las últimas movilizaciones de los funcionarios de Justicia para comprender que esta Administración tiene aún mucho camino que recorrer, especialmente si consideramos su realidad a la luz de la Ley 2007/11 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y si tenemos además en cuenta que, según un estudio del pasado noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas, un 77 por ciento de los ciudadanos entiende que los órganos judiciales funcionan regular, mal o muy mal.
La modernización de la Administración de Justicia es a todas luces un reto, debido a la complejidad del mundo judicial, integrado por 4.980 unidades judiciales. Tampoco se pueden obviar sus problemas administrativos y deficiencias estructurales, contándose entre éstas, un bajo nivel de utilización de las TIC que explica, por ejemplo, que todavía hoy la práctica totalidad de los expedientes judiciales se sustancien en soporte papel.
En este escenario, las TIC están llamadas a jugar un papel clave. Así lo considera el responsable del Centro de Innovación y Justicia de T-Systems, Joan Manel Blasco: “la Administración de Justicia cuenta con procesos y prácticas tradicionales que deben revisarse para lograr una administración más moderna y ágil; es necesario que las TIC sean el vehículo que de forma a estos procesos, simplificándolos y centrándose en asegurar la coherencia y calidad de los datos”.
De hecho, dentro del conjunto de acciones que conforman el Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, se contemplan una serie de importantes mejoras tecnológicas que, sin embargo, por sí solas no tienen ningún valor. En este sentido, Carlos Coll, socio de Accenture, entiende que “los esfuerzos de la informatización de la Administración de Justicia en España se han visto muy orientados hacia la inversión en equipos informáticos y la creación de múltiples de sistemas de gestión procesal con una total ausencia de atención al cambio, de modo que se ha conseguido un alto nivel de informatización, pero no la perseguida modernización”.Avance desigual
Hay que tener en cuenta que la modernización de la Administración de Justicia exige además máximos niveles de colaboración ya que la Constitución confiere competencias en materia de justicia no sólo al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también y a raíz de las transferencias de esta competencia, a las Comunidades Autónomas. En este punto y como constata el director de la Unidad de Justicia y Catastro de Indra, Xavier Vives Batlle, “la fragmentación de competencias existentes en el Estado español y la espera de la reforma organizativa orientada a la Nueva Oficina Judicial, que supone cambios notables en la organización, ha provocado un avance muy desigual entre nuestros territorios”.
La misma percepción tiene la responsable de Justicia de Ibermática, Amaia Landa, quien considera que “si bien las diferentes administraciones e instituciones con competencias han realizado avances con un mismo objetivo, éstos han sido desiguales y se han orientado a ofrecer soluciones a problemas y cuestiones concretos, sin mantener una visión global de conjunto para permitir el reaprovechamiento de las soluciones”. Por este motivo, desde Ibermática se insiste en la necesidad de “mantener una visión de conjunto que permita abordar ordenadamente la puesta a disposición de la Administración de Justicia de las herramientas TIC”. No obstante y a pesar de las desigualdades patentes, Vives considera que “se puede destacar un avance generalizado en abrir las vías de comunicación telemática con los profesionales y sentar algunas bases tecnológicas para disponer de una información que en el futuro se pueda ofrecer a todos los actores del proceso judicial de manera uniforme”.
En ese contexto y en opinión de Coll, “el plan de modernización debe incidir en tres aspectos fundamentales: ordenar el papel de todos los organismos participantes -Ministerio, CGPJ y CCAA-, la adopción de una plataforma tecnológica moderna que permita la creación de una red colaborativa de servicios judiciales y el acompañamiento con medidas decididas de gestión del cambio que faciliten la incorporación de las nuevas tecnologías, y las nuevas formas de hacer asociadas, en el día a día de las oficinas judiciales”.
En cuanto a las acciones de carácter prioritario, el consultor senior manager especialista de Sector Público en IBM, Taxber Heredia, apunta cuatro: “la habilitación de nuevos canales de relación con los ciudadanos y los propios empleados públicos, la mejora de la seguridad de la información e interoperabilidad entre los diferentes actores con el objeto de mejorar su coordinación, mayor homogeneidad y calidad de la información manejada, y el cumplimiento de las normativas tanto nacionales como europeas, incluyendo la Ley 11/2007, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad y directivas como la 1896/2006 para el Proceso Monitorio Europeo”.Consenso y colaboraciónEl Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de septiembre, se estructura en tres grandes políticas (de modernización, de protección y transparencia, y de cooperación), que se organizan en seis ejes estratégicos articulados en 24 programas de acción, sumando un total de 147 actuaciones. Tal y como indica Vives, “los ejes del citado plan son varios e interdependientes, los hay claramente organizativos y procedimentales y otros son propiamente tecnológicos; siendo indispensables en estos momentos que las actuaciones que se lleven a cabo avancen paralelamente, tanto en los planos normativos como en las bases tecnológicas”.
