Empresas y sector público dialogan en el Club Dirección Pública de ESADE

Empresas y sector público son dos actores imprescindibles para el progreso económico de cualquier territorio. Ambos se ven vinculados por una relación cada vez más estrecha y necesaria, como usuarios y proveedores de servicios.

En este sentido, desde el Club de Dirección Pública de ESADE Alumni, que presentamos en Madrid el pasado 17 de abril con la presencia de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, hemos organizado un encuentro empresa-Administración que sirva de diálogo entre ambas en este difícil contexto.

El acto consistirá en una mesa redonda bajo el título "Innovando en el sector público por la competitividad empresarial". El objeto de esta mesa redonda es entablar un diálogo Empresa-sector público a través de casos de éxito sobre servicios públicos avanzados. Uno de esos casos de éxito es el de la Oficina Europea de Marcas (organismo de la UE con sede en España). Su desempeño en los últimos años ha sido verdaderamente notable: incrementos anuales de productividad del orden del 20% y el primer lugar en el ranking mundial de las oficinas públicas de registro de derechos sobre marcas. ¿Cómo ha conseguido la OAMI estos logros? ¿Qué opinan de su desempeño las empresas que utilizan sus servicios? Nos lo contarán su director de asuntos generales, Joao Miranda, y el presidente de Freixenet, José Luis Bonet.

Una vez expuesto y analizado el caso de la OAMI, la discusión se centrará a continuación en la Administración madrileña y en lo que de ella espera el mundo de la empresa. El debate girará en torno a las siguientes cuestiones: ¿Qué demandan los empresarios de Madrid como usuarios de servicios públicos? ¿Cuáles son las soluciones ofrecidas por la Administración madrileña? Intervendrán Juan Pablo Lázaro, Vicepresidente de los empresarios madrileños CEIM-CEOE y Hector Casado, secretario general técnico de la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid .

El acto es el próximo jueves 12 de junio a las 19:00 en ESADE. La asistencia es gratuita y os podéis inscribir aquí.

El Vicepresidente de la Comunidad de Madrid en ESADE

El pasado lunes asistí un acto en ESADE que contaba con la presencia del Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia y Administración Pública de la Comunidad de Madrid , Alfredo Prada, y con la del director general de ESADE, Carlos Losada.

Hago dos apuntes. El primero, una frase que Carlos Losada escuchó en Estados Unidos: "No hay empresas de éxito en sociedades fracasadas". Uno de los roles más importantes de lo público es precisamente la creación de condiciones de entorno que faciliten el desarrollo económico y social de un territorio. Y para ello son necesarias Administraciones públicas excelentes que necesitan, a su vez, directivos de calidad. No es casualidad que los países más avanzados con tejidos empresariales punteros, como los nórdicos, tengan sectores públicos de calidad. Este es uno de los leit-motiv de este blog.

El segundo, los proyectos de modernización mencionados por el Vicepresidente en los que está involucrada su Consejería: plan general de simplificación administrativa, con la incorporación de tecnología (e-firma, e-portafirmas) o el impulso de la Administración electrónica (pasarela de pagos mediante uso de tarjeta de crédito; aplicación de anexado de documentos, que permite presentar electrónicamente cualquier documento con todas las garantías de validez y seguridad jurídica). Son iniciativas interesantes, pero da la impresión de que un tanto aisladas y deslabazadas . Echo de menos una estrategia más global (como en Castilla León ) que desarrolle líneas de acción transversales en toda la Administración referentes por ejemplo a procesos, personas o tecnología. Eso por no hablar de temas concretos, como por ejemplo la página web de la institución, madrid.org. No sé si habréis tenido la posibilidad de navegar por ella, pero es incómoda y no incorpora información básica de algunos servicios públicos (el otro día me tocó ir físicamente a ver unas listas de admisión de escuelas infantiles porque no se pueden consultar por internet)

Cara de póquer frente al 2.0

Las tecnologías 2.0 no me resultan indiferentes: a la vez que fascinantes, tienen un punto de "enigmáticas". Entre comillas porque por mucho que se haya escrito hasta el momento (¡¡ y lo que queda !!) creo que todavía no somos conscientes de su elevado potencial como palancas transformadoras en todos los ámbitos: sociales, económicos, políticos, etc. Algunos "gurús" llevan ya tiempo avanzando lo que va ocurriendo y lo que puede venir; otros, lo practicamos casi a diario. Y muchos lo irán comprobando sobre la marcha. Hay mucho por descubrir. No obstante, un segmento importante de la población quedará al margen (ya lo está con la web 1.0) y eso también es materia de reflexión porque desgraciadamente las brechas tienden a agrandarse.

