¿Nuevo escenario para la Administración?

El cielo de la economía aparece lleno de nubarrones y la próxima legislatura se torna difícil, al menos en su primera mitad. Por otra parte, los partidos políticos con opciones de gobierno están disputándose el mérito de aparecer ante los ciudadanos como el "campeón de las bajadas de impuestos" cual subasta de una lonja cualquiera de nuestras costas. Estas dos realidades afectarán sin duda a la Administración pública. Quizá sea bueno reflexionar cómo puede hacerlo.


En primer lugar la reducción de ingresos públicos es previsible. Consecuentemente, y para cuadrar el presupuesto de acuerdo a los principios de estabilidad presupuestaria, el gasto público deberá ajustarse y el nuevo equipo de Economía y Hacienda empezará a meter la tijera en algunas partidas. En estas situaciones, se suele priorizar según la agenda política y desde luego no serán la políticas sociales u otras políticas públicas con una percepción directa en la ciudadanía aquellas que se vayan a ver afectadas, salvo gran hecatombe. Por el contrario, las políticas de modernización administrativa, sobre las que solemos hablar en la blogosfera pública, son diana fácil en esta coyuntura puesto que, aun siendo vitales para el desarrollo socio-económico, carecen de la visibilidad ante la sociedad y no suelen formar parte de la memoria ciudadana a la hora de votar.


Miremos un poco los efectos en las políticas que en el ámbito de Administración pública le pueden corresponder al MAP en la próxima legislatura:

Función pública

• El capítulo I del presupuesto suele ser un recurso seguro en épocas de crisis cuando de reducir gastos se trata. Primero, porque hablamos de partidas muy elevadas en las que un frenazo o pequeño recorte suponen bastante. Segundo, porque los costes políticos son menores (la sociedad "entiende muy bien" las medidas contra los "privilegiados" funcionarios). Aunque uno de los propósitos de la Mesa de la Función Pública es dignificar los sueldos públicos (muy lentamente, eso sí, a través del aumento de las pagas extra, fondo de pensiones, etc) esta voluntad puede verse truncada. No olvidemos las congelaciones salariales de los 90.


• El número de efectivos puede tender a reducirse, mediante amortización de puestos vacantes por jubilación o jubilación anticipada. Ya se está haciendo en alguna empresa pública y puede ponerse en marcha en la AGE, aunque la tasa de reposición de efectivos sea del 100%. No creo desde luego que sea una idea descabellada: no parece lógico que el número de empleados públicos siga crecieno a nivel central cuando ha existido un fuerte proceso de transferencias y además las nuevas tecnologías tienen incidencia directa en numerosos puestos de tramitación que no son ya necesarios.


• En cuanto al desarrollo del Estatuto del Directivo Público, que está cociéndose pero falta por ver qué sale al final, no debería verse muy afectado sea cual sea el modelo escogido. Aunque una hipotética adecuación salarial con "sueldos de mercado" o la implantación de retribuciones variables podría derivar incrementos presupuestarios, éstos serían porcentualmente mínimos en el capítulo de gastos de personal.


• Sobre este apartado podéis leer el post de Sevach sobre el tema que es muy ilustrativo, aunque no estemos de acuerdo con algunos aspectos.

Administración electrónica

• Será seguramente una de las prioridades del nuevo gobierno en la próxima legislatura a efectos de cumplir con la LAECSP en el 2010. Según la citada ley el gasto anual "adicional" en los próximos tres años para su implantación debería ser de unos 103,5 millones de euros, lo cual no parece excesivo si lo comparamos con otras inversiones públicas (carreteras, ferrocarril,etc.)


• Otra cuestión son los presupuestos TIC de la AGE que en 2007 ascendieron a 1.702,535 millones de euros con un incremento del 6,92% respecto al año anterior que, en caso de venir mal dadas, podrían verse afectados. Consecuentemente lo haría el volumen de negocio de las empresas privadas que están trabajando para la Administración.

Para terminar

• La creación de Agencias estatales debería continuar su rumbo en los próximos años, no debiendo verse afectada por la nueva coyuntura al ser ésta más una medida de organización administrativa que suelen hacerse "sin incremento de gasto público".


• La simplificación de procedimientos, eliminación de papel y trabas burocráticas se mantendrá y debería permitir reducir los costes administrativos principalmente a las empresas, muy aconsejable en tiempos de crisis.

Tendremos que esperar de todas formas a ver los programas electorales de los principales partidos para desgranar sus propuestas en el capítulo de Administración pública.... aunque una cosa es lo que se promete y otra lo que se hace. Ya lo sabemos.

Oferta de Empleo Público 2008

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto sobre la Oferta de Empleo Público 2008. Hoy sale publicado en el BOE.

Destaca lo de siempre. Es decir, poco. Por mucho nuevo Estatuto y por mucho propósito del Ministro J.Sevilla de dar una vuelta al sistema de acceso al empleo público haciéndolo más ágil y más flexible, todo sigue igual: se aplican las Bases Comunes del 2007.