Por otro lado, el experto de Indra destaca un aspecto diferencial en este Plan de Modernización 2009-2012 que radica en “el consenso entre las diferentes Administraciones que participan de la modernización de la Justicia; una de las grandes dificultades para la tan solicitada reforma tecnológica y que no sería posible sin que todas las partes afectadas actúen de forma conjunta y coordinada”. De no cumplirse con esa premisa, se corre el riesgo, advierte Vives, de que “las diferentes acciones que puedan emprenderse se queden en eso, en actuaciones tecnológicamente avanzadas pero puntuales y de desigual aplicación entre los diferentes territorios”.NOJ y EJIS, prioritariosEn el propio Plan de Modernización se reconoce que “una justicia moderna es, necesariamente, una justicia tecnológicamente avanzada” y, en base a ese principio, se han fijado una serie de acciones que Vives destaca en cuanto que “están encaminadas a la plena relación telemática con los profesionales y a la creación de un espacio común para la plena interoperabilidad entre sistemas procesales, registrales y demás organizaciones que intervienen en la Administración de Justicia”. Entre esos objetivos prioritarios, se cuentan posibilitar que los juzgados y tribunales puedan trabajar en red y comunicarse entre sí con independencia del territorio.
No obstante y entre los objetivos del Plan cabe destacar la culminación del despliegue de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) para que sea una realidad en todo el territorio nacional en la segunda mitad de 2012. Merece también una mención especial la transformación del actual Registro Civil en un ‘Registro Civil Único’ para toda España, que sea accesible y con el que los ciudadanos puedan operar electrónicamente. “La visión unificada del Registro Civil en todo el territorio”, destaca Vives, “permitirá evitar múltiples tramitaciones existentes hoy en día derivadas de la dispersión geográfica y aportará una mayor proximidad de este servicio al ciudadano”.
En esa línea, está prevista la aprobación de la Carta de Servicios del Registro Civil, la finalización -en la primera mitad de 2010- de la digitalización de los libros de los registros civiles municipales y del Registro Civil Central; y su informaización integral, mediante el despliegue del sistema Inforeg y la gestión electrónica de los expedientes.
Merece asimismo una mención especial la creación y el desarrollo del bautizado como Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS) que, como explica Blasco, “permitirá a todas las unidades judiciales trabajar en real y conocer en tiempo real la información que sobre un determinado asunto o persona se tiene en otro juzgado”, logrando de este modo la interoperabilidad entre órganos judiciales con independencia del sistema de gestión procesal que utilicen, así como la interoperabilidad de éstos con otras agentes como, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “El siguiente paso natural de esta interoperabilidad”, añade Blasco, “debe ser el expediente electrónico en la Administración de Justicia”.
Según Coll, “el plan en su conjunto es un acierto como catálogo de medidas a adoptar”, sin embargo, entre ellas el experto no duda en destacar como especialmente relevantes el impulso de la NOJ y las herramientas de interoperabilidad. “Estos dos proyectos”, destaca el socio de Accenture, “son la piedra angular para poner al día el funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que respecta a organización y tecnología”.
Por último y no por ello menos importantes, hay que señalar otras iniciativas integradas en el Plan de Modernización como el despliegue de la Red Integrada de Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal, la implantación de una BBDD de ADN (CODIS) y la extensión de los medios de grabación audiovisual y de videoconferencia en las salas de vistas, sin olvidar la mejora de la gestión del almacenamiento de las piezas de convicción a través del uso de la tecnología RFID.Objetivo: Papel 0El Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012 contempla entre sus objetivos la eliminación del papel en el funcionamiento de juzgados y tribunales. Así, se contempla completar el despliegue del sistema Lexnet de intercambio seguro de documentos para posibilitar que todas las comunicaciones procesales se realicen por vía electrónica y está también prevista también la creación del Expediente Judicial Electrónico mediante la implantación de un nuevo Sistema de Gestión Procesal. Lógicamente, en el cumplimiento de este objetivo resulta crucial el desarrollo de una Plataforma de Firma Electrónica propia de la Administración de Justicia.
En este punto, la responsable de Justicia de Ibermática, Amaia Landa, recuerda que “el camino hacia la oficina sin papeles se debe completar con procesos de digitalización de la documentación en las sedes judiciales, aplicando tecnologías de sellado de tiempo, permitiendo una rápida itineración de asuntos entre órganos judiciales y servicios comunes.
Por otro lado y como subraya Landa, “la incorporación de las TIC en un mundo hasta ahora dominado por el papel, requiere de una estructura de prestación de servicios judiciales de soporte que garantice el uso y funcionamiento adecuados de los sistemas de información judiciales: una correcta y rápida respuesta a las dudas, problemas o peticiones de los usuarios, una formación adecuada que permita un óptimo aprovechamiento mediante la aplicación de sistemas de e-learning y una correcta información y comunicación”.Portal para Ciudadanos y ProfesionalesPara hacer accesible la Justicia a los ciudadanos dando al mismo tiempo cumplimiento a la Ley 2007/11 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el Plan de Modernización 2009-2012 contempla la puesta en marcha de un Portal de la Administración de Justicia para el Ciudadano. Además de servir de plataforma para la publicación de información de utilidad para el ciudadano, este portal web servirá de puerta de acceso a servicios como la descarga de certificados (nacimiento, matrimonio, nacionalidad, etc.) con certificado digital, la petición de citas, la consulta del estado de la tramitación de un asunto, etc.Igualmente se contempla el desarrollo de un Portal de la Administración de Justicia para los Profesionales en el que dispongan de información actualizada sobre asuntos, vistas, repartos y estado de los procesos, y servicios clave como la notificación y presentación telemáticas de escritos.