La blogosfera pública es un ejemplo perfecto del potencial de una de las herramientas 2.0 (los blogs) para fomentar la conversación, el conocimiento y las relaciones profesionales. Y aplicado a lo público lo considero mayor revolución todavía, porque tenemos que reconocer que los que aquí aparecemos (políticos, empleados públicos, consultores, ciudadanos, curiosos en general) somos una especie de aventureros un poco "frikis" , una minoría en el sector público. Aunque eso sí, con una voz que se va oyendo cada vez más fuerte y en más sitios.

Prácticamente todos los que participamos en esto tenemos una actividad real y una actividad virtual vinculadas al sector público. Si la lógica sería que la vida pública real y la virtual cada vez estuvieran más cerca (por la modernización administrativa), día a día voy percibiendo que las diferencias (por lo menos en mi ámbito) no se acaban de acortar. La mayoría de compañeros (hablamos a niveles administrativos altos) que trabajan en lo público son desconocedores de la tecnología 2.0. La buena práctica sigue instalada en la comodidad del papel; las mismas herramientas básicas de gestión (a veces ni eso !); reuniones-comisiones-grupos de trabajo presenciales con informes inacabables; o el trabajo compartimentalizado. Tecnología 2.0 no sólo suena a chino sino que es algo deja indiferente, como que "a mí no me va a tocar" gente rara de otro planeta (que a mí no me va a tocar). Hay poca inquietud en descubrir este mundillo.

Luego uno accede al lector de feeds. Entramos en otro mundo: el de los blogs, wikis, podcasting, redes sociales, mashups, widgets, gadgets, etc... y encuentra posts como el de Iñaki Ortiz sobre "Uso de tecnologías 2.0 en la Administración pública: ejemplos cercanos". Magnífica idea el rellenar la tabla con ejemplos prácticos de utilización 2.0 en lo público. Aparecen pero no de forma inmediata, hay que pararse y recordar un poco. Y es que en el mundo real, al que estamos acostumbrados y en el que pasamos gran parte del día, no abundan (de momento).

Le contaré a mis compañeros y volverán a poner cada de póquer. ¡Es lo que hay!

¿Más altos cargos por las nuevas tecnologías?

"El sector de las nuevas tecnologías demanda más altos cargos" . Este titular publicado en Expansión.com citando textualmente a la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, cuando ayer respondía una pregunta parlamentaria del PP no deja de llamarme la atención. Habría que leer la intervención completa (no sale en el diario de sesiones hasta por lo menos una semana) porque puede que se trate de una mala jugada periodística extrayendo una frase de un contexto y poniéndola de titular. Pero si es verdad que la justificación empleada por la Ministra para justificar el crecimiento del número de altos cargos es la apuesta por las nuevas tecnologías y la descentralización del Estado no me deja de sorprender. Y en ese caso, por supuesto discrepo profundamente.

Las nuevas tecnologías sin duda deben contribuir decisivamente a cambios en la estructura organizativa y en los perfiles profesionales requeridos. Por un lado porque impulsan organizaciones más planas, menos burocratizadas y más flexibles; por otro, porque demandan más personal cualificado, de enfoque menos jurídico y con habilidades diferentes a las tradicionalmente demandadas por las burocracias públicas. En ese sentido claro que sería lógico que aparecieran y aumentaran puestos de trabajo como gerentes de servicios, coordinadores de proyecto o analistas especializados; y también que se redujeran puestos de "viejas" estructuras como administradores, auxiliares u ordenanzas. Pero, ¿tiene ésto algo que ver con el crecimiento de asesores, directores generales, secretarios de estado o subsecretarios a los que se refiere la pregunta parlamentaria?

No nos engañemos. La justificación de dicho aumento será otra. Pero imputarlo a las nuevas tecnologías.......