Una de las aspectos a remarcar es que se considera "prioritario" el sector Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) así como la Sociedad de la Información. De ahí, las 95 plazas de nueva convocatoria para este Cuerpo (más 15 de promoción interna). Resultado, sin duda, de la implantación de la LACSP para el 2010.

Otro punto es que cada año se ponen más serios en el MAP en cuanto al calendario. Si hace años eran unos plazos difusos (que alargaban la oposición más de la cuenta), últimamente ya se establecían plazos más concretos y este año las convocatorias deben estar enviadas a Función Pública antes del 1 de marzo y el primer ejercicio comenzar antes del 15 de junio para toma de posesión este mismo año. A eso se refiere la "anualidad" del "los procesos selectivos...se regirán por los principios de eficacia, eficiencia y anualidad". La "eficacia y eficiencia" no la encuentro por ningún sitio.

Tengo que ser crítico necesariamente con el apartado 4.a "En la selección de su personal, la AGE garantizará, además de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad: ..........e) Adecuación del proceso de selección al contenido de los puestos a desarrollar...." Si eso se cumple poniendo temas de derecho tributario a los inspectores de hacienda, vamos listos. Tampoco parece plasmarse en hechos concretos el apartado 4.d "Las pruebas deberán estar orientadas a la selección y evaluación de habilidades... disminuyendo el peso de las pruebas memorísticas".

La "modernización" una vez más afecta a aplicar tecnología al proceso de siempre: sitios web para cada prueba, posibilidad de presentar instancias por internet, mensajes sms, etc. y no a la sustancia misma del asunto como hemos comentado en otras ocasiones.

Posibles usos para el eDNI

El eDNI se convertirá en poco tiempo en la herramienta clave para la Admistración electrónica (todos los departamentos de la AGE están trabajando para que los servicios que prestan admitan este documento). Pero también irá abriéndose paso en otros servicios de naturaleza privada. Para generar ideas, los amigos de las 1001 ideas de Propolis nos invitan a lanzar todo lo que se nos ocurra sobre la posible utilización de esta herramienta.

Así, a bote pronto, se nos han venido tres posibles utilizaciones del e-DNI a la cabeza:

• Para el acceso al transporte público.


• Para la firma y visado de proyectos técnicos.


• Para integrar todos los documentos administrativos.

La última de todas ellas no supone gran novedad y seguro que otros ya la han lanzado por ahí con anterioridad. Pero me parece algo tan necesario y evidente, como difícil y utópico, por el simple hecho que requeriría un cambio de cultura tan brutal que, a corto plazo al menos, no lo veo: coordinar a distintas Administraciones a nivel sectorial y territorial se antoja hoy más un sueño que una realidad.

Por insistir, que no quede....

Las empresas y el valor de lo público

Leo en un artículo Luis de Sebastián del que extracto lo siguiente:

lo que garantiza el éxito de la actividad empresarial es el aumento de los bienes públicos: la ley y el orden, la educación en todos sus niveles, las comunicaciones y la eficiencia de las Administraciones. Todas estas cosas proporcionan valiosas "externalidades" a las empresas y a los individuos que quieren comenzar una aventura empresarial.

Habitualmente solemos hablar de los ciudadanos como foco principal de la actividad pública. Pero, ¿y las empresas? Son evidentemente actores fundamentales en cuanto receptores de servicios públicos, sujetos activos de la regulación, pagadores de impuestos, prestadores de servicios públicos (externalizados o privatizados), y un nuevo rol cada vez más interesante en la gestión pública relacional de corresponsabilidad, complementación y cooperación con la Administración.

Desde la perspectiva de la Administración la necesidad de implicación del sector privado cada vez es mayor: para poder tener una producción pública más potente con los mismos presupuestos, para poder "importar" diversos elementos (no, evidentemente, mediante un simple "copiar-pegar" sino con las adaptaciones oportunas a las particularidades de lo público) o para recabar la asistencia de profesionales más especializados en ciertas materias.

Desde la perspectiva de la empresa se escuchan numerosas ocasiones diversos tipos de demandas a la Administración: desde peticiones de una Administración ágil, sencilla eficaz y eficiente, responsable y profesional (que para eso se juegan los euros y la ganancia puede depender de ello); hasta las de una reducción a lo mínimo del papel de lo público y una apuesta decidida por la gestión privada de sus servicios (que para eso aquí puede haber negocio).

Más o menos acertadas pero todas ellas legítimas. Y con la necesidad imperiosa, como decía Luis de Sebastián de disponer de un contexto público e institucional consistente que garantice las condiciones adecuadas para un desarrollo satisfactorio de la actividad empresarial.

Premios a las buenas prácticas en Administración Electrónica

A través de la invitación de Carlos Guadian (gracias Carlos!) anoche tuve la ocasión de asistir a la cena de los IV Premios a las Mejores Prácticas en la Administración Electrónica celebrados en el hotel Ritz bajo la presidencia de la Ministra de Administraciones Públicas Elena Salgado.

Se entregaron premios en distintas categorías:

• A los sistemas que mejoran la interoperabilidad antre AAPP: MAP (sistema de verificación de identidad y datos personales) y Correos (notificaciones telemáticas)


• A los sistemas que mejoran la vida a los ciudadanos: Ayuntamiento de Gijón (oficina virtual municipal) y Principado Asturias (?)


• A los sistemas que mejoran la eficiencia interna: Hospital de Fuenlabrada (ciclo de gestión asistencial) y Ayuntamiento de Madrid (contratación electrónica).

Posteriormente la Ministra tuvo una breve intervención en la que resaltó los avances logrados en esta legislatura en materia de Administración electrónica así como lo que queda por hacer hasta el 2010. Destacó, a su vez, el avance de España en los últimos años, que le ha llevado a situarse en la zona media-alta de la clasificación europea, por delante de otros países mediterráneo o Alemania.

Gracias de nuevo a los organizadores (T-systems y Expansión) por estos magníficos premios y por la velada de anoche.

Informe sobre la situación de la Administración Electrónica en la AGE

En época electoral anda todo parado en la AGE. Ya ha pasado incluso el momento de los informes de balance de lo realizado en la legislatura. Y hasta que no tomen posesión los nuevos equipos políticos y definan las líneas maestras de su gestión en el nuevo cargo (calculo que hasta septiembre) pocas cosas nuevas habrá de qué hablar a nivel estatal.

El otro día un amigo me contaba que en una charla informal la Secretaria General para la Administración Pública, Mercedes Elvira del Palacio, le reconocía que, habiendo pasado ya la elaboración de distintas leyes importantes (Ley de Agencias Estatales, Estatuto Básico del Empleado Público y Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos) el MAP tenía que poner ahora toda la carne en el asador en el desarrollo de la Administración electrónica, habida cuenta de las exigencias de la LAECSP, lo cerca que está el 2010 y la situación actual que en este tema presentan los distintos departamentos.

No me extraña que la Secretaria General haga en "petit-comite" dichas afirmaciones. No hay más que hacer una lectura crítica del Informe sobre la situación de la Administración Electrónica en la AGE (publicado por la Secretaría de la que es titular), quitarle el sesgo triunfalista suele caracterizar a este tipo de documentos y sacar conclusiones.

El propio informe reconoce (pág. 3) que "a día de hoy, prácticamente la totalidad de los departamentos de la AGE disponen de una oferta amplia de servicios electrónicos, aunque también es cierto que tanto el número de servicios, como la madurez de éstos, es muy heterogéneo, conviviendo departamentos con todos sus servicios accesibles electrónicamente y que permiten realizar el trámite completo, con otros que sólo ofertan un subconjunto reducido de servicios con funcionalidades limitadas". No hay más que comparar la Agencia Tributaria (1 servicio al máximo nivel "interconectado" y 7 servicios en nivel de "transaccional") con el Ministerio de Educación y Ciencia con la mayoría de servicios al nivel básico (suministro de información).

Además, el informe destaca que el modelo español, tradicionalmente, ha sido el de que "cada departamento es responsable del desarrollo de sus servicios", lo cual hace "muy difícil la agregación de servicios para realizar una oferta desde la perspectiva ciudadana y no desde la perpectiva administrativa". Se puede comprobar este mapa de reinos de taifas en el propio informe y en la heterogeneidad mencionada con anterioridad, la cual, aunque el informe diga lo contrario, no vemos que se haya superado, ni con el papel asumido en la legislatura por la Dirección General de Modernización Administrativa del MAP. ¿Sería una Agencia la solución?

Por último, se pretende pasar del modelo "clásico"-web pasiva (página web con información, descarga de formularios, etc.) al modelo "renovado"-web proactiva ("el desayunto en la cama" de Alorza). Viendo el informe y si lo que se pretende es llegar al 2010 con el nuevo modelo, hay que ser extraordinariamente optimista porque a la fecha prácticamente no hay servicios públicos en ese nivel de desarrollo, con excepción del IRPF y alguno más.

Gobierno centrado en el ciudadano

Encuentro a través de eGovblog un informe para la UE titulado "A handbook for citizen-centric eGovernment", el cual no he podido leer en su integridad pero sí algunas secciones que me han parecido interesantes. Pero el motivo del post no es exactamente hablar del informe sino de la nueva gobernanza centrada los ciudadanos o, en general, de los usuarios de los servicios públicos, incluyendo también en este concepto más amplio por ejemplo a las empresas. Puede también servir este post como aportación al debate impulsado por Javier Llinares sobre el O-Gov (gobierno abierto) puesto que éste no es más que un instrumento para alcanzar la excelencia en el nuevo modelo de gobernanza centrada en los usuarios.