RTVE hacia la web 2.0

La rediotelevisión pública va dando poco a poco pasos interesantes. A mitad de la pasada legislatura el Congreso aprobó la ley que suponía el nacimiento de la actual Corporación pública poniendo fin a años de Ente público. Era el comienzo de una importante transformación organizativa hacia un modelo más autónomo, independiente y solvente desde un punto de vista financiero con más autofinanciación y una dependencia limitada de los PGE. Además el Presidente de la Corporación dejó de ser nombrado directamente por el Consejo de Ministros para ser elegido por consenso parlamentario. Ya no es un eslabón del gobierno (al menos en teoría). ¡Eso sí! Todo ello a un coste considerable: la sangría de magníficos profesionales de más de 50 años que han ido abandonando la casa en los últimos tiempos con generosas indemnizaciones se acabará notando en la calidad del servicio prestado.

Ayer RTVE presentó su nueva web, que incorpora elementos del 2.0. Por ejemplo, los espectadores podrán participar en los contenidos pudiendo votar por los programas que desean ver de nuevo y dejar sus comentarios. La experiencia de incorporar la participación de ciudadanos en programas de la casa no es nueva: ahí están los casos del Tengo una Pregunta para Usted (participación presencial) o las preguntas a políticos en las elecciones generales (mediante Youtube).

Otra novedad que incorpora la nueva página es la de los blogs de los profesionales con más gancho de la cadena. Supone una nueva forma de hacer periodismo y para los usuarios una nueva forma de interactuar con ellos.

Además se podrán ver y escuchar programas de los últimos días a cualquier hora y en un futuro es de suponer que se irán incorporando contenidos del inmenso archivo de la Corporación.

Se agradece que una organización pública más se vaya incorporando al concepto 2.0. ¿Para cuándo una revisión en profundidad en la imagen corporativa?

¿RSE en el ámbito público?

El tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está muy de moda últimamente. Es un concepto que engloba a todas aquellas iniciativas que las empresas toman para incorporar a su actividad la dimensión ética en la relación con sus clientes, trabajadores, proveedores, inversores y ciudadanos en general. Dimensión ética que se plasma en respeto al medio ambiente, trato digno y justo a sus empleados, respeto a leyes y demás normativas sociales, contribución a desarrollo equitativo, etc.

Se trata básicamente de lanzar el mensaje de que el fin no justifica los medios, que la empresa es un actor social más y su proceso de maximización del beneficio debe realizarse teniendo en cuenta el contexto en que opera. Es, por tanto, un concepto nacido para el ámbito privado, para las empresas.

Mi sorpresa cuando leo en Expansión.com el artículo "La Administración crea una comisión de responsabilidad social corporativa" en el que se indica que en el marco de la negociación colectiva de la AGE se va a crear dicha comisión. Si lo he entendido bien, su propósito sería promover la RSE en el ámbito público.

¿Tiene esto sentido? Quizá sí, pero a mí desde luego no me cuadra mucho. De la misma forma que en el concepto "empresa" (según el modelo capitalista) va impícito el objetivo del beneficio económico y es preciso acotarlo de alguna manera para evitar que ésto pueda convertirse en la jungla, son intrínsecos a lo público muchos de los aspectos de la RSE.

Así, por ejemplo, el cumplimiento con rigor de leyes y demás normativas, está en la naturaleza misma de la Administración cuya actuación debe ir siempre presidida por el principio de legalidad, incluyendo el respeto a los derechos de sus trabajadores. Igualmente la Administración es quien recoge las demandas de ciudadanos sobre cómo construir, regular y desarrollar la sociedad en que conviven y las transforma en derechos y en valores que promueve en todos los sectores afectados. La mayoría de ellos forman parte de la RSE. Es de cajón, por tanto, que ella misma debe ser la primera en aplicarse el cuento de forma innata en temas como conciliación, igualdad, medio ambiente, empleo de calidad, equidad, no discriminación, etc.

Por tanto, lo público, por definición, ya de forma innata incorpora la RSE . Y si su práctica cotidiana lo aleja de estas pautas y se necesita una comisión algo mucho más serio de lo que esta comisión pueda arreglar está pasando. Por eso esta noticia no me cuadra mucho que digamos.

La justicia: ¿una modernización imposible?

Últimamente ando un poco indignado con todo el asunto del funcionamiento de la justicia, especialmente cuando uno ve en los juzgados las montañas de expedientes, los retrasos, la descoordinación, etc.; en resumen, el caos y la falta de modernización que afecta a este pilar fundamental del Estado.

El otro día sale el ministro Bermejo en rueda de prensa y afirma que las soluciones están más en cambios en los modelos de gestión que en un incremento sustancial de los recursos (especialmente las plantillas de personal). En este punto concreto estaríamos de acuerdo si a lo que se refiere es a hacer las cosas de otra forma, a un replanteamiento de los procesos judiciales, a un cambio cultural, a un funcionamiento diferente de la oficina judicial y a un fuerte impulso tecnológico. Si es así, por supuesto que la solución no es meter más gente; todo lo contrario: ¡sobrarían muchos!

Una de las cuestiones fundamentales es que tiende a olvidarse (sobre todo por los miembros de la judicatura) que la justicia no sólo es un "poder" (que lo es), no sólo es "autoridad" (que lo es), sino que es un servicio público y, como tal, los ciudadanos que pagan sus impuestos para mantenerlo tenemos todo el derecho del mundo de exigir un funcionamiento de calidad, entendida ésta como la producción de sentencias justas en un plazo razonable.

Puestos a soñar y por citar cuatro cosas pienso por ejemplo en la posibilidad de tener una gestión integral informatizada de cada procedimiento(expediente): seguimiento electrónico con alertas sobre distintos trámites para los funcionarios; emisión de citaciones o "alertas" de cumplimiento de plazos por sms/email/tdt, etc.; acceso compartido a todos los juzgados. O poder presentar/recibir escritos por vía telemática. O que los sumarios estén almacenados en grandes bases de datos con la posibilidad de acceso a los mismos por internet (con los permisos correspondientes, por supuesto). O una herramienta para generación de sentencias que incorpore por ejemplo la posibilidad de vínculos a bases de datos jurídicas.

Lo anterior se puede hacer, no es demasiado complicado. Chocaría evidentemente con las pegas de áquellos que piensan que tecnología y garantías no son muchas veces elementos compatibles. Pero éste no puede ser un argumento para no avanzar; el caso de la Agencia Tributaria es el mejor ejemplo para demostrar que la tecnología no tiene por qué menoscabar las garantías.

No obstante, no es suficiente con "informatizar la burocracia", aunque estando como estamos sí que el avance sería significativo. ¿Sería deseable una simplificación de las leyes procesales? Creo que sí, aunque en este punto los garantistas de nuevo se estarán tirando de los pelos. Quizá mi "sí" no es un "sí absoluto" porque habría que ver los distintos procedimientos: en algunos ámbitos como el penal sería preciso ser mucho más cuidadoso porque está en juego la libertad de las personas.

¿Y la gestión de la oficina judicial? Hace pocos años se ideó un modelo que no se ha acabado de implantar por diversos motivos. La función del juez indudablemente incorpora la dimensión de autoridad/poder que debe conciliarse con la de servicio público. Pero la oficina es una unidad de servicio público cuya gestión debe incorporar nuevas técnicas como el enfoque por resultados (formulación de objetivos y evaluación de los mismos) vinculados a incentivos retributivos o a la carrera profesional.

Todo ello es necesario para mejorar el funcionamiento de la justicia. Y muchas cosas más. Pero entrar a enumerarlas y a analizarlas tendría mucha tela que cortar.

Jornada "Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI"

En el marco del 50 aniversario de la escuela de negocios ESADE y coincidiendo también con el 20 aniversario del Instituto de Dirección y Gestión Pública (IDGP) de la misma, tendrá lugar en Barcelona el próximo 19 de mayo una jornada de trabajo titulada "Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI".

El acto girará en torno a dos ejes principales: el liderazgo en el ámbito público y la gestión relacional público-privada. Temas de máxima actualidad y fundamentales para entender la gestión pública en las próximas décadas.

El plantel del ponentes es muy completo: la plana mayor del IDGP y algunos de los profesores más destacados. Por dar algunos nombres: Francisco Longo, Carlos Losada, Joan Subirats, Carles Ramio. ¡Todo un lujo!

Nueva Comisión de AAPP del Congreso

El pasado lunes 5 de mayo se constituyó la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de Diputados. Su presidente es Juan Fernando López Aguilar (PSOE) que fue Ministro de Justicia y candidato socialista a la Presidencia de la CCAA de Canarias. El resto de la mesa, como es habitual, está compuesta por dos vicepresidentes y dos secretarios, entre los que destaca Eugenio Nasarre (PP), político de larga trayectoria que ha ocupado distintos puestos en los gobiernos de UCD y Partido Popular.

La Comisión será la encargada de trabajar en detalle las leyes que el Gobierno tiene previsto mandar a las cámaras durante esta legislatura: la reforma de la ley del gobierno, de la LOFAGE, la nueva ley de función pública de la AGE, la ley de acceso a la información o la carta de compromisos de calidad.