Hablar de "gobernar para los ciudadanos" diseñando políticas y servicios pensando en ellos parece hoy en nuestros días una perogrullada. Pero no lo es tanto, ya que uno de los problemas de nuestras Administraciones públicas es su endogamia, sus aires de superioridad sobre el conjunto de actores que operan en los asuntos públicos y su parapeto continuo tras enrevesadas normas y procedimientos que la mayoría de las veces sirve sencillamente para no cambiar nada . Recuerdo ahora un diálogo en la famosa serie Yes Minister (que aconsejo a todos los que estén interesados a este mundillo) entre el alto funcionario Sir Humphrey y el ministro cuando el primero aconseja al segundo sancionar a un ayuntamiento por no haber remitido la legión de formularios oficiales para estadísticas, el segundo duda porque la gestión del ayuntamiento es impecable en cuanto a resultados para los ciudadanos y el funcionario responde que "señor Ministro, rellenar los formularios es la ley" importándole más la burocracia que da sentido al trabajo de muchos subordinados que el valor producido por la gestión municipal. Pero tampoco nos tenemos que ir al Reino Unido de los 80. En la España del 2008, varios directivos públicos me comentaban en una comida el otro día que tenían sobre su mesa durante meses la nueva Ley de Contratos del Estado y que no se atrevían a meterle mano porque era infumable. Si esto es así, nos podemos imaginar lo que le costará a las empresas que tengan que recurrir a ella. ¡Menos mal que había un voluntad para la simplificación del lenguaje administrativo, pensando precisamente en ciudadanos y empresas!

El gobierno centrado en el ciudadano busca precisamente mirar menos en la organización para hacerlo más en lo que es la relación Administración-usuario, a través de la participación, la transparencia y la confianza. Hay quienes opinan que este cambio de modelo supone la "empresarialización" de lo público; no lo creemos así, porque si bien en lo privado se habla de "servicio al cliente" en lo público, ese "cliente" o, mejor, usuario también es contribuyente, elector, súbdito e individuo provisto de unos derechos civiles. Esta forma poliédrica configura un modelo de relación diferente y mucho más complejo.

Otro aspecto a destacar es las dificultades que suele encontrar el enfoque al ciudadano cuando se le enfrenta el monstruo sagrado de la "norma". En ocasiones, como decíamos antes, se emplea como parapeto para no cambiar nada. Y es que, si bien nadie pone en cuestión que en los estados de derecho y en la actuación administrativa debe respetarse el principio de legalidad, sí que hay diferentes formas de enfocar la interpretación y aplicación de la misma, ya que leyes y reglamentos se suelen definir como marcos donde moverse, puediendo ser éstos posibilitadores con imaginación y voluntad o, por el contrario, limitadores con resistencia y acomodamiento

El CSIC se convierte en agencia

Ya son cuatro las agencias estatales; la última, el CSIC cuya creación aparece en el BOE del pasado 14 de enero.

El decreto por el que se crea la Agencia es similar a los anteriores, prácticamente un "copy-paste" con algunos matices. Una de las cuestiones resaltadas en la exposición de motivos es que el "Estatuto fija la estructura orgánica básica.... y para el resto de su organización únicamente establece sus categorías, otorgando al Consejo Rector esta competencia.... lo cual permitirá a la Agencia adaptarse con facilidad a las demandas del momento, capacidad esencial en un entorno cambiante como el de la investigación científica y el desarrollo tecnológico". Se pretende una amplia autonomía y flexibilidad, filosofía principal del modelo de agencias.

La Presidencia es con carácter ejecutivo, no una figura institucional o un director como en otros casos (la AECID, por ejemplo). Debe ser ocupada por personas de experiencia acreditada en I+D, aunque nombradas por el Ministro no siendo por tanto un puesto profesional sino más bien un profesional-político. El Consejo Rector es amplio y plural: no sólo políticos (directores generales de la AGE) sino "profesionales de reconocido prestigio", consejeros autonómicos y sindicalistas. Además la Agencia cuenta con tres Vicepresidentes (parece excesivo) de asuntos institucionales, relaciones internacionales e investigación más un Secretario general. Además existen Coordinadores de Redes Científicas.

El régimen del personal directivo es mixto: funcionarios y laborales de alta dirección (los Coordinadores de Redes). El resto de personal es de muy divera índole, debido a la especial naturaleza del centro, permitiendo personal en prácticas, por proyecto, funcionarios, laborales fijos y temporales. Destaca la existencia de una Comisión de Selección de carácter permanente.

En aspectos como el contrato de gestión, los planes anuales, la memoria, las cuentas anuales y la gestión presupuestaria o económico-financiera es casi igual a otros Estatutos persiguiendo una mayor autonomía con los correspondientes mecanismos de control y rendición de cuentas.

Veto paralizante y veto suspensivo

Una de las diferencias más importantes entre lo público y lo privado afectan a las pautas de actuación de los empleados de uno u otro tipo así como a las relaciones que entre distintos niveles de responsabilidad se producen. En el ámbito público, una de sus singularidades son las relaciones entre funcionarios y políticos. Escribir sobre ellas darían para chorros y chorros de tinta; por ello vamos a acotar un poco y a dar simplemente un par de brochazos a título ilustrativo.

Muchos de los lectores del blog que trabajan como empleados públicos seguramente conozcan el fenómeno del "veto paralizante" y el "veto suspensivo". Los que no lo hagan lo encontrarán curiososo. Consiste en lo siguiente: toma posesión en un nuevo responsable político en un puesto equis. Viene con nuevos bríos, múltiples ideas y firme determinación para ponerlas en marcha. Pide a su equipo información sobre los proyectos en curso; tras un tiempo determinado unos le sirven (pocos) y otros no. Ordena la preparación de nuevos planes, proyectos, iniciativas, etc. La maquinaria admininstrativa se pone a trabajar. Pasado otro periodo de tiempo se van presentando dichas iniciativas y se aprueban por los órganos políticos correspondientes. Llegamos al punto en que hay que ponerse a desarrollar dichos planes y a implementar las diversas iniciativas; en este momento entra en juego el aparato administrativo y pueden aparecer los llamados "vetos paralizante" o "veto suspensivo".

En el primer caso, se produce una ralentización disimulada y sútil de la aplicación de las diferentes directrices políticas, la aparición de nuevas e inesperadas barreras así como fenómenos de enquistamiento repentino. Todo ello, como decíamos, de forma silenciosa, sin levantar ruido, pero que provoca el pasar y el pasar de las semanas y meses hasta que una nueva coyuntura (nuevo jefe?) pone punto y final a la situación. El "veto suspensivo" es mucho más radical, aunque de similar sutileza: simplemente se meten en el cajón los papeles y a otra cosa mariposa; pasa el tiempo y nadie repara en la iniciativa, hasta que de pronto reaparece. Entonces, vuelta a retomar el tema por un breve lapso de tiempo y vuelta al cajón. Así hasta la nueva coyuntura (nuevo jefe?).

Afortunadamente, el tema de los "vetos" no es lo común en nuestras Administraciones públicas; pero ocurre y sería bueno que los que asumen puestos de responsabilidad en las mismas estuvieran prevenidos de ello. La típica situación en la que se producen es cuando llamados "directivos paracaidistas" (Alorza, dixit) con mínima experiencia en el sector público aterrizan en unidades administrativas dotadas de decenas de funcionarios con algunos trienios y no consiguen el necesario acople o entendimiento con este nuevo equipo. Pasarán los años (1, 2 , 3 o los que sean) y el resultado tangible y práctico del trabajo realizado seguramente será escaso. Ahora, eso sí, por planes, informes y papeles, seguramente no quede...

La apuesta por una Agencia de los Servicios Electrónicos de la AGE

Con el nuevo año, numerosos debates afloran en la blogosfera pública: el informe AE2010 y la función directiva en lo público lanzados por Iñaki Ortiz, el concepto de O-gov propuesto por Javier Llinares, el apasionante asunto de la innovación que nos ofrece Alorza .... Es necesario redoblar esfuerzos para poder estar en todos ellos con un mínimo de calidad.

Hoy volvemos al informe AE2010 del que escribimos un post un tanto general. Más en concreto a una de sus propuestas, la creación de la Agencia de los Servicios Electrónicos de la AGE. No se trata de una nueva propuesta; Rafael Chamorro creó una encuesta sobre el encaje organizativo de la Administración electrónica: fue mayoritaria la opción de una agencia adscrita al MAP. Tengo que reconocer que yo mismo voté por dicha alternativa, pero más por descarte de las demás que por puro convencimiento. Y no es mi posición motivada por no estar de acuerdo con el modelo de agencias o su necesario carácter transversal. No hay más que leer el último Informe sobre la situación de la Administración electrónica en la AGE o el artículo La modernización en la AGE para comprobar que el actual modelo se basa en que cada ministerio vaya haciendo y el MAP haga también pero sin una adecuada coordinación centralizada.

La Administración electrónica necesita para su decidido impulso y el cumplimiento de los compromisos de una organización que lidere e integre todas las iniciativas en este campo y, además, tenga la fuerza suficiente sobre todos los ministerios u otras estructuras públicas. A mi entender, podría ser una especie de IGAE con una estructura central y delegaciones propias en cada entidad:

• ¿Con forma organizativa de agencia? Al pretender una cierta autonomía y flexibilidad en su gestión, puede ser. Pero ya hemos comentado que el desarrollo de la Ley de Agencias ha sido un fiasco ya que ha imperado el continuismo con unos mínimos retoques para poder vender ese pretendido cambio y modernidad. No se está explotando todas las potencialidades del modelo y no apunta a un cambio de tendencia en la próxima legislatura.


• ¿ Dependiendo del MAP? La dependencia irá en función de la prioridad que se pretenda dar a esta política: si es baja o media, el MAP como ministerio transversal podría ser; si fuera más alta (cosa que dudo, por mucho que esté ahí el 2010 con las exigencias en materia de servicios públicos electrónicos que impone), podría depender de Presidencia. Lo cierto es que, dependiendo del MAP, podría repetirse la experiencia de la AEVAL (primera de las agencias que a día de hoy sigue inédita) o del cementerio de elefantes que comenta Rutilio Alonso.


• ¿Con competencias nítidas y exclusivas en el desarrollo de la Administración electrónica en el ámbito de la AGE? Sería lo aconsejable, aunque fuera necesario entonces revisar el papel de las Subdirecciones generales de Tecnología de los ministerios; al menos en lo que toca a nuevos desarrollos de e-administración (quedarían fuera otras funciones: gestión informática, etc.) que serían propuestos y dirigidos por la nueva Agencia con la colaboración en el ámbito de la ejecución de la subdirección ministerial.