En las próximas semanas se espera la comparecencia ante esta Comisión de la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, para informar (como suele ser habitual ) de las líneas generales que va a desarrollar su departamento en los próximos cuatro años. Estaremos pendientes.

El éxito de las ideas sencillas

En no pocas ocasiones hemos podido comprobar cómo grandes proyectos, planes ambiciosos, reingenierías imprescindibles chocan con el muro infranqueable de lo público y acaban en el cajón, la papelera o simplemente el olvido. La experiencia dice que cuanto mayor es la dimensión de este tipo de planteamientos menor el éxito de los mismos.

Hay opiniones, sin embargo, en el sentido contrario: si abarcamos mucho y tiramos muy alto, por poco que consigamos ya habremos avanzado. Ese es el plantemiento habitual cuando, por ejemplo, se ponen fechas límite inverosímiles para leyes de hondo calado: por ejemplo, el 2010 para la LAECSP.

En entornos muy públicos especialmente complejos (p.ejemplo, la justicia) los pequeños pasos pueden suponer mejoras importantes y servir de empuje necesario para un cambio paulatino de la cultura interna. Mejor, normalmente, que las obras grandilocuentes. Eso nos contaba hoy en la comida un amigo sobre un sencillo sistema de gestión de colas recientemente implantado en la sede judicial de una CCAA española, servido por amables informadores con la imagen corporativa de la Administración correspondiente. Con esta idea, implantada en dos meses, el ciudadano tiene la opción de gestionar el tiempo de su mañana (puede dar un paseo o hacer la compra hasta la hora que le dicen que le va a tocar) y se lleva un buen sabor de boca por estar adecuadamente atendido; la Administración suprime la mala imagen de sedes judiciales desbordadas de personas y los funcionarios ven algo de luz en el túnel al no tener que soportar la presión psicológica de las mismas. ¡Eso sí! El problema de fondo, la saturación de los órganos judiciales, sigue ahí, sin solución.

Otra amiga comentaba que en este tipo de organizaciones públicas tan difíciles donde nunca cambia nada o lo hace de forma infinitesimal el reto verdadero es encontrar liderazgos políticos que realmente quieran dar el paso de algún cambio, aunque sea de baja intensidad. "Si nunca se ha hecho nada, ¿voy a ser yo el que se tire a la piscina?", "¿Y el coste de verme enredado? ¿es rentable?" Así piensan muchos ....

¿Hacia una nueva "i-"contratación pública?

Reconozco que no soy un experto en la materia ni mucho menos. Pero como ya me han venido ecos de distintos sitios no puedo evitar referirme al tema. Estoy hablando de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a la que muy valientemente la profesora Pilar Jiménez Rius se refiere hoy en su artículo de Expansión.com como la "Ley del Caos para los Servidores Públicos".

Curiosamente todas las opiniones que me han ido llegando los últimos meses sobre el tema coinciden en una cosa: acordarse, y no para nada bueno, de aquellos legisladores que la sacaron adelante para su aprobación en las Cortes. Un conocido que es subdirector general en un organismo autónomo de la AGE comentaba en una comida hace algunas semanas que tenía el texto completo durmiendo en la mesa de su despacho desde su publicación en el BOE y cada vez que le echaba una mirada con el ánimo de estudiarlo le subía una pereza y un desánimo tales que postponía el estudio para una posterior fecha en la que le volvería pasar lo mismo. Y así una y otra vez. Yo mismo le eché un vistazo rápido y acabé por abandonar......

Parece que la experiencia de la elaboración del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Estado del año 2000 no fue suficiente; el mismo Subsecretario de Hacienda de aquella época me comentaba hace poco que fue un trabajo agotador. El caso es que en estos tiempos hablamos mucho de simplificación, sencillez, reducción de cargas burocráticas, facilidad en el trato con la Administración, adecuación al lenguaje administrativo, etc. y para empezar nos encontramos con un "regalito" de 101 páginas y 309 artículos que no hay por donde cogerlo. Y no lo digo yo, lo reconocen muchos de los afectados, empezando por los interventores y fiscalizadores como la propia Pilar Jiménez Rius, letrada del Tribunal de Cuentas.