Todo esto podría ser. ¿Por qué no? Pero hay un peligro: que la nueva Agencia se convirtiera en un nuevo reducto cerrado y corporativista en la AGE, esta vez no de los cuerpos actualmente dominantes sino de los cuerpos TIC. Para ello, habría que optar por un modelo abierto en el que se aprovechara la experiencia de estos profesionales y se dotara de los cauces necesarios para una participación y colaboración intensa en todos los niveles con el sector privado. Un tema tan puntero como las TIC lo requiere. Por soñar que no quede....

Innovación en lo público: la puerta entreabierta

Debate muy interesante el que está lanzando Alorza en su blog sobre el concepto de innovación. En el último post se pregunta: ¿la administración pública produce innovaciones? No es que seamos unos expertos en el tema pero vamos a ver si podemos lanzar alguna aportación.

Antes de hablar de la innovación en lo público es necesario posicionarse sobre qué entendemos por este concepto. Innovar no es dar una mano de pintura sobre la cubierta del viejo barco. Es crear, inventar, encontrar nuevos caminos, romper. No es fácil. Sin embargo, en una sociedad en la que todo parece ya inventado y en la que la cautela prima más que el riesgo, los innovadores tienden a verse como "bichos raros", atrevidos, osados, irreverentes. Por ello la innovación ha estado normalmente vinculada a áreas de vertiginosa transformación, de riesgo. Hoy ya no; el progreso demanda hacer cosas diferentes para no quedarse atrás y la necesidad se va extendiendo a otros ámbitos. Para el éxito de la innovación es fundamental disponer de un contexto que la propicie: el tipo de organización (planas, adhocráticas, informales, flexibles, versátiles), el valor supremo de la persona (motivada, formada, valorada, reconocida), la capacidad de asumir una prima de riesgo y coste o relativizar el factor tiempo en la obtención de resultados (innovar no puede someterse a plazos). Además, no debemos pretender que innovar sea obtener la "idea del siglo". Pequeñas innovaciones son las más importantes, porque son más fáciles de fabricar, poco a poco van sumando y finalmente ayudan a conseguir el clima adecuado. En este sentido, las nuevas tecnologías, las redes sociales, etc. facilitan diferentes espacios de innovación: desde los blogs a los clusters del conocimiento pasando por los polos de innovación.

El tema es peliagudo cuando nos enfrentamos al "monstruo" de lo público. Si antes decíamos que el éxito de la innovación requiere disponer de un contexto específico, el sector público propicia precisamente un entorno desincentivador para la producción de innovaciones:

1. El tipo de organización, la burocracia maquinal, es seguramente el más apropiado para los propósitos de la Administración pública pero supone el extremo opuesto a la estructura adhocrática: jerarquía vs. horizontalidad; formalismo vs. informalidad; rigidez vs. flexibilidad; rutina del procedimiento vs. sorpresa.


2. El valor de la persona no es tal, tratándose de simples piezas en la máquina administrativa.


3. El riesgo se ve penalizado, tanto por los superiores (a veces temerosos de lo que pueda suceder) como por los compañeros (para que nadie destaque y aumente el nivel de exigencia). El miedo al fracaso es notorio.


4. El factor tiempo es sin duda diferente a la empresa privada, pero si bien en los ciclos de políticas públicas el tiempo disponible es mayor, en muchas ocasiones las exigencias políticas imponen plazos de locura. Ejemplo, la puesta en marcha de la renta para la emancipación que comentábamos el otro día.

Si a todo lo anterior unimos que lo público suele encajar mejor los cambios incrementales y continuos que los planteamientos subversivos puede ser ésta una razón por la que la innovación suele adquirir en la Administración forma de modernización, siendo éstos conceptos diferentes. Sin embargo, ello no es obstáculo para que puedan existir focos de verdadera innovación en la Administración, bien por iniciativas propias o iniciativas de naturaleza política que encuentran rápida cabida en empleados públicos estimulados.

Podemos concluir que la puerta a la verdadera innovación en el ámbito público no está cerrada; simplemente, diríamos que entreabierta.

Evaluación de políticos

Salta hace unos días en la prensa la noticia sobre que el presidente francés Nicolas Sarkozy ha puesto objetivos a sus ministros para el 2008 y los va a someter a evaluación por resultados. Se trata de pasar de una "política de anuncios" a "una política de resultados". Desde luego el ejercicio de evaluación de altos cargos de naturaleza política es inédito y no deja de sorprender si es que realmente se va a llevar a cabo (otra posibilidad es que sea un bluff mediático para desviar la atención de la opinión pública y pretender comunicar que el "gobierno trabaja"). El primer paso, comunicación de la misión del departamento y de los objetivos, se dió el pasado verano con la remisión de una carta a cada ministro. Además, se está estableciendo (con la colaboración de consultoras) una batería de indicadores para dar seguimiento al desempeño y se producirán ceses si no se cumplen. Todo al más puro estilo de la empresa privada.

Hablamos mucho de evaluación de empleados públicos, pero sin duda, es noticia que se empiece a evaluar a los políticos. La cuestión es el cómo, y si lo anunciado en Francia es suficiente. No olvidemos que la lógica política es distinta a la lógica empresarial. En numerosas ocasiones el "jefe" (presidente del gobierno, de la república o primer ministro) no elige a los altos cargos únicamente por méritos o perfil profesional, sino que la elección atiende a lógica partidista (adscripción a clanes, familias, etc.) o a equilibrios de poder. Además, los "accionistas" son los ciudadanos, que sólo se pronuncian mediante citas electorales. Por ello, independientemente de este tipo de evaluación presidencial, se tendría que valorarse si los ministros deben "rendir cuentas" no sólo a su presidente sino a sus ciudadanos y arbitrar sistemas en los que también éstos puedan evaluar, bien indirectamente (a través del legislativo) o directamente (a través de cauces de participación), de forma más habitual; sistemas que vayan más allá de las elecciones cada cuatro años y que impliquen más a la sociedad en la gestión pública. Otra duda que me surge es si, en el caso francés, siguiendo esta lógica no habría que también evaluar al presidente. No olvidemos que uno de los puntos débiles del sistema político francés es que el presidente de la república no está sujeto a ningún tipo de control político.

Palancas de cambio hacia el O-gov

Hace algunos días (con las fiestas últimamente estoy llegando un poco tarde) leo dos interesantes reflexiones de Javier Llinares y Rutilio Alonso sobre el concepto de "open government", el cual ya hemos comentado en otras ocasiones supone un pilar fundamental de la Administración inteligente. En primer lugar, porque supone un cambio de estilo en la forma de gobernar con todo lo que ello conlleva en términos de nuevas prácticas de gestión pública. En segundo, porque la Administración pública, como instrumento de implementación de las políticas públicas, se ve directamente afectada al tener necesariamente que volverse más accesible, receptiva y transparente.


Estamos de acuerdo que, tal y como comentan Javier y Rutilio un importante cambio en cultura, procesos y organización va asociado al concepto de "open government", aunque el cambio cultural nos parezca el más fundamental ya que es el más profundo por su complejidad y los obstáculos que debe remover. A este respecto me gustaría comentar dos palancas claves para este cambio:

• El liderazgo, político y profesional. Y resalto ambos porque me resultan igualmente necesarios. El primero porque su impulso y compromiso fijan directrices claras a la organización y las imprescindibles dotaciones presupuestarias. El liderazgo del Lehendakari Ibarretxe en la iniciativa de participación ciudadana konpondu que nos comentan desde Administraciones en Red es buen ejemplo. Pero también el de los profesionales públicos, que pueden bloquear, boicotear o demorar distintas inciativas políticas por muy lideradas políticamente que vengan. Algún día comentaré en un post los diferentes tipos de bloqueo que pueden darse en lo público a las diversas iniciativas, fenómeno éste muy peculiar y característico de la Administración que no tiene parangón en la empresa privada.


• La tecnología, en especial la web 2.0, que se ajusta perfectamente a las necesidades planteadas por la "administración abierta" por sus atributos de participación, comunidad, suma de esfuerzos, protagonismo de los participantes, horizontalidad, etc. Realmente, aunque la tecnología cual herramienta debería ser el último eslabón de un proceso en el que previamente se ha actuado sobre procesos, organización y cultura, la realidad es que suele ocurrir a la inversa: la implantación tecnológica se realiza en primer lugar y a continuación se van modificando procesos y costumbres según el nuevo escenario planteado por la tecnología. Todo ello, sin ser lo deseable en ocasiones tiene un efecto positivo en procesos de cambio tan complejos como puede ser la implantación de la Administración abierta.

Renta de emancipación: servicios públicos y política

Es común que en los diversos debates que tenemos en la blogosfera pública (e-Administración, directivos públicos, etc.) carguemos tinta contra los políticos y sus actitudes partidistas que impiden un desarrollo profesional de la Administración. Ayer mismo tocábamos el tema al comentar el informe Administración 2010 de ASTIC y la Asociación Española de Consultoras.

Como un ejemplo vale más que mil palabras traígo al blog las noticias aparecidas en la prensa de hoy sobre la puesta en marcha de la renta de emancipación para alquiler de viviendas. Resulta que la Ministra de Vivienda, ansiosa de notoriedad pública para vender lo poco que puede hacer en los 9 meses hasta las elecciones y promocionar así su carrera política, se saca de la chistera este nuevo servicio público que por cuestión de competencias tendrán que administrar las CCAA. La puesta en marcha, sin duda apresurada (las elecciones están a la vuelta de la esquina), provoca el colapso de vías de acceso telemático al impreso de solicitud de la ayuda, las webs de Vivienda y la del Alquiler joven. ¿Precipitación? ¿Falta de previsión? ¿Incapacidad de los técnicos? Tampoco se promociona en los medios de comunicación el servicio 060.es en el que se pueden descargar los impresos con mucho menos atasco ni aparece como "novedad" este nuevo servicio en dicho portal. ¡¡¡ Y eso que hablamos de descargar un impreso, nada de solicitar la ayuda por internet !!!