"Regalito" que no sólo parece que va a complicar la vida a los funcionarios afectados sino a las numerosísimas empresas que venden sus productos y servicios al sector público, las cuales lejos de ver cómo les es más sencillo todo el proceso de licitación y adjudicación, se van a topar con un muro que les va a complicar sobre manera el desarrollo de sus negocios. Eso por no hablar de cómo va a complicar el asunto eel cumplimiento de los propósitos del nuevo gobierno sobre aumentar el volumen de licitación y agilizar los plazos para estimular la economía.

Desde luego, no parece que los señores legisladores que aprobaron el texto pudieran remar más a contracorriente, aconsejados (supongo) por sus asesores parlamentarios expertos en derecho administrativo..., ¡quién sabe si son los mismos que están haciendo el agosto con los numerosísimos cursos de formación que se están dando a diestro y siniestro por todos los rincones públicos del Estado!

Directivos y ética pública

En los últimos días ha saltado a la palestra la noticia de varios ex-altos cargos políticos de los gobiernos popular y socialista que tras dejar sus responsabilidades públicas inician un nuevo camino en el ámbito privado con sustanciosos contratos en empresas multinacionales, lobbies, etc. La noticia en sí ha levantado un cierto revuelo y ha puesto de nuevo encima de la mesa la difícil comunión que en ciertas ocasiones existe entre las altas responsabilidades en los ámbitos público y privado. Y, cómo no, tiene un impacto directo en el debate sobre la dirección pública, independientemente que ésta sea ostentada por políticos o profesionales.

Ya hemos insistido en anteriores ocasiones que hay diferencias entre ostentar puestos de responsabilidad en el ámbito público y hacerlo en el ámbito privado. Una diferencia fundamental (de forma resumida) es que en lo público, al menos en teoría, se trabaja por el interés general, se toman decisiones que pueden tener efectos directos sobre las personas y las cuentas de resultados de las empresas, se maneja información sensible y se gestiona dinero que es de todos. Y esto conlleva, por un lado, unas prácticas de actuación y una ética específicas; por otro, un reflejo legal también singular con delitos concretos que sólo afectan a acciones en el ejercicio del cargo.

Es por ello por lo que son especialmente delicados los movimientos profesionales de lo público a lo privado. Si nos referimos al ámbito político es perfectamente comprensible que la persona, tras un tiempo dedicado a esta actividad, acepte ofertas que le puedan interesar o retorne a su profesión de origen; y más si se pretende evitar la proliferación de "políticos profesionales"de naturaleza vitalicia . Pero lo cierto es que el atractivo para las empresas de muchos políticos está más en la información que han podido manejar, las decisiones que han podido tomar y su agenda de contactos que en otras competencias de conocimientos, habilidades directivas o liderazgo. Y ahí está el problema, aunque quede sin más en la dimensión ética y no llegue a la penal. Para evitarlo se aprobaron la Ley de Incompatibilidades para altos cargos y el Código de Buen Gobierno de la AGE en la pasada legislatura, se creó la creación de la Oficina de Conflictos del MAP. Pero la respuesta es débil porque los políticos ejercientes no tienen un interés real en cortar estas prácticas al ser ellos posibles afectados en el futuro: no hay desarrollo reglamentario y no hay transparecia ni libre acceso a las decisiones tomadas en el ejercicio del cargo.

La cuestión también afecta a altos funcionarios, especialmente de cuerpos como Inspección de Hacienda, Abogados del Estado, Judicatura, etc.. Tras unos años en la función pública suelen verse tentados por jugosas ofertas de firmas privadas. En este caso el reclamo también tiene su origen en los contactos y en la información manejada pero hay un componente más técnico de conocimiento de la maquinaria administrativa. El daño provocado a lo público es de una naturaleza algo diferente que en el caso de los políticos pero también existe. Si bien el político no se pretende que sea un "profesional" de lo suyo, se supone que quien aprueba una oposición se convierte en un "profesional de lo público" con posibilidades de desarrollar una carrera profesional en muy diferentes ámbitos de la Administración. El proceso selectivo, la formación adquirida, y la reposición de la vacante dejada al pedir la excedencia todos tienen un coste. También lo tiene la posibilidad de reingresar o el impacto de la actividad desempeñada para defender intereses privados versus la Administración.

En definitiva, podríamos decir que el paso de lo público a lo privado tiene más beneficios para el interesado que para la Administración y también más costes para ésta que para el primero. En este sentido, las medidas para atajar estas prácticas en políticos y en empleados públicos deberían ser más intensas. La cuestión es que a los que lo tienen no interesa.