Además, la Comunidad de Madrid (políticos de diferente partido también conscientes de la cercanía electoral) salta a la palestra y denuncia que el Ministerio de Vivienda no les permite acceder a la aplicación informática que soporta el proceso de tramitación y que están haciéndolo " a mano". También que sus funcionarios no han sido formados. Vivienda por supuesto se defiende y acusa a la CAM de no prever qué funcionarios formarán parte del servicio. ¿Quién miente? Seguro que ninguno, serán medias-verdades.

Un ejemplo más de cómo la política interfiere y aporta más pegas que soluciones en ámbitos que deberían quedar fuera de su cobertura.

Administración electrónica: con el 2008 ya queda menos al 2010

Empezamos el año 2008 con el post número 100. Después de las fiestas navideñas en las que uno ha estado prácticamente desconectado de todo es difícil encontrar temas para empezar. Para eso es útil leer otros post y veo que Iñaki Ortiz se ha animado a echarle un vistazo al informe de Administración electrónica 2010 elaborado por ASTIC y la Asociación Española de Empresas de Consultoría y a hacernos un resumen de sus propuestas. Reconozco que dicho post me ha supuesto un cierto empuje para escribir sobre un documento que hacía tiempo lo tenía encima de la mesa pero que sus 116 páginas han hecho que nunca haya encontrado tiempo para leerlo con el detalle que se merece.

En primer lugar me parece algo optimista pensar que en el 2010 la Administración pública española va a ser: receptiva, innovadora, proactiva, adaptable, colaborativa, profesional, incentivadora, adaptada al cambio, próxima y asequible. Estoy de acuerdo que así debería ser y me parecen magníficas esas definiciones, pero no tengo tan claro que en 2-3 años se consiga, especialmente la AGE. Los avances, como en tantas y tantas cosas en el mundo público, son lentos y la tecnología va a una velocidad endiablada. Sin ser demasiado exagerado apostaría a que dichos atributos podrían lograrse en un horizonte temporal de 2020-2025, pero quizá ya sea tarde y hayan quedado obsoletos.

Las 12 propuestas son interesantes, pero me merecen algunos comentarios:

• Nueva organización de las TIC, efectivamente debería ser un campo alejado de la política partidista con un componente importante profesional, aunque no debemos olvidar que la legitimidad para fijar las grandes líneas estratégicas en nuestro sistema democrático corresponden a los políticos. Por ello se hace necesario un Pacto de Estado para la e-administración o un acuerdo con esa filosofía pero quizá menor rango institucional. Pero la realidad es que las TIC no forman parte de los primeros lugares de la alta agenda política (la estatal, me refiero) porque ni entra en el campo de la confrontación ideológica ni sus efectos son valorados de forma directa en el día a día de los ciudadanos (a todos nos gusta ver que podemos matricular el coche desde nuestro ordenador pero ni todos tienen PC+internet, ni están alfabetizados electrónicamente, ni se palpa como una necesidad social inmediata de la que se hagan eco los partidos políticos). Sí que entran como política pública pero dentro del grupo de políticas de modernización y reforma y así creo que deberían seguir por tratarse las TIC de una herramienta que facilite la puesta al día de lo público. La Agencia de Servicios Electrónicos de la AGE puede ser un instrumento organizativo eficaz (desde luego más que una Dirección general en el MAP) pero antes habría que desarrollar en plenitud el modelo de agencias y no el modelo continuista que se está siguiendo con las cuatro creadas.


• Flexibilización y agilización del proceso de contratación: es imprescindible y suscribo las dos propuestas del informe. Pero se ha perdido una magnífica oportunidad con la recién aprobada Ley de Contratos y habría que reflexionar sobre cuáles han sido los motivos. ¿Incapacidad de los grupos de interés TIC para hacer valer sus propuestas ante los legisladores? ¿Mayor fortaleza de los burócratas y leguleyos? Es un magnífico ejemplo de por qué las TIC no avanzan a la velocidad deseada.


• Servicios tecnológicos y métricas de calidad: sí que se está avanzando en lo referente a calidad de procesos (cartas de servicios, indicadores en las leyes de presupuestos, etc.) y no debería ser difícil hacerlo en lo referente a Administración electrónica. Respecto a premiar el logro de objetivos, es un camino que se está empezando a abrir pero con las dificultades que ya hemos comentado en otros post.


• Coordinación y aprovechamiento de sinergias de las AAPP: quizá me parezcan las propuestas más importantes, porque nuestro modelo público tiene una arquitectura institucional complejísima que requiere de una cooperación interadministratica intensa. Las TIC son para ello herramientas extraordinarias. Pero esto choca no sólo con los diferencias políticas de quienes gestionan las distintas organizaciones sino con la cultura pública y esto es mucho más difícil de superar: la compartimentalización, jerarquías, "chiringuitos" físicos y psíquicos están muy arraigados en cada rincón de cada edificio público. Y eso va dificultando la cooperación y la obtención de sinergias. Aunque también se puede ver desde otro punto de vista: la implantación de las TIC pueden aportar cosas interesantes para echar abajo los baúles de información que se guardan en el PC de cada funcionario o cada unidad administrativa.